Una oportunidad argentina

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Las próximas elecciones en Argentina ofrecen al gigante sudamericano una oportunidad de oro para cambiar de rumbo y apartarse del control de la hegemonía peronista. Con la tercera economía más grande de América Latina (después de Brasil y México), una mano de obra altamente cualificada y capaz, y abundantes recursos naturales, Argentina ha estado cautiva durante muchos años de un dogma tóxico de izquierdas que ha diezmado el nivel de vida de los argentinos. Dos de los tres principales candidatos a las elecciones del 22 de octubre prometen trazar un rumbo diferente. Javier Milei, el principal candidato, parece más firme a la hora de completar potencialmente la tarea, ya que su compromiso de desmantelar el estatismo está ideológicamente muy arraigado.

Argentina entró en el siglo XX como un país próspero. En 1913 era más rico que Alemania, Francia, España y otras naciones del primer mundo. Antes de la década de 1930, fluctuaba entre las diez primeras economías mundiales. Los datos disponibles para 2023 sitúan a Argentina, medida por el PIB, en el puesto 23 del mundo. Esto es más de un 100 % menos de lo que ocupaba a principios del siglo pasado. ¿A qué se debe esta contracción?

No es solamente una cuestión de lento crecimiento económico. La inflación, una amenaza probada que empobrece el nivel de vida y desvía la riqueza como un impuesto oculto, ha molestado a los argentinos durante generaciones. Estamos hablando de una inflación de dos dígitos. Además, este malestar combinado de crecimiento sedante y alta inflación ha provocado el desplome de su moneda. El caso ejemplar de prosperidad que fue Argentina ha quedado relegado a los libros de historia.  ¿Cuándo comenzó esta espiral descendente?

Lo que Israel debe hacer

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Se ha producido la mayor masacre de judíos desde el Holocausto. Si se quiere evitar la repetición de calamidades históricas, el último ataque contra Israel por parte del régimen de Hamás, respaldado por Irán y que controla Gaza como un Estado de facto, debe ser desafiado de manera integral. No son aconsejables los atajos ni las opciones de compromiso limitadas. Esto requerirá una determinación firme por parte del gobierno y el pueblo israelíes para reemplazar el abucheo político y el escarmiento moral (de muchas entidades inmorales) que recibirán por la respuesta justificada que deben dar.

La decisión de invadir Israel no fue simplemente ejecutada por una banda de terroristas islámicos sin escrúpulos. Sí, los invasores eran agentes del terror con adhesión al Islam, pero también son el órgano de gobierno autónomo palestino en Gaza. Las cuestiones de la legitimidad del régimen de Hamás y de si cuentan con el apoyo genuino de los gazatíes palestinos son puntos discutibles. El camino hacia una posible estatalidad palestina, objetivo tácito de los Acuerdos de Oslo (1993-1995) en la búsqueda de una solución de dos Estados, fue una gran oportunidad para demostrar la capacidad de practicar un comportamiento civil. A los dirigentes políticos palestinos se les presentaron mecanismos democráticos de autogobierno localizado. Esta iba a ser una oportunidad importante para poner a prueba su capacidad de vivir en democracia y en coexistencia pacífica con el vecino Israel.

En 2007, se libró una guerra civil de cinco días llamada la Batalla de Gaza entre las dos principales fuerzas políticas palestinas. Por un lado, estaba Al Fatah, partido socialdemócrata moderado (antiguo Movimiento Palestino de Liberación Nacional, facción de la OLP), y por otro Hamás. Los Acuerdos de Oslo establecieron dos zonas autónomas palestinas: Gaza y Cisjordania. Tras la lucha por el poder, Hamás monopolizó el control en Gaza, y Al Fatah abandonó la coalición gobernante en la franja y se marchó a Cisjordania, donde tendría jurisdicción sobre ciudades como Belén, Hebrón y Jericó (entre otras). El primero no reconoce al Estado de Israel. El segundo sí. Además, Hamás y, por consiguiente, el cuasi-Estado de Gaza, no solamente no reconocen la legitimidad israelí, sino que están categóricamente comprometidos con su destrucción. En otras palabras, el régimen de Hamás lleva en guerra contra Israel desde 2006.

Los derechos sociales y la cleptocracia cubana

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Los derechos sociales forman parte de la familia de derechos humanos de segunda generación. Son adquiridos, no inherentes ni preeminentes. Los derechos civiles y políticos constituyen el grupo de primera generación y están más en consonancia con el derecho natural, sobre todo cuando se tienen en cuenta las nociones de gobierno consensuado.  Los regímenes no democráticos han pontificado sistemáticamente sobre los derechos sociales como base de su legitimidad. Tales afirmaciones, por supuesto, dependen de unos resultados socioeconómicos impresionantes. ¿Qué ocurre cuando la opresión y la escasez de libertades no pueden excusarse con supuestos “avances” sociales? El VI Informe 2023 del Estado de los Derechos Sociales en Cuba (Informe), emitido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), aporta datos importantes a la cuestión de estos derechos. Esto es fundamental si se tiene en cuenta que las dictaduras los han utilizado durante mucho tiempo para impulsar prerrogativas de legitimación. El régimen cubano ha usado metódicamente este discurso.

La investigación para el estudio se llevó a cabo en 75 municipios de todas las provincias de Cuba y consistió en 1.354 entrevistas personales. La información confirmada en el trabajo del OCDH cita un deterioro de las condiciones básicas en todas las áreas que inciden en la vida en Cuba. Las cosas han ido de mal en peor. El Informe nos deja entender que aquellos a los que les va mejor disfrutan de una mayor influencia sobre el régimen, a juzgar por sus ingresos. Las remesas, una forma de subvenciones externas procedentes de familiares fuera del país, también son un factor determinante. Así, el éxodo de la juventud cubana es la industria de mayor crecimiento de la isla.

¿Tiene Estados Unidos presos políticos?

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Existe un consenso, en su mayor parte, sobre lo que constituye un preso político. Sin embargo, las inclinaciones ideológicas a menudo se interponen en el camino de una categorización adecuada. Los movimientos o regímenes que suscriben religiones políticas no democráticas, como el comunismo, el nazismo, el fascismo o el islamismo, faltan a la verdad cuando se trata de este punto. Las ideologías radicales mencionadas, cuando están en el poder, operan sin el imperio de la ley ni las libertades civiles básicas. Por lo tanto, se quedan mudas en esta cuestión. Pero, ¿qué ocurre con los presos políticos en una democracia? ¿Pueden existir o existen, por ejemplo, en los Estados Unidos de hoy?

Las recientes y largas penas de prisión impuestas a los líderes de los Proud Boys y los Oath Keepers, que, según el Departamento de Justicia (DOJ) de Biden, estaban en la cúspide jerárquica de la irrupción ilegal del 6 de enero (J6) en el Capitolio, tienen a mucha gente planteándose la misma pregunta. "Conspiración sediciosa" fue la acusación a la que se enfrentaron. Se trata de una acusación criminal sustentada en la premisa de que hubo un complot premeditado para derrocar violentamente al gobierno de Estados Unidos. Este código está solamente un escalón por debajo del de "traición", que puede conllevar la pena de muerte. Henry "Enrique" Tarrio Jr., mulato (o negro) cubano americano, expresidente de los Proud Boys y exlíder de Latinos for Trump, fue condenado a 22 años de cárcel. De los otros miembros de los Proud Boys, Ethan Nordean fue condenado a 18 años, Joseph Biggs a 17 años, Zachary Rehl recibió 15 años, y 10 años se le dieron a Dominic Pezzola. El fundador de Oath Keepers, Elmer Stewart Rhodes III, fue condenado a 18 años de cárcel.  ¿Estaba esto justificado? El contexto histórico ayudará a responder a esta pregunta. 

Quiénes son los Proud Boys

El Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de extrema izquierda ha designado a los Proud Boys como un grupo de "odio". Teniendo en cuenta los vínculos del SPLC con Antifa, un movimiento anarco-marxista, su habitual prejuicio contra los movimientos conservadores en general les descalifica para etiquetar a nadie, a pesar de la popularidad de la que gozan entre la izquierda. Moms for Liberty, una organización conservadora de base sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los padres y se opone a los planes de estudio marxistas, por ejemplo, también ha estado en la lista negra del SPLC.