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[Lee el artículo completo]- Julio M. Shiling
Estados Unidos tiene un gran problema. Su versión de la democracia está siendo deconstruida. La libertad de expresión, un prerrequisito del gobierno democrático, está siendo restringida. Se está interfiriendo en unas elecciones honestas y competitivas. Esto se está logrando mediante la utilización de los poderes policiales del Estado, que incluyen su sistema legal. La ley está siendo maliciosamente reconfigurada, perversamente interpretada y conspirativamente aplicada para lograr los fines antes mencionados. La cuarta acusación de Donald Trump es parte de ese fin.
La izquierda y los que odian a Trump desde la derecha pueden propagar a los demás que esto solamente se ocupa del 45º presidente y sus aliados por sus actos “ilícitos”. A juzgar por la evidencia empírica y las referencias históricas, este no es el caso. La tercera acusación de Trump se centró directamente en redefinir la libertad de expresión según filtros ideológicos de aceptabilidad, obstruir el camino político de un candidato en unas elecciones presidenciales y ejercer, de facto, la persecución política. Los patrones exactos del pasado, nos dicen con certeza que esta guerra contra Trump se está librando como parte de un objetivo más amplio.
El objetivo general es la deconstrucción del sistema sociopolítico estadounidense, que en consecuencia también revisaría su modelo económico. El camino específico requiere la domesticación de la oposición, el establecimiento de normas de autocensura y el control de los resultados electorales. Esto es algo que las dictaduras practican bien. Hay que tener muy en cuenta que todos los regímenes tiránicos violan los derechos naturales y humanos utilizando sus sistemas legales. En otras palabras, Cuba, Venezuela, Rusia y China envían a la gente a la cárcel empleando sus leyes y tribunales. Además, también permiten la presencia de abogados defensores para asegurar una imagen óptica adecuada del “debido proceso”.
La cuarta acusación formulada contra Trump y otras 18 personas el 14 de agosto por un gran jurado de Georgia, que consta de 41 cargos, alega que el expresidente, sus abogados, personal y asociados intentaron solicitar votos para revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. Los fundamentos jurídicos encontrados en la acusación de 98 páginas se basan en un conjunto inventado de supuestos clarividentes inclinados, una novedosa teoría jurídica posmoderna (en concreto, la Teoría Crítica de la Justicia) y el abandono de las normas de casos precedentes establecidos. El impacto directo en el sistema político estadounidense de esta burla de la ley es su naturaleza insidiosa. Se trata de un ataque frontal al ejercicio de la libertad de expresión protegida y de un intento manifiesto de interferir en unas elecciones; ambos factores fueron afectos a la tercera acusación.
Este nuevo intento de poner a Trump entre rejas, maniobra su camino en el tejido de cómo los partidos han operado tradicionalmente dentro del peculiar formato de colegio electoral de Estados Unidos. La acción de ejercer influencia para influir favorablemente en los resultados electorales, especialmente en contiendas políticas reñidas, es un hecho habitual en la historia política estadounidense. Es legal, constitucional y moral. De hecho, ninguna elección reñida ha dejado de ser testigo del posterior escrutinio de la maquinaria del candidato perdedor y del partido, en busca de votos que puedan haberse omitido o contabilizado erróneamente. Esta es la naturaleza de las elecciones competitivas.
Nadie ha profundizado más en esta práctica que el Partido Demócrata. Así ha ocurrido en todas y cada una de las reñidas elecciones celebradas en EE. UU. La contienda presidencial de 2000 es un ejemplo. Los abogados y activistas demócratas se agitaron por toda Florida, intentando persuadir a los funcionarios y tribunales del estado de que vieran lo que ellos estaban percibiendo. Alan Dershowitz, jurista y abogado que representó a Al Gore y al Partido Demócrata en los disputados resultados de Florida de ese año, admitió no haber hecho nada diferente de lo que Trump, su personal y su equipo legal hicieron en Georgia en 2020. El profesor de derecho y autor de Harvard, que sigue creyendo que Gore ganó en 2000, carga contra la acusación de Trump y se pregunta por qué él y otros no fueron acusados o inhabilitados por una acción similar en 2000.
Es importante señalar que el doble rasero del sistema jurídico estadounidense de dos niveles que funciona en la actualidad refleja, como se ha señalado anteriormente, un componente de un proyecto más ambicioso. El colegio electoral ha sido durante mucho tiempo un objetivo de la izquierda y de los internacionalistas. Con su eliminación y la transición a un voto nacional puramente mayoritario, seis ciudades costeras podrían determinar el resultado de una elección presidencial. La cuarta acusación de Trump servirá de forraje para el desmantelamiento del colegio electoral.
El Artículo II, Sección 1, Cláusula 2 de la Constitución de EE. UU. dice: “Cada Estado designará, en la Forma que la Legislatura del mismo disponga, un Número de Electores igual al Número total de Senadores y Representantes a que el Estado tenga derecho en el Congreso”. El peso pesado intelectual más responsable de la brillantez del colegio electoral fue Alexander Hamilton. Este Padre Fundador, secretario del Tesoro y ayudante personal de George Washington en la Guerra de la Independencia fue también uno de los arquitectos del modelo democrático estadounidense. Este componente sui generis del sistema político estadounidense fue diseñado para evitar los escollos del gobierno consensual. Si la Alemania de los años treinta, por ejemplo, hubiera tenido un sistema en el que un grupo similar de estadistas pudiera intervenir y frenar la estupidez popular, Hitler quizá no habría sido elegido.
La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, hija de un miembro de las Panteras Negras, fue educada con toda probabilidad para odiar la República estadounidense. Las Panteras Negras, una organización terrorista interna comunista, libraron una guerra para derrocar al gobierno de Estados Unidos. La juez Willis sigue los pasos de su padre e intenta cumplir sus sueños. Esto podría ayudar a explicar la naturaleza antiamericana de sus acciones. Si Trump no fuera el principal contendiente, los demócratas apuntarían a quienquiera que fuera. ¿A qué esperan los fiscales de distrito y los fiscales generales republicanos en enclaves republicanos para acudir a los “grandes jurados” con pruebas de la mala conducta de los políticos demócratas y sus compinches, presentar acusaciones y empezar a procesar? El fuego debe combatirse con fuego.
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🖋️Autor Julio M. Shiling
Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”) y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Sigue a Julio en:
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- Patria de Martí
Amañar unas elecciones es una forma de robo, y hay muchas maneras de conseguirlo
La última acusación contra el expresidente Donald J. Trump, la tercera, no solamente consolida el hecho de que Estados Unidos tiene ahora un sistema judicial de dos niveles. Sus arquitectos, la administración Biden, que cada día que pasa nos recuerda que es un régimen más que un gobierno, están centrando su guerra contra la república estadounidense en el ámbito de la libertad de expresión y las elecciones justas. La búsqueda de un modelo autoritario blando, pseudodemocrático y de partido único es inequívoca.
A través del consejero especial Jack Smith, el fiscal seleccionado por Biden para el Departamento de Justicia (DOJ), un gran jurado federal de Washington, D.C. (la sede legal más izquierdista de Estados Unidos) acusó a Trump de cuatro cargos criminales relacionados con las elecciones presidenciales de 2020 el martes 1 de agosto. Estos son: (1) conspiración para defraudar a Estados Unidos; (2) conspiración para obstruir un procedimiento oficial; (3) obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial; y (4) conspiración contra los derechos civiles de los estadounidenses. Todos ellos están relacionados con los desafíos de Trump a las elecciones presidenciales de 2020. Estas acusaciones son tan peligrosas para los principios subyacentes de una sociedad libre como absurdas en lo que respecta a la teoría jurídica.
La base de los supuestos actos de “fraude”, según los acusadores, es que cuando Trump dijo que las elecciones habían sido robadas, sabía que no lo habían sido. En otras palabras, el Departamento de Justicia de Biden afirma que el expresidente hacía declaraciones que sabía que eran falsas. “Estas afirmaciones eran falsas, y el acusado sabía que eran falsas”, reza parte del documento, pero “las repitió y difundió ampliamente de todos modos”. Además, la acusación afirma, entre otras cosas, que Trump “difundió mentiras de que había habido fraude determinante en las elecciones y que en realidad había ganado.”
Leer más…Acusación contra Trump III: ¿libertad de expresión y elecciones justas?- Julio M. Shiling
"El Levantamiento Popular del 11 de Julio (11J) de 2021 marcó un antes y un después para la dictadura comunista en Cuba"
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Hannah Arendt sostenía que el modo totalitario de ejercer el poder estaba estructurado para reducir a los seres humanos a objetos. Esto no era solamente un efecto del modelo operativo no democrático. Era una necesidad metódica para maximizar el control y restringir la acción política contra él. En Los orígenes del totalitarismo (1951), Arendt equiparó la espontaneidad con la libertad. Una vez que un régimen consigue aplastar la actividad popular espontánea, los seres humanos, al convertirse en entidades atomizadas, se deshumanizan y sirven al poder político como herramientas. Desde un punto de vista práctico, una vez que la acción política recupera la capacidad de actuar espontáneamente en público, el régimen totalitario está en apuros.
El Levantamiento Popular del 11 de Julio (11J) de 2021 marcó un antes y un después para la dictadura comunista en Cuba. Es cierto que la oposición al comunismo cubano ha sido un fenómeno continuo. Desde 1959 hasta hoy, los cubanos han trazado incesantemente caminos de liberación, tanto por medios violentos como no violentos. Miles han muerto y cientos de miles han cumplido penas de prisión luchando por la libertad de Cuba. Sin embargo, el régimen castrista nunca se había enfrentado a manifestaciones populares masivas, de un punto a otro del archipiélago cubano, como aquel accidentado domingo de pleno verano de 2021.
Al castrocomunismo le pilló completamente desprevenido. Más de setenta y dos localidades de Cuba fueron testigos de reclamos populares por el fin del socialismo y la tiranía. El motor dialéctico marxista de la historia se había desviado repentinamente del guion leninista. Esto reveló dos hechos importantes. Uno, el pueblo cubano, a pesar de haber sufrido más de seis décadas de inculcación de la contracultura comunista, pedía decididamente un cambio sistémico profundamente arraigado. En otras palabras, no más comunismo dirigido por un clan oligárquico. Esto significaba que la propaganda marxista e impía no era rival para las verdades universales y los principios que suscriben un orden trascendental. El pueblo cubano estaba ejerciendo sus derechos naturales y apelando a la moral preeminente de la ley natural.
Leer más…El poder de lo imponderable- Patria de Martí
“Nadie está por encima de la ley” es una frase que alguna vez tuvo profundidad en los EE. UU. Se ha convertido en un cliché poco convincente
Pocos de los que creen en una sociedad libre pueden cuestionar la noción de que el imperio de la ley y la uniformidad en su aplicación son elementos sistémicos básicos de una democracia. “Nadie está por encima de la ley” es una frase que alguna vez tuvo profundidad en los EE. UU. Se ha convertido en un cliché poco convincente. Hay un adagio que está cobrando fuerza entre los observadores de la democracia estadounidense. “Nadie debería estar tampoco por debajo de la ley”. Este añadido a la afirmación popular refleja el clima legal que se vive hoy en Estados Unidos. La reciente imputación del expresidente Donald J. Trump por 37 cargos ejemplifica la crisis de la jurisprudencia estadounidense. Este hecho supone una amenaza global para el modelo republicano de gobierno.
La percepción de que actualmente existe un sistema judicial de dos niveles en Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en algo evidente. El terreno jurídico es ahora un frente de guerra. Los enclaves ideológicos del izquierdismo estadounidense ofrecen a los activistas de extrema izquierda el forraje humano adecuado para conseguir validaciones de procesamiento a través de esquemas de gran jurado que no obtendrían en la mayoría de las demás localidades judiciales del país. Son la versión estadounidense de los “tribunales revolucionarios”. Los distritos judiciales de lugares como Washington, D.C., Nueva York y San Francisco, por ejemplo, están siendo explotados para socavar el principio de un juicio justo y la tradición del common law (ley común), que se basa en el precedente.
Los cargos contra Trump contienen 31 acusaciones de supuesta retención intencionada de información de defensa nacional. Los demás son cargos únicos por supuesta conspiración para obstruir la justicia, ocultar documentos, ocultar y conspirar para ocultar documentos, ocultar un documento en una investigación federal y hacer declaraciones falsas. La premisa subyacente de la acción del Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Biden contra Trump, tiene que ver con el manejo de los registros presidenciales, a quién pertenecen y si hubo intención maliciosa por parte del expresidente, que resulta ser el principal líder de la oposición y candidato presidencial para 2024.
Desde 1978, la Ley de Archivos Presidenciales ha servido de guía para delimitar lo que es propiedad del Gobierno estadounidense y lo que son archivos personales de un expresidente. Se trata de memorandos, cartas, notas, correos electrónicos y otras comunicaciones escritas durante el mandato de un presidente como jefe del ejecutivo y el de su personal. La ley trata de establecer normas y es aplicada por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA).
Leer más…Diseccionando la acusación de los documentos de Trump- El nexo de espionaje Cuba-China: ¿nuevo o viejo?
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