- Patria de Martí
Diseccionando la acusación de los documentos de Trump
“Nadie está por encima de la ley” es una frase que alguna vez tuvo profundidad en los EE. UU. Se ha convertido en un cliché poco convincente
Pocos de los que creen en una sociedad libre pueden cuestionar la noción de que el imperio de la ley y la uniformidad en su aplicación son elementos sistémicos básicos de una democracia. “Nadie está por encima de la ley” es una frase que alguna vez tuvo profundidad en los EE. UU. Se ha convertido en un cliché poco convincente. Hay un adagio que está cobrando fuerza entre los observadores de la democracia estadounidense. “Nadie debería estar tampoco por debajo de la ley”. Este añadido a la afirmación popular refleja el clima legal que se vive hoy en Estados Unidos. La reciente imputación del expresidente Donald J. Trump por 37 cargos ejemplifica la crisis de la jurisprudencia estadounidense. Este hecho supone una amenaza global para el modelo republicano de gobierno.
La percepción de que actualmente existe un sistema judicial de dos niveles en Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en algo evidente. El terreno jurídico es ahora un frente de guerra. Los enclaves ideológicos del izquierdismo estadounidense ofrecen a los activistas de extrema izquierda el forraje humano adecuado para conseguir validaciones de procesamiento a través de esquemas de gran jurado que no obtendrían en la mayoría de las demás localidades judiciales del país. Son la versión estadounidense de los “tribunales revolucionarios”. Los distritos judiciales de lugares como Washington, D.C., Nueva York y San Francisco, por ejemplo, están siendo explotados para socavar el principio de un juicio justo y la tradición del common law (ley común), que se basa en el precedente.
Los cargos contra Trump contienen 31 acusaciones de supuesta retención intencionada de información de defensa nacional. Los demás son cargos únicos por supuesta conspiración para obstruir la justicia, ocultar documentos, ocultar y conspirar para ocultar documentos, ocultar un documento en una investigación federal y hacer declaraciones falsas. La premisa subyacente de la acción del Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Biden contra Trump, tiene que ver con el manejo de los registros presidenciales, a quién pertenecen y si hubo intención maliciosa por parte del expresidente, que resulta ser el principal líder de la oposición y candidato presidencial para 2024.
Desde 1978, la Ley de Archivos Presidenciales ha servido de guía para delimitar lo que es propiedad del Gobierno estadounidense y lo que son archivos personales de un expresidente. Se trata de memorandos, cartas, notas, correos electrónicos y otras comunicaciones escritas durante el mandato de un presidente como jefe del ejecutivo y el de su personal. La ley trata de establecer normas y es aplicada por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA).
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