El momento de la reparación de la Iglesia

El Virtuoso Navegador por Julio M. Shiling

En EE. UU. febrero no es sólo del amor es el mes, también es el de los presidentes. En febrero cumplen años Washington (día 22), Lincoln (el 12) y Reagan (día 6). Tradicionalmente, en febrero se honra colectivamente al primer ejecutivo de la nación estadounidense reservándose un día para agasajar la importante institución. Si bien en una democracia funcional el respeto hacia el presidente es práctica loable. No dejaría de ser decoroso reservar el vasallaje más caluroso, para quienes con más decoro han servido a su Patria.

Como político sabio que era, Abraham Lincoln reiteró que su principal papel era "preservar la Unión". Sin embargo, su postura antiesclavista, enraizada moralmente, era bien conocida y sus enemigos la reiteraron insistentemente al electorado, como algo peligroso. El hecho de que "quería llevar el país a la guerra" formó parte de la diatriba electoral que causó que el más grande de los presidentes, adquiriera la presidencia trabajosamente. En su partido ganó en la tercer boleta. Obtuvo una minoría del voto popular, gracias a que la votación, convenientemente, se repartió entre cuatro candidatos. Su administración, rebosante de facciones, demostraba poca compatibilidad con los propósitos explícitos de ganarles a los insurrectos.

La Guerra Civil la iba perdiendo después de dos años adentrados en el conflicto que más vidas norteamericanas tomó. Sorpresivamente, en un campo insignificante en Pennsylvania llamado Gettysburg, el ejército pro esclavismo, olfateando ya la capital (Washington), sufrió la derrota que cambió el rumbo de la conflagración. Permutó su fatídica oficialidad militar y anunció dentro de su gabinete una votación secreta para decidir sobre si aclamar, formalmente, la libertad de los esclavos a través del territorio nacional. La votación rindió sólo un voto a favor de tan audaz decreto. El voto afirmativo fue el de Lincoln. La Proclamación de Emancipación fue firmada. La esclavitud fue abolida, la guerra ganada y la nación preservada.

Después de 115 años, la ciudadanía norteamericana le otorgó las riendas presidenciales a un ex izquierdista, actor, sindicalista, empresario y gobernador llamado Ronald Reagan. Justo a tiempo. El comunismo internacional llevaba una fenomenal racha subvirtiendo el planeta. Sólo entre 1974 y 1980, nueve países cayeron. La Doctrina Truman y su principio defensivo, estaban demostrando su insuficiencia. Reagan implementó su propia tesis doctrinal. El "imperio del mal" pasó a ser combatido, no meramente contenido. "Guerrerista" fue apodado por los aludidos.

Con tres Directivas de Decisiones de Seguridad Nacional (NSDD Nos. 32, 66, 75), la Doctrina Reagan quedó codificada. Su implementación materializó la implosión del comunismo soviético y sus colonias europeas. Además, causó un realineamiento ideológico en el ámbito político internacional, donde la importancia del mercado libre, la propiedad privada y los gobiernos limitados han quedado cementadas. Que el infame Muro de Berlín se haya desmoronado, sin embargo, no quiso decir que el veneno de ideologías radicales haya mermado su toxicidad.

La ira despiadada del islamismo radical, marcó su más abominable acción cuando otro amante de sombreros vaqueros ocupaba la Casa Blanca. Cosas se esperaban de George W. Bush cuando fue elegido en medio de la controversia de boletas caídas y un acertado Tribunal Supremo. Pero nada comparado con todo lo que ha logrado bajo su reloj presidencial. Hoy, a pesar de las salvajes críticas, parece increíble que este tejano haya podido superar exitosamente una heredada recesión, un feroz ataque extranjero, liderado una guerra (Guerra Contra el Terror) con múltiples frentes, promovido la democratización doctrinal y, literal y simultáneamente, producir una de las más impresionantes economías de la historia. Aunque ningún otro ataque monstruoso se ha repetido ni una sola vez, los que profanamente reprochan a Bush jamás vincularán la empírica causa y efecto de las medidas tomadas por él.

Algunos políticos creen que el papel del primer ejecutivo de una nación es representar el "sentimiento" del electorado. Otros consideran que el ser "líder" requiere "liderar", no "seguir". Y esto, invariablemente, obliga la adopción de posturas "in-populares". Pero la presidencia no debe ser un concurso de popularidad. Las impetuosas mareas de la incomprensión y mezquindad al navegador virtuoso con brújula buena, no debe detener su paso.

Lincoln, Reagan y Bush II, todos, enfrentaron oprobiosas amenazas a la seguridad nacional. Las amonestaciones electorales nunca lograron que el pulso se debilitara al poner la firma capacitando acciones "polémicas" tal vez, pero imprescindiblemente necesarias, para preservar la libertad. Los que creemos en la Divina Providencia no nos cabe duda del exquisito valor de llevar a Dios como brújula. También conocemos de la lucha entre el bien y el mal. Gracias al Todopoderoso que estos hombres reconocieron igualmente esa lucha al tenerla delante. Gracias también porque aguardaban esa, la más valiosa de las brújulas, y que no escatimaron enfrentarse al malvado enemigo.

La historia ha desmostado que Lincoln y Reagan tuvieron la razón. Lo mismo hará con Bush II. ¿Y de sus detractores? Bueno, a ellos nadie los recuerda.

Argentina: Nación Sitiada por Julio M. Shiling

Cuándo Ana María González visitó la casa de su amiga María Graciela Cardozo, para situar en la cama del padre de su compañera de colegio la bomba que horas después volaría los sesos del jefe de la policía de Buenos Aires ¿se imaginaba que aún faltarían 27 años más antes de alcanzar el poder? El horrible asesinato cometido por la adolescente montonera ese 16 de junio de 1976, tipificó la violencia indiscriminada desatada para promover la premisa marxista de la lucha de clases que, formalmente, se había iniciado en ese momento.

Hoy, 3 años después de las elecciones del 2003 y 48 desde que John William Cooke, activista de ideas hibridas nacionalistas-marxistas-leninistas, diera comienzo en septiembre de 1955 a la "Resistencia Peronista", la guerra por implantar el comunismo en la patria de San Martín, vemos a la república Argentina cada vez más encaminada a su esterilización como sociedad libre.

Antes de entrar en el examen de lo transcurrido y la presidencia de Néstor Kirchner en Argentina, es obligatorio un recuento de los hechos para ver cómo ocurrieron y las ideas que sostienen esa trayectoria que hoy goza del apogeo oficialista.

Discutir los méritos del marxismo como concepto abstracto, no es el propósito de éste artículo, sin embargo, un entendimiento básico del mismo es fundamental para comprender el proceso que ha vivido y vive la Argentina (y otros lugares). El marxismo, como el nacional socialismo (nazismo), son ideologías deterministas. Ven el desarrollo del mundo como seguimiento a unas "leyes" que se manifiesta por medio de "luchas". El nazismo interpreta unas supuestas "leyes de naturaleza" que se materializan en una "lucha de razas". Para el marxismo, todo sigue "leyes de la historia" que se despliegan en una "lucha de clases".

Los adeptos a estas doctrinas se consideran agentes encargados de asistir a estos "procesos", traducidos por ellos como inmutables. De ahí que los nazistas utilizan la práctica de eliminar al no-ario como colaboración meritoria con la naturaleza. Los comunistas también abrazan la ejercitación del exterminio, en este caso de clases (social, política, religiosa, cultura o ideológica), como prerrequisito para, junto a la alteración en las relaciones de producción, alcanzar el final de la "alienación", el puerto utópico de la barca marxista y construir el "hombre nuevo".

Marx, expresó virulentamente la necesidad de fusionar la violencia con toda acción revolucionaria. Su desprecio por el pacifismo es connotado. La lucha armada revolucionaria con la intención de derrocar sistemas capitalistas violentamente, no solo era consecuente con las ideas de Marx, sino eran necesarias. Y los argentinos que creyeron y lucharon por implantar el paradigma comunista, no cometieron una herejía con esa seudo-religión que es el marxismo. Fueron fieles a la metodología que prescribió su fundador.

La lucha para convertir a la Argentina en una república socialista (no confundirse con Democracia Social) ha tenido seis periodos. Los actores fueron una amalgama de movimientos marxistas-leninistas que, aunque a veces evidenciaban antagonismos entre sus fracciones, todos conspiraban a favor de la conversión de Argentina en una estado comunista. Al final, terminaron reconstituyéndose o fusionándose en dos: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros. La primera etapa (1955-1968) consistió, principalmente, en focos de guerrillas rurales en escenario notorios del país como las provincias de Tucumán, Salto y otras áreas montañosas. La gesta subversiva armada fue infructuosa en su acción de llevar a cabo alguna victoria contundente.

La segunda etapa, de 1969 a 1972, marcó una intensificación en la guerra marxista al incorporar a la insurgencia las guerrillas urbanas. Esta inclusión masiva de las ciudades elevó el nivel de la contienda beligerante. El secuestro, la tortura y el asesinato en mayo del 1970 del ex presidente Pedro Aramburu por los Montoneros, dio aviso de la llegada de una sangrienta década que se avecinaba a la Argentina. Los notables esfuerzos de las fuerzas de seguridad por frenar la ofensiva subversiva originó el establecimiento de un marco jurídico para combatir a los comunistas, como fue la Cámara Federal de Penal. Este instrumento legal sirvió para procesar y condenar a más de 2,000 terroristas.

El retorno de la democracia en mayo de 1973 marcó el comienzo del tercer periodo (1973-1976) de la guerra comunista por el poder estatal argentino. Teóricamente, la democracia, como sistema político, es un acérrimo enemigo de esquemas doctrinales como el marxismo-leninismo, que emplea el totalitarismo como modo operativo. Sin embargo, la voluntad de destruir la embestida comunista por parte del nuevo presidente, Héctor Cámpora, parece no haber estado presente. El primer acto oficial del recién estrenado mandatario fue derogar la Cámara Federal Penal. Este ataque frontal al mecanismo legal para enfrentar al terrorismo y la posterior amnistía a todos los terroristas que habían sido condenados, vitalizó los movimientos antisistemas. Cámpora también desmanteló el Tribunal Supremo y entregó la Universidad de Buenos Aires en capacidad de interventor virtual, al connotado comunista Rodolfo Puiggros (luego convertido en líder montonero). La subversión estaba galvanizada.

Los asesinatos, secuestros, atentados dinamiteros, ataques a guarniciones, bancos, etc., alcanzaron niveles inauditos. El 13 de julio, Cámpora renuncia (algo que muchos esperaban y consideraban su gesta presidencial como una premeditado preludio para el retorno de Juan Domingo Perón al poder). Nuevas elecciones fueron convocadas para septiembre que Perón ganó con 61% del voto. Tomando en cuenta la raíz peronista del movimiento montonero, Perón (y muchos de los que votaron por él) pensaron que el movimiento subversivo encontraría, en el mentor, un bálsamo para el apaciguamiento. Perón, al igual que Cámpora antes que él, subestimó el apetito de los que estaban comprometidos con el establecer, nada menos, que un orden marxista en la Argentina. Todo esfuerzo de cooptar la subversión (y fueron muchos) resultaron infructuosos. El gran mariscal del estatismo argentino, Juan Domingo Perón, fue abandonado por esos que surgiendo de sus filas fascistas-socialistas, encontraron en el comunismo, un variante del socialismo más apetecible. El caudillo no hizo su ira callar.

La respuesta de Perón a la guerra subversiva marxista fue la Triple A. Esta organización, operando en la ilegalidad y de forma clandestina, empezó la campaña furtiva de penetrar células subversivas marxistas y neutralizar a sus integrantes. Con sólo nueve meses en el poder, Perón falleció, muy lejos de haber aminorado o, mucho menos, aniquilado a sus nuevos enemigos, antiguos discípulos. Quedó su esposa, Isabel Martínez de Perón, de presidenta.

La presidencia de Isabel se inicia con mucha agresividad en la lucha contra la guerra revolucionaria que mantiene en este tercer periodo que culmina en 1976 con un golpe militar. Comenzando 1975 fue autorizado el Operativo Independencia (decreto secreto No.261), una campaña otorgando poderes amplios al ejército argentino para combatir la guerrilla comunista en Tucumán, provincia fuertemente abatida por el ERP y amenazada con convertirse en "zona liberada".

La despiadada crueldad que ejercían los marxistas en la guerra fue tipificada con el hallazgo, en 1975, del cuerpo del Teniente Coronel Larrabure, secuestrado por más de un año, confinado a una fosa llamada "cárceles del pueblo", cavada debajo de una casa Larrabure. Había perdido cuarenta kilos de peso durante su cautiverio y su cadáver demostraba una contusión rectangular en forma de un martillo, en el cuello tenía un surco de estrangulamiento por torsión hacia atrás y, en los órganos genitales, congestiva inflamatoria, similar a la provocada por descargas eléctricas. El terror y la indignación nacional ante la barbarie roja, alcanzó proporciones desenfrenadas.

Pese al esfuerzo del gobierno de Isabel Perón por frenar la avanzada subversiva, en adición al Operativo Independencia y el decreto No. 2772 de octubre de 1975 dando mayores facultades a las fuerzas armadas para lidiar con la insurgencia, el caos no parecía debilitarse. El hecho es que las autoridades argentinas, después del decreto de Cámpora derogando la Cámara Federal Penal y la ley de amnistías indultando a más de 2,000 terroristas, nunca recobraron el terreno ganando a los guerreros comunistas. No es casualidad que más del 52% de los actos terroristas y el 70% de los asesinatos fueron llevados a cabo durante democracias, entre 1973 y 1976.

El cuarto periodo (1976-1979) de la guerra se desprende a partir del golpe militar de marzo de 1976. Se le llamó "golpe militar" por la ascendencia al ejecutivo del estado argentino de la junta militar presidida por Jorge Videla, Massera, et al., y la manera no-democrática de llegar al mismo. Pero en realidad fue, más bien, un golpe cívico-militar, ya que había el reclamo popular por la acción pretoriana interventora y tenía el amplio respaldo de la mayor parte de la rama legislativa multipartidista y judicial de la nación argentina. La sociedad civil abrumadoramente, reforzó moralmente y con generoso entusiasmo, la acción castrense. Esto incluye a personalidades de la izquierda como Jacobo Timmermann, Ernesto Sábato, etc., con este último rindiendo impresionantes loas al "libertador" Videla. De haberse realizado elecciones libres en ese momento ante la crisis existente, con gran probabilidad, hubiera obtenido tal vez la mayoría más decisiva en la historia de las elecciones argentinas.

La misión de la junta militar de 1976 fue la de neutralizar la ofensiva marxista, sus acciones terroristas, y poner fin al proyecto de establecer una república comunista en América del Sur. Su preocupación no fue ganar concursos de popularidad y eso fue, indudablemente, un gran error estratégico. El reto que enfrentaban fue enorme. En ese momento, los combatientes marxistas representaban la fuerza insurreccional más grande en el hemisferio occidental. Su modo no-convencional de desarrollar una guerra de guerrillas, rural y urbana, dificultaba la tarea de combatirlos. No obstante la ferocidad y el poder de la ERP, los Montoneros, la tiranía castrocomunista, el comunismo internacional, la izquierda radical y sus respectivos simpatizantes, las fuerzas de seguridad argentinas ganaron, en tres años, la contienda bélica, y restablecieron el orden.

La lucha marxista-leninista por el poder, con su empleomanía del terror armado, se llevó a cabo entre 1955 y 1979. Su costo a la sociedad argentina fue enorme. Esta atroz guerra para imponer un sistema sobre la mayoría, por una minoría, elitista y fanática, que obedecía a una ideología radical, atea e intolerante, colectivizó el luto y el caos. ¡Solo entre 1969 y 1979 hubo 21,642 actos terroristas ejecutados por los comunistas! La derrota militar aplastante que sufrieron los combatientes marxistas, llevó a la dirigencia subversiva a cambiar de campo de batalla. La despreocupación del régimen militar por el reclamo de las imágenes y percepciones probó, al final, ser un error colosal que capitalizó el enemigo.

La quinta etapa (1980-2003) recorre la parte final del mandato castrense. Después de ganar la guerra bélica en 1979, recorre el retorno a la democracia con las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y concluye con la ascensión al poder del actual mandatario. La cúpula marxista argentina y sus cómplices revolucionarios internacionalistas, no cesaron en sus afanes conspirativos para, en la tierra donde nació Sarmiento, instaurar una dictadura socialista. La metodología para conquistar el poder, cerradas las puertas de la vía armada, resultó ser el terreno de la opinión pública en las capitales del mundo occidental capitalista.

La guerra roja publicitaria abrazó la premisa difusionista de Hermann Goebbells, Ministro de Propaganda de Hitler, de que repetir una mentira suficientes veces y convertirla en la opinión pública, la convierte en una "verdad". El proyecto fue de convertir a los victimarios en víctimas. La "victimización" se esperaba, generaría una reacción mundial que presionaría a los vencedores de la guerra armada a prescindir del poder. Y establecido el espacio, la tarea usurpadora daría, en territorio nacional, un nuevo ímpetu.

El tema de los "desaparecidos" resulto una genial componenda, dentro de una instrumentación muy bien elaborada, para facilitar el camino al poder. En léxico político, el acto de "desaparecer" a alguien consiste en la detención y ejecución, sin juicios y extraoficialmente, de un opositor real o imaginario.

Sí. Incuestionablemente hubo desapariciones en la Argentina. Por supuesto que no los números bombásticos e hiperinflados ofrecidos por sus partidarios. Cifras serias varían entre 4000 y 7706. Tarea complicada por la constante "reaparición" de personas consideradas "desaparecidos" que, sin embargo, estaban viviendo y activos en Europa, América Latina y los ex –países socialistas. Indemnizaciones posteriores a familiares, aseguran que los números nunca ascenderán a proporciones reales.

La práctica sistemática de detener y ajusticiar combatientes sin revisión jurídica, se llevó a cabo por gobiernos argentinos, democráticos y no-democráticos, durante la década del 70. Esta actividad se recrudeció con la intervención castrense de 1976 y duro hasta 1979. Sin embargo, las desapariciones pre-golpe militar, no parece haberles preocupado mucho. Esto ha sido una omisión estratégica.

Las autoridades públicas argentinas, empleando la mecanización de aprehender y matar extraoficialmente a las capturadas fuerzas subversivas, pusieron fin a la guerra. La contraofensiva lanzada por el gobierno, y el régimen militar en particular, neutralizó la búsqueda armada del poder por los marxistas. Sus integrantes y simpatizantes abandonaron la vía armada y optaron mecanismos operantes en sociedades abiertas (las mismas que aniquilarían si hubieran llegado al poder).

El nuevo campo de batalla fue la opinión pública internacional. Nada más fácil que victimizar al que perdió la guerra. No importa si fueron los que la empezaron. La intensa campaña de victimización necesitaba de "víctimas" y "villanos". Los que escaparon al exterior con el comunismo internacional y sus cómplices de la izquierda, coreografiaron espectacularmente la embestida sicológica.

Como metodología sería obligado descontextualizar la historia. La practica de descontextualizar es una mentira astuta. De esa forma habría un claro "villano". Extirparon, del largo proceso de lucha antisubversiva, el periodo después del golpe militar de 1976, ignorando 21 años previos de constante enfrentamiento bélico a las fuerzas antisistemas. Así se desarrollo la temática de los "desaparecidos". El descarado arte de descontextualizar, de hacer un paréntesis de sólo un tramo de historia y pretender que no tiene vínculos orgánicos, de hacer creer que toda la violencia surgió a partir del golpe castrense y que ellos (los insurgentes) "respondían" a dicho acto, fue posible sólo por la desinformación, la inaptitud por la ignorancia y el acondicionamiento ideológico.

Maniobrando artificiosamente por canales legales e instituciones legítimas, lograron esquivar la atención de su pasado criminal. Organizaciones serias, particularmente de derechos humanos, engatusadas, canonizaron a grupos que hasta días previos habían cometidos actos de la misma envergadura de la que estaban ahora señalando. El fiasco de las Malvinas retornó a la Argentina a la democracia. Comenzó en ese momento la mutilación del acomodamiento de la legalidad para satisfacer su agenda ideológica.

La victoria electoral de Raúl Alfonsín, político de la Unión Cívica Radical (UCR) y antiguo abogado de Mario Santucho, notorio terrorista jefe del ERP, extendió la contienda publicitaria a territorio argentino. La finalidad de socializar a la Argentina encontró un comodísimo entorno facilitado por la administración de Alfonsín. La vía de una legalidad parcializada e ideológicamente dirigida, fue puesta en práctica de forma inmediata. El decreto No. 158/83 institucionalizó la descontextualización histórica y jurídica. Esta orden ejecutiva criminalizó lo cometido durante la guerra, mayoritariamente sólo por un bando (las fuerzas públicas) y por un periodo específico (durante el régimen militar). Los 359 desaparecidos de 1975, los 549 del primer semestre de 1976 y todos los cometidos por la Triple A, la banda paramilitar de Perón (Juan D.), no les interesó a los inquisidores partidistas. Era obvio que la lupa oficialista no tendría ni un remoto interés, en indagar sobre las atrocidades incurridas por los ex-combatientes revolucionarios.

La estrategia de las desapariciones selectivas recibió oficialidad doméstica con el decreto No. 187/83 que estableció la CONADEP, comisión comprometida copiosamente con los propósitos de los ex-insurgentes. Este instrumento lleno de errores, omisiones y falsedades sirvió de base para la "justicia" alfonsinista. Al rato comenzaron los juicios a los militares que pararon la guerra marxista armada.

El gobierno de Alfonsín obtuvo, para los terroristas marxistas argentinos, sus partidarios y la izquierda radical, impresionantes logros. Ofreciendo el pódium de un régimen democrático, legitimó ante la opinión pública, las quejas de los vencidos subversivos y encubrió sus bárbaros crímenes. Para la mayoría de los argentinos, el empobrecimiento, bajo su mandato, no sólo fue moral y cultural.

En su afán por socializar al país, Alfonsín casi destruye a la Argentina, al estatizar, para 1985, la mitad de los medios de producción nacionales, derrumbar el crecimiento económico, la productividad, el poder adquisitivo y los salarios reales. Lo que estaba en ascenso eran los precios, la delincuencia, el desempleo real y la inflación. Este último a niveles carnavalescamente bajos, lo que castigó con mayor severidad a los más necesitados. A pesar de las generosas concesiones concedidas por Alfonsín a los marxistas y la inmersión socializadora de su gesta, los conspiradores parecen no haber estado satisfechos.

Fiel a sus prédicas doctrinales, los comunistas retomaron la ofensiva bélica atacando, en 1989, el regimiento militar en La Tablada. Fue, como campaña militar, desastrosa para los comunistas. Las fuerzas públicas lograron enseguida aplastar el ataque. Defendiendo la nación y repelando el cobarde asalto, murieron más de 10 argentinos, incluyendo el Mayor Fernández Cutiellos, asesinado con un balazo al rostro después de habérsele cortado la lengua y los testículos. Penosamente, antes de concluir la próxima década, los asesinos comunistas estarían caminando libres por las calles.

La ascensión de Carlos Saúl Menem marcó un obstáculo para los propósitos de lograr una Argentina socialista y montonera. No obstante, la innegable corrupción (problema no-partidista argentino), concesiones empresariales selectivas, gasto público excesivo y acuerdos políticos nublosos, los avances socialistoides en el ámbito político, cultural y legal alcanzados, cortesía de la previa administración, fueron un peso en el retroceso. El esquema cuasi-liberalizador, el acercamiento con los EE.UU., la condena al castrocomunismo en foros públicos y el indulto a los partícipes en la guerra en ambos lados, en busca de una reconciliación nacional, descarriló, momentáneamente, el ímpetu marxista en la Argentina.

Lamentablemente, los vínculos de Menem con el peronismo y su maquinaria socio-política, las reformas antisitémicas estructurales, incompletas y mediatizadas, atrofiaron el potenciable despegue argentino en los pantanos de la contracultura socialista. Los que vinieron después, no sólo continuaron la incorrecta lectura y mal aplicación del libreto liberal, sino que le ofrecieron a las fuerzas conspiradoras la más grande oportunidad en una década para alcanzar el poder.

El léxico político se degradó a niveles vergonzosos culpando a potencias extranjeras, sus instituciones y modelo económico, en vez de asumir la ineptitud de los políticos criollos que no supieron administrar la impresionante riqueza adquirida ni controlar el despilfarro público, resurgiendo la premisa de invitar al estado a ampliar su poder, achacando, calumniosamente, a un paradigma teórico que nunca se practicó.

Rápidamente se movilizaron los movimientos antisistemas para quebrar el orden democrático y desvirtuar la concordia política. La expresión del descontento social fue secuestrada por extremistas que decidieron redefinir "democracia". Fernando De La Rua, con su renuncia, les dio a las turbas y sus secuaces, un nuevo formato para alcanzar el poder. A este, aún el acto de conmutar la sentencia de los atacantes a La Tablada, poco le sirvió para ser perdonado por el imperdonable suceso para la izquierda radical, de condenar al régimen castrista en los procedimientos de los DD.HH. de la ONU, a pesar de tener Cuba la infame “distinción” de ser el país con la mayor cantidad de presos políticos per cápita en el mundo y ser un fiel y consiste practicante de la tortura sistemática.

Políticos como Eduardo Duhalde, uno de los presidentes interinos, volvió a la inescrupulosa rutina de negarse a depositar el voto argentino en la digna columna de naciones que condenaron a Cuba comunista en la ONU. Sin lugar a dudas, gestos como ese, la excarcelación de connotados terroristas, como Gorriarán Merlo (el acto de cierre del mandato duhaldista) y la extensión del clientelismo ideológico, dejó claro que la locomotora marxista se había encarrilado nuevamente. Así concluyó el quinto periodo de la lucha revolucionaria por el poder argentino.

La nueva metodología de victimizar a los agresores desvirtuando la historia para así institucionalizar la contracultura (premisa marxista), amparadas por una legalidad partisana (táctica de lucha ejercida por los marxistas argentinos después de su derrota en el campo bélico) encontró, en la ascensión de Néstor Kirchner, su "raison d'etre" y marcó el sexto y actual periodo de la sitiada comunista (2003 - presente).

Con el 22% del voto popular (el más bajo en Argentina), arribó Kirchner al poder. En un "caballo de Troya" que entró por la puerta de una debilitada democracia e insertó el montonerismo en la cúpula estatal argentina. Lo que no logró las bombas, los asesinatos, los secuestros, las torturas y el terror en general, lo posibilitó la maquiavélica estrategia adoptada al concluir la contienda armada.

Dos fenómenos de la modernidad han hecho fácil la adquisición del poder por parte de los elementos radicales. El primero, la inclusión de la propiedad privada, amedrentada y cooptada, a la praxis socialista. La segunda, el empleo de la democracia misma, como sistema para arribar al poder. El comunismo es un fin, no un medio. Para alcanzar esa utopía, el modo operativo es implantar el autoritarismo para después, dependiendo en la extremidad de los propósitos, si es necesario, ejercer el totalitarismo. La metamorfosis que ha dado el marxismo al incorporar variantes del capitalismo, i.e., capitalismo concesionario, mercantilismo, etc., tolerando esquemas de propiedad privada para así alistarlo en concepto y práctica, en sus nociones de relaciones de producción (así lo explicó Deng Xiao Peng en 1978 y practicó Lenin en 1921), allanó el camino doctrinalmente para socialistas como Kirchner. Al establecer terrenos grises, la veracidad de las intenciones ha sido más fácil de ocultar. Adicionalmente, la incapacidad del socialismo de resolver las necesidades de sus habitantes, ha engendrado una relación de dependencia irremediable con el capitalismo. Es esta condición de parasitismo empedernido, la que obliga la tolerancia de la propiedad privado aún cuando, dogmáticamente, la desprecia.

La utilización del foro democrático para llegar a la cúpula gobernante, es el segundo factor. Típicamente encarando dificultad para tomar posesión del gobierno por las armas, el camino por vías democráticas es otro método de adueñarse del Estado. Así lo hizo Hitler y el Nacional Socialismo. Monopolizar el poder es la meta. Los obstáculos son la sociedad civil y la oposición. Sin duda que este proceso de consolidación de poder, cuando la dictadura en formación parte de la democracia, se hace más difícil. Lastimosamente, este fenómeno se esta repitiendo con demasiado frecuencia. Los marxistas en la Argentina, desde el 25 de mayo del 2003, con un ex-montonero presidente gobernando desde la Casa Rosada, están en ese afán.

La toma de posesión de Kirchner contó con las figuras más predilectas de la izquierda radical. Ahí estaba el tirano-en-jefe Fidel Castro recibiendo la distinción de concretar la más prolongada reunión con el nuevo mandatario. Su discípulo Hugo Chávez también rozó los codos con el homenajeado. Esta cuasi-cumbre de terroristas, dictadores, sus apologistas y papagayos no fue un mero "show" publicitario, como algunos ilusos sugirieron. Kirchner rápidamente demostró la seriedad de sus convicciones.

Antiguos montoneros desbordaron el gabinete kirchneriano. Rafael Bielsa recibió la Cancillería; Carlos Kunkel se le asignó la Subsecretaría de la Presidencia; Enrique Albistur se le encomendó la Secretaría de Comunicación; Eduardo Sigal fue hecho Subsecretario de Integración Americana; Eduardo L. Duhalde fue nombrado Secretario de Derechos Humanos; Juan Carlos Dante Gullo, asesor presidencial; Jorge Taiana sería nombrado Secretario de Relaciones Exteriores; Patricia Vaca Narvaja recibiría la Secretaría de Defensa del Consumidor; Juan González Gaviola se le asignó el ser interventor del PAMI; Carlos Bettini, embajador en España y, más recientemente, la Ministra de Defensa Garré. Todos ex-montoneros. Con esta composición estructural quedó claro que en este régimen la hegemonía sería montonera.

Los mecanismos con capacidad de frenar o destruir los proyectos de la nueva administración de ex-subversivos, rápidamente fueron enfrentados. Las Fuerzas Armadas, de inmediato, vieron extirpárseles el mando a 52 altos jefes. Fueron colocados nuevos oficiales con afinidades ideológicas o debilidades oportunistas. Los servicios de inteligencia, necesarios para defender una nación moderna, fueron fatalmente debilitados. Opositores, para los marxistas, no son sólo los reales, sino también los imaginarios y potenciales. Una campaña calumniosa de desprestigio (mayor que las de antes) fue instaurada. Una serie de legalidades, trampas y reinterpretaciones fueron despachadas para suplementar las medidas planadoras.

Decretos con precedentes establecidos, como la Obediencia Debida y Punto Final, diseñados para sanar las heridas de una guerra difícil, fueron revertidos. La intención era clara, en adición al ánimo vengativo, Kirchner fortaleció el propósito de domesticar a la institución con la mayor posibilidad de bloquear la marcha al despotismo. La intención es el ablandamiento suficiente para que los uniformados respondan, no a la Patria, sino al Partido.

Propagandísticamente, la contracultura que el montonerismo luchó por institucionalizar, requiere la alienación de las FF AA. La premisa oculta de derogar la prohibición de extraditar oficiales argentinos a terceros países, obedece al claro objetivo de amedrentar las fuerzas castrenses enlistando, por medio de la complicidad internacional, a jueces marxistas dispuestos a enjuiciar extranjeros, , teniendo estos en su propio patio, paradójicamente, como el terroristas para encarcelar como Santiago Carrillo, sujeto que ordenó la masacre de más de 5,000 personas en menos de tres meses, durante la Guerra Civil Española. Este desmembramiento psicológico pretende inculcar el terror dentro del ejército.

La monopolización del poder requiere de una intolerancia no sólo con opositores, sino también con los disidentes. El estado argentino, al ser el mayor empleador singular, la tarea de castigar, amenazar o premiar juega perfecto con las pretensiones dictatoriales de Kirchner. Un ejemplo fue el despido masivo de aliados de Daniel Scioli, cuando el vicepresidente cuestionó la "seriedad" del nuevo régimen. La expulsión del Dr. Sánchez Herrera, Procurador del Tesoro, por haber representado legalmente al General Juan Bautista Sasiain, es otro ejemplo (el primero perdió el padre y el segundo, la hermana, en actos terroristas). Esto es un descaro olímpico, cuando su ministro nada menos que de la secretaría de derechos humanos, no sólo es un ex-terrorista, sino fue el representante legal de Mario Santucho, asesino fundador (mencionado anteriormente) del ERP, encausado por el secuestro, la tortura y el asesinato de Sallustro, gerente de Fiat.

La rama judicial es hoy un simple un adorno que el régimen montonero usa para sellar sus deliberaciones internas, enmascarando su poder casi completo. La noción toqueviliana de "separación de poderes" es, en la Argentina actual, un espejismo. Jueces cumpliendo sus funciones pero que no han coincidido con la administración socialista, particularmente en el Tribunal Supremo, por medio de la intimidación o amenaza directa, han renunciado, han sido despedido o cooptados. En su lugar, nuevos jueces, adeptos al fundamentalismo montonero, han sido colocados, listos para repartir "justicia revolucionaria". Este peligrosísimo acontecimiento facilita la solidificación absolutista del régimen kirchneriano, al poder este definir y prescribir lo que es "legal" y "constitucional".

Con la subordinación de la rama judicial, la práctica de la censura se ha elevado a proporciones alarmantes. Terminología jurídica como "predica golpista", "apología del delito" y "protección del orden constitucional", han sidas adjuntadas a los códigos legales de la Argentina de hoy. Ninguna, si verdaderamente hubiera un sistema judicial competente, sobrevivirían en una genuina democracia.

Lograda la esterilización de las Fuerzas Armadas y las Cortes, la tarea de desintegrar la sociedad civil se simplificó. Teniendo la capacidad para "legalizar" y reforzar el ostracismo al que promueve y la inhabilitación para revertir la inconstitucionalidad de dicha acción, las libertades elementales han ido desapareciendo. El efecto es el de una censura de terciopelo. La población en masa, quebrada ante la intimidación, desiste de enfrentamientos efectivos y directos contra el régimen kirchneriano. Organizaciones de fachadas, establecidas para dar la imagen de "apoyo popular" y servir de fuerzas de choque para contrarrestar descontento social, son las patrullas ideológicas de los montoneros. Los piqueteros, movimientos radicales y sindicatos cooptados son algunas de las estructuras que sirven de pantalla para el exterior y agentes atemorizadores para el intramuros.

Medios de información integralmente comprometidos con la oficialidad socialista, se ocupan de lidiar el abatimiento contra la Iglesia y toda denominación no-tercermundista. Propagandistas ligados al gobierno kirchneriano descargan su plomo incesantemente para propagar el descrédito de instituciones que abrazan la creencia en Dios. Emplean todo el peso de la prensa servil buscando enraizar, culturalmente, el ateísmo. Censuran, ridiculizan, aíslan e intimidan para imponer un precio social a la sociedad argentina, por creer y adorar al Ser Supremo. El ateísmo fundamentalista que condiciona el comunismo, prescribe, sin equívoco, dicha proposición. La seudo-religión que es el marxismo hace irreconciliable su coexistencia con una Iglesia vibrante y negada a ser cómplice. Verbitsky, el Goebbells argentino, y tantos otros al servicio del régimen montonero, lo saben muy bien. Por eso, tan despiadadamente, la combaten.

El agrandamiento explosivo del sector público que se ha llevado a cabo en los últimos tres años, forma parte de la esquematización elaborada para automatizar a la sociedad civil. La estatización de la Argentina es, en su máxima expresión, el arribo a la nirvana del colectivismo. Más poder para el estado viene a la expensa del individuo. La concentración de la economía en manos pública no se traduce en un enriquecimiento del "pueblo". Esa mentira se la han vendido cínicamente. El "pueblo" no se convierte en dueño de nada, permanece marginado de las decisiones y está, netamente, a la merced de lo que hay en el almacén de ideas, dentro de la cabeza de los que controlan el poder.

Una democracia, para ser genuina, requiere pluralismo. La descentralización del poder político y económico, son firmes barreras para prevenir el despotismo. La soberanía de una sociedad reside, no con los que gobiernan, sino con los gobernados. Por eso, con ímpetu frenético, esta administración busca la grandilocuencia reguladora que otorga un estado predador para, de esa manera, concretar su hegemonía sobre el detalle en la vida de cada argentino. Mecanismo, maravillosamente perverso y prerrequisito, para implantar la meta por la cual vienen luchando desde 1955: una Argentina marxista-leninista.

En estos momentos, las instituciones públicas más capaces de impedir la penetración del comunismo, como las FF AA. y el Tribunal Supremo, están defenestrados. La oposición política permanece desorganizada. Del lado civil, la Iglesia está asediada por la contracultura oficialista y, con nobilísimas excepciones, parece preferir esperar por el desarrollo de los acontecimientos. El sector privado, el motor verdaderamente capaz de producir riqueza, cada vez está más regulado y espantado. La única señal de liberalización es la licencia impune dada a los delincuentes, muchos bajo nómina estatal.

¿Tiene legitimidad este gobierno para hacer lo que están haciendo? Que en su primer elección haya ganado con el 22% del voto y 39.5% en la segunda, deja dudas, si es que se cree en el concepto del voto mayoritario. Las turbas contratadas son la cara que el montonerismo presenta ante esta incógnita. Quieren hacer creer que "turbacracia" y "democracia" son sinónimos.

¿Está todo perdido? No. Depende de los argentinos romper el silencio y no seguirle el juego a esta dictadura en construcción. La dinastía kirchneriana ya se está maniobrando. El clientelismo, por medio de la despenalización y tolerancia delictiva, augura incrementar sus números. Sin embargo, el montonerismo tiene vulnerabilidades. La fragmentación dentro del justicialismo es buena. El canibalismo político que se ejerce dentro del partido de Perón, obstaculizará la consolidación que busca el régimen montonero. La disidencia dentro de esas filas se debe estimular. Políticos opositores deben priorizar lo que los une: frenar la avalancha marxista. Deben de coordinarse alianzas de amplios espectros.

Más importante de que se llegue al poder por la vía democrática, es que se gobierne democráticamente. La pluralidad, hoy brillando por su ausencia en la Argentina, puede ser vigorizada al concientizar el peligro en la sociedad y movilizarse en oposición a mayores transferencias de poder al ejecutivo montonero. En elecciones, premiar a candidatos que abrasen la cultura de la libertad, en vez del estatismo y la dependencia, y utilizar el espacio que queda para reclamar la soberanía popular perdida. La sitiada marxista ha estado en pie. Hoy están en el poder pero todavía no han monopolizado todos los sectores de la sociedad argentina. La lucha sigue y se puede ganar. El dogma socialista no frena su avance, aún ante la pared empírica que evidencia su práctica demencial. Quiera Dios que Argentina se salve de tan malvado experimento.

Desaparecidos y Tácticas de Guerra por Julio M. Shiling

El tema de los "desaparecidos" ha resultado una genial componenda con una instrumentación muy bien elaborada para facilitar el camino al poder. En el léxico político, el acto de "desaparecer" a alguien consiste en la detención y ejecución, sin juicios y extraoficialmente, de un opositor real o imaginario. De este fenómeno, Argentina es un caso paradigmático.

Incuestionablemente hubo desapariciones en Argentina. Por supuesto que no los números bombásticos e hiperinflados ofrecidos. Cifras serias varían entre 4000 y 7706. Tarea complicada por la constante "reaparición" de personas consideradas "desaparecidas" y que, sin embargo, estaban viviendo y activos en Europa, América Latina y en los ex–países socialistas. Indemnizaciones posteriores a familiares, aseguran que los números nunca lograrán proporciones reales.

La práctica sistemática de detener y ajusticiar combatientes sin revisión jurídica, se llevó a cabo por gobiernos argentinos, democráticos y no-democráticos, durante la década del 70. Esta actividad se recrudeció con la intervención castrense de 1976, la que duró hasta 1979.

Argentina llevaba ya, desde 1955, una lucha para impedir la usurpación del poder por movimientos marxistas armados. Esta fuerza insurreccional, durante la mayor parte de los años 60, operó como guerrillas rurales. Al contener exitosamente las fuerzas públicas el avance comunista, los insurgentes llevaron la guerra a las ciudades. Ahí comenzó la intensificación de la contienda y la conversión de la misma, por sus síntomas, en una guerra civil.

Entre 1969 y 1979 los insurrectos comunistas cometieron 21,642 actos terroristas. Reducidos, por fusión o sobrevivencia, a dos grupos principales: el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros, se convirtieron en formidables guerrillas urbanas sin renunciar a la campaña rural. En ese momento fueron la fuerza subversiva más potente en el continente. La premisa marxista insta, doctrinalmente, a asistir violentamente a la "lucha de clases", facilitando el exterminio de toda clase no-proletaria (léase no-marxista). Los revolucionarios argentinos resultaron adeptos magistrales ya que los asesinatos, secuestros, atentados dinamiteros y robos fueron desplegados indiscriminadamente contra sindicalistas, políticos, empresarios, gremialistas, obreros, ejecutivos, académicos, periodistas, religiosos, en adición a policías, soldados y oficiales, sus instituciones y cualquier familiar que estuviera cerca en el momento del crimen.

Las autoridades públicas argentinas empleando el mecanismo de capturar y matar extraoficialmente a los apresados de las fuerzas subversivas, pusieron fin a la guerra. La contraofensiva lanzada por el gobierno y el régimen militar en particular, neutralizó la búsqueda del poder de los marxistas por a vía armada. Sus integrantes y simpatizantes desertaron de este camino y buscaron rutas alternas hacia el poder.

El nuevo campo de batalla fue la opinión pública internacional. Nada más fácil que victimizar al que perdió la guerra. No importa si fueron los que la empezaron. La intensa campaña de victimización necesitaba de "víctimas" y "villanos". Los que escaparon al exterior gracias al comunismo internacional y sus cómplices de la izquierda, coreografiaron espectacularmente la embestida psicológica.

Como metodología, sería obligado descontextualizar la historia. De esa forma habría un claro "villano". Extirparon, del largo proceso de lucha antisubversiva, el periodo después del golpe militar de 1976, ignorando 21 años previos de constante enfrentamiento bélico contra las fuerzas antisistemas. Así se desarrollo el trauma de los "desaparecidos". El descarado arte de descontextualizar, de hacer un paréntesis de sólo un tramo de historia y pretender que no tiene vínculos orgánicos, de hacer creer que toda la violencia surgió a partir del golpe castrense y que ellos "respondían" a dicho acto, fue posible sólo por la desinformación, la aptitud hacia la ignorancia y el acondicionamiento ideológico. El efecto no se puede separar nunca de la causa.

Enjuiciar moralmente la practica de "desaparecer" es un tema sano para una sociedad pluralista, siempre y cuando no se desligue del contexto en que se vivió. Si las autoridades (incluyendo el régimen militar de 1976) utilizaron métodos no- convencionales para ganar la guerra, la realidad es que no fueron ellos los que los iniciaron. Las fuerzas comunistas, particularmente cuando enfocaron su guerra en las ciudades, operaban totalmente de modo no-convencional. Las normas establecidas de guerra, como la de vestir uniformes, atacar sólo a uniformados y a lugares alejados de la ciudadanía no-castrense, tenía el propósito de evitar bajas civiles e inocentes.

Las fuerzas subversivas, al elegir librar su guerra de modo no- convencional: escudándose bajo la ciudadanía civil, rehusando vestir uniformes y no operando desde territorios claramente marcados como zonas de guerra, prescribieron su futuro. Si es condenable detener y matar a un combatiente enemigo, tan condenable es llevar a cabo una guerra poniendo en riesgo la vida de personas inocentes y no interesadas en la "lucha de clases" u otras diatribas doctrínales que dan licencia para el asesinato. Las fuerzas marxistas ejercieron una criminal irresponsabilidad en el pleno de la sociedad desarmada al combatir el orden establecido, violentamente, convirtiendo cada calle en un campo de batalla.

La cuestión de que si todos los desaparecidos eran o no subversivos es otro punto válido para polemizar. En toda guerra hay bajas inocentes. Igual, ninguna guerra está eximida de excesos. Eso incluye a todos los que combaten de ambos lados. El jerarca montonero Mario Firmenich, sin embargo, hizo notorio su insistencia en que la mayor parte de los "desaparecidos" fueron "militantes", que "con conciencia, con pasión" desarrollaron sus acciones y no inocentes desligados del proceso conspirativo. Aparte, es una cobardía cambiarles a sus caídos el título de combatientes por el de víctimas inocentes.

¿Pudieron los militares de 1976 haber ejercido más prudencia al confrontar a los terroristas ya que representaban al estado argentino? ¿Hubiera parado la ofensiva comunista una simple acción policial, sin intervención pretoriana? Ahora es improbable, si se busca ser justo con precisión, hacer un análisis con hechos descontextualizados alejados del sangriento proceso que aspiraba al total derrocamiento del sistema social operante desde que se fundó la nación, contra un enemigo cuyos soldados se camuflaban de civil, financiado con un impresionante botín autóctono (más de $70 millones en aquel momento), más al respaldo económico y militar de Cuba comunista y la extinta URSS en plena Guerra Fría.

Lo cierto es que sobre los hombros de las autoridades argentinas de aquella época estaba la probabilidad, o no, de que los terroristas, empleando una guerra no-convencional, tomarán el poder. Tal vez la derogación de instrumentos democráticos, como la Cámara Federal de Penal, que juzgó y condenó a más de 2,000 subversivos, y la posterior amnistía que los liberó en pleno contienda bélica de 1973, influyó en la decisión. La inefectividad de los gobiernos Cámpora y Perones (1973-1976) y el hecho de que ni un solo terrorista en ese sangriento periodo de la guerra (52% de los actos terroristas fueron cometidos en esos años) fuera condenado, pudo haber sido persuasivo. Solo se podrá especular.

La cuestión más relevante en la temática de los "desaparecidos" es la de hacerle un juicio moral como táctica de guerra. Esto requiere, naturalmente, de la inclusión de la metodología de los subversivos. Sería injusto emitir juicio sobre la práctica de un bando y no del otro. Surge entonces la pregunta clave, ante un reclamo de "victimización", ¿Qué es más (o menos) ético, detener y matar a un combatiente opositor, o asesinar, poniendo una bomba en la cabecera de la cama de un enemigo. El juicio se hace más complicado y obliga a la inclusión de cuáles eran los propósitos que daban justificación a esos actos terribles.

Uno luchaba por la defensa de la continuidad con todas sus imperfecciones, pero perfectibles por vías evolutivas. El otro, obedecía a ideas que requería la destrucción de todo el orden existente, desde lo más elemental, para implantar un sistema esclavizador con un historial pésimo. El mundialmente emblemático escritor argentino del Siglo XX, Jorge Luís Borges, dijo "Prefiero la clara espada a la furtiva dinamita". Yo coincido con el maestro.

De Indecentes y Docentes por Julio M. Shiling

Ante la convulsión que atraviesa Argentina en estos días, apoyamos la libertad de expresión. Por eso secundamos la valiente actitud de los gobiernos provinciales de Neuquén y Salta. La protesta cívica para preservar su valiosa relevancia dentro de una democracia funcional, requiere de la clara demarcación entre lo legítimo y lo delincuencial. Cuando, buscando alzas salariales, los docentes adoptan actitudes gangsteriles bloqueando rutas y carreteras, renuncian al amparo de la legitimidad en cualquier país que presuma de ser un país serio. Claro que en la Argentina de Kirchner, esta disposición popular se ha convertido en el modus operandi de esas masas leales al régimen vigente.

Cuando la justicia se ciega (o es cegada) y adopta una monstruosa y delictiva tolerancia que, con prejuicios ideológicos, criminaliza la opinión disidente y estimula descaradamente la criminal disposición de esa parte de la ciudadanía aliada a su política, la libertad es sitiada. En ese momento, un "derecho" se convierte en la licencia oficial para transgredir. Pienso que la despiadada violencia que ejercen estos grupos antisistemas, debe traerles un deja vu a muchos de los que componen el gabinete de Kirchner. Añoranzas, tal vez, de un pasado "revolucionario" y simpatía, sin duda, de esa industria de "protestantes sociales" profesionales.

La muerte del docente en Neuquén es de lamentar. Las autoridades provinciales deben de conducir las investigaciones pertinentes. Pero los responsables del suceso son, en primer lugar, los que legitimaron la irresponsable e ilegal conducta que el fallecido maestro estaba ejerciendo, es decir, su sindicato. ¿Son docentes o agitadores políticos? En segundo lugar, si ciertos individuos deciden excederse en la aplicación de la ley, condenable como esto es, la culpa reposará sobre los hombros de un sistema incapaz de mantener el orden y del liderazgo central que tolera, facilita su movilización, costea sus operaciones y estimula esta "manera" de protestar.

No es una coincidencia que los gobernadores de Neuquén y Salta no estén en la lista de los sumisos al régimen kirchneriano. Podríamos decir que, extraoficialmente, hace tiempo que cayeron en "desgracia". Lo que sí es seguro, es que mientras se le llame "protesta social" a actos facinerosos, la libertad (lo que queda de ella) continuará su tortuoso y selectivo racionamiento. Los gobernadores de Neuquén y Salta hoy luchan por los derechos de los argentinos a vivir en paz y con seguridad. Todos. No sólo los que apoyan al gobierno central y gritan más. Sino todos.