Acabemos con el castrismo para derrotar al Irán islámico

Camarada Kamala

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La izquierda estadounidense aspira a implementar el cuarto mandato presidencial de Barack Obama. O, mejor expresado, el objetivo es otra oportunidad para profundizar la revolución socialista que lanzó en 2008 y que Donald Trump tuvo la osadía de interrumpir y, dentro de ciertos límites, revertir o frenar su avance. Es lo que el filósofo marxista alemán Rudi Dutschke etiquetó como la “marcha a través de las instituciones”. En el contexto estadounidense, este modelo radical es una composición híbrida de fundamentos epistemológicos neo-marxistas (la “Teoría Crítica” de la Escuela de Fráncfort, la “Hegemonía Cultural” de Gramsci y la “Reificación” de Lukacs), la metodología socialista fabiana y el marco determinista estructural del posmodernismo. No hay nadie más adecuado para expandir esta revolución contra el sistema sociopolítico excepcionalista estadounidense que Kamala Harris.

Joe Biden sirvió bien a la causa izquierdista, o lo mejor que pudo. Sin ser nunca muy brillante, ni siquiera en el apogeo de su larga carrera política, consiguió cumplir la tarea, ofreciendo tanto una imagen de moderación como de servidumbre. Esto era esencial para quienes han dirigido realmente la administración y la campaña de Biden: El gobierno en la sombra de Obama, que evolucionó hasta convertirse en un régimen cuando el  46º presidente entró en la Casa Blanca en 2021. La debacle del debate de junio y el hecho de que Trump estuviera a punto de morir por culpa de la bizarra y flagrante negligencia del Servicio Secreto y otras agencias de inteligencia eran la última oportunidad de Biden. Se produjo una revolución palaciega, con la habilidad que nadie cómo los demócratas saben llevar a cabo tan bien, y ahora el puñal pasa a Harris.

Kamala siempre fue la favorita de Obama entre las opciones presidenciales demócratas para 2020. Hay una buena razón para ello. Mientras que a Biden se le podría hacer seguir y acatar las normas establecidas del izquierdismo estadounidense, para Harris se trata, literalmente, de una disposición genética. La profunda conexión de Kamala con el dogma y la praxis neo-marxista es un hecho. La actual vicepresidenta de Biden y exsenadora y fiscal no llevará a los moderados a la cabina de votación, pero es una verdadera creyente en la revolución socialista blanda de Obama.

Harris, ferviente y fiel, es una promotora y practicante lingüística de la ideología de género. Este delirante y subversivo esquema de lenguaje posmoderno busca alterar la percepción de la realidad, distorsionando y desnaturalizando el habla, los símbolos y los conceptos. Es fundamental en la campaña del marxismo para censurar, hacer posible lo absurdo y promover directamente la Ideología de Género (IG) y la Teoría Crítica Queer (TCQ). Las adaptaciones de la orden ejecutiva de 2021 del Título IX ejemplifican la convicción de la administración Biden-Harris de ganar terreno con los principios marxistas que se centran en reformular la cultura.

El Título IX forma parte de las Enmiendas Educativas de 1972, que modificaron la Ley de Educación Superior de 1965. En el primer día de su presidencia, Biden emitió una orden ejecutiva por la que se revisaban las normas de aplicación del Título IX para dar prioridad a la igualdad de género, un sello distintivo de la IG marxista. Harris ha sido la persona clave en esta revisión de la enmienda de 1972, que socava la igualdad y, en concreto, los deportes, la educación y las actividades de las mujeres. La actual favorita demócrata a la presidencia (aparentemente) ha argumentado persistentemente en contra de la igualdad y a favor de la equidad. No se trata de una cuestión semántica.

La equidad es la antítesis de la igualdad. Su aplicación requiere desigualdad, discriminación y segregación. La equidad es una herramienta potente para hacer la guerra en la dicotomía opresor/opresor que inventaron Marx y Engels y perfeccionaron los marxistas culturales. No únicamente la IG y la TCQ emplean conceptualmente la equidad para impulsar el marxismo. La Teoría Crítica de la Raza (TCR), la Teoría Crítica Postcolonial (TCP) y la Teoría Crítica Feminista (TCF) son algunas otras premisas comunistas adaptadas a la pretensión hegemónica cultural que depende de la equidad para camuflar su proyecto liberticida. En el ámbito laboral estadounidense, es la “E” de DEI, o “Diversidad, Equidad e Inclusión”. Son caballos de Troya básicos que hablan de igualdad y armonía mientras instituyen el racismo, el sexismo, la relatividad sexual, la supremacía de las minorías y la censura a través del discurso del “odio” o de ámbitos “inseguros”.

Una de las primeras paradas de Harris como heredera demócrata coronada, fue dirigirse a la Federación Americana de Profesores (AFT), el segundo sindicato de profesores más grande del país y firme apologista de los planes de estudios de extrema izquierda y de las políticas de adoctrinamiento marxista militante (IG, TCQ, TCR, TCP y TCF). Allí aseguró a los miembros de la AFT que el material sobre ideología de género y prácticas sexuales estaría “protegido” en las aulas de los niños. Los derechos de los padres serían eludidos dando primacía a los maestros de escuela, consejeros y otros comisarios de IG y TCQ.

Durante la revuelta marxista de 2020 en todo Estados Unidos dirigida por Black Lives Matter y Antifa, Harris fue uno de los más ardientes defensores de los saboteadores comunistas. Recaudar dinero para el Minnesota Freedom Fund, una organización de extrema izquierda que pagó fianzas para sacar de la cárcel a los sediciosos, entre los que había delincuentes violentos, acusados de asesinato y violadores, fue solo una de sus acciones. Durante todo el largo verano de saqueos, asesinatos, incendios provocados y ataques a la democracia estadounidense, Harris hizo constantes referencias a las causas subyacentes que produjeron esta respuesta de los subversivos marxistas.

Desfinanciar a la policía, un objetivo clave de todos los movimientos comunistas, ha encontrado un apoyo enorme y constante por parte de Harris. Los marxistas entienden que la aplicación de la ley local es la primera línea de autoridad que protege el orden imperante. Debilitar este punto de defensa es crucial para el objetivo final marxista de provocar el caos y la crisis. Estas condiciones suelen preceder a las demandas de cambio de régimen.

La inmigración masiva para quebrantar la soberanía nacional, así como para vigorizar la hemorragia cultural, es una de las mayores amenazas de la civilización occidental. Fiel al socialismo fabiano y a su adhesión a la gobernanza global y a los acuerdos socioeconómicos, Harris ha apoyado con firmeza y es responsable de la anarquía en la frontera sur. Desde abogar por el desmantelamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y equiparar esta importante agencia federal al grupo supremacista blanco Ku Klux Klan, hasta propugnar la despenalización de los cruces fronterizos ilegales, Harris es uno de los mayores defensores de la inmigración masiva. Esto es así en la teoría y en la práctica.

El ecologismo radical, o ecosocialismo, como otros lo llaman, ha encontrado un enorme apoyo político y moral en Harris. Como copatrocinadora del Green New Deal, el proyecto estadounidense de extrema izquierda en sintonía con el extremismo ecologista, globalista y acientífico, la exsenadora por California y vicepresidenta de Biden se ha situado en el polo del fanatismo alarmista climático. La fracturación hidráulica, o fracking, la técnica utilizada en la industria del petróleo y el gas para extraer gas natural y petróleo de formaciones rocosas subterráneas profundas que han contribuido a la supremacía petrolera estadounidense ha encontrado en Harris una ardiente opositora. Si es elegida, propone prohibirla.

Los abortos en Estados Unidos están ahora en manos de los estados. Harris copatrocinó la titulada Ley de Protección de la Salud de la Mujer de 2021. Esta pieza legislativa pretendía ampliar los abortos a demanda sin ninguna limitación. Esto incluye todo el periodo de cualquier embarazo. Una posición tan radical, incluso entre los abortistas, ha sido sostenida por Harris. Sin duda, ella haría todo lo que estuviera en su mano para demoler la configuración democrática de Estados Unidos, tal y como la esbozaron los Padres Fundadores.

Kamala Harris nació en un hogar de formación marxista. Donald Harris, el padre de Kamala, era un reconocido marxista que enseñaba teoría y política económica en la Universidad de Stanford, en California. Junto con Shyamala Gopalan, la madre de Harris, los progenitores de la demócrata pertenecieron a grupos estudiantiles de ultraizquierda como la Asociación Afroamericana mientras estudiaban en la Universidad de California en Berkeley. Sin duda, la designación en 2019 de la senadora más izquierdista emitida por GovTrack, un sitio web no partidista que supervisa el historial de voto de los políticos y los califica, en consecuencia, era bien merecida. El sueño de Obama de tener a Harris en el Despacho Oval sería horrible. Hay que detener el marxismo.

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Lecciones del intento de asesinato de Trump

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El sábado 13 de julio, durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, hubo un intento de asesinar a Donald Trump. El 45º presidente y candidato republicano a las elecciones de 2024 sobrevivió al atentado. Ocurrieron muchas cosas que nunca deberían haber ocurrido, y otros factores que deberían ser inherentes a una democracia estuvieron consternadamente ausentes. Estas son algunas de las lecciones fundamentales que uno puede extraer de este suceso trágico.

La izquierda y el régimen de Biden-Obama son responsables

Desde el 16 de junio de 2015, cuando Trump anunció su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2016, la izquierda lo ha tenido en el punto de mira. Al principio, los demócratas, los medios corporativos, la clase oligárquica de las redes sociales, el Estado profundo y los magnates globalistas de élite creyeron que podrían utilizarlo para alienar y dividir a los votantes republicanos. Cuando se dieron cuenta de que su estrategia había fracasado y Trump ganó la nominación de su partido y desafió a Hillary Clinton, la izquierda conspiró con armas más pesadas.

La administración Obama utilizó instituciones estatales como el FBI, la CIA y el Departamento de Justicia (DOJ), con financiación del fondo de guerra electoral del Comité Nacional Demócrata, para construir falsas narrativas que vinculaban a Trump con el dictador ruso Vladimir Putin. Funcionarios del gobierno de Obama llegaron incluso a cometer fraude en las solicitudes al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para espiar la campaña de Trump. Cuando ese intento de difamación contra el candidato republicano fracasó y Trump ganó en 2016, la guerra contra él se intensificó.

El derecho posmoderno y la persecución política estadounidense

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Lavrentiy Beria, el jefe más antiguo de la policía secreta de Joseph Stalin es tristemente célebre por haber afirmado que podía probar la comisión de delitos, incluso entre los hombres más inocentes. El supervisor supremo del sistema penitenciario Gulag de la Unión Soviética y arquitecto clave de la represión política entre 1938 y 1953 se jactó en una ocasión: «Muéstrame al hombre y te mostraré el delito». El fiscal del distrito (DA) de Manhattan, Alvin Bragg, que fue elegido en 2021 para su cargo actual con la promesa de campaña de ir tras Donald Trump, afirmó misión cumplida con el veredicto de culpabilidad en los 34 cargos de delitos graves estatales que su oficina recibió el jueves 30 de mayo. El fiscal financiado por George Soros contó con la ayuda estructural en este ruin esquema legal del Departamento de Justicia de Biden (DOJ), el juez que supervisa el juicio y un grupo judicial geográficamente estratificado que está ideológicamente atrincherado. Washington, Jefferson y Lincoln habrían sido declarados «culpables» en un tribunal autoritario similar.

De los cuatro procesos judiciales contra el favorito del Partido Republicano desde que su candidatura se hizo tácitamente evidente, este es el más descarado. La intromisión desde el púlpito político en las elecciones presidenciales de 2024 para intentar asegurar una victoria del Partido Demócrata se está haciendo a cara descubierta. Los tribunales son uno de los caballos de Troya utilizados para enmascarar su ilegitimidad. La utilización del sistema judicial para silenciar a la oposición e influir en los resultados electorales no es nada nuevo. Los regímenes no democráticos siempre lo han hecho así. Cada persona enviada a los gulags de Rusia, China o Cuba lo fue bajo los auspicios de la «ley». Venezuela, Nicaragua y Bolivia eliminan a los líderes de la oposición mediante acusaciones criminales.

El régimen de Biden-Obama está siguiendo a sabiendas los guiones establecidos y practicados por dictaduras experimentadas, adaptados al modelo estadounidense. El camino de Estados Unidos hacia un régimen no democrático es más accidentado y requiere consideraciones especiales, dadas las complejidades de su sistema federal de gobierno. Por eso, los enclaves acogedores para los socialistas, como Nueva York y Washington D.C. (entre otros), son los lugares legales preferidos para fabricar delitos con los que alcanzar los fines que persiguen. Cuando existe un sistema legal de dos niveles que está predeterminado política e ideológicamente, entonces el imperio de la ley se convierte en un elemento caprichoso de estructura basado en dónde vives o si caes dentro del alcance federal del DOJ de Biden. 

Así es como la izquierda logró esta condena tipo Beria en el «juicio de comprar el silencio» de Nueva York. Todo el procedimiento judicial careció del debido proceso elemental y siguió un patrón de estirar la ley y establecer precedentes más allá del alcance de las normas aceptadas. Verdaderamente, este es el sueño marxista del derecho posmoderno. Los treinta y cuatro cargos se refieren todos a un único hecho: una infracción contable, en el mejor de los casos, relativa a un pago de 130.000 dólares en virtud de un Acuerdo de No Divulgación (NDA) (perfectamente legal) pagado a una actriz de cine porno por servicios sexuales (Stormy Daniels) en una supuesta aventura de una noche que supuestamente ocurrió en 2006. El testigo clave de la acusación era un perjuro convicto (Michael Cohen) que, además, admitió haber robado 60.000 dólares al conglomerado inmobiliario de Trump.

El juez que instruyó el caso, Juan Merchán, fue el facilitador de la acusación. Medularmente atado al Partido Demócrata, Merchán ha hecho donaciones al mismo y a causas anti-Trump. Además, la hija del juez es una empleada totalmente comprometida con el establishment demócrata, que se gana la vida recaudando fondos para candidatos políticos demócratas. El juicio que preside su padre ha generado enormes sumas de dinero, de las que ella se ha beneficiado económicamente. Al trabajar como directora ejecutiva en una firma demócrata de primera categoría que está conectada directamente con Adam Schiff, el Comité Nacional Demócrata, el PAC de la Mayoría Demócrata del Senado, e incluso Biden, el empleo de la hija de Merchan es motivo suficiente para que él se haya recusado por motivos de conflicto de intereses.

Tal vez la entidad más influyente en el equipo acusador fue Matthew Colangelo, el funcionario número tres en el DOJ de Biden, antes de pasar a la oficina del fiscal de Manhattan. Actuando como fiscal principal, Colangelo sentó las bases de las teorías jurídicas inventadas que se exploraron para criminalizar las acciones legales de Trump. Sirvió de puente natural entre Nueva York y la Casa Blanca, es decir, entre la fiscalía de Manhattan y el DOJ. Además, ha sido consultor político a sueldo del Comité Nacional Demócrata. Fundamental para la estrategia de la fiscalía era convertir los cargos contra Trump en un delito grave, ya que las cuestiones de contabilidad son un delito menor.

Colangelo y Bragg introdujeron teorías jurídicas novatas y desconocidas al argumentar que los votantes de Nueva York habían sido «defraudados» en las elecciones de 2016 por las acciones de Trump. Lógicamente, esto situaría la jurisdicción en terreno federal, puesto que la acusación implicaba supuestas violaciones de la financiación de la campaña. Para neutralizar la onerosa tarea de superar los desafíos logísticos que presentaría esta hipótesis judicial, la cooperación del juez presidente sería un requisito previo.  

Para asegurarse de que el resultado sería, en última instancia, el que fue, el juez Merchan impidió efectivamente que testigos clave para el equipo legal de Trump testificaran microgestionando lo que la defensa podía preguntar y lo que el testigo podía responder. Un ejemplo de ello fue el experto en derecho electoral Brad Smith, antiguo miembro de la Comisión Federal Electoral. Este testigo era muy importante para el caso del expresidente. Sin embargo, las draconianas limitaciones de Merchan harían mudo su testimonio. El juez exigió ver previamente por escrito cuál sería el testimonio probable.

El golpe final y fatal al debido proceso y a la posibilidad de que Trump tuviera un juicio justo fueron las instrucciones sin precedentes que Merchan dio a los 12 miembros del jurado. Uno de los sellos distintivos de la jurisprudencia estadounidense en los casos penales es la carga del fiscal de tener que demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. En otras palabras, para emitir un veredicto de culpabilidad, el jurado debe estar prácticamente seguro de la culpabilidad del acusado. En este caso, el juez no dejó nada al azar. Un veredicto de culpabilidad requería que los jurados determinaran, por unanimidad, que Trump falsificó registros comerciales con «intención» de defraudar. Además, el pago realizado para comprar el silencio por los supuestos favores sexuales formaba parte de una «conspiración» por «medios ilícitos» para elegir a Trump en 2016.   

Merchan rompió con el protocolo y la tradición judicial y estableció reglas especiales para que el jurado deliberara. El juez de izquierdas permitió que el jurado decidiera libremente por sí mismo, según sus propias normas personales, cuáles eran esos «medios ilícitos». En otras palabras, eran libres de imaginar cualquier camino posible para llegar a la caracterización de «ilícito». Claramente, esta maldición judicial personifica la injusticia y es una burla del Estado de derecho. Teniendo en cuenta la amplia manipulación del juicio a favor del fiscal y el hecho de que el jurado estaba compuesto por uno de los grupos de población más demócratas de Estados Unidos, no cabía esperar un resultado diferente.

La utilización del sistema judicial estadounidense para perseguir, silenciar e impedir que un candidato compita en unas elecciones es un acto de despotismo. La izquierda radical utilizará todos sus recursos para impedir que Trump gane las elecciones de 2024. Cabe señalar, sin embargo, que si el candidato republicano fuera cualquier otra persona no globalista, conservadora y anticomunista, también se enfrentaría a una ira antisistema y antiliberal similar. Los republicanos, los independientes y los demócratas centristas deben darse cuenta de que la República estadounidense está sufriendo una amenaza existencial. Si Dios quiere, Trump debería ganar en noviembre. Se necesitará un valiente curso de justicia restaurativa para devolver la normalidad a los EE. UU. Los responsables de esta toma de poder autoritaria deben rendir cuentas. Todos sabemos quiénes son los sospechosos. Nadie está por encima de la ley. 

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El marxismo más que el antisemitismo es el responsable de los disturbios universitarios

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Para los analfabetos políticos, la causa palestina es fácil de vender. Conceptos como «genocidio», «ocupación», «limpieza étnica», «liberación» y «Palestina libre» se han utilizado para socavar y proselitizar a los estudiantes en el culto político que es el marxismo. Una historia de 3,000 años de antigüedad contrapuesta a una campaña ideológica de décadas de duración parecería abrumadoramente fácil como para pintar un cuadro claro de conocimiento. Pasa desapercibido el hecho de que la identidad palestina es una invención sintética y carece de base para reivindicaciones legítimas. La maniobra dialéctica de la izquierda radical por el poder político ha explotado el ataque del islamismo a Israel del 7 de octubre, más allá de la imaginación de muchos. Estamos siendo testigos de una cuasi insurrección de bajo nivel en campus universitarios estadounidenses de alto nivel donde se está desafiando el orden existente.

El clásico de Allan Bloom, The Closing of the American Mind (1987), advertía sobre los peligros de los cambios en los planes de estudio, que comenzaron en la década de 1960 y se afianzaron en la de 1970, en el sistema de educación superior de Estados Unidos. El filósofo judío estadounidense sostenía que esto suponía una amenaza para la democracia y la libertad de pensamiento y expresión. Los «cambios», señaló Bloom, procedían todos de incursiones intelectuales que se nutrían de la Teoría Crítica marxista, una serie de programas de estudios sobre el agravio con apéndices posmodernos inherentes, ha logrado casi monopolizar los cursos universitarios estadounidenses. Hay un alumnado ignorante que ha sido adoctrinado según lo previsto.

Resulta decepcionante y peligroso ver cómo el grueso de la clase política estadounidense y los comentaristas de los medios de comunicación se detienen en los síntomas y no en la causa. La reciente aprobación de la «Ley de Concienciación sobre el Antisemitismo» en la Cámara de Representantes (aún pendiente de aprobación en el Senado) es un ejemplo de esta percepción errónea. Esta legislación de «incitación al odio» es horrible, en lo que respecta a una sociedad libre. Coarta la libertad de expresión, es contraproducente para los intereses israelíes y excusa la falta de voluntad de los funcionarios públicos para hacer cumplir las leyes vigentes en materia de derechos civiles.