Argentina: Nación Sitiada por Julio M. Shiling
Cuándo Ana María González visitó la casa de su amiga María Graciela Cardozo, para situar en la cama del padre de su compañera de colegio la bomba que horas después volaría los sesos del jefe de la policía de Buenos Aires ¿se imaginaba que aún faltarían 27 años más antes de alcanzar el poder? El horrible asesinato cometido por la adolescente montonera ese 16 de junio de 1976, tipificó la violencia indiscriminada desatada para promover la premisa marxista de la lucha de clases que, formalmente, se había iniciado en ese momento.
Hoy, 3 años después de las elecciones del 2003 y 48 desde que John William Cooke, activista de ideas hibridas nacionalistas-marxistas-leninistas, diera comienzo en septiembre de 1955 a la "Resistencia Peronista", la guerra por implantar el comunismo en la patria de San Martín, vemos a la república Argentina cada vez más encaminada a su esterilización como sociedad libre.
Antes de entrar en el examen de lo transcurrido y la presidencia de Néstor Kirchner en Argentina, es obligatorio un recuento de los hechos para ver cómo ocurrieron y las ideas que sostienen esa trayectoria que hoy goza del apogeo oficialista.
Discutir los méritos del marxismo como concepto abstracto, no es el propósito de éste artículo, sin embargo, un entendimiento básico del mismo es fundamental para comprender el proceso que ha vivido y vive la Argentina (y otros lugares). El marxismo, como el nacional socialismo (nazismo), son ideologías deterministas. Ven el desarrollo del mundo como seguimiento a unas "leyes" que se manifiesta por medio de "luchas". El nazismo interpreta unas supuestas "leyes de naturaleza" que se materializan en una "lucha de razas". Para el marxismo, todo sigue "leyes de la historia" que se despliegan en una "lucha de clases".
Los adeptos a estas doctrinas se consideran agentes encargados de asistir a estos "procesos", traducidos por ellos como inmutables. De ahí que los nazistas utilizan la práctica de eliminar al no-ario como colaboración meritoria con la naturaleza. Los comunistas también abrazan la ejercitación del exterminio, en este caso de clases (social, política, religiosa, cultura o ideológica), como prerrequisito para, junto a la alteración en las relaciones de producción, alcanzar el final de la "alienación", el puerto utópico de la barca marxista y construir el "hombre nuevo".
Marx, expresó virulentamente la necesidad de fusionar la violencia con toda acción revolucionaria. Su desprecio por el pacifismo es connotado. La lucha armada revolucionaria con la intención de derrocar sistemas capitalistas violentamente, no solo era consecuente con las ideas de Marx, sino eran necesarias. Y los argentinos que creyeron y lucharon por implantar el paradigma comunista, no cometieron una herejía con esa seudo-religión que es el marxismo. Fueron fieles a la metodología que prescribió su fundador.
La lucha para convertir a la Argentina en una república socialista (no confundirse con Democracia Social) ha tenido seis periodos. Los actores fueron una amalgama de movimientos marxistas-leninistas que, aunque a veces evidenciaban antagonismos entre sus fracciones, todos conspiraban a favor de la conversión de Argentina en una estado comunista. Al final, terminaron reconstituyéndose o fusionándose en dos: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros. La primera etapa (1955-1968) consistió, principalmente, en focos de guerrillas rurales en escenario notorios del país como las provincias de Tucumán, Salto y otras áreas montañosas. La gesta subversiva armada fue infructuosa en su acción de llevar a cabo alguna victoria contundente.
La segunda etapa, de 1969 a 1972, marcó una intensificación en la guerra marxista al incorporar a la insurgencia las guerrillas urbanas. Esta inclusión masiva de las ciudades elevó el nivel de la contienda beligerante. El secuestro, la tortura y el asesinato en mayo del 1970 del ex presidente Pedro Aramburu por los Montoneros, dio aviso de la llegada de una sangrienta década que se avecinaba a la Argentina. Los notables esfuerzos de las fuerzas de seguridad por frenar la ofensiva subversiva originó el establecimiento de un marco jurídico para combatir a los comunistas, como fue la Cámara Federal de Penal. Este instrumento legal sirvió para procesar y condenar a más de 2,000 terroristas.
El retorno de la democracia en mayo de 1973 marcó el comienzo del tercer periodo (1973-1976) de la guerra comunista por el poder estatal argentino. Teóricamente, la democracia, como sistema político, es un acérrimo enemigo de esquemas doctrinales como el marxismo-leninismo, que emplea el totalitarismo como modo operativo. Sin embargo, la voluntad de destruir la embestida comunista por parte del nuevo presidente, Héctor Cámpora, parece no haber estado presente. El primer acto oficial del recién estrenado mandatario fue derogar la Cámara Federal Penal. Este ataque frontal al mecanismo legal para enfrentar al terrorismo y la posterior amnistía a todos los terroristas que habían sido condenados, vitalizó los movimientos antisistemas. Cámpora también desmanteló el Tribunal Supremo y entregó la Universidad de Buenos Aires en capacidad de interventor virtual, al connotado comunista Rodolfo Puiggros (luego convertido en líder montonero). La subversión estaba galvanizada.
Los asesinatos, secuestros, atentados dinamiteros, ataques a guarniciones, bancos, etc., alcanzaron niveles inauditos. El 13 de julio, Cámpora renuncia (algo que muchos esperaban y consideraban su gesta presidencial como una premeditado preludio para el retorno de Juan Domingo Perón al poder). Nuevas elecciones fueron convocadas para septiembre que Perón ganó con 61% del voto. Tomando en cuenta la raíz peronista del movimiento montonero, Perón (y muchos de los que votaron por él) pensaron que el movimiento subversivo encontraría, en el mentor, un bálsamo para el apaciguamiento. Perón, al igual que Cámpora antes que él, subestimó el apetito de los que estaban comprometidos con el establecer, nada menos, que un orden marxista en la Argentina. Todo esfuerzo de cooptar la subversión (y fueron muchos) resultaron infructuosos. El gran mariscal del estatismo argentino, Juan Domingo Perón, fue abandonado por esos que surgiendo de sus filas fascistas-socialistas, encontraron en el comunismo, un variante del socialismo más apetecible. El caudillo no hizo su ira callar.
La respuesta de Perón a la guerra subversiva marxista fue la Triple A. Esta organización, operando en la ilegalidad y de forma clandestina, empezó la campaña furtiva de penetrar células subversivas marxistas y neutralizar a sus integrantes. Con sólo nueve meses en el poder, Perón falleció, muy lejos de haber aminorado o, mucho menos, aniquilado a sus nuevos enemigos, antiguos discípulos. Quedó su esposa, Isabel Martínez de Perón, de presidenta.
La presidencia de Isabel se inicia con mucha agresividad en la lucha contra la guerra revolucionaria que mantiene en este tercer periodo que culmina en 1976 con un golpe militar. Comenzando 1975 fue autorizado el Operativo Independencia (decreto secreto No.261), una campaña otorgando poderes amplios al ejército argentino para combatir la guerrilla comunista en Tucumán, provincia fuertemente abatida por el ERP y amenazada con convertirse en "zona liberada".
La despiadada crueldad que ejercían los marxistas en la guerra fue tipificada con el hallazgo, en 1975, del cuerpo del Teniente Coronel Larrabure, secuestrado por más de un año, confinado a una fosa llamada "cárceles del pueblo", cavada debajo de una casa Larrabure. Había perdido cuarenta kilos de peso durante su cautiverio y su cadáver demostraba una contusión rectangular en forma de un martillo, en el cuello tenía un surco de estrangulamiento por torsión hacia atrás y, en los órganos genitales, congestiva inflamatoria, similar a la provocada por descargas eléctricas. El terror y la indignación nacional ante la barbarie roja, alcanzó proporciones desenfrenadas.
Pese al esfuerzo del gobierno de Isabel Perón por frenar la avanzada subversiva, en adición al Operativo Independencia y el decreto No. 2772 de octubre de 1975 dando mayores facultades a las fuerzas armadas para lidiar con la insurgencia, el caos no parecía debilitarse. El hecho es que las autoridades argentinas, después del decreto de Cámpora derogando la Cámara Federal Penal y la ley de amnistías indultando a más de 2,000 terroristas, nunca recobraron el terreno ganando a los guerreros comunistas. No es casualidad que más del 52% de los actos terroristas y el 70% de los asesinatos fueron llevados a cabo durante democracias, entre 1973 y 1976.
El cuarto periodo (1976-1979) de la guerra se desprende a partir del golpe militar de marzo de 1976. Se le llamó "golpe militar" por la ascendencia al ejecutivo del estado argentino de la junta militar presidida por Jorge Videla, Massera, et al., y la manera no-democrática de llegar al mismo. Pero en realidad fue, más bien, un golpe cívico-militar, ya que había el reclamo popular por la acción pretoriana interventora y tenía el amplio respaldo de la mayor parte de la rama legislativa multipartidista y judicial de la nación argentina. La sociedad civil abrumadoramente, reforzó moralmente y con generoso entusiasmo, la acción castrense. Esto incluye a personalidades de la izquierda como Jacobo Timmermann, Ernesto Sábato, etc., con este último rindiendo impresionantes loas al "libertador" Videla. De haberse realizado elecciones libres en ese momento ante la crisis existente, con gran probabilidad, hubiera obtenido tal vez la mayoría más decisiva en la historia de las elecciones argentinas.
La misión de la junta militar de 1976 fue la de neutralizar la ofensiva marxista, sus acciones terroristas, y poner fin al proyecto de establecer una república comunista en América del Sur. Su preocupación no fue ganar concursos de popularidad y eso fue, indudablemente, un gran error estratégico. El reto que enfrentaban fue enorme. En ese momento, los combatientes marxistas representaban la fuerza insurreccional más grande en el hemisferio occidental. Su modo no-convencional de desarrollar una guerra de guerrillas, rural y urbana, dificultaba la tarea de combatirlos. No obstante la ferocidad y el poder de la ERP, los Montoneros, la tiranía castrocomunista, el comunismo internacional, la izquierda radical y sus respectivos simpatizantes, las fuerzas de seguridad argentinas ganaron, en tres años, la contienda bélica, y restablecieron el orden.
La lucha marxista-leninista por el poder, con su empleomanía del terror armado, se llevó a cabo entre 1955 y 1979. Su costo a la sociedad argentina fue enorme. Esta atroz guerra para imponer un sistema sobre la mayoría, por una minoría, elitista y fanática, que obedecía a una ideología radical, atea e intolerante, colectivizó el luto y el caos. ¡Solo entre 1969 y 1979 hubo 21,642 actos terroristas ejecutados por los comunistas! La derrota militar aplastante que sufrieron los combatientes marxistas, llevó a la dirigencia subversiva a cambiar de campo de batalla. La despreocupación del régimen militar por el reclamo de las imágenes y percepciones probó, al final, ser un error colosal que capitalizó el enemigo.
La quinta etapa (1980-2003) recorre la parte final del mandato castrense. Después de ganar la guerra bélica en 1979, recorre el retorno a la democracia con las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y concluye con la ascensión al poder del actual mandatario. La cúpula marxista argentina y sus cómplices revolucionarios internacionalistas, no cesaron en sus afanes conspirativos para, en la tierra donde nació Sarmiento, instaurar una dictadura socialista. La metodología para conquistar el poder, cerradas las puertas de la vía armada, resultó ser el terreno de la opinión pública en las capitales del mundo occidental capitalista.
La guerra roja publicitaria abrazó la premisa difusionista de Hermann Goebbells, Ministro de Propaganda de Hitler, de que repetir una mentira suficientes veces y convertirla en la opinión pública, la convierte en una "verdad". El proyecto fue de convertir a los victimarios en víctimas. La "victimización" se esperaba, generaría una reacción mundial que presionaría a los vencedores de la guerra armada a prescindir del poder. Y establecido el espacio, la tarea usurpadora daría, en territorio nacional, un nuevo ímpetu.
El tema de los "desaparecidos" resulto una genial componenda, dentro de una instrumentación muy bien elaborada, para facilitar el camino al poder. En léxico político, el acto de "desaparecer" a alguien consiste en la detención y ejecución, sin juicios y extraoficialmente, de un opositor real o imaginario.
Sí. Incuestionablemente hubo desapariciones en la Argentina. Por supuesto que no los números bombásticos e hiperinflados ofrecidos por sus partidarios. Cifras serias varían entre 4000 y 7706. Tarea complicada por la constante "reaparición" de personas consideradas "desaparecidos" que, sin embargo, estaban viviendo y activos en Europa, América Latina y los ex –países socialistas. Indemnizaciones posteriores a familiares, aseguran que los números nunca ascenderán a proporciones reales.
La práctica sistemática de detener y ajusticiar combatientes sin revisión jurídica, se llevó a cabo por gobiernos argentinos, democráticos y no-democráticos, durante la década del 70. Esta actividad se recrudeció con la intervención castrense de 1976 y duro hasta 1979. Sin embargo, las desapariciones pre-golpe militar, no parece haberles preocupado mucho. Esto ha sido una omisión estratégica.
Las autoridades públicas argentinas, empleando la mecanización de aprehender y matar extraoficialmente a las capturadas fuerzas subversivas, pusieron fin a la guerra. La contraofensiva lanzada por el gobierno, y el régimen militar en particular, neutralizó la búsqueda armada del poder por los marxistas. Sus integrantes y simpatizantes abandonaron la vía armada y optaron mecanismos operantes en sociedades abiertas (las mismas que aniquilarían si hubieran llegado al poder).
El nuevo campo de batalla fue la opinión pública internacional. Nada más fácil que victimizar al que perdió la guerra. No importa si fueron los que la empezaron. La intensa campaña de victimización necesitaba de "víctimas" y "villanos". Los que escaparon al exterior con el comunismo internacional y sus cómplices de la izquierda, coreografiaron espectacularmente la embestida sicológica.
Como metodología sería obligado descontextualizar la historia. La practica de descontextualizar es una mentira astuta. De esa forma habría un claro "villano". Extirparon, del largo proceso de lucha antisubversiva, el periodo después del golpe militar de 1976, ignorando 21 años previos de constante enfrentamiento bélico a las fuerzas antisistemas. Así se desarrollo la temática de los "desaparecidos". El descarado arte de descontextualizar, de hacer un paréntesis de sólo un tramo de historia y pretender que no tiene vínculos orgánicos, de hacer creer que toda la violencia surgió a partir del golpe castrense y que ellos (los insurgentes) "respondían" a dicho acto, fue posible sólo por la desinformación, la inaptitud por la ignorancia y el acondicionamiento ideológico.
Maniobrando artificiosamente por canales legales e instituciones legítimas, lograron esquivar la atención de su pasado criminal. Organizaciones serias, particularmente de derechos humanos, engatusadas, canonizaron a grupos que hasta días previos habían cometidos actos de la misma envergadura de la que estaban ahora señalando. El fiasco de las Malvinas retornó a la Argentina a la democracia. Comenzó en ese momento la mutilación del acomodamiento de la legalidad para satisfacer su agenda ideológica.
La victoria electoral de Raúl Alfonsín, político de la Unión Cívica Radical (UCR) y antiguo abogado de Mario Santucho, notorio terrorista jefe del ERP, extendió la contienda publicitaria a territorio argentino. La finalidad de socializar a la Argentina encontró un comodísimo entorno facilitado por la administración de Alfonsín. La vía de una legalidad parcializada e ideológicamente dirigida, fue puesta en práctica de forma inmediata. El decreto No. 158/83 institucionalizó la descontextualización histórica y jurídica. Esta orden ejecutiva criminalizó lo cometido durante la guerra, mayoritariamente sólo por un bando (las fuerzas públicas) y por un periodo específico (durante el régimen militar). Los 359 desaparecidos de 1975, los 549 del primer semestre de 1976 y todos los cometidos por la Triple A, la banda paramilitar de Perón (Juan D.), no les interesó a los inquisidores partidistas. Era obvio que la lupa oficialista no tendría ni un remoto interés, en indagar sobre las atrocidades incurridas por los ex-combatientes revolucionarios.
La estrategia de las desapariciones selectivas recibió oficialidad doméstica con el decreto No. 187/83 que estableció la CONADEP, comisión comprometida copiosamente con los propósitos de los ex-insurgentes. Este instrumento lleno de errores, omisiones y falsedades sirvió de base para la "justicia" alfonsinista. Al rato comenzaron los juicios a los militares que pararon la guerra marxista armada.
El gobierno de Alfonsín obtuvo, para los terroristas marxistas argentinos, sus partidarios y la izquierda radical, impresionantes logros. Ofreciendo el pódium de un régimen democrático, legitimó ante la opinión pública, las quejas de los vencidos subversivos y encubrió sus bárbaros crímenes. Para la mayoría de los argentinos, el empobrecimiento, bajo su mandato, no sólo fue moral y cultural.
En su afán por socializar al país, Alfonsín casi destruye a la Argentina, al estatizar, para 1985, la mitad de los medios de producción nacionales, derrumbar el crecimiento económico, la productividad, el poder adquisitivo y los salarios reales. Lo que estaba en ascenso eran los precios, la delincuencia, el desempleo real y la inflación. Este último a niveles carnavalescamente bajos, lo que castigó con mayor severidad a los más necesitados. A pesar de las generosas concesiones concedidas por Alfonsín a los marxistas y la inmersión socializadora de su gesta, los conspiradores parecen no haber estado satisfechos.
Fiel a sus prédicas doctrinales, los comunistas retomaron la ofensiva bélica atacando, en 1989, el regimiento militar en La Tablada. Fue, como campaña militar, desastrosa para los comunistas. Las fuerzas públicas lograron enseguida aplastar el ataque. Defendiendo la nación y repelando el cobarde asalto, murieron más de 10 argentinos, incluyendo el Mayor Fernández Cutiellos, asesinado con un balazo al rostro después de habérsele cortado la lengua y los testículos. Penosamente, antes de concluir la próxima década, los asesinos comunistas estarían caminando libres por las calles.
La ascensión de Carlos Saúl Menem marcó un obstáculo para los propósitos de lograr una Argentina socialista y montonera. No obstante, la innegable corrupción (problema no-partidista argentino), concesiones empresariales selectivas, gasto público excesivo y acuerdos políticos nublosos, los avances socialistoides en el ámbito político, cultural y legal alcanzados, cortesía de la previa administración, fueron un peso en el retroceso. El esquema cuasi-liberalizador, el acercamiento con los EE.UU., la condena al castrocomunismo en foros públicos y el indulto a los partícipes en la guerra en ambos lados, en busca de una reconciliación nacional, descarriló, momentáneamente, el ímpetu marxista en la Argentina.
Lamentablemente, los vínculos de Menem con el peronismo y su maquinaria socio-política, las reformas antisitémicas estructurales, incompletas y mediatizadas, atrofiaron el potenciable despegue argentino en los pantanos de la contracultura socialista. Los que vinieron después, no sólo continuaron la incorrecta lectura y mal aplicación del libreto liberal, sino que le ofrecieron a las fuerzas conspiradoras la más grande oportunidad en una década para alcanzar el poder.
El léxico político se degradó a niveles vergonzosos culpando a potencias extranjeras, sus instituciones y modelo económico, en vez de asumir la ineptitud de los políticos criollos que no supieron administrar la impresionante riqueza adquirida ni controlar el despilfarro público, resurgiendo la premisa de invitar al estado a ampliar su poder, achacando, calumniosamente, a un paradigma teórico que nunca se practicó.
Rápidamente se movilizaron los movimientos antisistemas para quebrar el orden democrático y desvirtuar la concordia política. La expresión del descontento social fue secuestrada por extremistas que decidieron redefinir "democracia". Fernando De La Rua, con su renuncia, les dio a las turbas y sus secuaces, un nuevo formato para alcanzar el poder. A este, aún el acto de conmutar la sentencia de los atacantes a La Tablada, poco le sirvió para ser perdonado por el imperdonable suceso para la izquierda radical, de condenar al régimen castrista en los procedimientos de los DD.HH. de la ONU, a pesar de tener Cuba la infame “distinción” de ser el país con la mayor cantidad de presos políticos per cápita en el mundo y ser un fiel y consiste practicante de la tortura sistemática.
Políticos como Eduardo Duhalde, uno de los presidentes interinos, volvió a la inescrupulosa rutina de negarse a depositar el voto argentino en la digna columna de naciones que condenaron a Cuba comunista en la ONU. Sin lugar a dudas, gestos como ese, la excarcelación de connotados terroristas, como Gorriarán Merlo (el acto de cierre del mandato duhaldista) y la extensión del clientelismo ideológico, dejó claro que la locomotora marxista se había encarrilado nuevamente. Así concluyó el quinto periodo de la lucha revolucionaria por el poder argentino.
La nueva metodología de victimizar a los agresores desvirtuando la historia para así institucionalizar la contracultura (premisa marxista), amparadas por una legalidad partisana (táctica de lucha ejercida por los marxistas argentinos después de su derrota en el campo bélico) encontró, en la ascensión de Néstor Kirchner, su "raison d'etre" y marcó el sexto y actual periodo de la sitiada comunista (2003 - presente).
Con el 22% del voto popular (el más bajo en Argentina), arribó Kirchner al poder. En un "caballo de Troya" que entró por la puerta de una debilitada democracia e insertó el montonerismo en la cúpula estatal argentina. Lo que no logró las bombas, los asesinatos, los secuestros, las torturas y el terror en general, lo posibilitó la maquiavélica estrategia adoptada al concluir la contienda armada.
Dos fenómenos de la modernidad han hecho fácil la adquisición del poder por parte de los elementos radicales. El primero, la inclusión de la propiedad privada, amedrentada y cooptada, a la praxis socialista. La segunda, el empleo de la democracia misma, como sistema para arribar al poder. El comunismo es un fin, no un medio. Para alcanzar esa utopía, el modo operativo es implantar el autoritarismo para después, dependiendo en la extremidad de los propósitos, si es necesario, ejercer el totalitarismo. La metamorfosis que ha dado el marxismo al incorporar variantes del capitalismo, i.e., capitalismo concesionario, mercantilismo, etc., tolerando esquemas de propiedad privada para así alistarlo en concepto y práctica, en sus nociones de relaciones de producción (así lo explicó Deng Xiao Peng en 1978 y practicó Lenin en 1921), allanó el camino doctrinalmente para socialistas como Kirchner. Al establecer terrenos grises, la veracidad de las intenciones ha sido más fácil de ocultar. Adicionalmente, la incapacidad del socialismo de resolver las necesidades de sus habitantes, ha engendrado una relación de dependencia irremediable con el capitalismo. Es esta condición de parasitismo empedernido, la que obliga la tolerancia de la propiedad privado aún cuando, dogmáticamente, la desprecia.
La utilización del foro democrático para llegar a la cúpula gobernante, es el segundo factor. Típicamente encarando dificultad para tomar posesión del gobierno por las armas, el camino por vías democráticas es otro método de adueñarse del Estado. Así lo hizo Hitler y el Nacional Socialismo. Monopolizar el poder es la meta. Los obstáculos son la sociedad civil y la oposición. Sin duda que este proceso de consolidación de poder, cuando la dictadura en formación parte de la democracia, se hace más difícil. Lastimosamente, este fenómeno se esta repitiendo con demasiado frecuencia. Los marxistas en la Argentina, desde el 25 de mayo del 2003, con un ex-montonero presidente gobernando desde la Casa Rosada, están en ese afán.
La toma de posesión de Kirchner contó con las figuras más predilectas de la izquierda radical. Ahí estaba el tirano-en-jefe Fidel Castro recibiendo la distinción de concretar la más prolongada reunión con el nuevo mandatario. Su discípulo Hugo Chávez también rozó los codos con el homenajeado. Esta cuasi-cumbre de terroristas, dictadores, sus apologistas y papagayos no fue un mero "show" publicitario, como algunos ilusos sugirieron. Kirchner rápidamente demostró la seriedad de sus convicciones.
Antiguos montoneros desbordaron el gabinete kirchneriano. Rafael Bielsa recibió la Cancillería; Carlos Kunkel se le asignó la Subsecretaría de la Presidencia; Enrique Albistur se le encomendó la Secretaría de Comunicación; Eduardo Sigal fue hecho Subsecretario de Integración Americana; Eduardo L. Duhalde fue nombrado Secretario de Derechos Humanos; Juan Carlos Dante Gullo, asesor presidencial; Jorge Taiana sería nombrado Secretario de Relaciones Exteriores; Patricia Vaca Narvaja recibiría la Secretaría de Defensa del Consumidor; Juan González Gaviola se le asignó el ser interventor del PAMI; Carlos Bettini, embajador en España y, más recientemente, la Ministra de Defensa Garré. Todos ex-montoneros. Con esta composición estructural quedó claro que en este régimen la hegemonía sería montonera.
Los mecanismos con capacidad de frenar o destruir los proyectos de la nueva administración de ex-subversivos, rápidamente fueron enfrentados. Las Fuerzas Armadas, de inmediato, vieron extirpárseles el mando a 52 altos jefes. Fueron colocados nuevos oficiales con afinidades ideológicas o debilidades oportunistas. Los servicios de inteligencia, necesarios para defender una nación moderna, fueron fatalmente debilitados. Opositores, para los marxistas, no son sólo los reales, sino también los imaginarios y potenciales. Una campaña calumniosa de desprestigio (mayor que las de antes) fue instaurada. Una serie de legalidades, trampas y reinterpretaciones fueron despachadas para suplementar las medidas planadoras.
Decretos con precedentes establecidos, como la Obediencia Debida y Punto Final, diseñados para sanar las heridas de una guerra difícil, fueron revertidos. La intención era clara, en adición al ánimo vengativo, Kirchner fortaleció el propósito de domesticar a la institución con la mayor posibilidad de bloquear la marcha al despotismo. La intención es el ablandamiento suficiente para que los uniformados respondan, no a la Patria, sino al Partido.
Propagandísticamente, la contracultura que el montonerismo luchó por institucionalizar, requiere la alienación de las FF AA. La premisa oculta de derogar la prohibición de extraditar oficiales argentinos a terceros países, obedece al claro objetivo de amedrentar las fuerzas castrenses enlistando, por medio de la complicidad internacional, a jueces marxistas dispuestos a enjuiciar extranjeros, , teniendo estos en su propio patio, paradójicamente, como el terroristas para encarcelar como Santiago Carrillo, sujeto que ordenó la masacre de más de 5,000 personas en menos de tres meses, durante la Guerra Civil Española. Este desmembramiento psicológico pretende inculcar el terror dentro del ejército.
La monopolización del poder requiere de una intolerancia no sólo con opositores, sino también con los disidentes. El estado argentino, al ser el mayor empleador singular, la tarea de castigar, amenazar o premiar juega perfecto con las pretensiones dictatoriales de Kirchner. Un ejemplo fue el despido masivo de aliados de Daniel Scioli, cuando el vicepresidente cuestionó la "seriedad" del nuevo régimen. La expulsión del Dr. Sánchez Herrera, Procurador del Tesoro, por haber representado legalmente al General Juan Bautista Sasiain, es otro ejemplo (el primero perdió el padre y el segundo, la hermana, en actos terroristas). Esto es un descaro olímpico, cuando su ministro nada menos que de la secretaría de derechos humanos, no sólo es un ex-terrorista, sino fue el representante legal de Mario Santucho, asesino fundador (mencionado anteriormente) del ERP, encausado por el secuestro, la tortura y el asesinato de Sallustro, gerente de Fiat.
La rama judicial es hoy un simple un adorno que el régimen montonero usa para sellar sus deliberaciones internas, enmascarando su poder casi completo. La noción toqueviliana de "separación de poderes" es, en la Argentina actual, un espejismo. Jueces cumpliendo sus funciones pero que no han coincidido con la administración socialista, particularmente en el Tribunal Supremo, por medio de la intimidación o amenaza directa, han renunciado, han sido despedido o cooptados. En su lugar, nuevos jueces, adeptos al fundamentalismo montonero, han sido colocados, listos para repartir "justicia revolucionaria". Este peligrosísimo acontecimiento facilita la solidificación absolutista del régimen kirchneriano, al poder este definir y prescribir lo que es "legal" y "constitucional".
Con la subordinación de la rama judicial, la práctica de la censura se ha elevado a proporciones alarmantes. Terminología jurídica como "predica golpista", "apología del delito" y "protección del orden constitucional", han sidas adjuntadas a los códigos legales de la Argentina de hoy. Ninguna, si verdaderamente hubiera un sistema judicial competente, sobrevivirían en una genuina democracia.
Lograda la esterilización de las Fuerzas Armadas y las Cortes, la tarea de desintegrar la sociedad civil se simplificó. Teniendo la capacidad para "legalizar" y reforzar el ostracismo al que promueve y la inhabilitación para revertir la inconstitucionalidad de dicha acción, las libertades elementales han ido desapareciendo. El efecto es el de una censura de terciopelo. La población en masa, quebrada ante la intimidación, desiste de enfrentamientos efectivos y directos contra el régimen kirchneriano. Organizaciones de fachadas, establecidas para dar la imagen de "apoyo popular" y servir de fuerzas de choque para contrarrestar descontento social, son las patrullas ideológicas de los montoneros. Los piqueteros, movimientos radicales y sindicatos cooptados son algunas de las estructuras que sirven de pantalla para el exterior y agentes atemorizadores para el intramuros.
Medios de información integralmente comprometidos con la oficialidad socialista, se ocupan de lidiar el abatimiento contra la Iglesia y toda denominación no-tercermundista. Propagandistas ligados al gobierno kirchneriano descargan su plomo incesantemente para propagar el descrédito de instituciones que abrazan la creencia en Dios. Emplean todo el peso de la prensa servil buscando enraizar, culturalmente, el ateísmo. Censuran, ridiculizan, aíslan e intimidan para imponer un precio social a la sociedad argentina, por creer y adorar al Ser Supremo. El ateísmo fundamentalista que condiciona el comunismo, prescribe, sin equívoco, dicha proposición. La seudo-religión que es el marxismo hace irreconciliable su coexistencia con una Iglesia vibrante y negada a ser cómplice. Verbitsky, el Goebbells argentino, y tantos otros al servicio del régimen montonero, lo saben muy bien. Por eso, tan despiadadamente, la combaten.
El agrandamiento explosivo del sector público que se ha llevado a cabo en los últimos tres años, forma parte de la esquematización elaborada para automatizar a la sociedad civil. La estatización de la Argentina es, en su máxima expresión, el arribo a la nirvana del colectivismo. Más poder para el estado viene a la expensa del individuo. La concentración de la economía en manos pública no se traduce en un enriquecimiento del "pueblo". Esa mentira se la han vendido cínicamente. El "pueblo" no se convierte en dueño de nada, permanece marginado de las decisiones y está, netamente, a la merced de lo que hay en el almacén de ideas, dentro de la cabeza de los que controlan el poder.
Una democracia, para ser genuina, requiere pluralismo. La descentralización del poder político y económico, son firmes barreras para prevenir el despotismo. La soberanía de una sociedad reside, no con los que gobiernan, sino con los gobernados. Por eso, con ímpetu frenético, esta administración busca la grandilocuencia reguladora que otorga un estado predador para, de esa manera, concretar su hegemonía sobre el detalle en la vida de cada argentino. Mecanismo, maravillosamente perverso y prerrequisito, para implantar la meta por la cual vienen luchando desde 1955: una Argentina marxista-leninista.
En estos momentos, las instituciones públicas más capaces de impedir la penetración del comunismo, como las FF AA. y el Tribunal Supremo, están defenestrados. La oposición política permanece desorganizada. Del lado civil, la Iglesia está asediada por la contracultura oficialista y, con nobilísimas excepciones, parece preferir esperar por el desarrollo de los acontecimientos. El sector privado, el motor verdaderamente capaz de producir riqueza, cada vez está más regulado y espantado. La única señal de liberalización es la licencia impune dada a los delincuentes, muchos bajo nómina estatal.
¿Tiene legitimidad este gobierno para hacer lo que están haciendo? Que en su primer elección haya ganado con el 22% del voto y 39.5% en la segunda, deja dudas, si es que se cree en el concepto del voto mayoritario. Las turbas contratadas son la cara que el montonerismo presenta ante esta incógnita. Quieren hacer creer que "turbacracia" y "democracia" son sinónimos.
¿Está todo perdido? No. Depende de los argentinos romper el silencio y no seguirle el juego a esta dictadura en construcción. La dinastía kirchneriana ya se está maniobrando. El clientelismo, por medio de la despenalización y tolerancia delictiva, augura incrementar sus números. Sin embargo, el montonerismo tiene vulnerabilidades. La fragmentación dentro del justicialismo es buena. El canibalismo político que se ejerce dentro del partido de Perón, obstaculizará la consolidación que busca el régimen montonero. La disidencia dentro de esas filas se debe estimular. Políticos opositores deben priorizar lo que los une: frenar la avalancha marxista. Deben de coordinarse alianzas de amplios espectros.
Más importante de que se llegue al poder por la vía democrática, es que se gobierne democráticamente. La pluralidad, hoy brillando por su ausencia en la Argentina, puede ser vigorizada al concientizar el peligro en la sociedad y movilizarse en oposición a mayores transferencias de poder al ejecutivo montonero. En elecciones, premiar a candidatos que abrasen la cultura de la libertad, en vez del estatismo y la dependencia, y utilizar el espacio que queda para reclamar la soberanía popular perdida. La sitiada marxista ha estado en pie. Hoy están en el poder pero todavía no han monopolizado todos los sectores de la sociedad argentina. La lucha sigue y se puede ganar. El dogma socialista no frena su avance, aún ante la pared empírica que evidencia su práctica demencial. Quiera Dios que Argentina se salve de tan malvado experimento.