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ONU condiciona ayuda para Covid-19 a promoción de aborto e ideología de género

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ONU condiciona ayuda para Covid-19 a promoción de aborto e ideología de género. El Vaticano tiene que actuar ante el chantaje de la ONU sobre el aborto y la teoría de género.

Ecuador es el primer país que se somete oficialmente al chantaje de la ONU que, para financiar el plan para enfrentar al Covid-19, exige la liberalización del aborto y la ideología de género, así como la legalización del cannabis y el vientre de alquiler. Es algo vergonzoso que requiere una reacción internacional, incluyendo una acción decisiva de la diplomacia del Vaticano.

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Ahora ya existen pruebas claras y está demostrado el hecho de que los chantajes de las Naciones Unidas tienen como objetivo imponer el aborto, la ideología LGBTI, la educación de género e incluso la liberalización del cannabis en todo el mundo. Y además en particular representan una colonización de los países más pobres y más problemáticos. Lo más terrible es que se utilice el coronavirus como pretexto para imponer políticas anti-familia y anti-vida.

Ecuador es, de hecho, el primer caso concreto de un país que ha visto a su parlamento doblegarse ante el chantaje de la ONU con la aprobación, en los últimos días, de un nuevo Código de Salud que incluye no sólo la liberalización del aborto, sino también la ideología de género y la salud reproductiva en las escuelas, la procreación médicamente asistida, el cannabis gratuito... El Plan anti-covid de la ONU para Ecuador del pasado mes de abril (aquí) preveía que, a cambio de 46,4 millones de dólares en ayudas, el país facilitaría el acceso al aborto, liberalizaría su práctica e introduciría en la educación la promoción de la “salud reproductiva y la planificación familiar” (aborto y anticonceptivos).

434 organizaciones de derechos humanos de 16 países reaccionaron a esta imposición (llamémosla por su verdadero nombre: chantaje colonialista por parte de la ONU) condenando públicamente la presión ejercida por grupos y lobbies para facilitar el aborto durante la pandemia de coronavirus y entregando un Manifiesto Internacional por el Derecho a la Vida a los ministerios de Exterior de Costa Rica, Argentina, Perú y Ecuador.

El documento rechazaba el Plan anti-Covid 19 propuesto por las Naciones Unidas al Ecuador, que prevé el “aborto seguro y legal” y la educación generalizada sobre anticoncepción y género como condición necesaria y suficiente para recibir ayuda internacional. Las organizaciones pro-vida pedían en cambio que “se prestara atención a las políticas públicas que promuevan la dignidad humana, para poner fin a cualquier intento de interferir o atacar la soberanía de nuestros países, en particular por parte de las Naciones Unidas y sus principales organismos” (aquí).

Todo parecía haberse detenido, y en cambio el martes 25 de agosto la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó con 79 votos el Código de Salud Biológica (COS) que, entre otras cosas, podría abrir las puertas al aborto, a los vientres de alquiler, al cannabis y a la enseñanza de la ideología de género a los menores. El texto de los 405 artículos pasará ahora al Presidente de la República, Lenín Moreno, que tiene la facultad de aprobarlo o vetarlo en todo o en parte.

En particular, el texto prohíbe la objeción de conciencia en las “emergencias obstétricas”, lo que significa que los médicos se verán obligados a realizar un aborto en lugar de presentar una alternativa para salvar ambas vidas. Además, en el artículo 196 se especifica que “sólo se permitirá la gestación subrogada en los casos en que existan circunstancias médicas que no permitan a la mujer quedarse embarazada” y que “los prestadores de servicios de salud deberán garantizar en todo momento el cuidado y la atención de las portadoras gestacionales para evitar riesgos durante los procesos de fecundación, embarazo, parto y posparto”. En cuanto al cannabis, se ha introducido su uso “medicinal”, mientras que el artículo 22 “permite a los jóvenes tener acceso a los anticonceptivos a partir de los doce años de edad sin el consentimiento de los padres”. Además, el artículo 115 introduce la obligación de que las escuelas “impartan educación sexual con ideología de género”. Con ese fin, se establece la creación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que “elaborará políticas y programas educativos para centros de desarrollo mundial de la primera infancia, instituciones educativas a nivel nacional, para la difusión y el asesoramiento en materia de salud sexual, de género y reproductiva”. No se excluye la posibilidad del “cambio de sexo para los niños”. 

El Frente Nacional para la Familia (FNF) del Ecuador denunció el pasado 27 de agosto, con un comunicado muy duro, una “evidente” violación de los derechos humanos en el Código Orgánico de Salud (COS) aprobado por la Asamblea Nacional, y pidió al presidente Lenín Moreno que vetara muchos de sus artículos y una reunión urgente. “Los ciudadanos reunidos en el Frente Nacional de la Familia, preocupados por la evidente violación de los derechos constitucionalmente garantizados en muchos de los artículos del Código de Salud aprobados por la Asamblea Nacional, solicitamos al presidente Lenin Moreno que haga cumplir la Constitución y que vete dichos artículos”.

La Conferencia Episcopal del Ecuador también ha hecho oír su voz y, con claridad y respeto a las instituciones, ha apelado al presidente de la República y ha recordado que la Constitución vigente y aprobada por la mayoría del pueblo contempla cosas muy distintas a las propuestas por el Código de Salud: el derecho a la vida desde la concepción; el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propios valores y responsabilidad; el derecho a la objeción de conciencia; el derecho de la madre a una maternidad plena y digna y, finalmente, el derecho a la identidad sexual biológica y natural.

Los obispos han dejado claro que son conscientes de las “presiones políticas y económicas” que hay detrás del texto aprobado y, sin embargo, confían en que el presidente Lenin Moreno servirá a los derechos y al desarrollo humano “integral”, defendiendo la cultura, los principios y los sentimientos del pueblo cristiano y de la mayoría de los ecuatorianos.

Desde la primavera pasada hemos demostrado, documentos en mano, cómo y cuánto la ONU vincula la ayuda a los países en dificultades debido a la emergencia de Covid 19 a las políticas pro-aborto (aquí). No faltará la presión de los diversos lobbies y el chantaje de las instituciones internacionales, pero es necesaria una vigorosa reacción internacional y la Santa Sede también debe intervenir con firmeza. Además, el Papa Francisco ha denunciado repetidamente lo que califica como “colonización ideológica” que perjudica a los países más débiles.

Ahora, frente a la pistola humeante que señala a la ONU y a su Secretario General, Antonio Guterres, la diplomacia del Vaticano no puede hacer como si nada: tiene que involucrar a las naciones pro-vida que se sientan en la ONU para prevenir esta violencia contra un pueblo. Los EE.UU. de Trump estarán allí, la Rusia de Putin también, y por ello la Santa Sede tiene que tomar la iniciativa inmediatamente. Muévanse ahora o callen para siempre.

Autor: Luca Volontè

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