- Julio M. Shiling
La nueva Ley de «Inversiones» de Cuba: la piñata castrista
El 16 de marzo de 2026, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversiones de la Cuba comunista, Óscar Pérez-Oliva Fraga, anunció un cambio radical. Los cubanos que viven en el extranjero —independientemente de su estatus de residencia— ahora pueden invertir, ser propietarios y asociarse en empresas privadas en la isla, incluidos grandes proyectos de infraestructura. El régimen castrista lo presentó como una apertura hacia el exilio y la diáspora. En realidad, este decreto es el acto inicial de un robo de transferencia de riqueza cuidadosamente orquestado, diseñado para blanquear los miles de millones ocultos en paraísos fiscales del castrocomunismo y devolverlos a la isla bajo el pretexto de la inversión privada «legal». Es la transición de Cuba hacia el putinismo.
Los paralelismos con la Rusia postsoviética son inconfundibles. Tras el colapso de la URSS, la nomenklatura —los altos cargos del Partido Comunista, sus familias y el aparato de seguridad— ideó un plan fraudulento de «privatización». Los activos estatales se subastaron a precios de saldo a personas con información privilegiada que ya habían desviado riqueza al extranjero a través de empresas ficticias. El resultado no fue el capitalismo, sino la cleptocracia: una nueva clase oligárquica surgida directamente del antiguo régimen. Cuba está replicando ahora ese modelo. Los miembros del régimen que han depositado fortunas en vehículos offshore pronto «invertirán» esos mismos fondos en su país, adquiriendo la titularidad legal de empresas mientras los cubanos de a pie siguen atrapados en la pobreza. La propia arquitectura financiera de la dictadura hace posible este plan.
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