Inseguridad en Perú con dimensiones internacionales

La inseguridad es para los peruanos el principal problema de un país donde el costo de vida ha pasado al segundo lugar, seguido por la corrupción. Esta inseguridad se relaciona con el temor que sufre la población ante posibles atentados, asaltos y agresiones, indicador que viene incrementándose. El 48% de la población afirma haber sido víctima de algún delito y muchos sectores culpan a los venezolanos, sin entender la verdadera realidad.

En los últimos diez años, la población peruana ha experimentado un incremento del 10%, mientras que la venezolana ha disminuido en un 11%. Uno de cada cuatro venezolanos ha huido de sus hogares desde 2018, representando 7.7 millones, 20% de los cuales ha encontrado refugio en Perú, reflejando la profunda crisis humanitaria venezolana.

El Estatuto de Refugiados de 1951 establece la protección de los solicitantes de asilo contra el regreso forzado a un lugar donde corren peligro. Pero en el Perú, menos del 60% de los venezolanos posee algún tipo de documentación, temporal o permanente, evidenciando la mala gestión migratoria.

Pero ¿qué hay detrás de esta emigración forzada? La revolución cubana descubrió en sus inicios los beneficios de los desplazamientos masivos, mecanismos adoptados por el gobierno venezolano. Las poblaciones “desplazadas” aligeran la carga social en los países de origen, beneficiando sus economías y perjudicando a los países de acogida. Los refugiados se convierten en importante fuente de remesas como soporte vital para sus familias, 4 mil millones de dólares, equivalentes al 5% del PBI venezolano.

Otra estrategia documentada en la dictadura cubana es disminuir el costo social abriendo sus cárceles y hospitales psiquiátricos durante los éxodos, al igual que en Venezuela, para aliviar la carga social; reos dirigidos a Colombia, Chile y Perú.
En temas de delincuencia, Venezuela tiene las tasas más altas de homicidios en América, a pesar de disminuir de 63 homicidios por cada cien mil habitantes en 2014 a 40.4 en 2022, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Estas cifras se concentran en regiones donde opera el “Tren de Aragua”, grupo criminal de alta peligrosidad.

El uso de granadas como herramienta de intimidación y extorsión es otro distintivo de la delincuencia venezolana, método iniciado en 2013 con la masacre en la prisión de Uribana, donde murieron 63 reos. Un exsargento del ejército fundó las primeras megabandas que usaron explosivos adquiridos en el mercado negro internacional o de las fuerzas armadas, método en aumento exportado al Perú por estos delincuentes.

Las bandas venezolanas del “Tren de Aragua,” se han extendido al Perú, dando lugar a grupos como “los gallegos.” Estas mafias se dedican a actividades delictivas que incluyen el sicariato, extorsión, cobro de cupos, trata de personas, prostitución y asaltos a mano armada. Los delincuentes venezolanos son un problema, aunque 3,100 de ellos hayan sido apresados, incluyendo 52 miembros de “los gallegos”.

Pero no es posible responsabilizar a todo venezolano por los actos delictivos de unos pocos, considerando que son víctimas de regímenes autoritarios. Estas dictaduras involucradas en redes de corrupción, narcotráfico y terrorismo desatienden a sus ciudadanos, convirtiéndolos en instrumentos para desestabilizar a otros países en América.

La inseguridad en el Perú y el impacto de la migración de delincuentes venezolanos es un problema que debe ser abordado de manera integral, con una respuesta inmediata y comprensiva. La crisis se agrava y observamos cómo la desesperación ante la delincuencia ha provocado acciones violentas, exigiendo la deportación de venezolanos como solución rápida.

El incremento en los homicidios, ajustes de cuentas y masacres a familias inocentes han llevado a un punto crítico donde los ciudadanos están tomando la ley en sus propias manos.

Pero todo ello es consecuencia de la inacción y ausencia de estrategias para combatir la delincuencia generando un malestar creciente y sensación de vulnerabilidad. La xenofobia y la violencia solo empeoran la situación, mientras el gobierno, lejos de enfrentar la problemática, parece tener otras prioridades.