El triunfante primer año de Trump: un renacimiento audaz

La Corte Suprema defiende la integridad del voto y la Constitución.

La República Americana se anotó una gran victoria el jueves 1 de julio. La Corte Suprema (SCOTUS) anuló un fallo aparentemente inconstitucional del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que había anulado la HB 2023, la nueva ley de integridad del voto de Arizona. La votación se decidió por una clara mayoría de 6 a 3, dividida por líneas ideológicas. La interpretación del SCOTUS en el caso Brnovich contra el Comité Nacional Demócrata resolvió dos cuestiones primordiales que desafían el sistema republicano de soberanía popular de Estados Unidos.

Las amenazas más acuciantes para el modelo electoral de Estados Unidos eran el fortalecimiento de los mecanismos estructurales que podían hacer que el voto fuera lo más fácil y accesible posible, al tiempo que dificultaban y complicaban las trampas. El segundo pilar fundamental que estaba erosionado y necesitaba ser arreglado, como quedó patente con las irregularidades en las elecciones de 2020, era la perversión constitucional de permitir que los funcionarios ejecutivos y los tribunales estatales sustituyeran a las legislaturas estatales como artífices exclusivos de las leyes electorales y sus sistemas. Ambos principios fueron defendidos con la sentencia.

La crisis de los “homeless” en Estados Unidos.

La corrección política (CP) ha invadido todos los aspectos de la vida americana. El lenguaje ha sido un objetivo seminal. Una persona homeless (“sin techo”), en sentido literal, es alguien sin hogar. El término es engañoso. Sin embargo, sabemos a qué se refiere cuando lo vemos en las calles de nuestras ciudades. En otra época, este grupo podría llamarse “vagabundos” o “vagos”.

“Indocumentado” versus “ilegal”, en el ámbito inmigratorio, es otra muestra de esta argucia semántica, diseñada para no ofender, que se ha convertido en un delito de facto del siglo XXI. La crisis de los que viven en la calle en Estados Unidos debe su calamidad a una serie de políticas públicas fallidas.

La izquierda mira las estadísticas y se equivoca sistemáticamente en cuanto al predominio del binomio causa-efecto. Las disparidades socioeconómicas entre americanos blancos y negros son otro parangón de este vicioso error. En este caso, el izquierdismo señala las narrativas falsas fundamentadas por la Teoría Crítica de la Raza (TCR) marxista y clama por el “racismo sistémico” como la causa fundamental.

Michelle Bachelet, la Teoría Crítica de la Raza y la ONU.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anunció el lunes 28 de junio que “el racismo sistémico necesita una respuesta sistémica”. La jefa de Derechos Humanos de la ONU desde 2018 agregó claridad a sus afirmaciones sin fundamento, al decir que “el movimiento Black Lives Matter (BLM) y otros grupos de la sociedad civil liderados por afrodescendientes han proporcionado un liderazgo de base a través de la escucha de las comunidades”.

Si bien la posición expresada por la política socialista chilena e hija de un militar del Gobierno del presidente marxista Salvador Allende no debería sorprender a nadie, sí hace evidente donde la guerra política identitaria comunista ha ampliado una nueva ofensiva: la ONU. 

Tras la muerte de George Floyd, Bachelet solicitó un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) que ella preside. Con el título “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes contra el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” (Informe), la conclusión de la CDH acepta plenamente los supuestos epistemológicos que subyacen a la TRC marxista.

La rabieta del castrismo sobre el embargo en la ONU.

El comunismo cubano se dio cuenta muy pronto de que la militarización de la diplomacia multilateral serviría a sus objetivos de supervivencia dictatorial. Los foros internacionales y regionales, ya en 1959, se convirtieron en los principales objetivos de la inteligencia y las relaciones exteriores del gobierno marxista. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido uno de sus éxitos más codiciados en este campo.

Cada año desde 1992, el castrismo ha lanzado efectivamente una pataleta sobre el embargo en la ONU. Este año, como ha ocurrido en las últimas 29 ocasiones, la Asamblea General de la ONU votó el 23 de junio para condenar el embargo americano contra la dictadura comunista de la isla. ¿Tiene alguna relevancia esta votación? ¿Es siquiera necesaria?

El citado “embargo” es la decisión unilateral y soberana de Estados Unidos de negar el crédito y limitar las clases de bienes exportables al régimen castrista, así como las transacciones comerciales y financieras. El falso término “bloqueo” que se escucha con frecuencia no es más que una argucia semántica propagandizada y un insulto al lenguaje correcto y al uso conceptual de las ciencias sociales. El gobierno americano desde 1960 ha sostenido formas consistentes de sanciones y/o un embargo contra el castrocomunismo, a pesar de las amplias variaciones en su severidad y aplicación. El factor determinante ha sido el ocupante de la Casa Blanca.