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One Big Beautiful Bill (OBBB)

One Big Beautiful Bill

El presente artículo fue escrito tras la aprobación, por parte del Pleno de la Cámara de Representantes, del ambicioso paquete fiscal conocido como One Big Beautiful Bill (OBBB). A la espera de la firma presidencial, este texto busca ofrecer una mirada crítica, pero constructiva, sobre su alcance, sus límites y su inspiración original: el sentido común.

INTRODUCCIÓN

Cuando en diciembre de 2017 se aprobó la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act, TCJA), se marcó el inicio de una nueva era fiscal en Estados Unidos. La norma, impulsada por la administración Trump y aprobada con escaso consenso partidista, transformó profundamente el código tributario federal: se redujo la tasa corporativa del 35 % al 21 %, se duplicó la deducción estándar para individuos y familias, se reformaron los tramos impositivos individuales y se introdujeron incentivos significativos para pequeñas empresas y trabajadores autónomos. Al mismo tiempo, se limitaron deducciones estatales y locales, afectando particularmente a contribuyentes en estados con alta carga fiscal.

Las condiciones previas a esta reforma eran propias de un sistema tributario complejo, rígido y, para muchos, injusto. Hogares de ingresos medios debían navegar una maraña de deducciones, créditos y excepciones mal comprendidas, mientras que las grandes corporaciones utilizaban vacíos legales para reducir su carga efectiva. La TCJA simplificó, recortó y redistribuyó, aunque también fue criticada por favorecer desproporcionadamente a los sectores más altos del ingreso. Sin embargo, sus defensores señalaron un repunte económico sostenido hasta los primeros meses de 2020.

Con la llegada de la administración Biden, muchas de las disposiciones temporales de la reforma fiscal de 2017 quedaron en suspenso. El entonces presidente no derogó la estructura central de la TCJA, pero sí propuso revertir algunas de sus ventajas fiscales mediante aumentos parciales de tasas y límites a deducciones empresariales. Estas propuestas enfrentaron obstáculos legislativos y terminaron bloqueadas en el Senado. Como resultado, la estructura fiscal básica se mantuvo casi intacta durante todo su mandato.

No obstante, los efectos macroeconómicos sí se modificaron sustancialmente por otros factores: la pandemia, el gasto federal sostenido, la expansión monetaria sin precedentes y la presión inflacionaria alteraron el panorama. La economía entró en un ciclo de precios altos y pérdida de poder adquisitivo, especialmente para los hogares de ingresos fijos. Muchos contribuyentes comenzaron a exigir reformas que ofrecieran alivio sin complejidad ni ideología.

Es en este contexto que aparece el OBBB, como una propuesta de corrección estructural basada en la experiencia anterior, con un enfoque en el ciudadano común.

El sentido común de mi abuela:

Por qué el MAGA también ayuda a los que no votan MAGA

Una de las disposiciones más controvertidas de la TCJA fue la limitación de la deducción de impuestos estatales y locales (SALT) a un máximo de $10,000 por hogar. La medida, presentada como simplificación técnica, terminó afectando severamente a contribuyentes de clase media en estados con alta carga impositiva.

No se trataba de millonarios ni de grandes corporaciones, sino de profesionales con ingresos estables que vieron reducirse su capacidad de deducción. El sistema comenzó a castigar indirectamente a quienes ya pagaban altos impuestos locales.

¿Era eso justo? Mi abuela habría dicho que no. Creía en el sentido común como brújula moral de la vida pública. Y en eso, esta nueva etapa del movimiento MAGA parece escucharla. El OBBB eleva el límite de deducción SALT a $40,000 para todos los hogares con ingresos por debajo de medio millón de dólares.

Es una corrección técnica con efecto político amplio, que beneficia a muchos contribuyentes de estados demócratas, sin importar su filiación ideológica. Porque el OBBB no es un manifiesto de revancha, sino una reforma basada en principios prácticos.

Cuando el IRS subsidiaba a los gobernadores

Hasta 2017, los estados podían aplicar altas tasas fiscales sin enfrentar resistencia ciudadana, porque el impacto era amortiguado por la deducción federal. El contribuyente parecía recibir alivio, pero en realidad el subsidio encubierto era para los gobiernos locales.

La TCJA rompió esa lógica. Al limitar la deducción SALT, obligó a los gobiernos estatales a asumir el costo político de sus decisiones fiscales. Se les quitó la protección de Washington. El OBBB ahora corrige ese límite, pero lo hace con criterios de ingreso y sin restaurar el subsidio a los estados.

El mensaje es claro: los gobiernos estatales pueden cobrar lo que deseen, pero deben responder ante sus ciudadanos, no esperar que el gobierno federal amortigüe el descontento. Es un acto de autonomía con responsabilidad.

Clases medias y trabajadoras: los verdaderos ganadores silenciosos

Desde 2017, el foco mediático ha estado en las tasas corporativas. Pero los cambios más relevantes —y menos discutidos— han sido los dirigidos a las clases medias y trabajadoras. El OBBB refuerza ese enfoque con medidas como:

• Exención total de impuestos sobre horas extra y propinas
• Deducción estándar aumentada a $13,850
• Incremento del crédito por hijos hasta $2,500
• Cuentas de ahorro infantiles “Trump”
• Créditos ampliados por adopción y cuidado infantil
• Licencias médicas pagadas accesibles a pequeñas empresas
• Exención de impuestos por condonación de deuda estudiantil en casos críticos
• Aumento del límite SALT a $40,000 con tope de ingreso
• Eliminación del Impuesto Mínimo Alternativo para ingresos menores a $1 millón
• Créditos para donaciones a organizaciones de becas

Resultado: más ingreso disponible, menos penalizaciones invisibles.

Un trabajador con dos empleos, una familia con hijos o una pareja mayor con hipoteca notarán la diferencia sin necesidad de abogados fiscales ni mudanzas de estado.

Una redistribución de abajo hacia el centro

El OBBB no distribuye riqueza de gobierno a individuo ni de ricos a pobres. Redistribuye el peso del sistema hacia el centro social: hacia quienes trabajan, producen, cuidan, ahorran y no esperan favores, sino justicia. No castiga el esfuerzo; lo acompaña.

Una apuesta por el crecimiento

El OBBB implica costos fiscales altos —entre $3 y $4 billones en una década— pero no se plantea como gasto, sino como inversión. Su éxito depende de:

• Crecimiento del PBI superior al 3 %
• Ampliación de la base contribuyente
• Reinversión local
• Reducción del gasto público improductivo

Ello no es una garantía, es una apuesta. Pero apuesta por el ciudadano, no por la burocracia.

Y eso representa una ruptura con la lógica del miedo fiscal. Porque si el Estado considera al ciudadano su mayor activo, no puede seguir tratándolo como carga.

Conclusión: el regreso del sentido común

El One Big Beautiful Bill no es una revolución. No impone ideología, ni caridad disfrazada. Es una reforma que premia al que trabaja, al que cría, al que invierte.

Rescata principios fiscales básicos: previsibilidad, simplicidad, neutralidad. No importa en qué estado vivas o a quién votes. Si produces, mereces un respiro.

¿Hay riesgo? Por supuesto. Pero es preferible arriesgar por el productor que expandir la burocracia sin límite.

Incluso Elon Musk ha expresado dudas. Pero sus temores apuntan a la incertidumbre, no a la filosofía del plan. Tal vez no veamos prosperidad en Marte todavía, pero sí en los hogares que reciban $2,000 más sin pedir permiso al Estado.

Y eso —como decía mi abuela— se llama sentido común.

Autor: Armando Manuel D’Fana, poeta y ensayista cubano, fue expulsado de la escuela de medicina en 1980 y se exilió en 1982. Vive en EE. UU. y ha escrito varios libros, incluyendo Poemas del confinamiento y Cien Días de Poder. Es miembro del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio.