Una periodista de The Miami Herald que apoya la política de Obama para ayudar a mejorar las vidas de los cubanos comunes cree que el arreglo de la empresa estadounidense para administrar hoteles cubanos en poder de los militares no pasa esa prueba.

Impunidad "MADE IN CUBA": Patente Castro Comunista, registrada en los EEEU por OBAMA y bendecida en el VATICANO por el PAPA FRANCISCO.

"SPECIAL PRICES": Para criminales, narcotraficantes, estafadores y prófugos de la justicia.

"WHOLESALES PRICES": Para carteles de drogas y/o tráfico humano, guerrillas y bandas de terroristas, preferiblemente Comunistas, o Extremistas de otras ideologías, que demuestren odio a los Estados Unidos y otras naciones amantes de la paz y la democracia.

"NOTE": Producto fabricado especialmente para el consumo individual y/o colectivo de todo TONTO ÚTIL y/o CIEGO POLÍTICO

"WARRANTY": Avalada por más de 57 Años de experiencia de ejercicio de crímenes de lesa humanidad, tráfico de droga, y humano, exportación de guerrillas y por la violación de los derechos humanos, arrestos y tortura de disidentes u opositores, desapariciones, muerte por enfermedad, suicidios de diversos tipos, y otras masacres cometidas, en tierra, mar o aire por sus creadores: Los "distinguidos" y hoy "ilustres" Hermanos Castro, personajes condecorados con Títulos Honoris Causa y otros premios como el Confucio de la Paz, el "Nobel Chino" y Propuestas para El Nobel de La Paz.

Marta Lucía Ramírez, ex-ministra de defensa de Colombia no quiere ni el modelo de Democracia Cubana de Raúl Castro(Garante del Proceso de Paz para Colombia) y mucho menos los valores democráticos de Nicolás Maduro(Acompañante del Proceso de Paz) para Colombia.
Marta Lucía Ramírez, ex-ministra de defensa de Colombia declaró  en referencia al planteamiento de Raúl Castro, presidente de Cuba y Garante del proceso de Paz para Colombia..."Aquí hay que garantizar la democracia": "De que tipo de democracia estamos hablando, es acaso el MODELO DE DEMOCRACIA CUBANA, el que nos quieren plantear para Colombia ESO NO ES DEMOCRACIA, NO CREO EN ESA DEMOCRACIA. Y por supuesto la presencia de Nicolás Maduro lo que hace es que arroja todavía mas sombra sobre este proceso porque es que Nicolás Maduro NO REPRESENTA NI LA LIBERTAD, NI LOS DERECHOS, NI LAS GARANTÍAS, NI EL RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD NI MUCHO MENOS LOS VALORES DEMOCRÁTICOS EN LOS QUE NOSOTROS CREEMOS, ESOS QUE QUEREMOS PARA COLOMBIA Y PARA VENEZUELA, a mí sí me parece muy desafortunado ese ACOMPAÑAMIENTO...Y esta nueva amistad del presidente Santos y de su canciller con Nicolás Maduro no puede significar que terminemos pisoteando esa historia de Colombia que es de defensa a la verdadera democracia.
Declaraciones de Marta Lucía Ramírez, ex-ministra de defensa de Colombia en referencia al acuerdo sobre el fin del conflicto que se firmó en La Habana como parte del Proceso de Paz para Colombia en el programa "La Tarde" de NTN24 del 23 de junio, 2016

Colombia es en estos momentos el escenario de un intento de toma del poder comunista por una vía sui generis bastante insólita. El llamado “proceso de paz”, una negociación secreta en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los jefes de la guerrilla Farc, es el medio que ese movimiento armado ilegal ha encontrado para imponer su hegemonía a corto plazo sobre la sociedad y el Estado colombianos.

En los cuatro años que han durado esas “conversaciones”, las Farc lograron convencer al presidente colombiano de ceder en toda la línea ante sus pretensiones. Santos ha aceptado negociar los puntos de equilibrio institucional y social de Colombia. Así, ese “proceso de paz” se ha convertido para los colombianos en una pesadilla: las instituciones democráticas del país, su economía social-liberal, sus libertades, serán readaptadas y reestructuradas según la visión marxista y “bolivariana” (léase castrista) de las Farc, las cuales esperan transformar el país en una nueva “república popular”.

Sin embargo, Santos ha logrado convencer a ciertos jefes de Estado de Europa y Estados Unidos, y a la prensa internacional, de que tales concesiones aportarán paz y progreso. La oposición replica, con razón, que tales concesiones a un movimiento totalitario como las Farc, las cuales siguen defendiendo su programa de toma del poder, significan el fin del sistema democrático y generará una nueva ola de violencia a largo plazo en Colombia. Sordo a tales argumentos, Santos insiste en que la paz está por encima de todos los demás valores, como la justicia, la libertad, la verdad, y que oponerse a las concesiones exigidas por las Farc es ser “partidario de la guerra”. “La nuestra es una paz basada en estándares de justicia, que garantice preservar valores democráticos, que sea estable y duradera, muy diferente a esa paz basada en la impunidad”, replica Oscar Iván Zuluaga, dirigente del principal partido de oposición a Santos, el Centro Democrático.

Las FARC fueron creadas por el Partido Comunista en los años 50

Las Farc, un aparato político-militar creado por el Partido comunista colombiano en los años 1950 bajo el control directo de la URSS, intentaron tomar desde entonces el poder mediante la lucha armada rural, sin conseguirlo jamás. Simultáneamente, ese movimiento, utilizando su aparato legal, el PCC, intentó formar coaliciones de tipo Frente Popular con sectores liberales y conservadores “de avanzada” para tratar de llegar al gobierno por la vía electoral. Nunca lo logró. A pesar del fuerte apoyo financiero que recibía de la URSS, el PCC nunca dejó de ser una minoría bien organizada pero aislada y sectaria, muy mal vista por la ciudadanía. Tras el derrumbe de la URSS, el PCC estuvo a punto de desaparecer por la deserción de miles de sus miembros y las Farc decidieron financiarse definitivamente con el tráfico de droga y los secuestros. Hoy son uno de los carteles de droga más poderosos del continente americano. Al final de esos decenios, la guerra de agresión desatada por las Farc causó no menos de 260 000 muertos, 45 000 desaparecidos y 6,8 millones de personas desplazadas. Empero, las Farc no lograron salir de su estancamiento político y militar.

La llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, en 1999, llevó a las Farc a repensar su estrategia. Buscaron una vía nueva, más insidiosa y rápida, para triunfar en Colombia. La idea fue utilizar un simulacro de “negociación política” con el poder central prometiéndole un pacto para lograr el “fin del conflicto”. Las transformaciones institucionales que le exigieron a Santos estaban calculadas para abrir, de hecho, avenidas al avance ideológico y político de las Farc y de sus aparatos de sostén legal. Así esperan llegar a una “Colombia nueva” donde reinaría la “justicia social”.

Esa táctica “dialoguista” les había dado buenos resultados en el pasado, cuando el gobierno del conservador Andrés Pastrana aceptó negociar con las Farc durante tres años (noviembre de 1998 a febrero de 2002). En ese periodo, las Farc obtuvieron el control de una zona desmilitarizada de 42 mil km², tan grande como la Suiza. En las negociaciones, las Farc perseguían el cambio “de estructuras”. Muchas concesiones gravísimas les fueron hechas por Pastrana pero el proceso fracasó ante la intransigencia de las Farc y las violencias que éstas seguían cometiendo en el resto del país.

La táctica de la “negociación de paz” también había sido experimentada años atrás, con éxito, durante el gobierno del conservador “progresista” Belisario Betancur (1982-1986). Durante esas conversaciones las guerrillas se reforzaron y todo ello culminó con un intento de golpe de Estado por parte de una guerrilla castrista urbano-rural, el M-19, que comenzó con el sangriento asalto al palacio de justicia de Bogotá y con la toma como rehenes de más de 250 magistrados y empleados. El plan terrorista, que había sido financiado por Pablo escobar, el jefe del Cartel de Medellín, fue derrotado por el Ejército. Durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994), el M-19 fue amnistiado y sus crímenes quedaron impunes. El partido que formaron los ex terroristas trató de hegemonizar la extrema izquierda, con resultados desiguales. En cuanto a los líderes de los partidos “burgueses”, el Liberal y el Conservador, nunca sacaron las lecciones correctas de esos “procesos de paz” y la idea de retomar las “negociaciones en medio del conflicto”, siguió siendo la brújula de orientación de los presidentes de turno.

La única excepción a esa política fueron los dos gobiernos del liberal Álvaro Uribe (2002-2010) quien exigió a las guerrillas y a los paramilitares de extrema derecha (AUC), cesar sus actividades armadas para poder participar en negociaciones de paz. Las Farc rechazaron la propuesta y el Ejército y la Policía lograron sacarlas de inmensas regiones y arrinconarlas en las selvas. Varios de sus principales jefes perecieron o fueron encarcelados, y los demás tuvieron que refugiarse en Venezuela y Ecuador. Los paramilitares, en cambio, aceptaron las condiciones y tras cuatro años de arreglos, 35 213 de ellos habían sido desmovilizados. Otros 960 fueron detenidos en ese periodo.

El 13 de mayo de 2008, los 14 jefes mayores de las AUC fueron deportados hacia Estados Unidos por orden del gobierno de Uribe, por haber violado los compromisos que habían aceptado en julio de 2003. El Ejército, por su parte, había liberado, en una operación de gran audacia, en el Guaviare, los 15 rehenes “políticos” de las Farc, incluida Ingrid Betancourt, el 2 de julio de 2008. Sin tales rehenes, las presiones de las FARC para obligar a Uribe a buscar una “solución política” se fueron al traste. En diciembre de 2006, la cifra de comunistas que habían desertado de las Farc y de dos otras bandas armadas, el Eln y el Erg, llegó a los 7 738 guerrilleros.

El abandono del exitoso modelo antisubversivo uribista operado por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2010, y la negociación que éste abrió enseguida, le permitió a las Farc salir de su crisis y reconquistar el terreno perdido. Doblaron sus cultivos de droga y sus exportaciones de cocaína. Sus ataques y emboscadas aumentaron, así como su reclutamiento de niños, sus secuestros y otras atrocidades. Sin embargo, el logro mayor de éstas se centró en la esfera política: en lo que han conseguido en las negociaciones en Cuba. Hoy el presidente Santos está exigiendo a la ciudadanía que apruebe, en un plebiscito irregular (pues el contenido exacto de los acuerdos no ha sido dado a conocer), lo siguiente:

1. En el periodo del “post-conflicto”, ninguno de los jefes de las Farc pagará cárcel por sus delitos, ni siquiera por sus crímenes de guerra y de lesa humanidad. Si se firma la paz, ellos “pagarán” sus crímenes haciendo un “trabajo social” en regiones rurales: reparando, por ejemplo, en toda libertad, un corral de puercos, ayudando a los campesinos a sembrar maíz, etc.

2. Las Farc no entregarán sus armas: dicen que las “dejarán” pero rehúsan que haya testigos de esa operación. Van a ocultarlas para reutilizarlas en caso de que el proceso les sea desfavorable.

3. Los jefes y miembros de las Farc podrán hacer política: podrán elegir y hacerse elegir a cargos públicos (alcaldes, gobernadores, presidente de la República). Podrán ser elegidos al Congreso (Senado y Cámara de Representantes), y crear o hacer parte de formaciones políticas legales.

4. Las Farc no repararán a sus víctimas. Dicen que no tienen dinero, que esas reparaciones materiales serán pagadas por el Tesoro nacional. Santos asegura que las Farc no tienen dinero. Empero, fuentes oficiales colombianas y la revista británica The Economist afirman que las Farc tienen un tesoro de guerra de 33 billones de dólares proveniente de minería ilegal, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas. Agregan que la mayor parte de ese dinero está escondido en países como Venezuela, Costa Rica, Ecuador y Panamá (https://www.colombia.com/actualidad/especiales/dialogos-de-paz/noticias/sdi282/135169/the-economist-informa-que-las-farc-tienen-33-billones-de-dolares).

5. Se deberá aceptar que el narcotráfico sea visto como un “delito conexo con el delito político”, por lo tanto el narcotráfico que practican las Farc no será sancionado con cárcel y esos delincuentes no podrán ser extraditados. El narcotráfico financió miles de asesinatos, emboscadas y masacres en Colombia.

6. Los miembros de las Farc se comprometen a luchar contra el tráfico de drogas, durante el “post conflicto”, pero no se comprometen a entregar sus bienes ni sus tierras compradas o usurpadas a los campesinos, ni a entregar sus laboratorios, ni sus dineros proveniente del narcotráfico.

7. Todo criminal de las Farc podrá escapar a la justicia: solo basta que utilice el mecanismo de reconocer que es responsable de los delitos que le reprochan.

8. El presupuesto de la fuerza pública (Fuerzas Militares y Policía nacional) será reducido y la doctrina militar será modificada. Los militares serán sometidos a la “justicia transicional” con jueces que serán nombrados por las Farc. Los oficiales tendrán que admitir delitos que no han cometido para ser juzgados por la “justicia transicional”. Los militares quedarán así equiparados a los terroristas que agreden la sociedad y el Estado.

9. Las Farc una vez firmen la paz recibirán locales y equipos técnicos para montar un canal de televisión, una radio-emisora y un diario en papel para difundir su propaganda a nivel nacional.

10. Las Farc recibirán territorios enormes del país para que los manejen a su antojo. Esas zonas coinciden con los lugares con mayor producción de coca y donde esa organización ha impuesto su imperio de muerte y daño a los campesinos. Serán más de 30 las llamadas “zonas de ubicación” que han pactado en Cuba. Serán zonas desmilitarizadas. No habrá ni policías ni soldados de la República. Los guerrilleros tendrán en esas zonas el estatuto de “gendarmes”.

11. Las Farc, a través de “comités populares”, podrán “regular la producción de información” en Colombia. Las Farc pretenden ejercer un “control social y popular sobre los medios de comunicación”. No quieren que haya prensa libre y periodistas independientes. Quieren imponer una “nueva política de información y comunicación”.

12. Las Farc, en el post conflicto, organizarán, con apoyo del Estado, formas de “control obrero” en cada empresa, en cada oficina, en cada finca, del país. Unos misteriosos “comités de base” cogobernarán el destino de la agricultura, de la industria y del comercio colombiano.

Militares y policías han sido incinerados vivos por las FARC

La población ve con horror el carácter totalitario que toman las negociaciones en La Habana. Pero lo que más alarma a la gente es la actitud empecinada del gobierno de Santos que acepta, sin hacer objeciones, tales medidas que abolirán el sistema liberal y pluralista colombiano. Los sondeos de opinión muestran, de forma reiterada, que un 78% de la población rechaza los resultados de la negociación. El 2 de abril de 2016, inmensas manifestaciones de protesta contra las Farc y contra sus pretensiones, fueron realizadas en 25 ciudades de Colombia. Sin embargo, Santos persiste en su línea de capitulación como si las mayorías colombianas lo respaldaran.

Peor, Santos intenta introducir los puntos concedidos a las Farc en el bloque de constitucionalidad colombiano sin una real discusión en el Parlamento ni que éstos hayan recibido la aprobación o el rechazo de los colombianos. Exige, además, que esos cambios extremos adquieran un carácter “intangible”, es decir que ningún gobierno ulterior podrá anularlos o modificarlos. Tal es el epicentro del “acto legislativo por la paz”. Santos le pidió al Congreso, y éste obedeció, la atribución de poderes especiales para que él pueda dirigir por decreto la fase final del proceso de paz. Para la oposición, el despojo de las facultades constituyentes del Parlamento equivale a una derogación ilegal de la Constitución, a una especie de golpe de Estado que abre las puertas a una narco-dictadura.

La respuesta del senador Álvaro Uribe y del Centro Democrático, fue crear un movimiento nacional de Resistencia Civil contra el curso aberrante que está tomando el llamado “proceso de paz”. En caso de plebiscito, el CD llamará a votar NO. La respuesta de Santos a eso fue anunciar, haciendo de mensajero de las Farc, que si el pueblo rechazaba los “acuerdos”, las Farc lanzarán a una nueva guerra contra el país y que esta vez llevarán sus ataques hasta el corazón de las ciudades. Santos presentó la amenaza de las Farc no como un desafío inaceptable a Colombia sino como una reacción legitima de las Farc al rechazo de los colombianos. Santos no reaccionó diciendo que ese chantaje es inadmisible y que las Fuerzas Armadas defenderán al país. Para él, si se le cree al tono que empleó, la única alternativa de los colombianos es plegarse a las exigencias de las Farc. Al momento de redactar este artículo, la estupefacción y la repulsa popular ante el chantaje lanzado por las Farc, vehiculizado por el jefe de Estado mismo, no habían bajado en intensidad.

Fuente periodismosinfronteras.org