- Julio M. Shiling
El impeachment de la vicepresidente Kamala Harris.
La noción de impeachment, ese procedimiento legislativo para hacer frente a la mala conducta de un funcionario público, existe desde 1376, cuando el Buen Parlamento (o el Parlamento inglés de 1376) inició el primer caso conocido. Más recientemente, la modernidad ha sido testigo de un mayor ejercicio de estos mecanismos constitucionales para destituir a los infractores de la confianza del soberano. Algunas regiones han sido testigos de un mayor activismo que otras.
Ignacio Arana Araya, politólogo chileno que escribe en el Georgetown Journal of International Affairs y que defiende el proceso legislativo para hacer frente a la mala conducta pública, señaló que en América Latina, entre 1978 y 2019, diez presidentes de seis países han sido destituidos por medio de juicios políticos, declaraciones de incapacidad o renuncias atribuidas al proceso de impeachment. Los Estados Unidos, abarcando un marco histórico más largo, han tenido muchas menos insistencias en la utilización de estos dispositivos constitucionales para deshacerse de presidentes sospechosos o que se considera que han llevado a cabo acciones indebidas. Ha habido buenas razones para ello.
En Estados Unidos, el umbral para que la Cámara de Representantes acuse a un presidente es “traición, soborno u otros altos delitos y faltas”. Los dos primeros son más fácilmente identificables y demostrables, siempre y cuando se cometan. Los segundos son profusamente más elásticos y están sujetos a la interpretación y el análisis subjetivo de lo que podría o debería constituir un “alto crimen” y/o un “delito menor”.
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