La última batalla del castrocomunismo

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Donald J. Trump ha elevado el cambio de régimen en Cuba a la categoría de piedra angular de la política regional de Estados Unidos, calificándolo de esencial para la seguridad nacional. Documentos públicos, incluida una orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, declaran que las alianzas de Cuba con Rusia, China, Irán y grupos como Hamás y Hezbolá constituyen una «amenaza inusual y extraordinaria» para los intereses de Estados Unidos. Esta orden invoca poderes de emergencia para imponer aranceles a las naciones que suministran petróleo a La Habana, con el objetivo de privar al régimen de recursos y forzar una transición política antes de que termine el año.

La retórica de Trump ha sido directa e inflexible. El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, se hizo eco de esto durante su testimonio en el Senado, afirmando que el cambio de régimen es una condición previa para levantar el embargo en virtud de la Ley Helms-Burton. Rubio ha dicho abiertamente que a la Administración le «encantaría» ver un cambio de régimen, insinuando una intensificación de la presión tras la destitución de Maduro en Venezuela, que cortó el suministro de petróleo subvencionado a Cuba. Otros funcionarios, como el senador Lindsey Graham, predicen la caída de la dictadura, argumentando que el aislamiento económico consolidará el legado de Trump.

Estas declaraciones pintan un panorama de negociaciones activas para poner fin a 67 años de régimen comunista, con funcionarios estadounidenses que afirman mantener conversaciones secretas con personas influyentes en Cuba dispuestas a «derrocar al régimen». Sin embargo, las principales figuras cubanas niegan rotundamente que exista tal diálogo. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, elegido a dedo, ha afirmado en repetidas ocasiones que no hay conversaciones en curso, insistiendo en que las relaciones deben avanzar «basadas en el derecho internacional y no en la hostilidad, las amenazas y la coacción económica». El 5 de febrero de 2026, Díaz-Canel apareció en una «rueda de prensa» pregrabada y muy editada, emitida por los medios de comunicación estatales, vestido de negro de pies a cabeza, como si estuviera de luto, mientras culpaba a Estados Unidos de un «bloqueo energético». 

La necesidad imperiosa de EEUU de derrocar el régimen comunista de Cuba

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Las órdenes ejecutivas, los memorandos de seguridad nacional y los objetivos del Departamento de Estado de la administración Trump representan un giro audaz y necesario hacia el desmantelamiento de la dictadura comunista de Cuba. No se trata de una mera postura, sino de una necesidad estratégica basada en décadas de pruebas que demuestran que políticas de distensión solo prolongan la tiranía. El socialismo, como afirmó enfáticamente el renombrado economista húngaro János Kornai, es irreformable: los intentos de «reformar» el socialismo fracasan inevitablemente debido a sus contradicciones inherentes.

Las crisis crónicas de Cuba —pobreza rampante, escasez y represión— no son accidentes, sino resultados deliberados de un sistema inducido políticamente y plagado de decadencia ética y moral. Las llamadas «reformas» del régimen son parches superficiales, diseñados para atraer la inversión extranjera mientras se mantiene un control férreo. Los proyectos más recientes de MYPIMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) son intentos cleptocráticos de transformar Cuba en una dictadura oligárquica al estilo de Putin. Estados Unidos debe rechazar de plano estas escasas concesiones. Solo un cambio de régimen a gran escala puede erradicar las causas fundamentales y restaurar la prosperidad del pueblo cubano.

La verdadera soberanía en un marco democrático significa soberanía popular, que se ha negado a los cubanos desde el golpe ideológico de Fidel Castro en 1959. En esencia, la soberanía genuina en un contexto democrático significa la voluntad del pueblo, expresada libremente. Desde la toma del poder por los comunistas, los cubanos han sido despojados de este derecho y viven bajo un régimen que gobierna mediante el miedo y la coacción, en lugar del consentimiento. Las estridentes acusaciones de la dictadura sobre las «violaciones de la soberanía» por parte de Estados Unidos son inventos cínicos que ignoran que los verdaderos soberanos —la nación cubana— llevan generaciones sin voz. Washington debería ignorar con valentía estas falsas acusaciones y actuar para empoderar al pueblo, en consonancia con los valores fundamentales de libertad y autodeterminación de Estados Unidos. Hacer lo contrario es perpetuar un mito que solo beneficia a los opresores.

Para desmantelar este régimen, el Departamento de Justicia de la era Trump debe ejercer toda la fuerza de la ley. Reactivar la acusación de 1993 contra Raúl Castro por orquestar redes de tráfico de drogas que canalizaban cocaína a través de Cuba, obteniendo millones en ganancias ilícitas. Igualmente importante es perseguir los cargos por el derribo a sangre fría en 1996 de los aviones de Hermanos al Rescate, que asesinó a tres ciudadanos estadounidenses y a un residente en Estados Unidos en espacio aéreo internacional, un acto flagrante de terrorismo patrocinado por el Estado. Ampliar estas acusaciones a otras élites del régimen, respaldadas por testimonios de testigos presenciales de narcotraficantes colombianos como Carlos Lehder, quien detalló reuniones personales con Raúl Castro para coordinar rutas de contrabando. Jhon Jairo Velásquez («Popeye») reveló además la profunda implicación de Cuba en las operaciones del Cartel de Medellín. No se trata de acusaciones, sino de hechos corroborados que exigen rendir cuentas, golpeando el corazón criminal del régimen y disuadiendo a sus facilitadores.

La Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (LIBERTAD) de 1996 (también conocida como Ley Helms-Burton) proporciona una base jurídica sólida para el cambio de régimen, centrándose en el atroz robo de propiedades estadounidenses por parte de la Revolución Cubana, valorado entre 6000 y 8000 millones de dólares, lo que lo convierte en la mayor expropiación de este tipo de la historia. Al activar plenamente el Título III, Estados Unidos puede demandar a las entidades que se benefician de los activos robados, paralizando la complicidad extranjera y aislando a La Habana. Esto no es una agresión, es justicia, rectificar un error histórico que financió la supervivencia del régimen y subrayar que las revoluciones basadas en el saqueo no pueden perdurar.

Durante más de seis décadas, el comunismo cubano ha sido un caldo de cultivo para el terrorismo marxista, albergando, entrenando y armando a insurgentes de un extremo al otro de América Latina. Ningún país del hemisferio occidental ha quedado indemne de la subversión comunista orquestada por el castrismo. Este apoyo perdura hoy en día, con La Habana respaldando a grupos narcoterroristas y elementos subversivos en todo el hemisferio. Es alarmante que muchas organizaciones radicales de izquierda en Estados Unidos sirvan de fachada encubierta para la influencia cubana y china, difundiendo propaganda y promoviendo la subversión. Las pruebas empíricas de documentos desclasificados y testimonios de desertores revelan un patrón de violencia exportada que se ha cobrado miles de vidas, lo que exige una respuesta firme de Estados Unidos para neutralizar esta amenaza.

Cuba funciona como un colosal puesto de espionaje, lo que supone un riesgo existencial para la seguridad estadounidense. Trump acertó al destacar la instalación de inteligencia de señales de Lourdes, la mayor de Rusia en el extranjero, ahora ampliada con bases de espionaje chinas y colaboraciones norcoreanas, que permiten la interceptación de comunicaciones y secretos militares estadounidenses. Agentes cubanos como Ana Belén Montes y Víctor Manuel Rocha, que traicionaron a la inteligencia estadounidense durante décadas y proporcionaron información falsa clave que desvió la política estadounidense (estos son solo dos ejemplos) y causó daños irreparables. Estas infiltraciones en instituciones clave de Estados Unidos ponen de relieve el astuto pragmatismo del régimen, exitoso desde el punto de vista dictatorial, aunque fracase estrepitosamente según los estándares democráticos de soberanía popular, derechos humanos y bienestar material.

Para cortar el sustento del régimen, hay que imponer una cuarentena integral o un bloqueo total, cortando el flujo de recursos y mitigando al mismo tiempo el sufrimiento de la población civil mediante la ayuda humanitaria distribuida a través de canales imparciales como la Iglesia católica. Hay que detener inmediatamente todas las remesas, ya sean en efectivo o en especie, junto con los viajes, las licencias comerciales de la era Obama-Biden, los planes de inversión y cualquier mecanismo que canalice fondos a La Habana. Estas entradas, que suman miles de millones al año, sostienen la dictadura sin beneficiar a los cubanos de a pie. Además, el Departamento de Justicia debería desplegar su arsenal legal contra GAESA, el conglomerado militar que domina la economía cubana, actuando contra sus entidades offshore en Panamá y otros lugares en virtud de leyes similares a la RICO contra el crimen organizado. Procesar a las organizaciones fachada que se hacen pasar por empresas legítimas y exigir responsabilidades a las naciones cómplices, desmantelando la red financiera global del régimen.

En última instancia, la naturaleza totalitaria del castrocomunismo, mucho más omnipresente que el mero autoritarismo, exige nada menos que un cambio de régimen. Su formato estratégico en toda América, incluidas las insidiosas operaciones de influencia en Estados Unidos, amplifica los peligros para la seguridad nacional: el espionaje, el patrocinio del terrorismo y los imperios de la droga han costado vidas estadounidenses y han socavado la estabilidad. Las medias tintas han fracasado. El apaciguamiento invita a la escalada. Al llevar a cabo estas acciones, Estados Unidos salvaguarda sus intereses y defiende la libertad de 11 millones de cubanos y de toda América Latina. El cambio de régimen no es opcional, es el imperativo moral y estratégico de nuestro tiempo, que garantiza un hemisferio libre de sombras comunistas.

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El fin de la dictadura comunista cubana

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En una medida decisiva que se alinea con el enfoque renovado de Estados Unidos en los intereses nacionales, la administración Trump estaría buscando un cambio de régimen en Cuba, con el objetivo de desmantelar la dictadura comunista de 67 años para fines de 2026. Esta política, basada en acontecimientos recientes y en imperativos estratégicos, representa una corrección largamente esperada a décadas de dependencia exterior y opresión en la isla. Aprovechando las vulnerabilidades económicas, las colaboraciones internas y la presencia militar, Estados Unidos está dispuesto a restaurar la verdadera soberanía de Cuba, liberándola de los lazos parasitarios que han sostenido un régimen tiránico.

La cuestión de la soberanía

En esencia, el castrocomunismo nunca ha encarnado la verdadera soberanía cubana. Nació y se desarrolló como un títere de las fuerzas internacionales. Desde el principio, la búsqueda del poder de Fidel y Raúl Castro contra el régimen de Fulgencio Batista estuvo entrelazada con la influencia soviética. El espionaje soviético dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos tuvo éxito en la promoción de la desinformación, lo que permitió a Moscú reforzar a los rebeldes y ocultar el hecho de que los hermanos Castro tenían conexiones con la URSS. El embargo de armas estadounidense de 1958 desempeñó un papel fundamental en la toma del poder el 1 de enero de 1959, más que cualquier triunfo militar rebelde. El Partido Comunista Cubano, fundado en la década de 1920, era un descendiente directo del comunismo global, concebido y financiado íntegramente por ideólogos extranjeros. 

El triunfante primer año de Trump: un renacimiento audaz

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¡Qué diferencia hace un año! En su segundo mandato, el presidente Donald J. Trump no ha perdido tiempo en conducir a Estados Unidos hacia una nueva era de fortaleza, prosperidad y claridad moral. Al cumplir un año desde su toma de posesión el 20 de enero de 2025, la administración Trump ha cumplido sus promesas con medidas decisivas, fomentando el crecimiento económico, restaurando la integridad cultural y reafirmando el liderazgo estadounidense a nivel mundial.

Política doméstica

La agenda interior del presidente Trump se ha centrado en desmantelar las ideologías divisivas y reforzar los principios fundamentales de la nación. Para ello, ha sido fundamental su reversión agresiva del marxismo cultural, que considera una fuerza corrosiva que socava la sociedad estadounidense. A los pocos meses de asumir el cargo, Trump emitió órdenes ejecutivas para cerrar todos los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las agencias federales, calificándolos de discriminatorios e ineficaces. Extendió esta crítica al sector privado, reprendiendo públicamente a las empresas que dan prioridad a la DEI por encima del mérito, y fomentando un cambio cultural hacia la ecuanimidad y la productividad. Además, la administración ha erradicado las estrategias neomarxistas de las instituciones públicas, incluyendo la teoría crítica de la raza, la ideología de género y la teoría crítica queer. La financiación de estos preceptos, tanto a nivel nacional como a través de la ayuda exterior, se ha detenido por completo, redirigiendo los recursos a iniciativas que promueven la unidad y los logros individuales.