La seguridad de Estados Unidos no puede estar en manos de una persona con trastorno cognitivo o en estado de demencia
Sin animo partidista pretendo analizar la necesidad imperiosa de reeplazar definitivamente a Biden como presidente o al menos temporalmente ya que en los últimos meses a las claras se nota que su salud mental ha sufrido un deterioro alarmante propio de una enfermedad mental en estado avanzado y sinceramente no hay que ser un especialista en la materia para percatarse de la gravedad del asunto.
Quizas en el pasado haya dicho algunas mentiras, tenido simplemente errores verbales o "lapsus linguae" pero todo indica que sus problemas cognitivos se han ido incrementando exponencialmente a tal punto que desde hace un buen tiempo debió ser sometido a un examen riguroso para diagnosticar la gravedad de su estado mental o si existia alguna probalilidad de mejoría con algun tratamiento.
¡Biden tiene que ser reemplazado ahora! por el bien de la nación y del propio presidente
Este 4 de julio se dispararon de nuevo las alarmas sobre la incapacidad mental de Biden para realizar las funciones actuales y futuras que corresponden al, presidente y comandante en jefe cuando en una entrevista de una estación de radio en Filadelfia expresara frases incongruentes y descabelladas:
"Por cierto, estoy orgulloso de ser, como dije, el primer vicepresidente, la primera mujer negra... en servir con un presidente negro". "Orgulloso de participar como la primera mujer negra en el Tribunal Supremo. Hay tanto que podemos hacer porque, mira... somos los Estados Unidos de América"
El comentario dejó a muchos rascándose la cabeza y preguntándose en qué demonios estaba pensando. Mientras que otros de sus seguidores incondicionales lo vieron como un momento de humor involuntario en un panorama político por lo demás serio.
En su discurso del 4 de julio en la Casa Blanca,hablando sobre el expresidente Donald Trump, se refirió a él como “un colega nuestro, un expresidente”, antes de terminar abruptamente la historia, diciendo: “Probablemente No debería decirse de todos modos.”
Algunos fanáticos ven este comentario como una metedura de pata "inofensiva".
Las anteriores incongruencias, perdidas de orientación, disparates, confusiones y referencias a inexistentes situaciones de su vida, la de su familiares y de su participación en supestros acontecimientos históricos no los mencionaremos para evitar un artículo demasiado largo.
En los últimos meses, efectivamente, hemos presenciado una serie de incidentes que van más allá de simples errores verbales o lapsus ocasionales. Las declaraciones confusas y aparentemente desconectadas de la realidad se han incrementado a tal punto que muchos de sus colegas mas realistas están pidiendo que se haga a un lado y abandone la campaña por el bien del partido demócrata.
Qué imparcialidad jurídica se puede esperar del fiscal demócrata de Manhattan, Alvin Bragg; la fiscal general de Nueva York, Leticia James; y la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis? Todos simpatizantes del Partido Demócrata y financiados por Soros que actúan como una mafia política organizada por el régimen Biden-Obama en los juicios contra Trump, como un brazo judicial corrupto en una combinación letal que se puede calificar de vendetta política al estilo de una República Bananera de corte comunista.
En este análisis nos enfocaremos en la fiscal general de Nueva York para no extendernos demasiado, ya que en esencia la conducta e ideología de los otros es practicamente similar. Pudieramos decir que utilizan la misma toga para disfrazar su corrupción, parcialidad política y deshonestidad.
La campaña de Lettitia James para Fiscal General
La campaña de Lettitia estuvo marcada por una grotezca falta de ética centrada en la persecución política del presidente Trump al que ella clasificaba de "presidente ilegítimo", "centrarse en Donald Trump", "seguir su dinero", “estafador”, “ladrón de carnaval”, y otros improperios.
La elección de Letitia James como Fiscal General de Nueva York en 2018 y sus subsecuentes acciones legales contra Donald Trump han reavivado el debate sobre los límites entre la justicia y la política en Estados Unidos. La campaña de James, marcada por una retórica fuertemente anti-Trump, ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de las investigaciones y procesos judiciales que lidera contra el ex presidente, así como pone en duda la existencia de un estado de derecho y la imparcialidad de del gobierno y las instituciones judiciales.
Una campaña política centrada en la venganza política contra Trump
Durante su campaña electoral, James no escatimó en críticas hacia Trump. Promesas como "usaré cada área de la ley para investigar al Presidente Trump y su negocio" y declaraciones llamándolo "presidente ilegítimo" formaron el núcleo de su plataforma. Esta estrategia, si bien efectiva para movilizar a votantes demócratas, levantó preocupaciones sobre la politización del cargo de Fiscal General y la politización de los órganos de justicia en los EEUU, en un momento histórico en que la izquierda radical está transformando al gobierno democrático en un régimen neomarxista.
¿Quienes financia las campañas políticas de los fiscales anti-Trump?
George Soros, junto con dos de sus familiares (su hijo y nuera: Jonathan Soros y Jennifer Allan Soros) y otros grandes donantes (Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, y la médica Karla Jurvetson), han estado respaldando la carrera política de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Otros contribuyentes notables a James incluyen al director Spike Lee, la ex ejecutiva de Meta Sheryl Sandberg, el ex director ejecutivo de Google Eric Schmidt y el ambientalista multimillonario Tom Steyer.
Alvin Bragg, fiscal demócrata de Manhattan, recibió U$S 1 millón de un comité de acción política financiado por George Soros y ha demandado a Trump más de 100 veces, usando esto como bandera en sus campañas.
Fani Willis tambien uso en su campaña el slogan de "Arrestaré a Trump". Peter Bernegger, presidente de Election Watch, presentó una denuncia sobre la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis quien alega que el comité de campaña de Willis se benefició de una estafa de financiación de campañas llamada "smurfing". Esta práctica implica dividir grandes donaciones en pequeñas contribuciones para distribuirlas entre favorecidos de campañas políticas en todo el país. Se han detectado donaciones de fuera del estado y evidencia de direcciones de donantes que resultaron ser terrenos baldíos o lugares comerciales, lo que plantea dudas sobre la legitimidad de las contribuciones y ha llevado a una solicitud de investigación por parte de la Comisión de Ética del Estado de Georgia. Fani admitió: “Cuando saqué una gran cantidad de dinero en mi 1era campaña, me quedé con parte del efectivo"
Cuestionamientos sobre la imparcialidad
Los críticos argumentan que las declaraciones de campaña de James comprometen su capacidad para liderar investigaciones imparciales contra Trump. Señalan que su animosidad personal y sus promesas electorales influiyen indebidamente en sus acciones como fiscal.
El Senador Rick Scott dijo: “Esto no es la búsqueda de justicia, es el cumplimiento de una promesa de campaña. Letitia James hizo campaña con un deseo rabioso de perseguir a Trump utilizando el poder político y los recursos financiados por los contribuyentes del cargo que buscaba antes de tener alguna evidencia de irregularidades reales. Este es un grave abuso de nuestro sistema de justicia, y cuanto más tiempo sea tolerado este abuso por los medios y el público, mayor será el riesgo que corremos de sufrir un daño irreparable a nuestra democracia. Los demócratas han gastado millones de dólares de los contribuyentes en sus esfuerzos por atacar al principal oponente político del Presidente Biden. Es hora de decir basta y detener esta casería de brujas política”.
Por otro lado, los defensores de James ( la izquierda radical, organizaciones marxistas y globalistas) pretenden demostrar que sus investigaciones se basan en evidencias concretas de posibles irregularidades que le quieren achacar al expresidente Trump para eliminar la posibilidad de su triunfo en las elecciones del 2024, tratando de esconder sus motivaciones políticas. Argumentan que el historial de James como fiscal demuestra su compromiso con la aplicación equitativa de la ley, cuando en la realidad su compromiso es cambiar el estado de derecho de los EEUU a un estado de corte socialista que elimina y persigue todo vestigio de oposición al régimen Biden-Obama.
El dilema de la justicia y la política
Este caso plantea preguntas fundamentales sobre el sistema judicial estadounidense:
¿Puede un funcionario electo separar completamente sus opiniones políticas de sus deberes oficiales?
¿Cómo afectan las declaraciones de campaña a la percepción pública de imparcialidad judicial?
¿Existen suficientes mecanismos de control para garantizar la equidad en casos políticamente sensibles?
Implicaciones para el futuro
El caso James vs.Trump podría sentar un precedente peligroso sobre cómo se manejan los conflictos de interés percibidos en el sistema judicial. Independientemente del resultado, es probable que se intensifique el escrutinio público sobre las declaraciones de campaña de los candidatos a cargos judiciales y fiscales.
La jueza disidente de la Corte Suprema Sonia Sotomayor muestra su Antitrumpismo
La jueza Sotomayor en su declaración disidente contra el fallo mayoritario que otorga a Trump y a los presidentes cierto grado de inmunidad dio muestra de su inclinación partidista y un antitrumpismo visceral que pone en duda su capacidad para impartir justicia imparcialmente, no por su derecho a disentir sino por el tono general de sus declaraciones, de las cuales pongo la frase más connotada:
“La relación entre el presidente y las personas a las que sirve ha cambiado irrevocablemente”, escribió Sotomayor. “En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”.
Roberts, presidente del Tribunal Supremo, desestimó la preocupación por las implicaciones del fallo diciendo que “el presidente no disfruta de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley”.
Conclusión
La controversia en torno a las arbitrariedades legales cometidas por Letitia James y el resto de los fiscales antitrumpistas subraya la tensión inherente entre el proceso democrático y la inherente necesidad de mantener un sistema judicial imparcial con apego a la democracia y al estado de derecho desvinculado de los partidos políticos que se encuentren en el poder. Mientras que las acciones legales contra Trump avanzan, el debate sobre la línea entre justicia y política seguirá siendo un tema cuestionado para conservar los preceptos democráticos, el estado de derecho y eliminar la corrupción y la existencia del llamado estado profundo que desgraciadamente está controlando la política y las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes con la imparcialidad requerida.
El tiempo y los tribunales determinarán si las investigaciones de James y el resto de los fiscales encargados de los procesos contra Donald Trump se considerarán como la aplicación justa de la ley o si serán vistas como una persecución política motivada por promesas de campaña y motivaciones políticas. En cualquier caso, este episodio seguramente influirá en cómo se abordan futuros casos políticamente sensibles en el sistema judicial estadounidense.
Una luz al final del tunel
No todo está perdido, la Corte Suprema de los Estados Unidos encendio el primer candil al final de tunel con la decisión del 1 de Julio que le otorgó al expresidente Donald Trump "inmunidad absoluta contra el procesamiento penal" para aquellas acciones de carácter oficial que llevó a cabo durante su mandato y dictaminó que ademas goza de "cierta inmunidad" frente a juicios criminales por actos realizados durante su cargo y que no goza de inmunidad en posibles delitos en sus funciones no oficiales.
El fallo de la corte Suprema de los Estados Unidos del 1ero de julio otorgó al expresidente Trump "inmunidad absoluta contra el procesamiento penal" para aquellas acciones de carácter oficial que llevó a cabo durante su mandato y dictaminó que el expresidente Donald Trump goza de "cierta inmunidad" frente a juicios criminales por actos realizados durante su cargo y que no goza de inmunidad en posibles delitos en sus funciones no oficiales.
Repercusiones del fallo de la Corte Suprema
Este fallo tendrá importantes repercusiones en los casos penales casos contra el presidente Trump:
Aplazamiento de la sentencia y/o la anulación de culpabilidad del caso de pago por silencio y fraude empresarial a solicitud de los abogados de Trump envirtud de que muchos de los cargos por los presuntos delitos podrian considerarse como actividades de caracter oficial. La sentencia estaba prevista para el 11 de julio, pero el juez Juan Merchán ha anunciado que la sentencia será aplazada hasta el 18 de septiembre, “si aún es necesaria”.
Acusación de la supuesta conspiración de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 y los cargos relacionados con el llamado motín del 6 de enero en el Capitolio quedan en suspenso ya que Jack Smith el fiscal especial a cargo del caso deberá reestructurar el caso contra Trump y las pruebas que pueda utilizar en función de las nuevas reglas de inmunidad del presidente. Las comunicaciones que mantuvo con funcionarios del Departamento de Justicia sobre las acusaciones de fraude electoral no podrán esgrimirse en su contra ya que son claramente acciones de carácter oficial, así como las acusaciones contra Trump de presionar al vicepresidente Mike Pence para que no certificara la victoria electoral de Joe Biden tambien caerían en el campo de las acciones de caracter oficial del expresidente.
Las acusaciones a Trump por la presunta interferencia de en las elecciones de Georgia de 2020 quedan en duda por las misma razones ya que las acciones son consideradas de caracter oficial ya que ocurrieron cuando aún era el presidente. Este caso ya fue aplazado por la apelación de los abogados de Trump que intentan descalificar a la fiscal Fani Willis, y podrá ser postergado por mas tiempo.
Los cargos por retención y posesión de documentos clasificados confidenciales que ya se encuntra aplazado tendrán que ser revizados y aplazados por mas tiempo ya que los abogados de Trump argumentaron que las acciones de Trump fueron oficiales porque había designado los documentos clasificados como parte de sus registros personales mientras aún estaba en la Casa Blanca. El fallo del Tribunal Supremo del lunes podría darle una razón para reconsiderar la cuestión de la inmunidad, lo que retrasaría aún más el proceso. El presidente del Tribunal Supremo también declaró que los testimonios o registros privados del presidente o de sus asesores no son admisibles ante un tribunal. El presidente del Tribunal Supremo también declaró que los testimonios o registros privados del presidente o de sus asesores no son admisibles en un tribunal.
La Corte Suprema de EE.UU. delimita la inmunidad presidencial: Implicaciones para Donald Trump y futuros mandatarios
Este artículo profundiza en el escrutinio legal al que se enfrenta el expresidente Donald Trump, contrastándolo con la gestión de las controversias que implican a los anteriores candidatos presidenciales Hillary Clinton y el actual presidente Joe Biden. Al examinar los antecedentes legales de estos individuos, las investigaciones en curso, las disparidades en la cobertura mediática, las percepciones públicas y las implicaciones más amplias sobre la política y la justicia, pretendemos arrojar luz sobre las incoherencias en la aplicación de las normas legales y el doble racero de la justicia implantado por el régimen Biden-Obama.
Se supone que en los Estados Unidos el FBI es el encargado junto a la CIA de resguardar la Seguridad Nacional con un absoluto apego a las leyes federales y a la Constitución, no para servir a campañas de partidos ni a intereses políticos de grupos y organizaciones internas o externas y que el DOJ es el encargado de hacer cumplir la ley y defender los intereses de los Estados Unidos conforme a la ley; garantizando la seguridad pública en contra de amenazas extranjeras y domésticas; proveer liderazgo federal en la prevención y control del crimen; demandar castigo justo para quienes son culpables de comportamiento ilegal; y garantizar la administración justa e imparcial para todos los estadounidenses. La separación de poderes de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos debe evitar la concentración del poder en una sola persona o grupo: la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial sin embargo el régimen Biden-Obama han violado estos preceptos convirtiendo al FBI en su policía política y al DOJ en un instrumento parcializado de justicia en contra de Trump y de cualquier persona con ideas conservadoras y/o seguidores del expresidente.
Antecedentes legales de los casos de Trump, Clinton y Biden
A Donald Trump lo han involucrado en una serie de asuntos legales a lo largo de su carrera, desde falsas acusaciones de la trama rusa hasta su presunta participación en los sucesos del Capitolio, incluidas demandas por fraude, acusaciones de agresión sexual, falsificación de registros comerciales en relación con un pago por silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, y cuestionamientos sobre sus declaraciones de impuestos impulsadas por el régimen Biden-Obama con complicidad del FBI y el Departamento de Justicia, avaladas por el globalismo y los medios de comunicación neomarxista, que buscan a toda costa impedir el triunfo de Trump en la contienda presidencial, coaptar movimiento conservador y destruir la cultura conservadora de sus seguidores.
Antecedentes legales de Hillary Clinton y Joe Biden
Tanto Hillary Clinton como Joe Biden también han enfrentado un simulacro de escrutinio legal en el pasado y un tratamiento diferenciado tanto por el FBI como el DOJ que han utilizado "guantes de seda" para encubrir los delitos e interferir en las decisiones judiciales que podrían encausar a ambas fíguras. Clinton fue objeto de investigaciones sobre su uso de un servidor de correo electrónico privado mientras era secretaria de Estado que evidentemente ponía en peligro la seguridad de los Estados Unidos, mientras que los delitos de corrupción de Biden y mal manejo de documentos gubernamentales han sido minimizados y protegidos así como los delitos relacionadas con la familia Biden, su hijo Hunter Biden, las evidencias de fraude y sus negocios en el extranjero, favoreciendo la ideología neomarxista de derecha.
Investigaciones y procedimientos legales contra Trump
Investigaciones en curso
Trump se ha enfrentado a lo largo de su carrera a investigaciones inventadas por sus enemigos políticos, desde las falsas acusaciones de la trama rusa hasta su presunta participación en los sucesos del Capitolio, pasando por demandas por fraude, falsificación de registros comerciales en Nueva York, acusaciones de agresión sexual, pago de una estrella de cine para adultos en 2016, y un rosario de 37 delitos graves, incluidos 31 cargos de retención ilegal de documentos gubernamentales de información secreta de defensa nacional y un cargo de conspiración para obstruir la justicia y cuestionamientos a sus declaraciones de impuestos promovidas por el régimen Biden-Obama con la complicidad del FBI y el Departamento de Justicia, avaladas por el globalismo y los medios neomarxistas, que buscan a toda costa impedir la victoria de Trump en la carrera presidencial, cooptar al movimiento conservador y destruir la cultura conservadora de sus seguidores.
Procesos políticos legales pasados
Trump fue acusado sido dos veces en juicios políticos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero ambos intentos de destitución no tuvieron éxito en el Senado.
Investigaciónes pasadas
La trama Rusa contra Trump
La investigación de la campaña de Trump por una supuesta colusión con Rusia fue un engendró del expresidente Barack Obama para favorecer a Hillary Clinton en el camino a la presidencia y eliminar las posibilidades de triunfo del opositor Trump que involucró al FBI y la CIA para espiar la campaña de Trump antes de las elecciones de 2016 que continuó durante la presidencia de Trump a cargo del fiscal especial del DOJ Robert Mueller y que que finalizó en marzo de 2019 con la conclusión de que ni él ni nadie de su entorno trabajó con el Kremlin para ganar los comicios de 2016.
Comparación de la cobertura mediática de los escándalos
La cobertura mediática de los escándalos y presuntos delitos que achacan a Trump y rodean a Clinton y Biden han sido cubiertos con una enorme parcialidad y un enfoque favorables que los grandes monopolios globalistas de los medios de comunicación les dan a los casos de Clinton y Biden, mientras que estigmatizan los del expresidente Trump quien ha sido objeto de una persecución política sin presedentes por parte del gobierno en el poder de los Estados Unidos comparable a las realizadas por las dictaduras socialistas de Nicaragua y Venezuela..
Opiniones públicas y percepciones de doble rasero
Muchas personas han expresado preocupación por el doble rasero en la forma en que se tratan los casos legales y escándalos de Trump en comparación con los de Clinton y Biden, lo que ha generado debates sobre la equidad y polarización política en el sistema judicial y mediático a favor del régimen demócrata en el poder que se encamina a un régimen autoritario de tendencia neomarxista.
Implicaciones políticas y legales de los casos
Cuando se trata de los problemas legales de políticos como Trump, Clinton y Biden, es como un culebrón interminable que nos mantiene pegados a nuestros asientos. Las implicaciones políticas y legales de estos casos son tan jugosas como un escándalo en un reality show de televisión. Desde conflictos de intereses de la justicia y los encargados de aplicarla hasta acusaciones de violaciones y sobornos de funcionarios y jueces. Estos casos han tenido un impacto significativo en la percepción que el público tiene en los líderes políticos y la pérdida de confianza en el sistema legal y democrático estadounidense.
Análisis de la imparcialidad en el sistema judicial
Hablemos del elefante en la habitación: ¿Es el sistema judicial realmente ciego, o asoma de vez en cuando por la venda de los ojos? Al comparar el trato que reciben Trump, Clinton y Biden en el ámbito judicial, es difícil no preguntarse si hay un doble rasero en juego. ¿Somos todos iguales ante la ley, o apellidos como Clinton, Biden, Obama y la afiliación demócrata política vienen acompañados de una tarjeta que te libera de la cárcel?
El papel de las redes sociales en la difusión de información
En la era digital actual, las redes sociales son el pregonero que difunde información más rápido de lo que se puede decir "tuit". Los escándalos que malintencionadamente culpan a Trump, y exoneran a Clinton y Biden se han diseccionado, analizado y convertido en memes a través de varias plataformas. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y el papel de las redes sociales a la hora de moldear la opinión pública e influir en los procesos judiciales es un arma de doble filo que favorece los intereses del globalismo, el neomarxismo y las tendencias al socialismo del partido demócrata. Es como un salvaje oeste digital, y a veces la verdad puede perderse en un mar de "me gusta" y "compartir".
Reflexiones sobre la equidad en la justicia en los Estados Unidos
Los dramas judiciales fabricados en contra de Trump, y el encubrimiento de los delitos cometidos por Clinton y Biden nos recuerdan que ser una figura pública no siempre es fácil cuando te enfrentas a la maquinaria del poder político mediatizado por los intereses del globalismo. La cuestión de la equidad y la justicia para estas personas de alto perfil persiste en el aire como un mal olor. ¿Debemos exigir más a nuestros líderes o se trata de un caso de "justicia de famosos" en el que la fama y el poder político pueden inclinar la balanza? Es un hueso duro de roer, pero una cosa es segura: la sala del tribunal es donde los ricos, famosos y poderosos vienen a jugar una partida de ajedrez legal de alto riesgo. En conclusión, la comparación de los procedimientos judiciales y las respuestas públicas a los casos de Trump, Clinton y Biden plantea importantes cuestiones sobre la imparcialidad y la coherencia en el sistema judicial estadounidense. A medida que continúan los debates en torno al doble rasero percibido en la forma de abordar los escándalos, se hace cada vez más crucial reflexionar sobre los principios de igualdad e imparcialidad que sustentan el proceso legal estadounidense. Mediante un examen crítico de estas dinámicas, podemos esforzarnos por lograr un enfoque más transparente y equitativo a la hora de exigir responsabilidades a las figuras públicas por sus actos.
La pregunta del millón
¿En qué se diferencian los casos judiciales de Trump, Clinton y Biden?
Los casos judiciales de Trump están marcados por la utilización de la justicia como arma de persecución política del régimen Biden-Obama para evitar a toda costa la probable elección de Trump como presidente, mientras que el caso de Hilary Clinton estuvo apañado por la decisión del exdirector del FBI, James B. Comey de no enjuiciar a pesar de que según su investigación Hillary junto con sus colegas “fueron extremadamente descuidados en el manejo de información altamente confidencial y sensible”. Con relación a los delitos de corrupción de Biden y mal manejo de documentos gubernamentales han sido minimizados y protegidos, así como los delitos relacionados con la familia Biden, su hijo Hunter Biden, las evidencias de fraude y sus negocios en el extranjero. La historia demuestra que todas las investigaciones y casos judiciales emprendidos contra Trump han tenido el objetivo de evitar que Trump fuera elegido como presidente desde la Presidencia de Obama hasta la de Biden.
Esperemos que Trump sea absuelto y elegido presidente para que se puedad recuperar, la democracia, los valores judeocristianos, y restablecer la confianza en las instituciones jurídicas y las ajencias encargadas de hacer cumplir la Ley y que los Estados Unidos se recupere y vuelva a MAGA.