El Mito del Progreso: Un apunte sobre Cuba antes y después del comunismo

Acusación contra Trump III: ¿libertad de expresión y elecciones justas?

Amañar unas elecciones es una forma de robo, y hay muchas maneras de conseguirlo

Read in English

La última acusación contra el expresidente Donald J. Trump, la tercera, no solamente consolida el hecho de que Estados Unidos tiene ahora un sistema judicial de dos niveles. Sus arquitectos, la administración Biden, que cada día que pasa nos recuerda que es un régimen más que un gobierno, están centrando su guerra contra la república estadounidense en el ámbito de la libertad de expresión y las elecciones justas. La búsqueda de un modelo autoritario blando, pseudodemocrático y de partido único es inequívoca.

A través del consejero especial Jack Smith, el fiscal seleccionado por Biden para el Departamento de Justicia (DOJ), un gran jurado federal de Washington, D.C. (la sede legal más izquierdista de Estados Unidos) acusó a Trump de cuatro cargos criminales relacionados con las elecciones presidenciales de 2020 el martes 1 de agosto. Estos son: (1) conspiración para defraudar a Estados Unidos; (2) conspiración para obstruir un procedimiento oficial; (3) obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial; y (4) conspiración contra los derechos civiles de los estadounidenses. Todos ellos están relacionados con los desafíos de Trump a las elecciones presidenciales de 2020. Estas acusaciones son tan peligrosas para los principios subyacentes de una sociedad libre como absurdas en lo que respecta a la teoría jurídica.

La base de los supuestos actos de “fraude”, según los acusadores, es que cuando Trump dijo que las elecciones habían sido robadas, sabía que no lo habían sido. En otras palabras, el Departamento de Justicia de Biden afirma que el expresidente hacía declaraciones que sabía que eran falsas. “Estas afirmaciones eran falsas, y el acusado sabía que eran falsas”, reza parte del documento, pero “las repitió y difundió ampliamente de todos modos”. Además, la acusación afirma, entre otras cosas, que Trump “difundió mentiras de que había habido fraude determinante en las elecciones y que en realidad había ganado.” 

El poder de lo imponderable

"El Levantamiento Popular del 11 de Julio (11J) de 2021 marcó un antes y un después para la dictadura comunista en Cuba"

Read in English

Hannah Arendt sostenía que el modo totalitario de ejercer el poder estaba estructurado para reducir a los seres humanos a objetos. Esto no era solamente un efecto del modelo operativo no democrático. Era una necesidad metódica para maximizar el control y restringir la acción política contra él. En Los orígenes del totalitarismo (1951), Arendt equiparó la espontaneidad con la libertad. Una vez que un régimen consigue aplastar la actividad popular espontánea, los seres humanos, al convertirse en entidades atomizadas, se deshumanizan y sirven al poder político como herramientas. Desde un punto de vista práctico, una vez que la acción política recupera la capacidad de actuar espontáneamente en público, el régimen totalitario está en apuros.

El Levantamiento Popular del 11 de Julio (11J) de 2021 marcó un antes y un después para la dictadura comunista en Cuba. Es cierto que la oposición al comunismo cubano ha sido un fenómeno continuo. Desde 1959 hasta hoy, los cubanos han trazado incesantemente caminos de liberación, tanto por medios violentos como no violentos. Miles han muerto y cientos de miles han cumplido penas de prisión luchando por la libertad de Cuba. Sin embargo, el régimen castrista nunca se había enfrentado a manifestaciones populares masivas, de un punto a otro del archipiélago cubano, como aquel accidentado domingo de pleno verano de 2021.

Al castrocomunismo le pilló completamente desprevenido. Más de setenta y dos localidades de Cuba fueron testigos de reclamos populares por el fin del socialismo y la tiranía. El motor dialéctico marxista de la historia se había desviado repentinamente del guion leninista. Esto reveló dos hechos importantes. Uno, el pueblo cubano, a pesar de haber sufrido más de seis décadas de inculcación de la contracultura comunista, pedía decididamente un cambio sistémico profundamente arraigado. En otras palabras, no más comunismo dirigido por un clan oligárquico. Esto significaba que la propaganda marxista e impía no era rival para las verdades universales y los principios que suscriben un orden trascendental. El pueblo cubano estaba ejerciendo sus derechos naturales y apelando a la moral preeminente de la ley natural. 

Diseccionando la acusación de los documentos de Trump

“Nadie está por encima de la ley” es una frase que alguna vez tuvo profundidad en los EE. UU. Se ha convertido en un cliché poco convincente

Read in English

Pocos de los que creen en una sociedad libre pueden cuestionar la noción de que el imperio de la ley y la uniformidad en su aplicación son elementos sistémicos básicos de una democracia. “Nadie está por encima de la ley” es una frase que alguna vez tuvo profundidad en los EE. UU. Se ha convertido en un cliché poco convincente. Hay un adagio que está cobrando fuerza entre los observadores de la democracia estadounidense. “Nadie debería estar tampoco por debajo de la ley”. Este añadido a la afirmación popular refleja el clima legal que se vive hoy en Estados Unidos. La reciente imputación del expresidente Donald J. Trump por 37 cargos ejemplifica la crisis de la jurisprudencia estadounidense. Este hecho supone una amenaza global para el modelo republicano de gobierno.

La percepción de que actualmente existe un sistema judicial de dos niveles en Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en algo evidente. El terreno jurídico es ahora un frente de guerra. Los enclaves ideológicos del izquierdismo estadounidense ofrecen a los activistas de extrema izquierda el forraje humano adecuado para conseguir validaciones de procesamiento a través de esquemas de gran jurado que no obtendrían en la mayoría de las demás localidades judiciales del país. Son la versión estadounidense de los “tribunales revolucionarios”. Los distritos judiciales de lugares como Washington, D.C., Nueva York y San Francisco, por ejemplo, están siendo explotados para socavar el principio de un juicio justo y la tradición del common law (ley común), que se basa en el precedente.

Los cargos contra Trump contienen 31 acusaciones de supuesta retención intencionada de información de defensa nacional. Los demás son cargos únicos por supuesta conspiración para obstruir la justicia, ocultar documentos, ocultar y conspirar para ocultar documentos, ocultar un documento en una investigación federal y hacer declaraciones falsas. La premisa subyacente de la acción del Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Biden contra Trump, tiene que ver con el manejo de los registros presidenciales, a quién pertenecen y si hubo intención maliciosa por parte del expresidente, que resulta ser el principal líder de la oposición y candidato presidencial para 2024.

Desde 1978, la Ley de Archivos Presidenciales ha servido de guía para delimitar lo que es propiedad del Gobierno estadounidense y lo que son archivos personales de un expresidente. Se trata de memorandos, cartas, notas, correos electrónicos y otras comunicaciones escritas durante el mandato de un presidente como jefe del ejecutivo y el de su personal. La ley trata de establecer normas y es aplicada por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA).  

El nexo de espionaje Cuba-China: ¿nuevo o viejo?

Read in English

El uso de elementos foráneos para ayudar a la longevidad del comunismo cubano es cosa vieja. ¿Cuándo se darán cuenta Estados Unidos y Occidente de esto y decidirán por fin actuar con valor y sentido común?

Un artículo publicado el 8 de junio en The Wall Street Journal (WSJ) informaba de que los regímenes comunistas de Cuba y China habían llegado a un acuerdo sobre un plan de dinero por espionaje. Pekín pagaría miles de millones a La Habana para instalar una instalación de escuchas electrónicas de última generación en la isla. El WSJ atribuyó la información a una fuente de inteligencia. La CNN también afirmó haber validado el informe del WSJ a partir de su fondo de información de inteligencia. Ambos medios dan a entender que la dictadura cubana ha concedido permiso a China para hacer esto. ¿Sería esto una novedad?

Desde 1949, Mao declaró un maratón de cien años para extender su hegemonía sobre el mundo. Esta declaración informal de guerra cambió inteligentemente de estrategia al renovar su modelo económico de una economía socialista ortodoxa a una variante socialista mercantilista en la década de 1970. Este sistema económico de capitalismo de Estado dirigido política y centralmente, de manipulación selectiva del mercado y de intenso cortejo de la inversión extranjera, abrió el camino a un cambio en las tácticas de guerra. China perfeccionó el uso de la guerra asimétrica y desarrolló la capacidad de financiación necesaria para ello.

El comunismo cubano y el chino nunca rompieron relaciones ni contactos, a pesar de la relación simbiótica con la URSS. La caída del comunismo soviético y el posterior paréntesis de 8 años del efímero experimento democrático ruso (1991-1999), que murió con el autoritarismo postsoviético de Vladimir Putin, acercaron el castrismo a los herederos de Mao. Excluyendo a Venezuela, que es una virtual colonia cubana, China se ha convertido en el socio comercial más importante de Cuba. El vínculo no ha sido sólo comercial.