El impeachment de la vicepresidente Kamala Harris.

 La noción de impeachment, ese procedimiento legislativo para hacer frente a la mala conducta de un funcionario público, existe desde 1376, cuando el Buen Parlamento (o el Parlamento inglés de 1376) inició el primer caso conocido. Más recientemente, la modernidad ha sido testigo de un mayor ejercicio de estos mecanismos constitucionales para destituir a los infractores de la confianza del soberano. Algunas regiones han sido testigos de un mayor activismo que otras.

Ignacio Arana Araya, politólogo chileno que escribe en el Georgetown Journal of International Affairs y que defiende el proceso legislativo para hacer frente a la mala conducta pública, señaló que en América Latina, entre 1978 y 2019, diez presidentes de seis países han sido destituidos por medio de juicios políticos, declaraciones de incapacidad o renuncias atribuidas al proceso de impeachment. Los Estados Unidos, abarcando un marco histórico más largo, han tenido muchas menos insistencias en la utilización de estos dispositivos constitucionales para deshacerse de presidentes sospechosos o que se considera que han llevado a cabo acciones indebidas. Ha habido buenas razones para ello.

En Estados Unidos, el umbral para que la Cámara de Representantes acuse a un presidente es “traición, soborno u otros altos delitos y faltas”. Los dos primeros son más fácilmente identificables y demostrables, siempre y cuando se cometan. Los segundos son profusamente más elásticos y están sujetos a la interpretación y el análisis subjetivo de lo que podría o debería constituir un “alto crimen” y/o un “delito menor”.

La absolución de Trump y el impeachment jacobino.

Como se esperaba, el expresidente Donald J. Trump triunfó sobre sus enemigos políticos y fue absuelto de los cargos en este juicio político. Nadie creía realmente que se pudiera alcanzar el umbral de los 67 senadores. Teniendo en cuenta que el 45º presidente ya era un ciudadano privado, destituirlo no era la cuestión. La razón de este loco episodio farsesco era lograr tres propósitos principales. El primero era impedir, legalmente, que Trump ocupara un cargo público. El segundo era legitimar la presidencia de Biden revisando la historia. Por último, el tercer objetivo de los demócratas era ganar terreno en su guerra para suprimir a los votantes conservadores.

Para tratar de llevar a cabo esta empresa masiva, los gerentes demócratas a cargo de procesar el caso contra Trump, presentaron una serie de teorías de conspiración lejanas, acusaciones salvajes, pruebas fraudulentas manipuladas, y una enorme dependencia de argumentum ad ignorantiam. Desde el ascenso de Barack Obama al poder y la consiguiente reformulación estructural del Partido Demócrata, los principales medios de comunicación de la calle y las grandes empresas tecnológicas han abandonado el periodismo de investigación objetivo y se han puesto al servicio del izquierdismo. Durante el juicio de destitución, los fiscales demócratas se apoyaron en ambas poderosas instituciones para que les dejaran salirse con la suya con burdas inexactitudes y encubrieran sus incongruencias. El equipo legal de Trump les negó la posibilidad de enredar los hechos.

De entrada, la idea de que el incidente del 6 de enero en el Capitolio sea calificado de “insurrección” es ridícula y una afrenta al conocimiento. Ninguna persona mínimamente versada en ciencias políticas o en cualquiera de las otras ciencias sociales puede, con apego a la consideración académica, clasificarlo como tal. Los autores de la acusación de impeachment lo saben, pero como se ha dicho antes, la idea central del impeachment nunca fue destituir a Trump.

Abraham Lincoln y la división de Estados Unidos en la actualidad.

Ninguna figura ha sido más seminal en la preservación de la libertad y la democracia de Estados Unidos que Abraham Lincoln. Aunque pueda parecer una afirmación amplia, hay dos razones fundamentales por las que esto es así. Al celebrar el 212º aniversario de su nacimiento este 12 de febrero, es importante mirar hacia atrás en la historia y apreciar más profundamente la visión, la voluntad y la obra del 16º presidente de la nación. Hay un hilo histórico común entre los Estados Unidos de entonces y los de ahora.

La Revolución de 1776 fue una revolución inacabada. Fue incompleta debido a la esclavitud en una confederación de colonias recién formada que, a pesar de la adaptación de la Constitución (1789) sustituyendo así a los flojos y débiles Artículos de la Confederación (1781), el sistema federal con su gobierno nacional más fuerte, todavía tenía que enfrentarse a las incoherencias entre la carta magna moral americana, la Declaración de Independencia (Declaración), su confianza en la ley natural como guía ética y la institución de la esclavitud.

El segundo problema fue que, dado que la esclavitud era, para el sur del país, un apéndice económico de su modo de producción, la geografía y la cultura establecían disposiciones sociales diferentes. El dilema subyacente entre las contradicciones inherentes a la primacía de los derechos naturales propugnada en la Declaración y la separación geográfica y cultural expuesta produjo en la práctica dos pactos sociales diferentes. Lincoln comprendió que este conjunto discordante de hechos generaría, a su debido tiempo, una fricción tan grande que sería eminente una ruptura nacional.

Política de Biden hacia Cuba: un modelo chino tropical.

No fue una sorpresa cuando Jen Psaki, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, anunció formalmente el 28 de enero que la administración Biden revisaría la política americana hacia Cuba comunista. Después de todo, durante la campaña presidencial se había hecho referencia a ello. Psaki afirmó en su declaración que, parecido a lo que hizo el portavoz de Barack Obama en diciembre de 2014, la política de Biden hacia Cuba se regiría por “dos principios”. 

Uno es “el apoyo a la democracia y los derechos humanos” y el otro, que “los americanos, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba”. El historial de políticas de distensión (coexistencia), o en la semántica del siglo XXI, “compromiso” (engagement), contradice los objetivos declarados de la nueva administración cuando se trata de regímenes totalitarios comunistas. 

La coreografía engañosa de emplear un lenguaje de relaciones públicas seductor como “derechos humanos” y “libertad” para enmarcar los objetivos de la política exterior no es sincera. La presidencia de Biden restaurará y revitalizará el pacto Obama-Castro. Esta sería esencialmente la intención práctica de forjar un modelo chino tropical. Es decir, un régimen en el que el Estado castrocomunista leninista cohabite con una economía híbrida y coexista con Estados Unidos. Esto sería consecuente con la comparación de Obama de las relaciones de Estados Unidos con China, así como con Vietnam.