Las “reformas” castristas: la fachada Potemkin

Las “reformas” castristas: la fachada Potemkin

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El anuncio por parte de la dictadura cubana de 176 propuestas de «transformación» económica y social no debe confundirse con una apertura histórica ni con un abandono genuino del sistema fallido que ha gobernado la isla durante más de seis décadas. Tras el discurso sobre la modernización, la empresa privada, los mecanismos de mercado y la renovación económica se esconde una estrategia de supervivencia política cuidadosamente calculada. La dirección castrocomunista está intentando construir una fachada de Potemkin: la apariencia de cambio sin la esencia de la transformación.

El régimen es consciente de que el modelo económico que inventó en la década de los noventa se está derrumbando. Cuba se enfrenta a una profunda crisis nacional caracterizada por prolongados cortes de electricidad, inflación, escasez, descenso de la producción, inestabilidad financiera, decadencia institucional y una creciente ola de protestas públicas y malestar social. Sin embargo, en lugar de reconocer que estos fracasos son las consecuencias inevitables de un régimen totalitario y un control centralizado, La Habana ha optado por un discurso diferente: el problema de Cuba, según afirma, es principalmente económico.

Este es el primer y más inmediato objetivo de las reformas anunciadas. El gobierno comunista pretende convencer a Estados Unidos y a la comunidad internacional de que la crisis cubana es el resultado de la presión externa y no de un fracaso político interno. El régimen busca desviar el debate de la dictadura, la represión y la destrucción institucional hacia las sanciones, la Ley Helms-Burton y la Orden Ejecutiva 14404. Con ello, espera transformar una crisis de legitimidad política en una disputa económica de carácter técnico.

Esta estrategia no es casual. Está diseñada para ganar tiempo. Al presentarse como un gobierno capaz de adaptarse y reformarse, La Habana pretende reducir la presión internacional, influir en los responsables de la política exterior y evitar consecuencias que podrían amenazar su supervivencia. El objetivo no es necesariamente resolver la crisis de Cuba, sino gestionarla el tiempo suficiente para que las circunstancias políticas se vuelvan más favorables. El pueblo cubano, sin embargo, no sufre porque haya muy pocos mecanismos de mercado. Sufre porque el Estado tiránico eliminó las instituciones independientes, destruyó la libertad económica, concentró el poder, criminalizó la disidencia y subordinó toda la economía nacional al control político.

El segundo objetivo de estas reformas es sustituir la estructura económica que surgió tras el colapso de la Unión Soviética. El sistema desarrollado durante el Período Especial nunca fue una transición hacia el capitalismo. Fue una estrategia de supervivencia basada en el control militar, el acceso privilegiado y la inversión extranjera selectiva. De ese entorno surgió un modelo de capitalismo de Estado en el que los actores vinculados al poder político controlaban los sectores más rentables de la economía. El auge de GAESA y estructuras similares creó un aparato militar- comercial que dominaba el turismo, la logística, las finanzas, el comercio y las industrias estratégicas. Este sistema permitió a la élite gobernante acumular riqueza mientras que la población en general soportaba la escasez y la dependencia. No era libre empresa. Todo lo contrario. Era un sistema de privilegios controlados.

Las propuestas actuales deben entenderse, por tanto, en este contexto. No son simplemente un intento de liberalizar la economía. Representan un esfuerzo por sustituir un modelo cada vez más expuesto y criticado internacionalmente por otro más flexible y aceptable. El objetivo no es desmantelar la estructura de poder, sino preservarla bajo nuevos acuerdos económicos. El discurso de la reforma sirve como mecanismo de adaptación, permitiendo al régimen responder a su crisis sin renunciar a los privilegios y las redes de control que lo sostienen. En lugar de generar una economía genuinamente libre, las propuestas pretenden modernizar los instrumentos a través de los cuales el poder político ejerce influencia económica y amplía el aparato cleptocrático.

Esto explica el tercer objetivo de las reformas: ir más allá de la marca GAESA, al tiempo que se protegen los intereses que esta representa. El propio nombre se ha asociado internacionalmente con la fusión de la autoridad militar, el poder político y el control comercial. Se ha convertido en un símbolo de cómo funciona el sistema comunista cubano y en un mecanismo a través del cual se puede evaluar a las empresas extranjeras en cuanto a su relación con el régimen. Mediante la introducción de sociedades anónimas, entidades privadas, nuevas estructuras de inversión y mecanismos de mercado ampliados, el castrismo puede intentar ocultar estas relaciones. Una nueva arquitectura económica permite que las mismas redes de la élite sigan operando con menos visibilidad y menos vías de rendición de cuentas. Es un intento descarado de esquivar las sanciones.

El peligro radica en que la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, pueda confundir la adaptación económica con una transformación política auténtica. La historia demuestra que los sistemas totalitarios pueden introducir mercados sin abrazar la libertad. El modelo chino de «socialismo con características chinas», las reformas Đổi Mới de Vietnam y el sistema oligárquico postsoviético de Rusia demuestran que la liberalización económica puede coexistir con la represión política. Estos ejemplos prueban que los mercados por sí solos no crean libertad. Un gobierno puede permitir la existencia de empresas privadas al tiempo que mantiene el monopolio político. Puede fomentar la inversión al tiempo que niega a los ciudadanos los derechos fundamentales. Puede mejorar las condiciones materiales de determinados sectores al tiempo que preserva un sistema de privilegios basado en la proximidad al poder.

Si Estados Unidos aceptara una versión cubana de este modelo como solución a la crisis de la isla, el resultado sería profundamente perjudicial. Significaría aceptar, no la liberación de Cuba, sino la adaptación permanente de un Estado leninista a una estructura totalitaria más eficiente. Representaría una concesión mucho más trascendental que los anteriores compromisos de la Guerra Fría, como el infame Pacto Kennedy-Jrushchov, ya que legitimaría la continuidad del propio sistema político.

El punto final y más importante es que la economía no puede separarse de la política y la moral. El modelo económico de una nación debe reflejar los valores de su orden político y ético. Una sociedad libre no surge de un sistema totalitario simplemente porque se permita la existencia de empresas privadas. La libertad económica requiere instituciones que protejan la propiedad, hagan cumplir los contratos, limiten el poder del Estado, garanticen la transparencia y sometan a los gobernantes a la misma ley que a los ciudadanos. Una dictadura no puede fabricar la libertad mediante la regulación económica. No puede edificar la democracia a través de una reforma administrativa. No puede borrar décadas de represión política cambiando la estructura de la propiedad empresarial.

La tragedia cubana no consiste simplemente en que la isla carezca de prosperidad. Consiste en que la prosperidad se ha subordinado a un sistema que niega la libertad y la rendición de cuentas. La solución no es un totalitarismo rediseñado con rasgos de mercado. La solución es una transformación democrática en la que la libertad económica se convierta en la consecuencia de la libertad política, en lugar de un sustituto de esta. Por lo tanto, las reformas anunciadas no deben juzgarse por las promesas que hacen, sino por el sistema que preservan. No suponen el desmantelamiento del «castrocomunismo». Son un intento de este por sobrevivir cambiando su apariencia.

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