Las auditorías electorales son necesarias en una república.

Las auditorías electorales son necesarias en una república para garantizar la integridad del sistema, la validación de la legitimidad política y la promoción de la armonía social. Una sociedad libre acepta acatar ordenadamente las reglas del juego si no se considera que éstas están amañadas.

La democracia representativa, el único modelo auténtico y sostenible de soberanía popular, impone enormes expectativas sobre un reflejo exacto de la voluntad del pueblo. Los atajos sesgados para el ascenso político en los que el fraude u otros métodos indirectos para intentar influir en los resultados electorales están presentes, deben ser una prioridad nacional para contrarrestar este enemigo del principio del autogobierno. La auditoría electoral no debe ser tachada de partidista ni temida como un monstruo politizado.

Las auditorías electorales como sistema de transparencia 

 

 

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Debe establecerse claramente la distinción entre una auditoría y un recuento. La primera es un enfoque integral, multifacético y orgánico para el mantenimiento de la pureza electoral. Como en cualquier investigación mecánica, los auditores (estatales o independientes) buscan defectos que podrían producir o produjeron resultados electorales cotizados. Este último es el proyecto específicamente dirigido a reexaminar las papeletas. La noción de recuento de votos suele llevarse a cabo en un entorno muy sensible al tiempo y el grado o la minuciosidad del recuento depende de las leyes estatales y/o de las normas de la junta electoral.

“La insistencia de los demócratas en institucionalizar, a nivel federal, el muy laxo sistema de voto por correo que ha dado lugar a que la mitad del país crea que tiene un presidente y un vicepresidente ilegítimos, es razón suficiente para aplaudir este mecanismo de control”. (EFE)

Actualmente, existen auditorías, de cierto grado, en cuatro estados: Arizona, Georgia, Michigan y New Hampshire. De ellos, las auditorías que más llaman la atención son las de Georgia y Arizona. Ambos estados resultaron cruciales para la victoria de Biden-Harris en 2020. En Georgia, el expresidente Trump perdió el Estado del Melocotón por unos 12,000 votos. En Arizona, la cifra fue de poco más de 10,000. Si Wisconsin, otro estado perdido por Trump por un escaso 0.63 % o unos 20,000 votos, hubiera sido llevado por el 45º presidente, junto con Georgia y Arizona, el recuento del colegio electoral habría quedado empatado, entregando la decisión de las elecciones presidenciales de 2020 al Congreso.

La premisa de estas auditorías no es anular los resultados pronunciados y certificados de las elecciones presidenciales de 2020. Dejando a un lado todas las anomalías e irregularidades rampantes, eso es un asunto resuelto. Los dos partidos autorizados que ordenaron las auditorías han establecido que, independientemente de los hallazgos, la elección de 2020 no se anularía. Por lo tanto, esto no debería ser un debate partidista. Sin embargo, a juzgar por los titulares de los medios de comunicación industriales, como Associated Press, uno creería que los resultados de las auditorías podrían enviar a Biden-Harris un aviso de desalojo para que abandonen la Casa Blanca.    

Arizona comenzó su auditoría de los 2.1 millones de papeletas y 400 máquinas electorales del condado de Maricopa el 23 de abril. Ordenada por los poderes de citación del Senado del Estado del Gran Cañón, la búsqueda de la Cámara Alta intenta asegurarles a los ciudadanos de Arizona que el sistema electoral, si falló, ejerció la diligencia postelectoral y muy probablemente impondría ajustes a las leyes y normas electorales del estado.

En Georgia, el juez del Tribunal Superior del Condado de Henry, Brian Amero dictaminó el 21 de mayo que cerca de 145,000 papeletas de voto en ausencia del Condado de Fulton deben ser desprecintadas y sometidas a una auditoría. Curiosamente, incluso el secretario de Estado, Brad Raffensperger némesis de Trump durante el recuento en Georgia, estuvo de acuerdo en que esta decisión judicial impulsaba la transparencia. Inmediatamente después del fallo, subrayó que “el condado de Fulton tiene un largo historial de mala gestión electoral que, comprensiblemente, ha debilitado la fe de los votantes en su sistema. Permitir esta auditoría proporciona otra capa de transparencia y compromiso ciudadano”.

Entre las consideraciones para la acción de Georgia estaba un estudio de diciembre de 2020 de John Lott, un exasesor principal del Departamento de Justicia, titulado “Una prueba simple para el alcance del fraude electoral con los votos en ausencia en las elecciones presidenciales de 2020: Datos de Georgia y Pensilvania”. En él, el análisis de Lott concluía que alrededor de 380,000 “votos en exceso” (votos inválidos o ilegales) se decantaron por Biden en ambos estados pendulares.  

Las auditorías electorales están diseñadas para desarraigar las imperfecciones electorales del proceso del sistema, desbrozando los síntomas en busca de las causas. La insistencia de los demócratas en institucionalizar, a nivel federal, el muy laxo sistema de voto por correo que ha dado lugar a que la mitad del país crea que tiene un presidente y un vicepresidente ilegítimos, es razón suficiente para aplaudir este mecanismo de control.

De cara al futuro, los proyectos de ley como el H. R. 1 y el S. 1 no deberían tener ninguna consideración. Quizás esto explique la obsesión de la prensa de izquierda por atacar a cualquiera que cuestione lo ocurrido en las elecciones de 2020.

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«Los comunistas han trabajado como hormigas en Chile»: Patricia Bravo.

Chile parece descender a una zona de penumbra. Patricia Bravo, periodista chilena y testigo de primera mano de la constante decadencia sistémica de su país, lo resume en entrevista para El American así: «Los comunistas han trabajado como hormigas en Chile». La magíster de gestión y liderazgo educacional de la Universidad Nacional Andrés Bello insiste en que la obsesión del comunismo por retomar el poder político en su país se remonta a 1973.

Fue entonces cuando comenzó la campaña interna de terrorismo comunista y de relaciones públicas internacionales para devolver el socialismo a Chile, tras el derrocamiento de Salvador Allende, un político marxista que llegó a la Presidencia democráticamente, pero que no gobernó de forma constitucional y democrática.

Considerado en su día como un modelo de gobernanza republicana estable, con amplia pluralidad y logros socioeconómicos no igualados por ninguno de sus vecinos latinoamericanos, Chile ha sufrido desde octubre de 2019 una masiva campaña de desestabilización pastoreada por la izquierda internacional, con la colaboración de actores externos.

La insurrección de la Teoría Crítica de la Raza: Black Lives Matter, un año después.

El 25 de mayo se cumple el primer año de la insurrección de la Teoría Crítica de la Raza (CRT) marxista de “Black Lives Matter” (BLM). Durante la primavera y el verano de 2020, lo que antes había sido una furtiva “marcha por las instituciones”, la transmutación comunista que reaccionó a la caída del comunismo soviético, fue testigo de la rebelión abierta del marxismo cultural en Estados Unidos. 

La muerte desafortunada de un hombre desarmado mientras estaba bajo custodia policial, resistiéndose al arresto, provocó una guerra al por mayor para deshacer la república americana, y en su lugar, la intención de establecer un régimen socialista autoritario al que mayormente se referirían como algo así como una “democracia popular”.

“Las banderas de BLM ondeando en las embajadas y consulados americanas constituyen un paso más en el plan de anulación de la república”. (EFE)

Las anómalas elecciones de 2020, con el ascenso del Gobierno de Biden-Harris, han dado paso a una ofensiva agresiva de armamento de la CRT dentro de las instituciones estatales, como el ejército, la educación y las agencias federales. Además, más de tres décadas de la serie de adoctrinamiento de estudios de agravio de la Escuela de Frankfurt (Teoría Crítica Feminista, Teoría Crítica Queer, Ideología de Género, Teoría Crítica Postcolonial) en nuestras universidades ha impactado en el liderazgo de entidades privadas como los medios de comunicación corporativos, las Big Tech, y el capital woke.

https://law.fsu.edu/research-center/digitized-legal-collectionsLa legislatura de Florida aprueba la educación cívica.

Una república constitucional que ejerce el modelo de autogobierno democrático, requiere una ciudadanía cívica, políticamente vigilante y moralmente consciente. Florida sigue siendo pionera en la lucha por la defensa de la libertad y el mantenimiento de los elementos necesarios para la permanencia de una sociedad abierta. La legislatura del Estado del Sol aprobó, el 26 de abril, un requisito curricular de educación cívica, HB 5 (versión de la Cámara) y SB 1450 (versión del Senado).

El gobernador Ron DeSantis está a punto de firmar este proyecto de ley seminal, que entraría en vigor el 1 de julio. Las medidas pedagógicas como esta, sirven a los propósitos de empoderar a una sociedad republicana con conciencia cívica, así como para combatir la embestida de la Teoría Crítica de la Raza del marxismo cultural en todas las escuelas de la nación. Si se hace bien, Florida puede potencialmente establecer un estándar educativo nacional para Estados Unidos.

El Plan de Estudios de Educación Cívica de Florida (CEC) enmendaría los requisitos de créditos de estudios sociales de la escuela secundaria para la graduación. El Departamento de Educación (DOE) del estado tendría que producir o aprobar planes de estudios cívicos integrados para las escuelas públicas y concertadas desde el jardín de infancia hasta el 12º grado. Los distritos escolares y las escuelas concertadas podrían presentar el material curricular al DOE para su validación, o podrían adoptar las versiones aprobadas.