El Mito del Progreso: Un apunte sobre Cuba antes y después del comunismo

Los derechos sociales y la cleptocracia cubana

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Los derechos sociales forman parte de la familia de derechos humanos de segunda generación. Son adquiridos, no inherentes ni preeminentes. Los derechos civiles y políticos constituyen el grupo de primera generación y están más en consonancia con el derecho natural, sobre todo cuando se tienen en cuenta las nociones de gobierno consensuado.  Los regímenes no democráticos han pontificado sistemáticamente sobre los derechos sociales como base de su legitimidad. Tales afirmaciones, por supuesto, dependen de unos resultados socioeconómicos impresionantes. ¿Qué ocurre cuando la opresión y la escasez de libertades no pueden excusarse con supuestos “avances” sociales? El VI Informe 2023 del Estado de los Derechos Sociales en Cuba (Informe), emitido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), aporta datos importantes a la cuestión de estos derechos. Esto es fundamental si se tiene en cuenta que las dictaduras los han utilizado durante mucho tiempo para impulsar prerrogativas de legitimación. El régimen cubano ha usado metódicamente este discurso.

La investigación para el estudio se llevó a cabo en 75 municipios de todas las provincias de Cuba y consistió en 1.354 entrevistas personales. La información confirmada en el trabajo del OCDH cita un deterioro de las condiciones básicas en todas las áreas que inciden en la vida en Cuba. Las cosas han ido de mal en peor. El Informe nos deja entender que aquellos a los que les va mejor disfrutan de una mayor influencia sobre el régimen, a juzgar por sus ingresos. Las remesas, una forma de subvenciones externas procedentes de familiares fuera del país, también son un factor determinante. Así, el éxodo de la juventud cubana es la industria de mayor crecimiento de la isla.

¿Tiene Estados Unidos presos políticos?

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Existe un consenso, en su mayor parte, sobre lo que constituye un preso político. Sin embargo, las inclinaciones ideológicas a menudo se interponen en el camino de una categorización adecuada. Los movimientos o regímenes que suscriben religiones políticas no democráticas, como el comunismo, el nazismo, el fascismo o el islamismo, faltan a la verdad cuando se trata de este punto. Las ideologías radicales mencionadas, cuando están en el poder, operan sin el imperio de la ley ni las libertades civiles básicas. Por lo tanto, se quedan mudas en esta cuestión. Pero, ¿qué ocurre con los presos políticos en una democracia? ¿Pueden existir o existen, por ejemplo, en los Estados Unidos de hoy?

Las recientes y largas penas de prisión impuestas a los líderes de los Proud Boys y los Oath Keepers, que, según el Departamento de Justicia (DOJ) de Biden, estaban en la cúspide jerárquica de la irrupción ilegal del 6 de enero (J6) en el Capitolio, tienen a mucha gente planteándose la misma pregunta. "Conspiración sediciosa" fue la acusación a la que se enfrentaron. Se trata de una acusación criminal sustentada en la premisa de que hubo un complot premeditado para derrocar violentamente al gobierno de Estados Unidos. Este código está solamente un escalón por debajo del de "traición", que puede conllevar la pena de muerte. Henry "Enrique" Tarrio Jr., mulato (o negro) cubano americano, expresidente de los Proud Boys y exlíder de Latinos for Trump, fue condenado a 22 años de cárcel. De los otros miembros de los Proud Boys, Ethan Nordean fue condenado a 18 años, Joseph Biggs a 17 años, Zachary Rehl recibió 15 años, y 10 años se le dieron a Dominic Pezzola. El fundador de Oath Keepers, Elmer Stewart Rhodes III, fue condenado a 18 años de cárcel.  ¿Estaba esto justificado? El contexto histórico ayudará a responder a esta pregunta. 

Quiénes son los Proud Boys

El Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de extrema izquierda ha designado a los Proud Boys como un grupo de "odio". Teniendo en cuenta los vínculos del SPLC con Antifa, un movimiento anarco-marxista, su habitual prejuicio contra los movimientos conservadores en general les descalifica para etiquetar a nadie, a pesar de la popularidad de la que gozan entre la izquierda. Moms for Liberty, una organización conservadora de base sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los padres y se opone a los planes de estudio marxistas, por ejemplo, también ha estado en la lista negra del SPLC.

¿Por qué van los cubanos a Ucrania?

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Los soldados y reclutas cubanos están oficialmente presentes en la región euroasiática. Su misión es habitual, dado el papel que ha desempeñado el comunismo cubano desde 1959. En esta ocasión, debido a la invasión ilegal e inmoral de Ucrania por parte de Rusia, están proporcionando carne de cañón al régimen de Putin. Aunque esto no debería sorprender, es importante que Occidente y, en particular, los Estados Unidos comprendan plenamente las implicaciones del mercenarismo cubano en este genocidio contra Ucrania.

Desde el primer día, Cuba comunista, como un Estado marxista-leninista comprometido, ha participado con entusiasmo en guerras mundiales y campañas terroristas. Muchos de estos conflictos armados y operaciones subversivas, que buscaban derrocar gobiernos legítimos o ayudar a regímenes marxistas a permanecer en el poder, contaron con la ayuda y el apoyo intelectual de La Habana. Hay razones que explican este patrón de comportamiento. Algunos han atribuido este aventurerismo que ha costado miles de vidas, tanto de cubanos como de latinoamericanos, africanos, asiáticos y estadounidenses (y otros), a compromisos ideológicos de principio. Bajo el disfraz de la “liberación”, los cubanos comunistas han librado indiscutiblemente una guerra brutal, por lo que etiquetaron como descolonización, antiimperialismo, antirracismo, anticapitalismo, etc.

La lógica detrás de la obsesión del comunismo cubano con la intromisión internacional ha sido estratégica, reactiva y fundamentalmente innata a sus objetivos de supervivencia. El activo más importante de Cuba, desde que cayó bajo el dominio marxista, es su voluntad de involucrarse en los asuntos de otros países. Este compromiso activo en estrategias de ruptura sociopolítica, y/o solidaridad socialista, ha establecido un lugar para Cuba comunista en la mesa de los actores globales. Esta proclividad, ejercida también en la esfera de la inteligencia, ha incrementado enormemente la influencia de los comunistas de la isla. Cuba no posee recursos naturales muy codiciados. En cuanto a la producción industrial y tecnológica, el régimen castrista ha retrocedido en algunos aspectos hasta la época colonial, si se compara históricamente. Lo que sí tiene son bienes inmuebles. Su proximidad a Estados Unidos ha convertido a la isla en una mercancía para los malhechores del mundo.

Criminalizar la Constitución de EE. UU.

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Estados Unidos tiene un gran problema. Su versión de la democracia está siendo deconstruida. La libertad de expresión, un prerrequisito del gobierno democrático, está siendo restringida. Se está interfiriendo en unas elecciones honestas y competitivas. Esto se está logrando mediante la utilización de los poderes policiales del Estado, que incluyen su sistema legal. La ley está siendo maliciosamente reconfigurada, perversamente interpretada y conspirativamente aplicada para lograr los fines antes mencionados. La cuarta acusación de Donald Trump es parte de ese fin.

La izquierda y los que odian a Trump desde la derecha pueden propagar a los demás que esto solamente se ocupa del 45º presidente y sus aliados por sus actos “ilícitos”. A juzgar por la evidencia empírica y las referencias históricas, este no es el caso. La tercera acusación de Trump se centró directamente en redefinir la libertad de expresión según filtros ideológicos de aceptabilidad, obstruir el camino político de un candidato en unas elecciones presidenciales y ejercer, de facto, la persecución política. Los patrones exactos del pasado, nos dicen con certeza que esta guerra contra Trump se está librando como parte de un objetivo más amplio.

El objetivo general es la deconstrucción del sistema sociopolítico estadounidense, que en consecuencia también revisaría su modelo económico. El camino específico requiere la domesticación de la oposición, el establecimiento de normas de autocensura y el control de los resultados electorales. Esto es algo que las dictaduras practican bien. Hay que tener muy en cuenta que todos los regímenes tiránicos violan los derechos naturales y humanos utilizando sus sistemas legales. En otras palabras, Cuba, Venezuela, Rusia y China envían a la gente a la cárcel empleando sus leyes y tribunales. Además, también permiten la presencia de abogados defensores para asegurar una imagen óptica adecuada del “debido proceso”.

La cuarta acusación formulada contra Trump y otras 18 personas el 14 de agosto por un gran jurado de Georgia, que consta de 41 cargos, alega que el expresidente, sus abogados, personal y asociados intentaron solicitar votos para revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. Los fundamentos jurídicos encontrados en la acusación de 98 páginas se basan en un conjunto inventado de supuestos clarividentes inclinados, una novedosa teoría jurídica posmoderna (en concreto, la Teoría Crítica de la Justicia) y el abandono de las normas de casos precedentes establecidos. El impacto directo en el sistema político estadounidense de esta burla de la ley es su naturaleza insidiosa. Se trata de un ataque frontal al ejercicio de la libertad de expresión protegida y de un intento manifiesto de interferir en unas elecciones; ambos factores fueron afectos a la tercera acusación.

Este nuevo intento de poner a Trump entre rejas, maniobra su camino en el tejido de cómo los partidos han operado tradicionalmente dentro del peculiar formato de colegio electoral de Estados Unidos. La acción de ejercer influencia para influir favorablemente en los resultados electorales, especialmente en contiendas políticas reñidas, es un hecho habitual en la historia política estadounidense. Es legal, constitucional y moral. De hecho, ninguna elección reñida ha dejado de ser testigo del posterior escrutinio de la maquinaria del candidato perdedor y del partido, en busca de votos que puedan haberse omitido o contabilizado erróneamente. Esta es la naturaleza de las elecciones competitivas.

Nadie ha profundizado más en esta práctica que el Partido Demócrata. Así ha ocurrido en todas y cada una de las reñidas elecciones celebradas en EE. UU. La contienda presidencial de 2000 es un ejemplo. Los abogados y activistas demócratas se agitaron por toda Florida, intentando persuadir a los funcionarios y tribunales del estado de que vieran lo que ellos estaban percibiendo. Alan Dershowitz, jurista y abogado que representó a Al Gore y al Partido Demócrata en los disputados resultados de Florida de ese año, admitió no haber hecho nada diferente de lo que Trump, su personal y su equipo legal hicieron en Georgia en 2020. El profesor de derecho y autor de Harvard, que sigue creyendo que Gore ganó en 2000, carga contra la acusación de Trump y se pregunta por qué él y otros no fueron acusados o inhabilitados por una acción similar en 2000.

Es importante señalar que el doble rasero del sistema jurídico estadounidense de dos niveles que funciona en la actualidad refleja, como se ha señalado anteriormente, un componente de un proyecto más ambicioso. El colegio electoral ha sido durante mucho tiempo un objetivo de la izquierda y de los internacionalistas. Con su eliminación y la transición a un voto nacional puramente mayoritario, seis ciudades costeras podrían determinar el resultado de una elección presidencial. La cuarta acusación de Trump servirá de forraje para el desmantelamiento del colegio electoral.

El Artículo II, Sección 1, Cláusula 2 de la Constitución de EE. UU. dice: “Cada Estado designará, en la Forma que la Legislatura del mismo disponga, un Número de Electores igual al Número total de Senadores y Representantes a que el Estado tenga derecho en el Congreso”. El peso pesado intelectual más responsable de la brillantez del colegio electoral fue Alexander Hamilton. Este Padre Fundador, secretario del Tesoro y ayudante personal de George Washington en la Guerra de la Independencia fue también uno de los arquitectos del modelo democrático estadounidense. Este componente sui generis del sistema político estadounidense fue diseñado para evitar los escollos del gobierno consensual. Si la Alemania de los años treinta, por ejemplo, hubiera tenido un sistema en el que un grupo similar de estadistas pudiera intervenir y frenar la estupidez popular, Hitler quizá no habría sido elegido. 

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, hija de un miembro de las Panteras Negras, fue educada con toda probabilidad para odiar la República estadounidense. Las Panteras Negras, una organización terrorista interna comunista, libraron una guerra para derrocar al gobierno de Estados Unidos. La juez Willis sigue los pasos de su padre e intenta cumplir sus sueños. Esto podría ayudar a explicar la naturaleza antiamericana de sus acciones. Si Trump no fuera el principal contendiente, los demócratas apuntarían a quienquiera que fuera. ¿A qué esperan los fiscales de distrito y los fiscales generales republicanos en enclaves republicanos para acudir a los “grandes jurados” con pruebas de la mala conducta de los políticos demócratas y sus compinches, presentar acusaciones y empezar a procesar? El fuego debe combatirse con fuego.

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