Estados Unidos necesita un medio de comunicación internacional

Lecciones del intento de asesinato de Trump

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El sábado 13 de julio, durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, hubo un intento de asesinar a Donald Trump. El 45º presidente y candidato republicano a las elecciones de 2024 sobrevivió al atentado. Ocurrieron muchas cosas que nunca deberían haber ocurrido, y otros factores que deberían ser inherentes a una democracia estuvieron consternadamente ausentes. Estas son algunas de las lecciones fundamentales que uno puede extraer de este suceso trágico.

La izquierda y el régimen de Biden-Obama son responsables

Desde el 16 de junio de 2015, cuando Trump anunció su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2016, la izquierda lo ha tenido en el punto de mira. Al principio, los demócratas, los medios corporativos, la clase oligárquica de las redes sociales, el Estado profundo y los magnates globalistas de élite creyeron que podrían utilizarlo para alienar y dividir a los votantes republicanos. Cuando se dieron cuenta de que su estrategia había fracasado y Trump ganó la nominación de su partido y desafió a Hillary Clinton, la izquierda conspiró con armas más pesadas.

La administración Obama utilizó instituciones estatales como el FBI, la CIA y el Departamento de Justicia (DOJ), con financiación del fondo de guerra electoral del Comité Nacional Demócrata, para construir falsas narrativas que vinculaban a Trump con el dictador ruso Vladimir Putin. Funcionarios del gobierno de Obama llegaron incluso a cometer fraude en las solicitudes al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para espiar la campaña de Trump. Cuando ese intento de difamación contra el candidato republicano fracasó y Trump ganó en 2016, la guerra contra él se intensificó.

 

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El derecho posmoderno y la persecución política estadounidense

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Lavrentiy Beria, el jefe más antiguo de la policía secreta de Joseph Stalin es tristemente célebre por haber afirmado que podía probar la comisión de delitos, incluso entre los hombres más inocentes. El supervisor supremo del sistema penitenciario Gulag de la Unión Soviética y arquitecto clave de la represión política entre 1938 y 1953 se jactó en una ocasión: «Muéstrame al hombre y te mostraré el delito». El fiscal del distrito (DA) de Manhattan, Alvin Bragg, que fue elegido en 2021 para su cargo actual con la promesa de campaña de ir tras Donald Trump, afirmó misión cumplida con el veredicto de culpabilidad en los 34 cargos de delitos graves estatales que su oficina recibió el jueves 30 de mayo. El fiscal financiado por George Soros contó con la ayuda estructural en este ruin esquema legal del Departamento de Justicia de Biden (DOJ), el juez que supervisa el juicio y un grupo judicial geográficamente estratificado que está ideológicamente atrincherado. Washington, Jefferson y Lincoln habrían sido declarados «culpables» en un tribunal autoritario similar.

De los cuatro procesos judiciales contra el favorito del Partido Republicano desde que su candidatura se hizo tácitamente evidente, este es el más descarado. La intromisión desde el púlpito político en las elecciones presidenciales de 2024 para intentar asegurar una victoria del Partido Demócrata se está haciendo a cara descubierta. Los tribunales son uno de los caballos de Troya utilizados para enmascarar su ilegitimidad. La utilización del sistema judicial para silenciar a la oposición e influir en los resultados electorales no es nada nuevo. Los regímenes no democráticos siempre lo han hecho así. Cada persona enviada a los gulags de Rusia, China o Cuba lo fue bajo los auspicios de la «ley». Venezuela, Nicaragua y Bolivia eliminan a los líderes de la oposición mediante acusaciones criminales.

El régimen de Biden-Obama está siguiendo a sabiendas los guiones establecidos y practicados por dictaduras experimentadas, adaptados al modelo estadounidense. El camino de Estados Unidos hacia un régimen no democrático es más accidentado y requiere consideraciones especiales, dadas las complejidades de su sistema federal de gobierno. Por eso, los enclaves acogedores para los socialistas, como Nueva York y Washington D.C. (entre otros), son los lugares legales preferidos para fabricar delitos con los que alcanzar los fines que persiguen. Cuando existe un sistema legal de dos niveles que está predeterminado política e ideológicamente, entonces el imperio de la ley se convierte en un elemento caprichoso de estructura basado en dónde vives o si caes dentro del alcance federal del DOJ de Biden. 

 

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Así es como la izquierda logró esta condena tipo Beria en el «juicio de comprar el silencio» de Nueva York. Todo el procedimiento judicial careció del debido proceso elemental y siguió un patrón de estirar la ley y establecer precedentes más allá del alcance de las normas aceptadas. Verdaderamente, este es el sueño marxista del derecho posmoderno. Los treinta y cuatro cargos se refieren todos a un único hecho: una infracción contable, en el mejor de los casos, relativa a un pago de 130.000 dólares en virtud de un Acuerdo de No Divulgación (NDA) (perfectamente legal) pagado a una actriz de cine porno por servicios sexuales (Stormy Daniels) en una supuesta aventura de una noche que supuestamente ocurrió en 2006. El testigo clave de la acusación era un perjuro convicto (Michael Cohen) que, además, admitió haber robado 60.000 dólares al conglomerado inmobiliario de Trump.

El juez que instruyó el caso, Juan Merchán, fue el facilitador de la acusación. Medularmente atado al Partido Demócrata, Merchán ha hecho donaciones al mismo y a causas anti-Trump. Además, la hija del juez es una empleada totalmente comprometida con el establishment demócrata, que se gana la vida recaudando fondos para candidatos políticos demócratas. El juicio que preside su padre ha generado enormes sumas de dinero, de las que ella se ha beneficiado económicamente. Al trabajar como directora ejecutiva en una firma demócrata de primera categoría que está conectada directamente con Adam Schiff, el Comité Nacional Demócrata, el PAC de la Mayoría Demócrata del Senado, e incluso Biden, el empleo de la hija de Merchan es motivo suficiente para que él se haya recusado por motivos de conflicto de intereses.

Tal vez la entidad más influyente en el equipo acusador fue Matthew Colangelo, el funcionario número tres en el DOJ de Biden, antes de pasar a la oficina del fiscal de Manhattan. Actuando como fiscal principal, Colangelo sentó las bases de las teorías jurídicas inventadas que se exploraron para criminalizar las acciones legales de Trump. Sirvió de puente natural entre Nueva York y la Casa Blanca, es decir, entre la fiscalía de Manhattan y el DOJ. Además, ha sido consultor político a sueldo del Comité Nacional Demócrata. Fundamental para la estrategia de la fiscalía era convertir los cargos contra Trump en un delito grave, ya que las cuestiones de contabilidad son un delito menor.

Colangelo y Bragg introdujeron teorías jurídicas novatas y desconocidas al argumentar que los votantes de Nueva York habían sido «defraudados» en las elecciones de 2016 por las acciones de Trump. Lógicamente, esto situaría la jurisdicción en terreno federal, puesto que la acusación implicaba supuestas violaciones de la financiación de la campaña. Para neutralizar la onerosa tarea de superar los desafíos logísticos que presentaría esta hipótesis judicial, la cooperación del juez presidente sería un requisito previo.  

Para asegurarse de que el resultado sería, en última instancia, el que fue, el juez Merchan impidió efectivamente que testigos clave para el equipo legal de Trump testificaran microgestionando lo que la defensa podía preguntar y lo que el testigo podía responder. Un ejemplo de ello fue el experto en derecho electoral Brad Smith, antiguo miembro de la Comisión Federal Electoral. Este testigo era muy importante para el caso del expresidente. Sin embargo, las draconianas limitaciones de Merchan harían mudo su testimonio. El juez exigió ver previamente por escrito cuál sería el testimonio probable.

El golpe final y fatal al debido proceso y a la posibilidad de que Trump tuviera un juicio justo fueron las instrucciones sin precedentes que Merchan dio a los 12 miembros del jurado. Uno de los sellos distintivos de la jurisprudencia estadounidense en los casos penales es la carga del fiscal de tener que demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. En otras palabras, para emitir un veredicto de culpabilidad, el jurado debe estar prácticamente seguro de la culpabilidad del acusado. En este caso, el juez no dejó nada al azar. Un veredicto de culpabilidad requería que los jurados determinaran, por unanimidad, que Trump falsificó registros comerciales con «intención» de defraudar. Además, el pago realizado para comprar el silencio por los supuestos favores sexuales formaba parte de una «conspiración» por «medios ilícitos» para elegir a Trump en 2016.   

Merchan rompió con el protocolo y la tradición judicial y estableció reglas especiales para que el jurado deliberara. El juez de izquierdas permitió que el jurado decidiera libremente por sí mismo, según sus propias normas personales, cuáles eran esos «medios ilícitos». En otras palabras, eran libres de imaginar cualquier camino posible para llegar a la caracterización de «ilícito». Claramente, esta maldición judicial personifica la injusticia y es una burla del Estado de derecho. Teniendo en cuenta la amplia manipulación del juicio a favor del fiscal y el hecho de que el jurado estaba compuesto por uno de los grupos de población más demócratas de Estados Unidos, no cabía esperar un resultado diferente.

La utilización del sistema judicial estadounidense para perseguir, silenciar e impedir que un candidato compita en unas elecciones es un acto de despotismo. La izquierda radical utilizará todos sus recursos para impedir que Trump gane las elecciones de 2024. Cabe señalar, sin embargo, que si el candidato republicano fuera cualquier otra persona no globalista, conservadora y anticomunista, también se enfrentaría a una ira antisistema y antiliberal similar. Los republicanos, los independientes y los demócratas centristas deben darse cuenta de que la República estadounidense está sufriendo una amenaza existencial. Si Dios quiere, Trump debería ganar en noviembre. Se necesitará un valiente curso de justicia restaurativa para devolver la normalidad a los EE. UU. Los responsables de esta toma de poder autoritaria deben rendir cuentas. Todos sabemos quiénes son los sospechosos. Nadie está por encima de la ley. 

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El marxismo más que el antisemitismo es el responsable de los disturbios universitarios

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Para los analfabetos políticos, la causa palestina es fácil de vender. Conceptos como «genocidio», «ocupación», «limpieza étnica», «liberación» y «Palestina libre» se han utilizado para socavar y proselitizar a los estudiantes en el culto político que es el marxismo. Una historia de 3,000 años de antigüedad contrapuesta a una campaña ideológica de décadas de duración parecería abrumadoramente fácil como para pintar un cuadro claro de conocimiento. Pasa desapercibido el hecho de que la identidad palestina es una invención sintética y carece de base para reivindicaciones legítimas. La maniobra dialéctica de la izquierda radical por el poder político ha explotado el ataque del islamismo a Israel del 7 de octubre, más allá de la imaginación de muchos. Estamos siendo testigos de una cuasi insurrección de bajo nivel en campus universitarios estadounidenses de alto nivel donde se está desafiando el orden existente.

El clásico de Allan Bloom, The Closing of the American Mind (1987), advertía sobre los peligros de los cambios en los planes de estudio, que comenzaron en la década de 1960 y se afianzaron en la de 1970, en el sistema de educación superior de Estados Unidos. El filósofo judío estadounidense sostenía que esto suponía una amenaza para la democracia y la libertad de pensamiento y expresión. Los «cambios», señaló Bloom, procedían todos de incursiones intelectuales que se nutrían de la Teoría Crítica marxista, una serie de programas de estudios sobre el agravio con apéndices posmodernos inherentes, ha logrado casi monopolizar los cursos universitarios estadounidenses. Hay un alumnado ignorante que ha sido adoctrinado según lo previsto.

Resulta decepcionante y peligroso ver cómo el grueso de la clase política estadounidense y los comentaristas de los medios de comunicación se detienen en los síntomas y no en la causa. La reciente aprobación de la «Ley de Concienciación sobre el Antisemitismo» en la Cámara de Representantes (aún pendiente de aprobación en el Senado) es un ejemplo de esta percepción errónea. Esta legislación de «incitación al odio» es horrible, en lo que respecta a una sociedad libre. Coarta la libertad de expresión, es contraproducente para los intereses israelíes y excusa la falta de voluntad de los funcionarios públicos para hacer cumplir las leyes vigentes en materia de derechos civiles. 

 

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La traición costosa de Biden

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Apaciguar el mal ha demostrado ser históricamente costoso. La presidencia de Biden, o mejor expresado, el régimen Biden-Obama, ha superado a cualquier administración estadounidense anterior en el avance de las ideologías radicales y sus movimientos y en hacer del mundo un lugar más peligroso y menos libre. Enamorados del islamismo chií y de las propuestas de extrema izquierda, primero Barack Obama y luego su apoderado Joe Biden, han conseguido destruir el equilibrio y, por consiguiente, el ecosistema político de Oriente Próximo.

Alegando haber respondido a un ataque israelí contra la embajada iraní en Damasco, Siria, la dictadura islámica chií lanzó un ataque aéreo masivo el sábado 13 de abril. Irán lanzó 320 armas de asalto aéreo consistentes en misiles balísticos, misiles de crucero y aviones no tripulados. Se trata de serias armas de guerra. Si Israel no hubiera poseído su emblemático sistema de defensa antimisil de última generación, el país habría sido devastado. La decisión del despotismo islámico de emprender esta descarada acción supone una derrota fundamental para Occidente y una prueba de que Estados Unidos, bajo el liderazgo actual, ha perdido el rumbo.

Los fracasos de la política exterior estadounidense suelen tener consecuencias catastróficas y duraderas. La tragedia iraní comenzó cuando Jimmy Carter traicionó al acérrimo pro occidental Mohammad Reza Pahlavi, permitiendo así que el islamista radical Ruhollah Jomeini se hiciera con el poder. Estados Unidos no ha aprendido la lección de que a menudo la medicina es peor que la enfermedad. Dwight Eisenhower cometió el mismo error con Batista en Cuba y Carter, de nuevo, en Nicaragua con Somoza. Lo que siguió fue mucho más tiránico, empobrecedor y costoso para el orden democrático. Si vas a elaborar una estrategia para derribar un régimen autoritario, asegúrate de que su sustituto no sea un régimen totalitario. 

 

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