Acabemos con el castrismo para derrotar al Irán islámico

El oficial de la Fuerza Espacial relevado tiene razón: los militares deben expulsar el marxismo.

l comandante del 11º Escuadrón de Alerta Espacial de la Base de la Fuerza Aérea de Buckley, Colorado, el teniente coronel Matthew Lohmeier, fue relevado de su cargo el viernes 14 de mayo. La supuesta infracción que motivó el despido tuvo que ver con una entrevista en un podcast concedida el 7 de mayo a CD Media en el programa “Operación de Información” para promocionar el libro recientemente autopublicado por el militar, Irresistible Revolution: Marxism’s Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military.

Durante el podcast referido, Lohmeier se refirió a una crisis sistémica en Estados Unidos debido a la infiltración marxista, destacando las instituciones impactadas como los medios de comunicación, las universidades, las agencias federales y las Fuerzas Armadas. 

El teniente coronel Matthew Lohmeier, licenciado en 2006 por la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, tiene más de 1,200 horas de vuelo como piloto de aviones T-38 y como instructor de pilotos de F-15C. Con experiencia en sistemas de alerta de misiles basados en el espacio, el comandante pasó en octubre de 2020 a la rama más nueva del ejército, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, donde estaba al mando, antes de su relevo en el cargo, de un pelotón de alerta de misiles basados en el espacio. Además, Lohmeier tiene dos títulos de máster. Uno en arte y ciencia operativa militar, y el segundo en el campo de la filosofía de la estrategia militar.

Castigos crueles e inusuales en las cárceles de D. C.

La Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe explícitamente el trato bárbaro y bizarros de los presos. Inspirándose en los derechos civiles de la Carta de Derechos inglesa (1689), el texto reza en el caso americano “No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusuales”.

Sin que muchos lo sepan, ya que los medios de comunicación industriales han restado importancia a esta noticia, a una distancia minúscula de la sede del Gobierno federal de Estados Unidos hay aproximadamente 1,500 personas detenidas que están siendo sometidas a normas penitenciarias que podrían equipararse a “castigos crueles e inusuales”. Para empeorar aún más las cosas, hay un trasfondo político e ideológico que guía este curso selectivo de trato inhumano a los presos en la cárcel del Distrito de Columbia (D. C.).

La alcaldesa demócrata Muriel Bowser y el gobierno local de D. C. son las entidades responsables de las nefastas condiciones que se están aplicando discriminatoriamente a los amotinados del 6 de enero recluidos en celdas de su jurisdicción legal. Los mencionados más de 1,500 reclusos están confinados en sus celdas durante 22 horas al día. De ellos, unos 300 están recluidos en régimen de aislamiento. Las autoridades de D. C. clasifican a este grupo más pequeño como sometido a una política de “permanencia médica”. Las directrices del Departamento Correccional de D. C. formulan este tratamiento de aislamiento extremo exclusivamente para los presos que tienen la condición de “depredadores sexuales”, individuos con “comportamiento agresivo”, “susceptibles de ser explotados o victimizados por otros” y/o que poseen cualquier “otra necesidad especial documentada”.

Líderes militares retirados advierten sobre la amenaza marxista en Estados Unidos.

Un grupo de líderes militares de alto nivel emitió el 12 de mayo una carta abierta en la que advierte que Estados Unidos “está en una lucha por nuestra supervivencia como República Constitucional como en ningún otro momento desde nuestra fundación en 1776”.

Para no dejar lugar a confusiones o malas interpretaciones, la misiva deja claro que el peligro proviene de un “conflicto (que) es entre los partidarios del socialismo y el marxismo contra los partidarios de la libertad constitucional y la libertad”. Los generales y almirantes retirados, además, se comprometieron a “apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos”, sin importar si eran “nacionales” o “extranjeros”.

Inicialmente con 124 firmas, el viernes 14 de mayo, el número de exoficiales de alto rango que firmó la carta aumentó a más de 150, según un comunicado de prensa ofrecido por el sitio web del grupo, Flag Officers 4 America. La izquierda se ha visto un poco afectada por esto, pero su reacción ha sido subrepticia. La revista Foreign Policy, de tendencia izquierdista, tituló la misiva “La revuelta militar contra Joe Biden“. Dejando a un lado las falsas afirmaciones que aluden a este ejercicio de la Primera Enmienda como un acto sedicioso, la respuesta emblemática de la izquierda se refiere probablemente al sentimiento general de la carta, el compromiso del influyente grupo que afirma: “Aunque retirado del servicio activo, cada uno de nosotros se siente obligado por ese juramento a hacer lo que pueda, en nuestra capacidad actual, para proteger a nuestra nación de las amenazas a su libertad”.

El juez Clarence Thomas, los portadores comunes y la regulación de las Big Tech.

Un caso reciente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (SCOTUS), Biden vs. Knight First Amendment Institute, no supuso una victoria legal directa para el apelado. El caso fue devuelto a un tribunal inferior con instrucciones del SCOTUS de desestimar el caso como mudo, lo que significa que ya no es una controversia viva. Sin embargo, el juez Clarence Thomas emitió una opinión en ese caso el 5 de mayo que puede señalar el camino hacia una solución definitiva para remediar la censura de las Big Tech.

La demanda interpuesta por The Knight First Amendment Institute, un defensor digital de la libertad de expresión, que se inició en 2017 y que tenía que ver con el bloqueo de comentarios críticos de su cuenta de Twitter por parte del entonces presidente Donald J. Trump, ha sacado a la luz una cuestión de lo más acuciante que supera con creces los factores iniciales de la demanda. Twitter, Facebook y Google (Big Tech) están censurando la libertad de expresión, concretamente la política, la científica y la religiosa. La práctica intolerante de la “desplataforma” de las principales redes sociales ha supuesto un reto para los políticos sobre la mejor manera de hacer frente a esta peligrosísima amenaza para una sociedad libre. 

Para Clarence Thomas: es inédito el control concentrado