Líderes del Socialismo del siglo XXI. ¿Corrupción o “persecución política”?
Santa Cruz de Tenerife. España.- La corrupción de los gobernantes y funcionarios de numerosos países es un tema de obligada referencia no solo en nuestros días, en los que se ha hecho común este mal, sino que a través de la historia se ha asociado el enriquecimiento de los encargados de encausar a sus pueblos con ciertos hechos que caen dentro del amplio espectro que hoy conocemos con el término de corrupción.
Como sería interminable un escrito de este tipo si nos referimos a todos los gobernantes que en el mundo han cometido hechos delictivos de esta naturaleza, me limitaré a unos pocos ejemplos que actualmente están siendo motivo de serias investigaciones y fuertes acusaciones en relación con asuntos de corrupción en América Latina, de modo muy particular aquellos líderes que asumieron con fuerza el llamado Socialismo del siglo XXI, la nefasta tendencia que adquirió fuerza con la llegada de este siglo a partir del impulso que ofreció el desaparecido dictador venezolano Hugo Chávez con el auspicio y guía del también desaparecido dictador cubano Fidel Castro.*
Resulta llamativo que todos los líderes de la región a los que se les ha relacionado con actos de corrupción se escuden en la idea de una presunta persecución política, con lo que pretenden eludir su responsabilidad directa o indirecta en los actos delictivos por los que se les ha vinculado en el seno de sus mandatos.
Se sabe que de manera ocasional se han hecho falsas acusaciones o se han sobredimensionado ciertos hechos para implicar a determinados líderes políticos; pero no creo que varios de los presidentes que profesaron el socialismo en el continente estén siendo motivo de falsas acusaciones, algo que se maneja con premeditación de manera tergiversada en los medios de información de países como Cuba y Venezuela, cuyos regímenes dictatoriales no se resignan a aceptar la derrota definitiva del comunismo en América, ni a admitir que sus mandatarios o exmandatarios, a los que adoraron como seres cuasi divinos, se apropiaron de los bienes de sus naciones y las expropiaron de sus riquezas para su aprovechamiento personal.
Sin duda, estamos en presencia de hechos concretos que han sido expuestos por autoridades judiciales competentes, los que se supone no se arriesguen – por lo que esto implica desde el punto de vista legal– a establecer cargos falsos respondiendo a posibles intervenciones externas para implicarles sobremanera en los delitos por los que se les acusa en la actualidad.
El más reciente escándalo político por corrupción es el de Cristina Fernández de Kirchner,** la expresidenta y actual senadora de la oposición en Argentina, sobre la que pesan ahora siete causas judiciales, entre las que sobresalen, la conocida como Cuadernos de la corrupción, caso en el que se le acusa de haber sido jefa de una asociación ilícita para cobrar sobornos de obra pública con fines de financiamiento ilegal de las campañas electorales del kirchnerismo, para gestión política, comprar voluntades en el Poder Judicial, y sobre todo para engrosar su patrimonio personal; así como la denominada Memorándum con Irán, por la que se elevó a juicio oral la causa por encubrimiento a iraníes acusados por el atentado a la AMIA en Buenos Aires (85 muertos y 300 heridos en 1994) en la que está imputada por traición a la Patria. En esta causa se le acusa de haber pactado con Teherán la creación en 2012 de una comisión internacional investigadora de los acusados, todos ellos exaltos funcionarios iraníes; sin que olvidemos las no menos importantes en las que se le responsabiliza por lavado de dinero, asociación ilícita y fraude.
Pero la exmandataria se las agenció para ocupar un puesto en el senado argentino, algo que le ofrece inmunidad y por tanto, a no ser que una parte considerable de este organismo se pronuncie en su contra según lo establecido por las leyes y normas de Argentina, la actual senadora podría librarse de estar en prisión unos cuantos años, aunque su mayor castigo es estar desacreditada y desmoralizada ante el mundo, y no precisamente de ser una víctima de persecuciones políticas como se pretende.
El fenómeno de la corrupción adquiere dimensiones colosales en Brasil, toda vez que dos de sus expresidentes de tendencia socialista han sido investigados por escándalos de esta naturaleza. Luiz Inácio da Silva, uno de los representantes pioneros del socialismo de “nuevo” tipo en el continente, cumple prisión actualmente por corrupción pasiva y lavado de dinero. Fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión, siendo el primer expresidente condenado por corrupción pasiva en la historia de Brasil, sentencia que fue ratificada y elevada a doce años en una segunda instancia pues se le encontró culpable de los delitos de corrupción y lavado de dinero.
No obstante, el aferrado exmandatario continuó su labor promocional como aspirante a la presidencia de Brasil representando al Partido de los Trabajadores, altamente acusado de corrupción como entidad partidista, y lo peor, la mayoría de los brasileños lo apoyaron, con lo que alcanzó el primer lugar según varias encuestas, y de no ser porque el Tribunal Superior Electoral determinó la retirada de su candidatura hoy estaría ocupando, aunque parezca increíble, el primer lugar como candidato a la presidencia del país.
En Brasil tenemos además del caso de Lula da Silva, el de Dilma Rousseff, su seguidora en la presidencia del país a partir del 2011, quien fue destituida de manera escandalosa del cargo de presidenta del país más grande de América Latina, toda vez que fuera acusada en el Congreso por violación de normas fiscales, con lo que “maquillaba” el déficit presupuestal, independientemente de sus implicaciones al dictar tres decretos y ampliar gastos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso. Con su destitución Brasil culminó “el cambio de Gobierno más traumático y esquizofrénico de su reciente democracia”.
De Brasil pasamos a Ecuador, la pequeña nación andina en la que han tenido lugar los mayores cambios sociopolíticos del presente en la región, aunque apenas se le mencione al sobredimensionarse las complejas situaciones de otros países latinoamericanos, o se priorice la difusión de la dramática situación de naciones como Venezuela y Nicaragua, en las que han muerto cientos de personas como consecuencia de las acciones represivas de sus regímenes dictatoriales
De la misma forma en que Ecuador resulta ser un modelo paradigmático en materia de cambios políticos positivos a favor de una democracia que se había perdido durante la década oscura de su reciente historia, también lo es su expresidente, el dictador Rafael Correa, aunque no en la misma dimensión y orientación que el gobierno actual, por cuanto su prototipo paradigmático es el de la maldad, la venganza y la bajeza, y como es lógico de una corrupción al por mayor.
Correa carga sobre sí el peso de múltiples acusaciones, entre las que sobresale, su vinculación con el secuestro e intento de asesinato al opositor y exlegislador Fernando Balda, hecho que tuvo lugar en 2012 en territorio colombiano. Existen numerosas evidencias por las que se puede asociar al exmandatario con el secuestro de dicho opositor. Actualmente la Fiscalía General del Estado considera a Rafael Correa como autor mediato porque era el Presidente de la República y jefe directo del director de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), lo que determinó que se aprobara su captura por la Interpol – algo que fue desestimado por esta instancia recientemente – y su extradición a Ecuador, lo que, lamentablemente no se ha concretado aun y ha quedado solo como un elemento referencial. No obstante, un juzgado de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, instauró este 21 de septiembre la audiencia preparatoria de juicio en su contra por los cargos de asociación ilícita y secuestro del político Fernando Balda.
A esta acusación se añade su responsabilidad en una millonaria deuda que se aproxima a los 60.000 millones de dólares, algo que dejó como herencia a su patria tras su retirada del poder en mayo de 2017. En este sentido la Contraloría General del Estado emitió el segundo informe con responsabilidad penal en su contra respecto al tema de endeudamiento público. La Contraloría anunció que este organismo halló indicios de responsabilidad penal contra Correa y varios funcionarios, como exministros de Economía y Finanzas, exgerentes del Banco Central, exsecretario de Desarrollo y Planificación, entre otros. El examen incluye datos entre $1.700 millones y $2.300 millones de Certificados de Tesorería (Cetes) colocados por el Ministerio de Finanzas entre enero del 2016 y diciembre del 2017.
A estos dos grandes acontecimientos hemos de añadir que un grupo representativo de ministros, asesores, y colaboradores cercanos de su gobierno, incluido Jorge Glas, quien fuera su vicepresidente, y Carlos Pólit, el contralor general de su gobierno, han sido investigados y encontrados culpables de sendas acciones delictivas, algo que los ha llevado al cumplimiento de condenas en cárceles ecuatorianas, y de lo que Correa no podrá quedar exonerado toda vez que se supone que el presidente del país no estuviera ajeno a lo que ocurría en el seno de su gobierno.
De todos los líderes corruptos el que más ha insistido en la hipótesis de una presunta persecución política es Rafael Correa. No hay una sola intervención suya reciente en la que no insista en concepción, que cual delirante idea defensiva acude constantemente a su desordenada mente al sentirse acorralado, toda vez que sabe con certeza que sus días en libertad están contados.
Generalmente suelo guardar silencio sobre Evo Morales, el torpe presidente de Bolivia que se prepara para prolongar su permanencia en el poder, por cuanto considero que su presencia resulta insignificante respecto al rumbo político de la región; aunque tratándose de corrupción, Morales tendrá que explicar muy bien en su momento el origen de la millonaria cifra invertida por su gobierno para la suntuosa edificación que servirá de nueva sede a la UNASUR, cuyo valor estimado es de 50 millones de dólares procedentes del estado.
Así las cosas, los hechos son demasiado evidentes como para poner en duda las fuertes acusaciones por las que se les vincula al fenómeno de la corrupción a aquellos que dijeron, o dicen ser, socialistas en la región.
Es difícil que en medio de su desfachatez logren reconocer y aceptar sus delitos, de ahí que la proclamación de una persecución política encaminada a silenciar para siempre los remanentes de un socialismo que aún persiste en Latinoamérica sea utilizada como escudo, algo inherente al fenómeno populista que siempre acompaña a esta tendencia, esto es, culpar a otros que desde la distancia son siempre “responsables” no solo de sus fracasos, sino también de sus fechorías.
*El surgimiento del llamado Socialismo del siglo XXI es el resultado de las relaciones que tuvieron el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con el comunista alemán residente en México, Heinz Steffan Dieterich*, quien en realidad es el verdadero creador del concepto sobre esta nueva modalidad de tendencia izquierdista, aunque apenas se mencione a este último y se crea que el “mérito” le corresponde al exaltado y egocéntrico exmandatario venezolano. Dieterich es un sociólogo y analista político de origen alemán residente en México. Se ha identificado con las corrientes de izquierda y ha publicado una treintena de libros en los que aborda los conflictos sociopolíticos latinoamericanos, la globalización, y los paradigmas científicos e ideológicos que predominaron en el siglo XX. Se ha dedicado al estudio y revisión de los postulados marxistas con la perspectiva de presentarla actualizada al mundo de nuestros días, incorporando los avances del conocimiento, las experiencias de los intentos socialistas, describiendo sus limitaciones, y ofreciendo propuestas teóricas tanto en la economía política como en la participación democrática de la ciudadanía para construir, según él, una sociedad libre de explotación, aunque respetando los ejes principales de la visión de Karl Marx acerca de la dinámica social y la lucha de clases.
** Cristina Fernández de Kirchner fue procesada con prisión preventiva el lunes 17 de setiembre por el juez Claudio Bonadío por el escándalo conocido como los "Cuadernos de la corrupción". Según el diario La República, en su edición del 21 de septiembre, las causas de estos procesamientos son:
- 1."Cuadernos de la corrupción". Caso en el que se le acusa de haber sido jefa de una asociación ilícita para cobrar sobornos de obra pública con fines de financiamiento ilegal de las campañas electorales del kirchnerismo, para gestión política, comprar voluntades en el Poder Judicial y sobre todo para engrosar su patrimonio personal.
- 2. "Direccionamiento de Obra Pública". Causa en la que Kirchner está procesada por asociación ilícita y fraude, acusada de haber favorecido ilegalmente negocios del empresario Lázaro Báez
con contratos de obras públicas en el sur de Argentina. Cabe mencionar que el empresario, cercano a la familia Kirchner, cumple condena en la cárcel. - 3. "Los Sauces". Causa conocida por el nombre de la empresa familiar de los Kirchner en la cual la senadora fue procesada por ser considerada jefa de una asociación ilícita destinada a recibir dádivas a cambio de favorecer a empresarios cercanos a su familia.
- 4. "Hotesur": Se la acusa de supuesto lavado de dinero junto al expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), a partir de la empresa hotelera del matrimonio, en conjunto con otros empresarios. La exmandataria está acusada de cobrar alquileres en un hotel de la Patagonia a cambio de favorecerlos en las obras públicas.
- 5. "Memorándum con Irán". En esta causa la dirigente es sospechosa de encubrir a ciudadanos iraníes apuntados como posibles autores del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de la Ciudad de Buenos Aires, perpetrado el 18 de julio de 1994, donde murieron 85 personas. La acusación plantea que la presunta intención del Gobierno de Kirchner era garantizar la impunidad de los implicados del país persa a cambio de supuestos intercambios comerciales con Argentina, aunque aún no se demostró aquella hipótesis.
- 6. "Dólar futuro": En 2017, el juez Bonadío elevó a juicio oral, sin fecha, la causa así denominada. La expresidenta está procesada por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, por haber intentado desalentar una devaluación de la moneda con la venta de billetes estadounidenses a fecha cierta, lo cual habría beneficiado a especuladores.
- 7. "Ruta del dinero K": El juez Sebastián Casanello indaga a la expresidenta como presunta coautora de lavado de activos.