Los potentes cañonazos con mangueras de alta presión apuntando desde varias direcciones continuaron durante unos 45 minutos, empujando a las víctimas desarmadas hacia las turbulentas aguas marinas, no obstante que revelaban indicios de haberse rendido. Incluso la súplica de mujeres y niños, que alzaban en brazos clamando a gritos auxilio, fue ignorada deliberadamente por esos atacantes con corazón de hielo.

Un horrendo crimen se consumó ese día, dejando al menos 37 personas muertas identificadas, entre ellas 10 menores. La venganza y el odio tenían que cebarse en aquellos que cometieron el pecado de soñar con libertades.

La masacre –como otras de impensable crueldad bajo la égida de Fidel Castro– pervive en la memoria del exilio en Miami a 23 años de la tragedia.

El régimen cubano ha negado reiteradamente su responsabilidad en el hundimiento de la embarcación. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras una exhaustiva investigación, dictaminó que el naufragio no fue accidental, sino un acto premeditado e intencional por parte de sus fuerzas de seguridad; una descarnada violación de los derechos a la vida, la integridad física y el libre movimiento.

Aun así, y pese a los recursos presentados por los supervivientes ante organismos multilaterales como Naciones Unidas, Cuba aún no ha efectuado una investigación imparcial de los hechos, ni ha procesado y sancionado a los culpables.

Ya es hora de que la comunidad internacional exija a Raúl Castro el pago de una justa indemnización compensatoria a los sobrevivientes que aún esperan justicia y necesitan conocer la verdad sobre los cadáveres que jamás fueron entregados dignamente a sus familias.

Las futuras negociaciones políticas y económicas entre Washington y La Habana ante todo deben tomar en cuenta la agonía de los ahogados del remolcador “13 de Marzo” y de tantas otras víctimas anónimas cuyos crímenes continúan impunes.