Melpomene y Thalia:

El fascista es un liberal asustado.

Lenin.

  

El mundo occidental y cristiano inmerso entre la comedia y la tragedia, o sea la triste colaboración de Melpomene y Thalia. En la misma medida que la izquierda apoderada de la ética, mediante el llanto por los pobres y las desigualdades supuestamente creadas por el capitalismo, para lograr la risa de la riqueza mediante el poder, el vocabulario político plagado de juicios de valor a priori, deja mucho de desear. El Diccionario de la Real Academia Española, que limpia, fija y da esplendor al idioma, así define la Democracia: “Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno; Predominio del pueblo en el gobierno político del Estado”. Al respecto The American Heritage Dictionary dice: “Democracia, gobierno por el pueblo ejercido directa o a través de representantes electos… Una condición social de igualdad y respeto por el individuo dentro de la comunidad”.

   Me voy a permitir sostener que en el orden de la política, las anteriores definiciones nos dejan tan ignorantes como antes de haberlas leído. En primer lugar déjenme recordar que en La Política de Aristóteles encontramos algunos juicios que valen la pena rescatar a fin de comprender la realidad que está viviendo el mundo occidental. Y dicho sea de paso en tanto que no lo comprendamos, estamos más lejos de comprender la evolución del mundo oriental. Dice Aristóteles: “Los principios democráticos conducen directamente a la injusticia; porque la mayoría, soberana a causa del número, se repartirá bien pronto los bienes de los ricos”. ¡Que! ¿Los pobres, porque están en mayoría, podrán repartirse los bienes de los ricos; y esto no será una injusticia, porque el soberano de derecho propio haya decidido que no lo es? ¡Horrible iniquidad! ¿Que otra cosa significa el elevar el gasto público y consiguientemente los gravámenes a los ingresos a más del 50% del PIB?

   Evidentemente Aristóteles antes de conocerlo, había descalificado éticamente al socialismo en nombre de la demagogia. Por ello insisto que socialismo fue la denominación dada por el Iluminismo, que considero el oscurantismo de la razón, a la demagogia. Y evidentemente como antes dijimos cuando el gasto público alcanza al 50% del PIB supuestamente los pobres se están repartiendo los bienes de los ricos, pero en la realidad son los supuestos representantes del pueblo los que se quedan con el dinero que reparten.

   Por ello vallamos a otra definición política. ¿Qué es el pueblo? El pueblo es supuestamente una entelequia, en la realidad es un universal. Y recordemos igualmente que cuando los universales son reales, sus componentes no tienen entidad. Fue por ello que David Hume determinó que el problema no eran las mayorías, sino las asambleas que pretenden actuar en su nombre. Fue por ello que Jefferson tomó conciencia y escribió: “Un despotismo electivo no fue el gobierno por el que luchamos”.

   A partir de los anteriores conceptos creo que se hace evidente la diferencia entre la democracia mayoritaria y lo que se conoce por el Rule of Law (“imperio de la ley”), que parte del principio fundamental de que las mayorías no tienen derecho a violar los derechos de las minorías. Ignorar esta dicotomía conceptual impide reconocer la propia historia de Occidente, y confundir la Europa Continental con el mundo creado del otro lado del Canal de la Mancha, a partir de la Glorious Revolution de 1688. Fue allí donde se impusieron límites al poder del rey y se reconocieron los derechos individuales. Ese mundo atravesó el Atlántico y se aposentó en Norte América a la luz de un concepto ético fundamental en la lucha por la libertad que es el derecho del hombre a la búsqueda de su propia felicidad. (John Locke)

     Ignorar esa diferencia no nos permite siquiera comprender la entrada del fascismo en Europa, que no se olvide que no se instituyó por la fuerza sino en nombre de la mayoría. Hoy parece estar de vuelta la discusión sobre el fascismo, y al respecto me voy a permitir una cita de Stanley Payne en su obra: “What do we mean by Fascism?” (¿Qué queremos decir con Fascismo?): “Fascismo es probablemente el más vago de los términos políticos contemporáneos”. Creo que esa vaguedad se encuentra en la mayoría de los términos políticos, tales como capitalismo, liberalismo, neoliberalismo, conservadurismo, socialismo, comunismo y ya nos referimos a la democracia.

     Pero voy a insistir en el fascismo pues la izquierda lo pretende descalificar como derecha, obviando sus orígenes socialistas y confundiendo al capitalismo con el nazismo. Desde mi punto de vista el fascismo se origina a partir del ensayo de Lenín “La Nueva Economía Política” donde escribió cuando se percatara del fracaso del marxismo implementado por él: “Los capitalistas están operando entre nosotros. Están operando como ladrones, hacen ganancias, pero ellos saben cómo hacer las cosas”. Fue en función de esa noción que Mussolini pasó del socialismo al fascismo, y lo acordó con la Iglesia mediante el Concordato de Letrán. De Italia pasó a Alemania donde como señala Nolte adoptó las nociones de la cultura nacionalista alemana, y por supuesto el antisemitismo. Y al respecto escribió: “El fascismo es antimarxista, que pretende destruir al enemigo mediante el desarrollo de una radicalmente opuesta pero a la vez relacionada ideología, y mediante el uso de casi idénticos y a la vez modificados métodos”.

   No obstante el evidente fracaso del Estado de bienestar en Europa, la virtud del altruismo en la búsqueda de la igualdad sigue triunfando políticamente. Así el socialismo se ha apropiado de la ética política y todo intento de proteger la propiedad privada es considerado el fascismo. En esas circunstancias desparece la seguridad jurídica de los derechos de propiedad, que hace aparecer una suerte de fascismo, al que los americanos denominan capitalismo de amigos. La realidad es que ante la inseguridad jurídica los capitalistas no tienen otra alternativa que pactar con el gobierno, a fin de que no le nacionalicen sus propiedades.

   Ante los hechos podemos ver el fascismo democrático en Europa, social democracia mediante, y en América falazmente democrático, pues el fraude prevalece en las elecciones en muchos casos (Venezuela). La política se desarrolla entre Thalia, la comedia de la democracia socialista mayoritaria, y Melcomene, la tragedia del fascismo implícito en la ausencia de seguridad de los derechos de propiedad. Y Clio (La Historia) llora ante los ojos miopes de un mundo que envuelto en la farsa de la falacia igualitaria ignora su razón de ser y se enfrenta al riesgo de su desaparición.

The illusion of Cuban reform: Castro strikes out

The 2006 succession from Fidel Castro to his brother Raúl, programmed since the early days of the Cuban revolution, was efficient, effective, and seamless. The eighty-two-year-old Raúl, who recently announced that he will step down in 2018, is now orchestrating his own succession behind the scenes. But however the transition from the Castro era plays out, one outcome is off the table: that Raúl will emerge as a reformer to end the Communist era and inaugurate a new democratic and market-oriented Cuba.

How Cuban communism will finally meet its demise is yet to be known, but perhaps we will find parallels in the collapse of the Soviet Union. Leonid Brezhnev died in 1982 at age eighty. His successor, Yuri Andropov, took over at sixty-eight and died less than two years later. Andropov was in turn succeeded by the Konstantin Chernenko, who died a year later at the age of seventy-four. Chernenko was then succeeded by the fifty-four-year-old Mikhail Gorbachev. It took the Soviets three leadership changes to get to a new generation with prospects for reform.

Cuba’s first vice president of the Council of State, the eighty-two-year-old José Ramón Machado Ventura, was expected to be Raúl Castro’s pro forma successor. In February 2013, however, he was replaced in that post by Miguel Díaz-Canel, a factotum-like party apparatchik in his early fifties. The international media jumped on the appointment and concluded that Cuba’s Gorbachev had arrived on the scene. But while Díaz-Canel is in line to succeed Raúl in the Council of State, this is not equivalent to being number two in the regime.

General Raúl Castro leads Cuba not because he is president of the Council of State, but because he is first secretary of the Communist Party, head of the armed forces, and Fidel’s brother. Article 5 of the Cuban Constitution makes it clear that the Communist Party is “the superior leading force of the society and the State.” It is the eighty-two-year-old Machado who remains second secretary of the fifteen-member Politburo of the Communist Party—and thus, at least for now, Raúl Castro’s heir apparent. Under Cuba’s governing succession protocol, the military-dominated Politburo is the cabal that will recommend, when the time comes, the country’s next leader.

The succession plot thickens when we consider that the president of the Council of State is also the commander in chief of the Revolutionary Armed Forces. When Raúl Castro leaves office, it is difficult to envision old comandantes like Ramiro Valdés and three-star generals of the Politburo offering their allegiance and subordinating themselves to a youthful civilian bureaucrat like Díaz-Canel. Civilian control of Cuba’s armed forces is not part of Revolutionary Cuba’s genetic makeup.

When contemplating change in Cuba, one must be mindful that for the past half-century Cuba’s history and political culture has been shaped and dominated by the Castro brothers and their ideas. Raúl Castro’s inner circle is not made up of closet democrats waiting for an opportune moment to put into practice their long-suppressed Jeffersonian ideals. Their governing philosophy is inseparable from the totalitarian ideology that subordinates citizens to the state, and the state to an unelected Communist elite. The incentive for democratic reform is further hindered because this elite profits personally from a symbiotic relationship in which authoritarianism engenders a corrupt oligarchy and that oligarchy profits from the continuation of corrupt authoritarianism.

The extraordinary degree to which Communist Cuba has failed to provide for the citizens’ economic well-being is well documented by an avalanche of statistics and data that have defined the country’s stagnation and regression since the 1959 revolution. A most disturbing illustration of this economic condition is Cubans’ purchasing power compared to that of other countries. A study by the University of Miami’s Institute for Cuban and Cuban-American Studies shows, for example, that to purchase fourteen ounces of powdered milk, the average Cuban worker has to work 57.5 hours. To make the same purchase, the average worker in Costa Rica has to work only 1.7 hours. Comparable disparities hold for the other items analyzed in the study’s consumer basket.

A centerpiece of the reform program announced by Raúl Castro in 2010 is the government’s decision to fire up to 1.3 million workers—something on the order of twenty percent of the country’s workforce—from state jobs and then “allow” them to become self-employed “outside the government sector.” In the Cuban version of Orwellian doublespeak, this particular reform is called an “actualization of socialism,” and the term “private sector” is not to be uttered.

The measure assumes that the newly unemployed have the interest, training, and resources to be entrepreneurs able to make an independent living in jobs that may be far from their work experience and training. Furthermore, the reform makes no allowance or acknowledgment that these newly anointed entrepreneurs might require access to cash, credit, raw materials, equipment, technology, or other resources necessary to produce goods and services.

To fully appreciate the extent of this reform surrealism, one must understand that General Castro’s reform measure has helpfully identified the one hundred and seventy-eight jobs that the state now permits for private employment. Cubans can now request permits to become self-employed in activities such as: trade number 23, the purchase and sale of used books; number 29, attendants of public bathrooms; number 34, pruning of palm trees; number 49, wrapping buttons with fabric; number 61, shoe shinning; number 62, cleaning of spark plugs; number 110, box spring repairs (not to be confused with number 116, which is mattress repairs); number 124, umbrella repairs; number 125, refilling of disposable cigarette lighters; number 150, tarot cards fortune telling; number 158, peeling natural fruits (which is different from number 142, selling fruits in kiosks).

With significant fanfare, Granma, the Cuban government’s official newspaper, later announced that the activities permitted “outside the government sector” were being expanded to one hundred and eighty-one. The three new permissible activities are granitero (doing tile work), party planning for weddings and quinces (sweet sixteen–like parties), and selling insurance. Cuba’s vice minister of Finance and Prices (yes, there is a ministry in charge of prices) also announced that the activity of granitero would have to be approved by the work directives and by the office of the City Historian. The bureaucrats further decreed that these three activities will be taxed at markedly different fixed monthly fees as follows: graniteros at one hundred and fifty Cuban pesos, party planners at three hundred, and insurance agents at twenty. The central-planning logic of these taxation rates is left for the public to decipher.

Not surprisingly, three years after the issuance of these new rules, the process is mired in a web of internal debate and paralyzing regulation. The dismissal of state employees has been essentially halted and is now supposed to take place over five years. Kafkaesque “efficiency committees” will determine the “ideal” number of employees for each function, and then other committees will decide who is to be dismissed.

The reforms that General Castro has initiated are not driven by any philosophical awakening that recognizes that open political and economic systems produce opportunity and prosperity for the society. They have been adopted in an effort to help save the regime. These are not reforms to unleash the market’s “invisible hand” but to reaffirm the primacy of the Castros’ clenched fist. One does not have to be an economist to appreciate that the refilling of disposable cigarette lighters, for example, will not contribute in any measure to economic development. And yet, the callousness and inadequacy of the reform measures promulgated by Raúl’s diktat are somehow lost in the eagerness by some observers to believe that any change from the Castro brothers, no matter how empty and silly, is a positive sign of genuine reform.

One thing that Cuba’s central-planning arrogance does indisputably accomplish, however, is an exacerbation of racial tensions. Access to dollars is essential for self-employment. The vast majority of Cubans receiving remittances from relatives living abroad and able to become self-employed are white. Afro-Cubans, without access to remittances from family members abroad, are left behind as income inequality increases.

One lesson to be learned from the history of political transition in the former Soviet bloc countries is that the success of reforms hinges on placing individual freedoms and empowerment front and center. This is not where Cuba is headed with its “actualization of socialism,” as Raúl Castro made clear in a speech to the National Assembly in late February: “I was not selected to be president to restore capitalism to Cuba . . . I was selected to defend, maintain, and continue to perfect socialism and not to destroy it.”

In sorting out the future of Communist Cuba, China is also a helpful example. As the United States and other countries began to engage China in the 1970s, attempting to lure it into the larger community of nations, it was widely assumed that a liberalized Chinese economy would create not only prosperity but also greater political freedom. China’s experience has demonstrated the virtue of market reforms and capitalism as engines for prosperity, albeit a prosperity that is enjoyed disproportionately by Communist Party members. But the personal freedoms and the empowerment of the citizenry have not followed, discrediting the belief that any market reform necessarily creates a freer society. Some observers, sharing this mistaken belief, have applauded gestures like Raúl Castro’s “privatization” initiatives. But in reality, the dominance of a one-party regime, coupled with the absence of an independent legal system and legislature, a free press, or other open civic institutions, ensures that these economic changes will not lead to democracy in Cuba. In fact the most likely outcome of General Casto’s latest central planning will be to transfer any wealth generated from the state to the ruling military and party elite—in other words, a kleptocracy.

General Castro has led the Cuban armed forces for more than fifty years. In this period he has taken full advantage of the opportunity to appoint his military officers to positions of command in government and industry. The Cuban military elite control more than sixty percent of the economy. The breadth and depth of this control, over the country’s key sectors, is astonishing. GAESA, the holding company for the Cuban Defense Ministry, is involved in all key sectors of the economy. Enterprises with innocuous-sounding names such as TRD Caribe S. A., Gaviota, S. A., and Aerogaviota are all part of the vast economic holdings of Cuba’s army, navy, air force, and paramilitary forces—the Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). There is every reason to expect that Castro will continue to promote the monopolistic control of the economy by his armed forces, as he has since the Soviet Union collapsed in the late 1980s. Accordingly, the most likely “after Raúl” scenario will feature a strong military presence in the country’s civil and economic sphere, as exists in China, with Raúl’s loyalists adhering to the Castro regime’s ideology and methods, with perhaps some minor tinkering around the edges. The likely succession scenario in the short term will follow the lines of a more or less classical military dictatorship, but perhaps led by a triumvirate or some “first among equals” approach. It is hard to imagine a Cuban Gorbachev emerging before the country runs through the remnants of this aging generation of revolutionaries.

It is entirely possible that Raúl, or his immediate successor, will eventually introduce partial but somewhat genuine “reforms” to avoid economic collapse. In that case, the reforms will not be designed or intended to better the lot of everyday Cubans. Rather, he will opt for a variation of the Chinese, Vietnamese, or Russian model in order to prolong the dictatorship and at the same time enrich himself and his comrades by privatizing the country and morphing his revolutionary officers into revolutionary businessmen.

In the current system, where enterprises are state owned and managed, military officers enjoy the privileges of an elite ruling class. Their standard of living is higher, they live in better homes, and they have access to luxury consumer goods. But today’s benefits are minuscule when compared with the future opportunities for self-enrichment in positions of equity ownership of the enterprises under their managerial control.

A defining feature of Cuban totalitarianism has been the intrusive use of pervasive repression to atomize society. This process has eliminated political competition, destroyed economic performance, and rendered civil society weak, ineffective, and debilitated by fear. By and large, the politically demoralized—and by now apathetic—Cuban population will not view these ownership changes as particularly undesirable or nefarious. They may even view them mistakenly as a positive transition toward a market economy and prosperity. The irony will be that, believing that they are experiencing democracy and free markets when actually they are not, Cubans will come to despise a new system that serves only to enrich the governing elite. This may set the conditions for a new round of Cuban revolutionary cycles, akin to 1933 and 1959.

Cuba today is not yet post-Castro, but ideologically it is post-communism. When Raúl goes, there may be the appearance of a political “opening” in which other parties may be permitted to exist so long as they don’t challenge official party domination. In this disheartening endgame scenario, the generals oversee a hegemonic party system offering a patina of political legitimacy, and the international community acclaims the generals, or their civilian front men, as agents of change bringing a market economy to Cuba. The post-Castro regime will then present a facade of political normalcy that will enable the generals to monetize their behind-the-scenes power. It will not be important who fills the civilian poster-boy roles. After all, the Roman emperor Caligula made his favorite horse a consul—to show that even a beast could perform a senator’s duties.

World Affairs Journal

 

 

 

"El exitoso 'bluff' del régimen norcoreano":

 La partida de póker que denunciamos hace ya más de siete años, barajando el trasiego nuclear y misilístico que promueve con notable arrogancia el régimen totalitario de Norcorea, se nutre del bluff que hace caer a los amantes de la democracia en una absurda y reiterada parálisis que permite a sus enemigos consolidar posiciones de poder a las que la comunidad internacional nunca debió permitir que llegaran.

Es muy difícil concebir o entender cómo el reciente incidente del carguero norcoreano interceptado en el Canal de Panamá con material de guerra procedente de Cuba escondido bajo toneladas de sacos de azucar, pudiera ser un hecho aislado e inconsecuente, como algunos pretenden calificarlo, cuando hay evidencias accesibles a todos nostros de que esos hechos han venido ocurriendo esporádicamente desde hace por lo menos diez años. ¿Es posible que los servicios de inteligencia del mundo sepan apenas tanto como nosotros o incluso menos? ¿Tanto así como para que el incidente de Panamá provoque este ambiente de "sorpresa" que presenciamos a través de los medios de comunicación?

Las 240 toneladas de material bélico encontrado en el buque Chon Chong Wang y los pretextos y explicaciones ofrecidos por el régimen cubano, lejos de responder a las interrogantes que provoca, abre toda una serie de posibles maquinaciones. Entre otras cosas, cabe preguntarle al gobierno de Cuba cómo es que conservaba ese material que ahora califica de obsoleto, el cual se suponía que había sido eliminado de Cuba de conformidad con los acuerdos entre Kennedy y Kruschev de 1962. ¿O es que se trata de material más moderno? ¿Cómo puede explicarse, además, que también sea necesario transportarlo a otro país que no lo fabricó para repararlo o actualizarlo? ¿No sería más lógico y barato llevar a Cuba a los ingenieros y expertos para realizar esa labor? Aparte de que Cuba cuenta también con personal muy bien preparado en esta ingeniería militar

Por otra parte, quizás pueda ser considerado un material obsoleto si fuera destinado a un desafío frontal contra los Estados Unidos u otra Gran Potencia, pero la realidad es que sería un material formidable por su capacidad de hacer enorme daño en manos de terroristas o guerrilleros en cualquier estrategia de guerra asimétrica.

Jaime Suchlicki nos recuerda en un artículo en inglés recién publicado en esta Revista virtual, el contubernio del régimen cubano con los norcoreanos desde hace bastantes años en apoyo de las sublevaciones y guerrillas del Congo. Subraya también con mucha lógica cómo el interés es provocado por los yacimientos de uranio en ese país, un mineral que los norcoreanos adquieren por todos los medios posibles para su programa de armamentismo nuclear.

Pero este programa y el intercambio de expertos y favores con Irán, Pakistán y Siria, con el contubernio de Cuba y Yemen, viene desarrollándose desde hace 10 años por lo menos. El 20 de diciembre de 2004, un Instituto prestigioso de la Universidad de Miami denunció el trasiego de misiles entre Norcorea y Cuba y las actividades e intercambios que se venían realizando en esos dos países desde los albores del presente siglo.

Dos años después, el 29 de junio de 2006, publiqué un detallado reportaje sobre el trasiego de misiles a cambio de material y tecnología nuclear entre Norcorea e Irán, con la ayuda subrepticia de Pakistán. Una actividad que presuntamente había sido descubierta cuando dos fragatas españolas interceptaron al carguero So San (foto) en el Mar Arábigo. Pero salió entonces a la luz que todavía antes otro carguero, el Kuwolsan, se había sabido que realizaba este tipo de actividades.

Ha pasado más de una década y el mundo libre sigue permitiendo el bluff de los enemigos de la democracia. Las consecuencias para el futuro de la humanidad son incalculables.

DemocraciaParticipativa.net

La arrogancia y el error:

El profesor Haroldo Dilla, exiliado cubano radicado en Santo Domingo, discrepa de mis ideas sobre la gratuidad de la enseñanza universitaria expresadas a propósito de las manifestaciones estudiantiles en Chile. Su texto, La ignorancia y el cinismo, puede consultarse en 7días.com.do del 8 de julio pasado. Se trata de un periódico digital dominicano que posee, me dicen, una extensa difusión.

Es la cuarta polémica que sostengo con otros tantos cubanos últimamente. No me quejo, porque, como decían los campesinos en sus controversias rimadas, “me dan pie para la décima”. La primera fue con el periodista radial Edmundo García, la segunda con el cantautor Silvio Rodríguez y la tercera con el profesor Arturo López-Levy. Todas pueden localizarse en la red. Los tres primeros encarnaban diversas posiciones del oficialismo cubano. Ahora surge este inesperado intercambio con el economista Haroldo Dilla, exiliado en República Dominicana.

El tema que se debate

En efecto, como irrita al profesor Dilla, creo que es inmoral que el conjunto de la sociedad afronte las responsabilidades económicas de unos pocos adultos, generalmente pertenecientes a las clases medias y altas del país, que luego se beneficiarán del ejercicio de las profesiones alcanzadas.

Como escribí en La buena educación (www.elblogdemontaner.com), reproducido en diversos medios, me parece más razonable y justo que el Estado invierta los escasos recursos de que dispone en mejorar notablemente la enseñanza pre-escolar, primaria y secundaria, cuando los niños y adolescentes todavía no han sido declarados adultos responsables, porque es en esa etapa de la vida cuando se crean el carácter, los hábitos y los valores que los van a acompañar hasta su muerte.

Es en esa fase, además, donde están presentes prácticamente todas las personas, y no el porcentaje minoritario que accede a las universidades (desde el 51% en Canadá hasta el 3% en África subsahariana, con un promedio planetario de algo menos del 7%). Si de lo que se trata es de preparar a los ciudadanos para que puedan competir y sobresalir, es en los primeros años donde es más útil poner el acento.

Naturalmente, si la sociedad fuera inmensamente próspera y el Estado igualmente rico, no habría que elegir. Teóricamente, se podría subsidiar a todos, todo el tiempo, siempre que existan suficientes riquezas. Sólo que ese panorama es muy poco frecuente y, cuando existe, como sucede en algunos pozos de petróleo con himnos y banderas del Medio Oriente, las marginaciones son de carácter religioso. En algunos de esos países el todos no suele incluir a las mujeres.

Simultáneamente, el profesor Dilla rechaza mi conformidad con que esos estudios universitarios también puedan ser actividades lucrativas, como suele ocurrir con la enseñanza primaria o secundaria, zona de la educación donde proliferan las buenas, escuelas privadas. Dilla comparte con muchos religiosos el rechazo a la obtención de beneficios producidos por una ocupación a la que le confiere una majestad especial.  

Le escandaliza que una persona, o un grupo de inversionistas, arriesguen sus capitales y su tiempo fomentando una actividad empresarial dedicada a transmitir conocimientos a alumnos universitarios que libremente han decidido pagar por ellos porque los encuentran adecuados. Dilla prefiere obligar al conjunto de la sociedad a que sufrague los costos que eso implica.

Por supuesto, no estoy en contra de que exista enseñanza universitaria pública, pero me parece incorrecto que sea gratuita. Defiendo que conviva con otras expresiones de la docencia: universidades privadas con y sin fines de lucro, o regidas por cooperativas, sectores empresariales o sindicatos. La pluralidad y la diversidad siempre son buenas para la educación.

Desde hace años tengo alguna vinculación académica con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que me honró nombrándome Profesor Visitante, una empresa o institución con fines de lucro, y me consta que es una de las buenas instituciones de educación superior del país. Fue allí donde pude desarrollar un curso sobre los orígenes y características de nuestro continente, que luego apareció publicado en dos volúmenes: Los latinoamericanos y la cultura occidental y Las raíces torcidas de América Latina.

La UPC educa a unos 30 000 estudiantes en 9 facultades y 30 carreras. Forma parte de un consorcio global llamado Laureate International Universities que posee y opera 76 universidades en 27 países. Los accionistas de esa multinacional ganan dinero vendiendo buena educación a más de 600 000 universitarios en diferentes países del mundo, actividad que me parece absolutamente meritoria. Como cualquier otro empresario, deben cuidar la calidad y los precios para sobrevivir en el mercado. (Aclaro que no tengo el menor interés económico en esa empresa).

Esta operación, permitida por la inteligente y franca legislación peruana, me parece mucho más limpia y transparente que las universidades privadas, aparentemente sin fines de lucro, que disfrazan la obtención de beneficios por medio de sofismas o contabilidad creativa.

Entiendo, claro, pero no lo justifico, que esa trampa es el resultado de que, en casi todos los países, existe la superstición de que las actividades universitarias no deben rendir beneficios o, si los producen, estos deben reinvertirse en la propia actividad.

A mi juicio, una universidad privada creada con fines de lucro, como sucede con muchas escuelas de niveles inferiores, o con centros que ofrecen servicios médicos, pueden y deben ser empresas sujetas a los mismos riesgos y responsabilidades que cualquier otra actividad concebida para obtener beneficios a cambio de prestar un servicio.

En ese caso, no deben tener ventajas fiscales ni privilegios de ningún tipo. Tampoco suelen poseerlos los laboratorios farmacéuticos, y no creo que nadie ponga en duda la importancia que estos tienen, nada menos que para la preservación de la vida.

En cuanto al costo de la educación, como he escrito en el artículo citado, creo que el Estado debe avalar los préstamos que necesita el adulto para educarse, si éste no dispone de ahorros o suficiente patrimonio personal. Y, como sucede con cualquier otro bien, puede esperarse que, además del educando, la familia se comprometa con la devolución del préstamo. Si los padres no tienen fe en el estudiante, ¿por qué debe creer el resto de la sociedad?

Por otra parte, es razonable que los liberales, que sostienen las virtudes de la meritocracia, propugnen que se otorguen becas a los buenos estudiantes. Premiar a los mejores, siempre que sean elegidos con criterios imparciales, es algo absolutamente recomendable para que se propague el ejemplo y se eleve el nivel general de la educación.

Otro de los argumentos del profesor Dilla, en el que lleva cierta razón, pero poca, y la poca que tiene no le sirve de mucho, es cuando alega que la educación es un “derecho”, algo que aparece consignado en numerosas constituciones y en la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita (y escasamente respetada) por todos los países miembros de la ONU.

Es verdad, pero el hecho de que exista un derecho, no quiere decir que sea necesariamente gratuito. Casi todos los textos legales hablan del derecho a la propiedad privada, mas eso no implica que el Estado debe regalarles una casa o un automóvil a los ciudadanos. Desgraciadamente, hay cientos de millones de personas que viven en países en donde existe el derecho a la propiedad privada, pero sólo son dueños de la sombra que pisan.

También existe el derecho a la libertad de expresión, lo que no garantiza que el Estado debe proporcionar el medio de ejercerlo. Simplemente, quiere decir que no se puede privar a nadie de esta posibilidad si tiene los medios para realizar esa tarea.

En todo caso, creo que cuando se habla de derechos económicos, o derechos a ciertos servicios o condiciones de vida, se confunde la palabra “derecho” con la expresión “aspiración legítima”, generalmente por razones de despreciable demagogia política.

Hablar del “derecho a la educación”, como del “derecho a una vivienda digna”, un “trabajo bien remunerado” o a “servicios de salud”, es crear una dudosa expectativa que tiene muy poco que ver con la realidad.

Para dotar de educación y servicios de salud a una comunidad hay que crear y acumular riquezas. ¿Cómo puede convertirse en un “derecho” un servicio que cuesta una cantidad de recursos que acaso no tenemos hoy y se corre el riesgo de tampoco poseerlos mañana?

Para ofrecer un empleo bien remunerado hace falta una empresa, generalmente que agregue bastante valor a la producción, y que, encima, obtenga beneficios. ¿Qué sucede si no existen o no se crean esas empresas? ¿Qué debe hacer el trabajador desempleado? ¿Denunciar en el juzgado de guardia al Presidente y a sus Ministros por violar sus derechos?

Naturalmente, el Estado puede asignarle arbitrariamente un salario al desempleado, como hacen en los estados asistencialistas-clientelistas. O puede nombrar a esa persona en una empresa que no lo necesita, como hasta hace poco hizo el gobierno cubano.

En los años setenta del siglo XX, en Venezuela, el primer Carlos Andrés Pérez creó 50 000 empleos de un plumazo. ¿Qué hizo? Obligó a que cada ascensor, aún los automáticos, fuera operado por un ascensorista absolutamente innecesario. Ese, obviamente, es un camino corto y estúpido hacia el empobrecimiento colectivo, aunque también es una manera de cumplir con el “derecho al trabajo”.

La cuestión personal

Hasta este punto, el planteamiento del profesor Haroldo Dilla me parece un debate importante. Encapsula dos visiones diferentes sobre el gasto público y la misión del Estado que dividen al planeta desde que en 1776 el escocés Adam Smith, esencialmente un profesor de ética, publicó su extraordinario Indagación sobre la riqueza de las naciones, libro que sentó las bases teóricas para desmontar el mercantilismo, sistema económico propio del Antiguo Régimen que tanto parecido tiene con los rasgos principales de los estados neopopulistas de nuestros días.

De entonces a hoy, esa discusión se ha ido enriqueciendo con mil nuevos argumentos y experiencias. Hay, incluso, hasta un gracioso debate cantado en versión reguetón entre Hayek y Keynes que puede encontrarse fácilmente en la red. Vale la pena verlo y escucharlo en YouTube porque es muy divertido.

Sin embargo, dada la trascendencia del tema, lamento que el señor Dilla personalice la cuestión y rebaje la calidad de sus razonamientos llamándome “ignorante, alguien que opina sobre lo que no conoce, ofende a sus adversarios y hace de su ideología un credo fanático”. Por supuesto, no voy a responder en el mismo plano. No me interesa tratar de herirlo en su amor propio o defenderme de sus ataques.

Hace muchos años, leyendo a Albert Ellis, entendí que no tiene la menor importancia real lo que los demás piensen de ti, especialmente si no existe un trato personal que justifique el juicio.

No deja de ser una tontería suponer que muchas o todas las personas deben admirarte o quererte. Probablemente, no lo sé, las vagas noticias que acaso el señor Dilla tuvo y tiene de mi existencia, fueron por cuenta del aparato de difamación de la dictadura cubana.

En Granma, como explico en el libro El otro paredón, publicado por e-riginal, me describen como un peligroso terrorista y espía de la CIA, dos acusaciones absolutamente falsas y ridículas con las que ese régimen lleva muchos años intentando (inútilmente) silenciarme mediante la destrucción de mi reputación.

Por mi parte, creo que nunca he conocido personalmente a Dilla y no tengo criterio sobre su persona. He leído algunos artículos suyos que me han gustado y otros que me han parecido parcialmente equivocados o disparatados.

Me han dicho que fue miembro de la juventud o del partido comunista cubanos, algo que no me consta, pero ese dato, de ser cierto, no lo hace mejor ni peor. Lo mismo sucede con los exnazis, los exfascistas y los expinochetistas. La militancia es cuestión de ideas. Lo que importan son las acciones.

Siempre hay tiempo y espacio para rectificar los errores juveniles, mientras no se tengan las manos manchadas de sangre, y no hay ninguna evidencia ni sospecha de que Dilla haya participado directamente en la represión y la violación de los Derechos Humanos de nadie cuando formaba parte de esa lamentable dictadura, aunque fuera lateralmente y en los estribos del poco influyente aparato académico cubano.

Supongo, por el tono de sus escritos, y porque, finalmente, acabó exiliado, que le parecía repugnante la atmósfera de terror que se vivió en la universidad cuando él estudiaba, o cuando era profesor y veía cómo expulsaban y perseguían a algunos de sus compañeros por ser homosexuales o creyentes, y hasta convocaban a actos de repudio para ofenderlos y humillarlos antes de echarlos a la calle condenados a una especie de cruel ostracismo moral.

Alguien, como él, que cree que la universidad debe tener las puertas abiertas, debió sufrir como una gran afrenta la política excluyente por razones ideológicas de esa institución (“la universidad es para los revolucionarios”), aunque no tengo información de que haya manifestado públicamente su descontento por estos atropellos cuando era estudiante, o luego cuando le tocó participar del claustro de profesores.

Si defendió a las víctimas, debe aplaudírsele. Si calló y otorgó, le cabe algún grado de responsabilidad moral en toda esa barbarie, aunque no seré yo quien se lo eche en cara. No es ése mi papel. Creo que dio un buen paso cuando abandonó al régimen, y ya se sabe que las dictaduras totalitarias contienen este deprimente factor de contaminación general que las hace especialmente repulsivas.

Más que regímenes distintos, las revoluciones totalitarias son un gran charco de inmundicias en el que deben chapotear los partidarios para poder sobrevivir, ascender y mantenerse. Romper con ese lodazal es siempre meritorio y merece aplauso, aunque algunas personas queden parcialmente percudidas y psicológicamente afectadas, especialmente si tienen conciencia crítica.  

Más curioso me resulta, en cambio, que siga siendo marxista, pero ni siquiera eso, a mi juicio, lo descalifica en el orden personal, pese a lo que implica de terquedad intelectual frente a la experiencia de sus propias vivencias en la marxista “dictadura del proletariado” del manicomio cubano, a lo que se agrega un siglo de barbarie, cien millones de muertos a lo largo del siglo pasado, veinte fracasos en todas las culturas y situaciones y bajo toda clase de líderes. Sencillamente, como dicen en España los más barrocos, hay personas “inasequibles al desaliento”, o, como ratificaba el torero, “hay gente pa´to”.

Al fin y al cabo, he conocido seres magníficos y extraordinariamente inteligentes que son espiritistas, partidarios de Sai Baba o convencidos de que no hay mejor guía de conducta que la Cábala, ni mejor modo de pronosticar el futuro que el I Ching. Todos las creencias sobrenaturales son respetables, aún aquellas que no saben que lo son. Finalmente, me parece que el profesor Dilla escribe bien y eso es de agradecer.

Pero vayamos al meollo de la cuestión.

El liberalismo

La primera aclaración es que eso que el señor Dilla llama “el neoliberalismo” como dogma ideológico, un método parecido al marxismo, sencillamente, no existe. Hay algunas creencias básicas, extraídas de la experiencia y del juicio moral, a lo que llamamos liberalismo, pero nada más.

No sé con cuántas de ellas el señor Dilla está en desacuerdo, pero le anoto las ocho más importantes para que él, si lo desea, explique por qué las rechaza:

·     Situamos la libertad a la cabeza de nuestros valores y prioridades, y la definimos como el derecho a tomar decisiones individuales sin la coerción del Estado o de otros grupos poderosos.

·     Creemos que la responsabilidad individual es la contrapartida ineludible de la libertad individual. No puede haber ciudadanos libres si no son, al mismo tiempo, responsables de sus actos.

·     Sostenemos que existen derechos naturales que no pueden ser abolidos por el Estado o por grupos poderosos. Entre ellos, existe el derecho a la propiedad privada, ámbito, por cierto, en que mejor puede preservarse la libertad individual.

·     Proponemos la existencia de un Estado limitado por un orden constitucional universal, que no favorezca a persona o grupo alguno, que establezca la separación y balance de poderes, fundamentalmente dedicado a proteger los derechos individuales, preservar la paz e impartir justicia.  

·     Suponemos que la posibilidad de crear riquezas se logra con mayor intensidad, eficiencia y justicia en el seno de la sociedad civil, aunque no descartamos la responsabilidad subsidiaria del Estado.

·     Exigimos la absoluta transparencia de los actos públicos y la constante rendición de cuentas. Para los liberales, el Estado es o debe ser un conjunto de instituciones libremente segregado para beneficio de las personas. Los empleados públicos, desde la cabeza hasta el más humilde, son nuestros servidores y han sido elegidos para obedecer la ley.

·     No creemos en las virtudes de la igualdad de resultados, sino en la de igualdad de oportunidades para luchar por conquistar el tipo de vida que libremente escogemos. De ahí que el método natural de selección de los liderazgos entre los liberales esté basado en la meritocracia, aunque sabemos que ella conduce a la desigualdad.

·     Aceptamos que la democracia representativa es el método menos ineficiente que se conoce para tomar decisiones colectivas en el ámbito público, y estamos de acuerdo en que las elecciones periódicas y limpias entre partidos diferentes que compiten por el poder y se alternan y vigilan en el ejercicio de la autoridad, es un modo razonablemente adecuado de organizar la convivencia, siempre que se respeten los derechos individuales plasmados en la constitución y las leyes.

El liberalismo en el terreno de las medidas de gobierno

Al margen de esos principios fundamentales que unifican a los sectores liberales, la experiencia de los últimos dos siglos ha ido decantando ciertas ideas, proposiciones y posturas de carácter económico que me imagino que horrorizan al señor Dilla o provocan su rechazo intelectual, pero, como en el caso anterior, sospecho que los lectores querrán saber por qué se opone a ellas con tanta vehemencia. A continuación consigno las doce medidas de gobierno más populares entre los que nos consideramos liberales:

·     Suponemos que el libre mercado, a juzgar por la experiencia, es mucho más eficiente que la planificación centralizada desde el Estado para asignar recursos y crear riqueza.

·     Impulsamos la defensa del libre comercio frente al proteccionismo.

·     Propugnamos la apertura al comercio internacional y la inversión extranjeras.

·     Proponemos la existencia de un Estado reducido que haga pocas tareas, pero que las haga bien, y ponga el acento en impartir justicia y en cuidar la vida y la seguridad de las personas.

·     Rechazamos los déficits fiscales, el endeudamiento excesivo y a la impresión de dinero “inorgánico”, políticas todas que conducen a la inflación y al empobrecimiento colectivo. Es decir defendemos la moderación y la austeridad en el terreno macroeconómico.

·     Suponemos que es preferible un nivel bajo de presión fiscal para que la sociedad civil disponga de mayores recursos para crear riquezas.

·     Tenemos la convicción, derivada de la experiencia, de que el Estado es un pésimo empresario, corrupto y malgastador, y, por lo tanto, es preferible privatizar el aparato productivo que tiene en sus manos.

·     Dentro de ese espíritu, preferimos, cuando sea posible, la opción de la “tercerización” de servicios públicos antes que aumentar la burocracia.

·     Rechazamos, en general, los subsidios, por ser una fuente de corrupción y clientelismo, y porque convierten el asistencialismo en el instrumento de grupos de poder que perpetúan la pobreza y convierten a los necesitados en su base electoral.

·     Favorecemos la toma de decisiones de las personas mediante vouchers, antes que colocar esas decisiones en manos de los burócratas del Estado para que decidan cómo, cuándo y qué deben consumir los individuos o cómo alcanzamos la felicidad.

·     Optamos por desregular cuando las normas entorpecen la creación de riquezas, pero regular cuidadosamente para garantizar la competencia, la transparencia y el fair play.

·     Junto a los teóricos de la creación de “capital humano” y “capital cívico”, dos nociones propuestas y muy analizadas por los pensadores liberales, creemos en la importancia extraordinaria de la educación, especialmente en los primeros años, cuando, como he señalado antes, se forjan el carácter, los hábitos y la escala de valores.

Como el señor Dilla me considera un ignorante (y seguramente lo soy, puesto que las cosas que sé son infinitamente menos que las que ignoro); y aunque no soy dado a respaldar mis posiciones con opiniones de autoridad (me parece un dudoso procedimiento para imponer las ideas extraído del método escolástico), advierto que estas doce amplias proposiciones, a las que probablemente se oponga el señor Dilla, porque tienen el tufo de lo que él llama neoliberalismo, cuentan con el respaldo parcial de una notable pléyade de pensadores e intelectuales calificados como liberales, entre los que, a vuela pluma, puedo citar a la siguiente docena de Premios Nobel de Economía: Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Gary Becker, James Buchanan, Douglass North, Robert Lucas, Robert Mundell, Edmund Phelps, Edward C. Prescott, Amartya Sen, Robert W. Fogel y Ronald H. Coase. No es conmigo, sino con ellos con quienes debe debatir estas cuestiones que él domina con tanta certeza dado que, felizmente, no es un ignorante.

Asimismo, a los efectos del debate, sería útil que explicara por qué el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo suelen recomendar todas o algunas de estas medidas como expresiones del buen gobierno, o por qué, en Maastricht, cuando los países europeos fueron a adoptar una moneda común, el euro, crearon un marco de referencia bastante ajustado a este recetario liberal que describía a los Estados bien gobernados.

El regreso de la sensatez liberal

¿Cómo llegaron los liberales, o muchos de ellos, a proponer esas medidas de gobierno y, en algunos casos, a llevarlas a la práctica exitosamente? Básicamente, por el fracaso continuado de los planteamientos contrarios.

El profesor Dilla yerra o no sabe lo que dice (con perdón) cuando afirma que: “El neoliberalismo [sic] es una doctrina cuya puesta en práctica no solo ha causado muchos estragos sociales, frustraciones y miserias, sino que ha estado precedido por ellos. Sencillamente, porque sus postulados solo pueden practicarse desde la represión y la inacción social, de lo cual el régimen de Pinochet en Chile –con sus asesinatos, desapariciones y torturas—fue un ejemplo trágico”.

Es asombroso que una persona bien informada, como pretende ser el profesor Dilla, ignore que las mayores y más exitosas reformas liberales del Estado en el siglo XX han sido llevadas a cabo en democracia, con el consentimiento de las mayorías y con arreglo a la ley.

Lo dice con bastante claridad Fareed Zakaria: “Cuando Thatcher llegó al poder, la vida del británico promedio era una serie de interacciones con el Estado: el teléfono, gas, electricidad, agua, los puertos, trenes y aerolíneas pertenecían y eran administrados por el gobierno, así como también las empresas siderúrgicas y hasta Jaguar y Rolls-Royce. En casi todos los casos esto llevaba a la ineficacia y la esclerosis. Tomaba meses el llegar a tener instalada una línea de teléfono en el hogar. Las tasas impositivas marginales eran muy altas, llegando hasta el 83%”.

¿Qué hizo Margaret Thatcher? Sigamos con Zakaria: “Privatizó 50 empresas y los gobiernos de Europa, Asia, América Latina y África siguieron el mismo curso. Los impuestos se recortaron en todos lados. La tasa impositiva marginal más alta de la India en 1974 era de 97.5%. Hoy la tasa más alta es del 40%. En EEUU en 1977, los impuestos sobre las ganancias del capital y dividendo eran del 39.9%; en 2012 la tasa era del 15% (…) Esos cambios se han llevado a cabo bajo gobiernos conservadores, liberales y hasta socialistas. Como declarara Peter Mandelson, arquitecto del ascenso del partido Laborista en los años 90: Ahora todos somos thatcheristas”.

Los neozelandeses, autores de una ejemplar reforma liberal, a finales de los años ochenta, hundidos por el peso del estatismo y el lastre de la fantasía del Estado de Bienestar, más pobres que España en ese momento, decidieron jugar la carta de la apertura económica, y en menos de una década le dieron la vuelta a la situación. ¿Cómo? Reduciendo los subsidios, eliminando los contratos de trabajo sectoriales, liberalizando las relaciones laborales, reduciendo los impuestos y desregulando muchas actividades económicas. Y lo interesante es que esa reforma liberal no la hizo la derecha, sino los laboristas, porque esas políticas públicas que escandalizan a los neopopulistas pertenecen al ámbito del sentido común y de la experiencia.

Le haría bien al profesor Haroldo Dilla leer los papeles del exdiputado sueco Mauricio Rojas sobre la realidad de su país de adopción, especialmente su libro Reinventar el Estado de Bienestar. Rojas, que llegó a Suecia como un exiliado chileno que huía del pinochetismo, entonces convencido de las ventajas del estatismo, poco a poco se transformó en liberal. ¿Por qué? Porque fue testigo del peligroso descalabro del mítico modelo socialista sueco cuando, en 1993, el gasto público alcanzaba el 72.4% del PIB y la inflación y el desempleo se dispararon. ¿Qué hicieron para salvar la situación? Según Rojas, liquidaron el monopolio estatal sobre la provisión de servicios abriéndose a la empresa privada, redujeron los subsidios, introdujeron la competencia y delegaron las decisiones educativas y sanitarias en el usuario mediante un sistema de vouchers. Es decir, recurrieron a muchas de las medidas propuestas por los liberales.

Otro maravilloso ejemplo de reforma liberal en libertad es el de Israel, el más exitoso de los experimentos sociales del siglo XX. La pequeña nación, que se fundó en 1948 en medio de una peligrosa guerra, con un presupuesto ideológico socialista democrático, basado en cooperativas y kibutz, evolucionó pacíficamente hacia un modelo económico que descansa en las empresas privadas y el mercado, realizando esa revolución sin recurrir a la violencia, hasta convertirse en uno de los países más prósperos y creativos del planeta, pese a los frecuentes conflictos bélicos en los que, muy a su pesar, ha debido intervenir.

Finalmente, qué duda cabe de que el gobierno de Pinochet fue responsable de execrables crímenes que jamás dejé de condenar por las mismas razones que censuraba a los cometidos por los Castro en Cuba, pero las reformas que se llevaron a cabo en ese país, y que cambiaron su faz económica hasta ponerlo a la cabeza de América Latina, no se produjeron porque el general las impulsó a sangre y fuego (lo que no deja de ser un argumento pinochetista), sino porque el país las necesitaba y el régimen, negando la usual tradición estatista y nacionalista de las dictaduras militares, aceptó el consejo de uno jóvenes chilenos formados en la Universidad de Chicago.

¿Qué pasaba en Chile tras la experiencia socialista de Allende? Así lo describe el diplomático chileno Juan Larraín: “Entonces el país gozaba de una inflación del 508%, el déficit fiscal era superior al 25% del PIB, la deuda externa había crecido en un 23%, las reservas internacionales eran apenas 200 mil dólares y había harina sólo para una semana. Por la vía de las confiscaciones, expropiaciones, intervenciones y nacionalizaciones, el Estado se había apropiado de más del 70% de la actividad económica”.

La grandeza de la Concertación que vino después del régimen de Pinochet, cuando se instauró la democracia, fue conservar esas medidas liberales que habían rescatado a Chile de la miseria, de la misma manera que Tony Blair profundizó, en vez de anular, las reformas iniciadas por la señora Thatcher. Por ellas, por las medidas liberales, hoy Chile, pese a todas las dificultades, continúa creciendo, se acerca a los $20,000 dólares per cápita (PPP) y ha disminuido sustancialmente el índice de pobreza.

Pero no sólo Chile hizo reformas de carácter liberal. Sin recurrir a la violencia, la Bolivia del cuarto Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) fue rescatada del abismo por esas medidas, luego continuadas durante la presidencia de Sánchez de Lozada (1993-1997). La Costa Rica del primer Óscar Arias (1987-1991); la Colombia de César Gaviria (1990-1994); el México de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el de Ernesto Zedillo (1994-2000); el Uruguay de Luis Alberto Lacalle (1990-1995); el Brasil de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), cuyas reformas luego respetó Lula da Silva; incluso la Argentina de Carlos Menem (1989-1999 en dos periodos consecutivos), a pesar del antiliberal aumento del gasto público y la nauseabunda corrupción que rodeó los procesos de privatización, tuvieron aciertos indudables.

¿Cuáles son hoy los países latinoamericanos que más y mejor crecen en América Latina? Sin duda, los de la Alianza del Pacífico: los que mantienen políticas dotadas de cierta orientación liberal, como México, Colombia, Perú y Chile.

¿Cuál es el peor? Sin duda, la Venezuela del chavismo, cuyo gobierno, dirigido por trágicos payasos, ya fuera el difunto “Comandante eterno” o el peculiar Nicolás Maduro, especialista en onomatopeyas ornitológicas, es el gran enemigo de las ideas de la libertad.

En fin, si el profesor Haroldo Dilla desea continuar este debate en el terreno de las ideas, yo estoy dispuesto. No lo deseo, porque me aburre mucho, pero la pelota queda en su cancha.

Firmas Press