El fin de la impunidad se acerca
El 20 de marzo de 2025, el congresista Carlos Giménez envió una carta a Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., exigiendo la deportación de agentes del régimen cubano que residen en el país. Esta solicitud busca terminar con la impunidad de quienes participaron en la represión bajo un gobierno clasificado como patrocinador del terrorismo, al tiempo que aborda una preocupación creciente por la seguridad nacional. Para Giménez, de origen cubano y firme crítico del castrismo, permitir que estos individuos permanezcan en suelo estadounidense es inaceptable, tanto por justicia como por el riesgo que representan.
Kristi Noem, quien asumió el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en enero de 2025 bajo la administración de Donald Trump, es una aliada natural para esta causa. Tras dos mandatos como gobernadora de Dakota del Sur (2019-2025), donde se destacó por su postura dura en seguridad y migración, Noem ha impulsado en pocos meses medidas drásticas, como el despliegue de 600 agentes del Servicio de Seguridad Diplomática para intensificar deportaciones. Su enfoque coincide con la urgencia de Giménez: erradicar amenazas internas, especialmente de un país como Cuba, cuya designación como estado terrorista justifica acciones contundentes.
A esta iniciativa se suma un aviso de la Guardia Costera del 19 de febrero de 2025, que impondrá condiciones de entrada a embarcaciones desde Cuba a partir del 2 de abril. Basada en la Ley de Seguridad del Transporte Marítimo, esta medida responde a la falta de controles antiterroristas en los puertos cubanos, alineando a la isla con naciones como Irán y Venezuela en una lista de riesgo. Este cerco marítimo refuerza la presión sobre el régimen y sus agentes, muchos de los cuales han vivido en EE.UU. evadiendo las consecuencias de sus actos.
La presencia de estos represores ha sido una herida para las víctimas del castrismo, especialmente en comunidades exiliadas como la de Florida. La carta de Giménez, respaldada por las políticas de Noem, promete cambiar eso, aunque plantea retos: identificar a los implicados y garantizar un proceso legal sólido requerirá coordinación entre agencias. Sin embargo, la voluntad política está clara. La administración Trump, con su énfasis en la seguridad, ve en esta situación una oportunidad para enviar un mensaje: EE.UU. no será refugio de cómplices de dictaduras.
Autor: Eduardo Mesa, escritor y presidende del Observatorio de Derechos Humanos de Cuba (OCDH). Sigue a Eduardo en @eduardomesaval