Lo que Trump debe hacer para ganar en 2024

Adoctrinamiento marxista en las escuelas primarias de Estados Unidos.

Roger Kimball advirtió en Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Our Higher Education (1990) cómo la educación superior se había corrompido por la politización radical. El renombrado crítico de arte, editor y comentarista de medios de comunicación no ha sido el único en esta observación. Dinesh D’Souza, (Illiberal Education: The Politics of Race and Sex on Campus, 1998) y Allan Bloom (Closing of the American Mind, 1987) han sido otros respetados pensadores que han planteado la misma preocupación. No cabe duda de que el marxismo cultural ha conseguido, perjudicialmente, impregnar profusamente uno de sus artefactos intelectuales más tóxicos, la Teoría Crítica, en los planes de estudio de prácticamente todos los colegios y universidades americanos. La ofensiva insurreccional socialista, en marcha desde la muerte de George Floyd en mayo de 2020, ha extendido agresivamente esta campaña de adoctrinamiento hasta el nivel de la escuela primaria.

Dada la prioridad que la izquierda en Estados Unidos ha dado al tema de la raza con sus calculadas y falsas afirmaciones de racismo sistémico, la Teoría Crítica de Raza (TCR) ha sido la manifestación más abierta de esta penetración subversiva en el sistema escolar de grado. Hay que señalar que la TCR no ha sido la única herramienta del arsenal propagandístico de los marxistas culturales. La Ideología de Género y la Teoría Crítica Queer también han invadido el sistema educativo público de nivel primario de Estados Unidos. 

 

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La NAACP, el marxismo y la raza como arma.

Se está librando una guerra contra la democracia americana. La nueva “Guerra Fría” se está llevando a cabo, no tanto por un enemigo externo, aunque hay socios extranjeros que están plenamente comprometidos con el apoyo logístico y posiblemente financiero como los regímenes comunistas de Cuba, China y decenas de ONGs de fachada financiadas por oligarcas socialistas internacionales. 

Los enemigos internos de Estados Unidos son en su mayoría marxistas, aunque camuflados conceptualmente por capas bien empaquetadas que hablan de “justicia social” pero que, en realidad, significan y representan otra cosa. 

La cuestión de la raza ha sido el arma elegida para el avance del socialismo en Estados Unidos. Esto ha sido así desde que los bolcheviques se encargaron de globalizar el comunismo. La confusión para algunos al no reconocer fácilmente la ofensiva subversiva del comunismo hoy en día, proviene del hecho de que sufrió una reformulación teórica sobre los graves errores de cálculo de las predicciones de Karl Marx, que mantenían unidos los pilares filosóficos del marxismo clásico. 

Antonio Gramsci acudió al rescate, como también lo hicieron más tarde los comunistas alemanes de la Escuela de Frankfurt. Juntos, rediseñaron el marxismo con postulaciones que daban primacía a las superestructuras, la hegemonía y desarrollaban cosmovisiones alternativas, que si bien partían de la tradicional teoría marxiana del conflicto, inyectaban otros elementos que siguen sirviendo para su apariencia amortajada a la ciudadanía. 

 

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El impeachment de la vicepresidente Kamala Harris.

 La noción de impeachment, ese procedimiento legislativo para hacer frente a la mala conducta de un funcionario público, existe desde 1376, cuando el Buen Parlamento (o el Parlamento inglés de 1376) inició el primer caso conocido. Más recientemente, la modernidad ha sido testigo de un mayor ejercicio de estos mecanismos constitucionales para destituir a los infractores de la confianza del soberano. Algunas regiones han sido testigos de un mayor activismo que otras.

Ignacio Arana Araya, politólogo chileno que escribe en el Georgetown Journal of International Affairs y que defiende el proceso legislativo para hacer frente a la mala conducta pública, señaló que en América Latina, entre 1978 y 2019, diez presidentes de seis países han sido destituidos por medio de juicios políticos, declaraciones de incapacidad o renuncias atribuidas al proceso de impeachment. Los Estados Unidos, abarcando un marco histórico más largo, han tenido muchas menos insistencias en la utilización de estos dispositivos constitucionales para deshacerse de presidentes sospechosos o que se considera que han llevado a cabo acciones indebidas. Ha habido buenas razones para ello.

En Estados Unidos, el umbral para que la Cámara de Representantes acuse a un presidente es “traición, soborno u otros altos delitos y faltas”. Los dos primeros son más fácilmente identificables y demostrables, siempre y cuando se cometan. Los segundos son profusamente más elásticos y están sujetos a la interpretación y el análisis subjetivo de lo que podría o debería constituir un “alto crimen” y/o un “delito menor”. 

 

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La absolución de Trump y el impeachment jacobino.

Como se esperaba, el expresidente Donald J. Trump triunfó sobre sus enemigos políticos y fue absuelto de los cargos en este juicio político. Nadie creía realmente que se pudiera alcanzar el umbral de los 67 senadores. Teniendo en cuenta que el 45º presidente ya era un ciudadano privado, destituirlo no era la cuestión. La razón de este loco episodio farsesco era lograr tres propósitos principales. El primero era impedir, legalmente, que Trump ocupara un cargo público. El segundo era legitimar la presidencia de Biden revisando la historia. Por último, el tercer objetivo de los demócratas era ganar terreno en su guerra para suprimir a los votantes conservadores.

Para tratar de llevar a cabo esta empresa masiva, los gerentes demócratas a cargo de procesar el caso contra Trump, presentaron una serie de teorías de conspiración lejanas, acusaciones salvajes, pruebas fraudulentas manipuladas, y una enorme dependencia de argumentum ad ignorantiam. Desde el ascenso de Barack Obama al poder y la consiguiente reformulación estructural del Partido Demócrata, los principales medios de comunicación de la calle y las grandes empresas tecnológicas han abandonado el periodismo de investigación objetivo y se han puesto al servicio del izquierdismo. Durante el juicio de destitución, los fiscales demócratas se apoyaron en ambas poderosas instituciones para que les dejaran salirse con la suya con burdas inexactitudes y encubrieran sus incongruencias. El equipo legal de Trump les negó la posibilidad de enredar los hechos.

De entrada, la idea de que el incidente del 6 de enero en el Capitolio sea calificado de “insurrección” es ridícula y una afrenta al conocimiento. Ninguna persona mínimamente versada en ciencias políticas o en cualquiera de las otras ciencias sociales puede, con apego a la consideración académica, clasificarlo como tal. Los autores de la acusación de impeachment lo saben, pero como se ha dicho antes, la idea central del impeachment nunca fue destituir a Trump. 

 

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