El fin de Sherritt: una victoria para la Ley Helms-Burton y el poder de las sanciones selectivas

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Tras más de tres décadas de desafío abierto, Sherritt International —la empresa canadiense a la que Bloomberg bautizó en 1995 y que en su día fue aclamada como el «capitalista favorito» de Fidel Castro— se ha visto obligada a abandonar Cuba. El 7 de mayo de 2026, Sherritt anunció la suspensión inmediata de todas sus operaciones directas en las empresas mixtas de la isla. El detonante fue la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, firmada el 1 de mayo, que amplió las sanciones a sectores clave e impuso sanciones secundarias a los bancos extranjeros que operaran con entidades cubanas bloqueadas. Lo que el régimen cubano celebró como una asociación ejemplar durante 35 años se derrumbó en una sola semana. Este resultado valida de manera contundente la Ley Helms-Burton, en particular su Título III, y demuestra que las sanciones estadounidenses sostenidas y específicas contra el régimen comunista de los Castro producen resultados concretos al privarlo de divisas fuertes.

La trayectoria de Sherritt en Cuba ejemplificó una relación capitalista profundamente concesionaria que fusionaba el control del régimen sobre los recursos expropiados con el capital, la tecnología y el acceso al mercado occidentales. Fundada en 1927 como Sherritt Gordon Mines Limited, la empresa se enfrentó a una situación cercana a la insolvencia en 1990. Bajo la dirección de Ian W. Delaney —quien exhibía abiertamente una foto familiar con Castro y se refería a Cuba como su país favorito—, la empresa se volcó hacia La Habana en 1991, en medio del colapso soviético y el «Período Especial» de Cuba. La vinculación del yacimiento de níquel de Moa y la capacidad de procesamiento de Cuba con la refinería de Sherritt en Alberta y su acceso a energía de bajo coste resultó ser un golpe de genio para ambas partes. En diciembre de 1994, Sherritt constituyó una empresa conjunta al 50 % con la Compañía General de Níquel de Cuba. La asociación pronto resultó rentable, registrando 14,3 millones de dólares de beneficios sobre 131 millones de dólares de ventas en su primer trimestre.

Cuba ganó mucho más que un simple inversor. Se aseguró un mercado internacional fiable para su concentrado de níquel, acceso a avances tecnológicos inaccesibles desde 1959 y la experiencia en gestión de Sherritt. Estos aportes impulsaron mejoras espectaculares en la productividad, la eficiencia energética, el desempeño ambiental y las normas de salud y seguridad. La producción de níquel en Moa se disparó de unas 12 500 toneladas a principios de la década de 1990 a aproximadamente 34 000 toneladas en la década de 2010. A través de esta operación integrada verticalmente —desde la extracción y la concentración hasta el refinado en Alberta y la comercialización global—, Cuba se convirtió en copropietaria de una empresa de níquel de talla mundial.

El régimen comunista pudo acceder a nuevas tecnologías y conocimientos técnicos en materia de extracción y utilización de petróleo y gas, así como de generación de electricidad, a través de Energas. Con las quintas reservas de níquel más grandes del mundo y el décimo mayor volumen de producción, el níquel se convirtió en el principal producto de exportación de Cuba tras el colapso del azúcar. Los ingresos en divisas de la empresa conjunta Sherritt-Cuba representaron una media de alrededor del 40 % del total de las exportaciones de níquel y cobalto del país. Sherritt se expandió agresivamente en los sectores del petróleo, el gas, la energía (alcanzando el 10-15 % de la capacidad nacional), las telecomunicaciones, el turismo y la agricultura, convirtiéndose en el mayor inversor extranjero directo de Cuba.

No se trataba de una transacción en condiciones de mercado. El castrismo se convirtió en copropietario de la refinería de Sherritt en Alberta, mientras que Sherritt se benefició generosamente de los activos que el régimen había robado a propietarios estadounidenses después de 1959, incluida la antigua Moa Bay Mining Company, expropiada en 1960 y valorada en 88,3 millones de dólares. A lo largo de 35 años, Sherritt extrajo más de 3.000 millones de libras de níquel. Solo en 2024, sus ingresos en Cuba alcanzaron los 109,9 millones de dólares. Sin embargo, el régimen incumplió sistemáticamente los pagos, dejando a Sherritt con cientos de millones en cuentas por cobrar impagadas —que más tarde se resolvieron parcialmente mediante un «intercambio de cobalto» en 2022—. En la práctica, la dictadura disfrutó de la eficiencia capitalista al tiempo que conservaba el control político total y trataba a Sherritt como socio y como cajero automático.

Washington se negó, con razón, a tolerar este acuerdo. La Ley Helms-Burton de 1996 supuso una reprimenda inmediata. El Título IV impuso prohibiciones de visado a los ejecutivos de Sherritt, a los principales accionistas, a sus cónyuges y a sus hijos —la primera aplicación a escala mundial—. En su primer mandato, el presidente Trump activó el Título III, lo que permitió entablar demandas contra los traficantes de propiedades confiscadas y provocó que las acciones de Sherritt se desplomaran. La Orden Ejecutiva 14404 de Trump de 2026 fue más allá, apuntando a sectores enteros y a facilitadores financieros extranjeros. La salida de Sherritt —marcada por dimisiones en la junta directiva, una caída del 30 % en las acciones y la repatriación del personal— demuestra la eficacia de esta presión. Aun cuando la asociación aportó mejoras tecnológicas y de gestión a Cuba comunista, mantuvo a flote al régimen represivo con divisas fuertes, que son fundamentales.

Los críticos llevan mucho tiempo descartando estas sanciones por considerarlas ineficaces y «perjudiciales para el comercio internacional». La saga de Sherritt demuestra lo contrario. Al negar sistemáticamente al régimen el acceso a divisas fuertes y a la financiación internacional, las sanciones agravaron sus fallos estructurales, lo que culminó en una grave escasez de combustible, suspensiones operativas temporales y, en última instancia, la retirada total de Sherritt. Este es precisamente el resultado deseado. Cortar las fuentes de ingresos vitales que sostienen la represión política, enriquecen a poderosas entidades militares como GAESA y apuntalan un sistema comunista fallido son las razones de las sanciones.

Es importante aclarar una afirmación potencialmente engañosa realizada en el comunicado del Departamento de Estado de EE. UU. del 7 de mayo. Si bien se dice que GAESA controla aproximadamente el 40 % de la economía cubana, esta cifra subestima significativamente el verdadero dominio económico del régimen. En el sistema comunista totalitario de Cuba —donde la propiedad privada está severamente restringida y el Estado posee los sectores clave de la economía—, GAESA, junto con otras empresas estatales y entidades paraestatales controladas por el régimen, ejerce un control efectivo sobre entre el 85 % y el 95 % de la actividad económica formal. GAESA domina los sectores más lucrativos y dolarizados, como el turismo, las importaciones, el comercio minorista, los puertos y las remesas, pero el aparato estatal en su conjunto mantiene un control casi total sobre la industria, la agricultura, la energía, la banca y el comercio exterior. La cifra del 40 %, por lo tanto, oculta la realidad de una economía totalmente controlada por el régimen en la que prácticamente todas las fuentes de ingresos significativas sirven en última instancia a la dictadura comunista de los Castro.

El fin de esta relación inmoral debe servir ahora de trampolín para una acción mucho más agresiva. Los políticos estadounidenses responsables deberían intensificar inmediatamente la presión ordenando a los Departamentos del Tesoro y de Justicia que rastreen, congelen y confisquen los fondos y activos controlados por GAESA en bancos extranjeros mediante sanciones secundarias ampliadas y la cooperación internacional. Deberían dictarse autos de acusación penal contra los ejecutivos y las empresas que trafican con propiedades estadounidenses robadas, tratando estas actividades como extorsión según la legislación estadounidense. Al mismo tiempo, Washington debe poner en marcha una investigación de inteligencia de amplio alcance sobre las redes de tráfico de narcóticos del régimen y sancionar a todos los facilitadores y cómplices identificados.

Cada dólar que se le niega a la dictadura cubana es un dólar que no financia la vigilancia, las prisiones políticas ni la maquinaria de represión. El caso Sherritt constituye una prueba convincente: la Ley Helms-Burton y las sanciones complementarias funcionan. Ponen al descubierto a los cómplices voluntarios, disuaden a los futuros y aceleran el aislamiento económico del castrocomunismo. Los responsables de las políticas en Washington deben considerar esta victoria no como un punto final, sino como un mandato para aprovechar la ventaja sin descanso, hasta que el régimen no tenga más remedio que ceder bajo el peso de su propio engendro.

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