Costo social y económico de la inmigración ilegal y la deportación como solución
La catástrofe migratoria provocada por Biden
Las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales han sido un tema de intenso debate en Estados Unidos, especialmente bajo la desastrosa política de descontrol que generó la administración Biden-Kamala quienes dejan como herencia al presidente Trump las consecuencias de una política que premiaba y estimulaba la inmigración ilegal. Trump ha prometido solucionar el problema con una deportación masiva, y restableciendo las medidas que Biden derogó con medidas ejecutivas durante su mandato. Este ensayo explorará los costos asociados con estas deportaciones, el costo económico y social del desastre y descontrol de la política migratoria actual, el costo para los contribuyentes y las implicaciones para las familias que tendrán que decidir si se marchan acompañados de sus hijos o si los dejan en custodia de algún familiar en este proceso. Se discutirán las perspectivas sobre la legalidad de las acciones en torno a la inmigración y se analizará cómo esta situación podría evolucionar en el futuro.
Soberanía nacional y la seguridad fronteriza
Bajo la premisa "American First", Trump busca fortalecer la soberanía nacional y la seguridad fronteriza. Trump ha aclamado la construcción de un muro en la frontera sur como un símbolo de su intención de frenar la inmigración ilegal. Su promesa de restablecer medidas migratorias derogadas por Biden, como el programa de "Quédate en México", tiene como objetivo establecer un control más estricto de las fronteras y disuadir la llegada de nuevos inmigrantes indocumentados.
La llegada de millones de indocumentados durante los últimos años ha generado un aumento significativo de la presión sobre los recursos legales y sociales. La administración Biden ha adoptado la postura más débil de la historia del control fronterizo, dando la bienvenida a criminales, traficantes de drogas y personas, y espías que se han infiltrado junto con los inmigrantes que buscan oportunidades más favorables para sus vidas y sus familias facilitando una ruta hacia un mayor descontrol y violación de las leyes de inmigración, situación que es inaceptable para la seguridad de los Estados Unidos.
Prioridad de las deportaciones
Para comenzar a erradicar la crisis migratoria la prioridad de las deportaciones debería centrarse en aquellos que han violado las leyes. Esto incluye a las personas con antecedentes penales y aquellos que han cometido delitos graves en su país de origen o en Estados Unidos. La gestión de estas deportaciones es una tarea compleja que no solo representa un desafío logístico, sino que también plantea cuestiones éticas sobre la justicia en la aplicación de la ley. Al deportar a los violadores de las leyes de inmigración, se busca disuadir a otros de intentar cruzar ilegalmente, estableciendo un precedente sobre las consecuencias de tales acciones.
Costo emocional y social de las deportaciones
Uno de los argumentos más desgastados en este debate de los que se oponen a las deportaciones es el argumento del costo emocional y social de las deportaciones, especialmente en casos donde los padres inmigrantes tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Independientemente que las deportaciones pueden causar o no separación de familias, ya que muchos padres deportados tendrán que tomar la difícil decisión de dejar a sus hijos atrás si deciden regresar a su país de origen sin sus hijos o si se los llevan junto a ellos. Esta situación plantea serias interrogantes sobre el futuro de los niños, quienes son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, que tienen dos opciones marcharse junto a sus padres o permanecer en los Estados Unidos junto a algún familiar que los acoja.
La izquierda demócrata, los progresistas y los que abogan por las fronteras abiertas promueven inculpar a Trump como responsable de las secuelas que puede dejar como consecuencia la separación familiar, mito que ha dejado bien claro el nuevo Zar de la frontera Tom Homan:
"El problema es el siguiente: usted sabía que estaba en el país de manera ilegal y decidió tener un hijo. Así que fue usted quien puso a su familia en esa posición", afirmó Homan.
Homan detalló que serán las familias quienes decidirán si son deportadas a sus países de origen junto con los menores o si los dejan en Estados Unidos con algun familiar. Vamos a tener que construir instalaciones para familias. El número de camas que necesitaremos dependerá de lo que indiquen los datos, dijo.
Desde un punto de vista legal, el derecho a la deportación se asienta en el incumplimiento de las leyes de inmigración. Las personas que ingresan al país sin el debido proceso están cometiendo un delito según la legislación estadounidense, pese a que los activistas y defensores de los derechos humanos argumentan que la deportación, puede ser injusta y contraproducente promoviendo el incumplimiento de la ley. Además, argumentan que la deportación puede desincentivar a las personas a reportar crímenes o participar en la sociedad, lo que resultaría en una comunidad más vulnerable. Este argumento es cuestionable ya que carece de respaldo estadístico.
Costo financiero de las deportaciones vs seguridad pública
El costo financiero asociado con la deportación es otro aspecto para considerar. El nuevo gobierno sabe que las operaciones masivas de deportación requieren recursos significativos, incluyendo personal, transporte y alojamiento y que pueden encarecerse por la negativa de los gobiernos de ciudades santuario de los demócratas que se niegan a colaborar con las autoridades de inmigración Federal, así como tendrá que enfrentar los desafíos de los congresistas demócratas por lo que el presidente invocaría una emergencia nacional para obtener fondos requeridos. Es sabido que las deportaciones masivas podrían resultar en una pérdida parcial de mano de obra en sectores que dependen de inmigrantes, lo que podría afectar temporalmente la economía local y nacional hasta que se puedan conseguir nuevos empleados inmigrantes que entren ordenada y legalmente con una visa de trabajo. Estas dinámicas sugieren que una política migratoria más fluida y eficiente, para contrarrestas las consecuencias económicas y sociales iniciales de las deportaciones. Como resultado de las deportaciones de inmigrantes ilegales, y el control ordenado de las entradas al país, podrá contarse con un ahorro de los gastos de ayudas económicas de manutención y otros gastos de ayuda social que se les está brindando a los ilegales.
Costos de la inmigración ilegal para los contribuyentes
Los costos de la inmigración ilegal para los contribuyentes estadounidenses superan los 150,000 millones de dólares anuales, alerta la organización FAIR, que aboga por la reforma migratoria y cuestiona el uso de fondos destinados a inmigración, argumentando que deberían ser utilizados para ayudar a ciudadanos vulnerables como veteranos y ancianos.
También podría suspenderse el financiamiento del gobierno a organizaciones no gubernamentales (ONG) que brindan asistencia a inmigrantes ilegales facilitando la llegada y permanencia en el país. Además, podría recortarse o eliminarse el financiamiento a ONG locales, y agencias internacionales como la ONU que se utilizan en favorecer la inmigración ilegal a Estados Unidos.
Deportaciones y reforma migratoria.
Mirando hacia el futuro, el escenario de la inmigración en Estados Unidos seguirá siendo complicado para lograr una reforma migratoria integral. Antes de proponer una reforma migratoria integral es imperioso deportar los inmigrantes ilegales, continuar la construcción del muro fronterizo y restablecer todas las medidas que puedan contener la inmigración ilegal. El debate sobre la reforma migratoria avanzada podría continuar fortaleciéndose con las experiencias de del proceso de restaurar la seguridad fronteriza y normalizar el proceso ordenado y legal de inmigración. Las políticas adoptadas deberán equilibrar la seguridad, la legalidad y la humanidad que requieren los procesos migratorios convencionales y el proceso de asilo. Esto requerirá no solo la voluntad política, sino también la sensibilidad y compresión de la necesidad de mantener un proceso migratorio justo y la seguridad de los individuos y la nación.
En conclusión, las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales que emprenderá la administración Trump son el primer paso a la solución de la crisis migratoria heredada del régimen de Biden y sin dudas un fenómeno complejo que involucra consideraciones legales, económicas y sociales. La administración Trump se enfrenta a un reto significativo mientras intenta equilibrar las preocupaciones sobre la seguridad fronteriza y la necesidad de regularizar ordenadamente la política migratoria. La situación migratoria continuará evolucionando, pese a las consideraciones del costo económico, humano y social que la deportación masiva puede acarrear en los Estados Unidos. A medida que se discuten nuevas estrategias para abordar este tema, es crucial mantener un diálogo abierto y considerar todas las perspectivas involucradas para alcanzar soluciones que sean justas y efectivas que consideren un proceso migratorio integral que garantice la seguridad nacional.
🖋️Autor Jose Tarano
📰 Artículos por Jose Tarano
Jose Tarano es productor técnico, diseñador gráfico, colaborador e investigador de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Es licenciado en Ingeniería Eléctrica en Telecomunicaciones por el ISPJAE y es fundador de Electronics JR Computer Design and Service. Es oriundo de Santiago de las Vegas, La Habana, Cuba, pero reside en Estados Unidos.