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La importancia del Memorial Day

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Recordar y honrar a todos los soldados de los Estados Unidos que murieron en la guerra es, en términos generales, el objetivo del Día de los Caídos (Memorial day). Originalmente llamado Día de la Decoración, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que la referencia al nombre actual cobró impulso nacional. La mayoría de los países celebran versiones para honrar a sus muertos de guerra.

En el caso de Estados Unidos, dada su adhesión fundacional al principio de libertad con su modelo republicano constitucional concurrente y una innata adhesión a vivir dentro de un orden trascendental cristiano, la solemnidad y autoidentificación de esta ocasión especial sitúa al Día de los Caídos entre las celebraciones más relevantes de Estados Unidos.    

El general de la Unión John A. Logan, antiguo congresista, comandante nacional del Gran Ejército de la República (una organización fraternal compuesta por veteranos de la Guerra Civil de la Unión) y posterior senador por Illinois, emitió el 5 de mayo de 1868 la Orden General No. 11. Esta proclamación establecía el 30 de mayo de ese año como día de conmemoración para honrar a los que dieron su vida por su país en la Guerra Civil americana. “El 30 de mayo de 1868”, decía la Orden, “se designa con el propósito de sembrar con flores o decorar de otro modo las tumbas de los camaradas que murieron en defensa de su país durante la última rebelión, y cuyos cuerpos yacen ahora en casi todos los patios de iglesias de ciudades, pueblos y aldeas del país”.

El Título III de la Ley de Libertad de Cuba paga la primera demanda judicial.

Las sanciones y los embargos contra las dictaduras funcionan y son necesarios. Esto es así por razones prácticas, estratégicas y morales. Podría decirse que el mayor atraco a la propiedad de los Estados Unidos en la historia, con un valor actual de 8,000 millones de dólares, de aproximadamente 6,000 ciudadanos y empresas americanas, fue ejecutado por el comunismo cubano.

Para los ciudadanos cubanos que fueron estafados por la toma del poder comunista en 1959, el número de víctimas fue mucho mayor. Según el escritor cubano Carlos Alberto Montaner, en un artículo de 2015 en el que analizaba el coste de la revolución socialista cubana, la cifra total ascendía a unos 2,055,214 establecimientos, entre los que se incluían casas, negocios, granjas y fábricas. Teniendo en cuenta que la población de Cuba en 1959 era de 6,000,500 habitantes, el robo per cápita fue inmenso.

Finalmente, gracias a que la Administración Trump activó el Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba (“Ley de Libertad”, a/k/a Helms-Burton) por primera vez desde la promulgación de la ley en 1996, se pagó una reclamación a los litigantes cubanoamericanos afectados.

Las auditorías electorales son necesarias en una república.

Las auditorías electorales son necesarias en una república para garantizar la integridad del sistema, la validación de la legitimidad política y la promoción de la armonía social. Una sociedad libre acepta acatar ordenadamente las reglas del juego si no se considera que éstas están amañadas.

La democracia representativa, el único modelo auténtico y sostenible de soberanía popular, impone enormes expectativas sobre un reflejo exacto de la voluntad del pueblo. Los atajos sesgados para el ascenso político en los que el fraude u otros métodos indirectos para intentar influir en los resultados electorales están presentes, deben ser una prioridad nacional para contrarrestar este enemigo del principio del autogobierno. La auditoría electoral no debe ser tachada de partidista ni temida como un monstruo politizado.

Las auditorías electorales como sistema de transparencia 

 

 

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Debe establecerse claramente la distinción entre una auditoría y un recuento. La primera es un enfoque integral, multifacético y orgánico para el mantenimiento de la pureza electoral. Como en cualquier investigación mecánica, los auditores (estatales o independientes) buscan defectos que podrían producir o produjeron resultados electorales cotizados. Este último es el proyecto específicamente dirigido a reexaminar las papeletas. La noción de recuento de votos suele llevarse a cabo en un entorno muy sensible al tiempo y el grado o la minuciosidad del recuento depende de las leyes estatales y/o de las normas de la junta electoral.

“La insistencia de los demócratas en institucionalizar, a nivel federal, el muy laxo sistema de voto por correo que ha dado lugar a que la mitad del país crea que tiene un presidente y un vicepresidente ilegítimos, es razón suficiente para aplaudir este mecanismo de control”. (EFE)

Actualmente, existen auditorías, de cierto grado, en cuatro estados: Arizona, Georgia, Michigan y New Hampshire. De ellos, las auditorías que más llaman la atención son las de Georgia y Arizona. Ambos estados resultaron cruciales para la victoria de Biden-Harris en 2020. En Georgia, el expresidente Trump perdió el Estado del Melocotón por unos 12,000 votos. En Arizona, la cifra fue de poco más de 10,000. Si Wisconsin, otro estado perdido por Trump por un escaso 0.63 % o unos 20,000 votos, hubiera sido llevado por el 45º presidente, junto con Georgia y Arizona, el recuento del colegio electoral habría quedado empatado, entregando la decisión de las elecciones presidenciales de 2020 al Congreso.

La premisa de estas auditorías no es anular los resultados pronunciados y certificados de las elecciones presidenciales de 2020. Dejando a un lado todas las anomalías e irregularidades rampantes, eso es un asunto resuelto. Los dos partidos autorizados que ordenaron las auditorías han establecido que, independientemente de los hallazgos, la elección de 2020 no se anularía. Por lo tanto, esto no debería ser un debate partidista. Sin embargo, a juzgar por los titulares de los medios de comunicación industriales, como Associated Press, uno creería que los resultados de las auditorías podrían enviar a Biden-Harris un aviso de desalojo para que abandonen la Casa Blanca.    

Arizona comenzó su auditoría de los 2.1 millones de papeletas y 400 máquinas electorales del condado de Maricopa el 23 de abril. Ordenada por los poderes de citación del Senado del Estado del Gran Cañón, la búsqueda de la Cámara Alta intenta asegurarles a los ciudadanos de Arizona que el sistema electoral, si falló, ejerció la diligencia postelectoral y muy probablemente impondría ajustes a las leyes y normas electorales del estado.

En Georgia, el juez del Tribunal Superior del Condado de Henry, Brian Amero dictaminó el 21 de mayo que cerca de 145,000 papeletas de voto en ausencia del Condado de Fulton deben ser desprecintadas y sometidas a una auditoría. Curiosamente, incluso el secretario de Estado, Brad Raffensperger némesis de Trump durante el recuento en Georgia, estuvo de acuerdo en que esta decisión judicial impulsaba la transparencia. Inmediatamente después del fallo, subrayó que “el condado de Fulton tiene un largo historial de mala gestión electoral que, comprensiblemente, ha debilitado la fe de los votantes en su sistema. Permitir esta auditoría proporciona otra capa de transparencia y compromiso ciudadano”.

Entre las consideraciones para la acción de Georgia estaba un estudio de diciembre de 2020 de John Lott, un exasesor principal del Departamento de Justicia, titulado “Una prueba simple para el alcance del fraude electoral con los votos en ausencia en las elecciones presidenciales de 2020: Datos de Georgia y Pensilvania”. En él, el análisis de Lott concluía que alrededor de 380,000 “votos en exceso” (votos inválidos o ilegales) se decantaron por Biden en ambos estados pendulares.  

Las auditorías electorales están diseñadas para desarraigar las imperfecciones electorales del proceso del sistema, desbrozando los síntomas en busca de las causas. La insistencia de los demócratas en institucionalizar, a nivel federal, el muy laxo sistema de voto por correo que ha dado lugar a que la mitad del país crea que tiene un presidente y un vicepresidente ilegítimos, es razón suficiente para aplaudir este mecanismo de control.

De cara al futuro, los proyectos de ley como el H. R. 1 y el S. 1 no deberían tener ninguna consideración. Quizás esto explique la obsesión de la prensa de izquierda por atacar a cualquiera que cuestione lo ocurrido en las elecciones de 2020.

© Patria de Martí. Publicado originalmente en © El American. Todos los derechos reservados.

«Los comunistas han trabajado como hormigas en Chile»: Patricia Bravo.

Chile parece descender a una zona de penumbra. Patricia Bravo, periodista chilena y testigo de primera mano de la constante decadencia sistémica de su país, lo resume en entrevista para El American así: «Los comunistas han trabajado como hormigas en Chile». La magíster de gestión y liderazgo educacional de la Universidad Nacional Andrés Bello insiste en que la obsesión del comunismo por retomar el poder político en su país se remonta a 1973.

Fue entonces cuando comenzó la campaña interna de terrorismo comunista y de relaciones públicas internacionales para devolver el socialismo a Chile, tras el derrocamiento de Salvador Allende, un político marxista que llegó a la Presidencia democráticamente, pero que no gobernó de forma constitucional y democrática.

Considerado en su día como un modelo de gobernanza republicana estable, con amplia pluralidad y logros socioeconómicos no igualados por ninguno de sus vecinos latinoamericanos, Chile ha sufrido desde octubre de 2019 una masiva campaña de desestabilización pastoreada por la izquierda internacional, con la colaboración de actores externos.