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Otro intento de golpe de Estado asimétrico contra Trump. El Departamento de Justicia está investigando una serie de irregularidades que violan una gama de leyes norteamericanas ocurridas en las elecciones de 2016.

La historia, a veces, ha jugado un favoritismo que ha servido para alimentar mitos. Uno de ellos ha sido la reputación que los anglosajones han disfrutado de ecuanimidad y prudencia en cuestiones de temperamento político. El tema del regicidio nos ofrece un ejemplo de esta percepción equivocada que perdura hasta nuestros días. A nadie se le escapa que los franceses, en su revolución, degollaron a su último monarca y todo quedó en la historia como un episodio espeluznante. Los británicos, 144 años antes, guillotinaron al rey Carlos I en su guerra civil. Juzgando por la atención histórica grabada, la decapitación del francés Luis XVI y la reputación de barbarie que acompañó el acontecimiento político que lo ejecutó, parece haber blanqueado a los ingleses de un acto similar cometido. Con golpes de Estado ha pasado lo mismo. 

La institucionalidad, un Estado de derecho, elecciones periódicas y competitivas y el respeto por los espacios para la libre expresión, son pilares innegables en las dos democracias anglosajonas más relevantes: los EE. UU y Gran Bretaña. Esto no los ha eximido, sin embargo, de poseer en su trayectoria histórica cursos de acción que han buscado alterar el transcurso de un jefe ejecutivo o el de su gobierno por vías asimétricas. En América Latina los golpes de Estado tradicionales han sido el modo preferido para desarrollar esa tarea. En los EE. UU hemos estado presenciando métodos recónditos e ingeniosos. Por los últimos tres años, desde las altas esferas del poder político, se ha pretendido aplastar primero a un candidato y luego a un presidente, sin tregua.

El intento más reciente de deslegitimar la voluntad popular norteamericana es la investigación para determinar si se inicia un proceso de destitución (impeachment) contra Donald Trump. Esta vez la acusación contra el cuadragésimo quinto presidente, presentada por un denunciante anónimo cuyo mecanismo de queja está plagado de errores, es que abusó de su poder al pedirle al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por teléfono, el favor de reabrir la investigación que había sido cerrada misteriosamente al hijo del exvicepresidente y actual candidato presidencial, Joseph Biden.

Este proceso de destitución anfractuoso, calibrado estratégicamente por la élite del Partido Demócrata, en adición de poseer el propósito claro de querer sacar del poder a Trump, tiene el objetivo furtivo de tratar de frustrar tres investigaciones federales que actualmente se están llevando a cabo.

El Departamento de Justicia está investigando, tal como lo anunció William Barr, el fiscal general de los EE. UU, una serie de irregularidades que violan una gama de leyes norteamericanas ocurridas durante las elecciones de 2016 contra la campaña de Trump y que involucran a la administración de Barack Obama, su Departamento de Justicia, la dirigencia de la CIA y el FBI bajo su Gobierno, al Comité Nacional Demócrata (“CND”, organización que controla al Partido Demócrata); en colusión con varias agencias y operativos de inteligencia extranjeros donde se formuló dossiers e información falsa y no verificada para obtener los permisos necesarios del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (cortes secretas para validar el espionaje contra extranjeros y estadounidenses, “FISA Courts”) para espiar a ciudadanos estadounidenses del equipo de Trump, incitar al delito y filtrar información privilegiada a la prensa para impactar los acontecimientos. En fin, se ejerció un abuso de poder abismal para intentar frenar y destruir al presidente.

Trump no cometió ningún acto de maleficencia en su conversación con el presidente Zelenski. Todo lo contrario. El recién electo presidente ucraniano (Zelenski) gano con el 73 % de la votación anunciando una campaña integral contra la corrupción, un mal agudo en Ucrania y uno que Petró Poroshenko, el perdedor en las elecciones y expresidente, no logró frenar. Ucrania y EE. UU están comprometidos en hacer cumplir el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos de Criminalidad, firmado en 1998. Dicho acuerdo promueve la cooperación entre las dos naciones en asuntos de malversación. Adicionalmente, el Artículo II, Sección 3 de la Constitución de los EE. UU le impone al presidente la tarea de hacer cumplir las leyes.

El Gobierno de Obama le concedió a Ucrania tres mil millones en ayuda extranjera, de los cuales más de la mitad, 1.8 mil millones, no se sabe a dónde fue a parar. Había una investigación en conjunto entre los EE. UU y Ucrania sobre este asunto. Sin embargo, en enero de 2016 el Gobierno de Obama, de acuerdo con información divulgada por fiscales e investigadores ucranianos, desvió la investigación presionando a Ucrania a que les entregaran datos incriminadores potencialmente sobre Paul Manafort, oficial del equipo de campaña de Trump, y que abandonaran la pesquisa contra Burisma, la empresa vinculada al hijo de Biden.

Tan escandaloso ha resultado esto que un tribunal del distrito de Kiev dictaminó en diciembre de 2018 que el Buro Anticorrupción Nacional de Ucrania, siguiendo los dictámenes del Gobierno Obama y operativos del CND, interfirió indebidamente en las elecciones estadounidenses de 2016.

Las razones sobran para que el presidente Trump le haya recomendado al jefe ejecutivo de Ucrania que retomara la investigación a Burisma, la megaempresa energética ucraniana donde Hunter Biden (hijo de Joseph Biden) figuraba como director y recibía la cuantiosa suma de cincuenta mil dolares mensual (ochenta y tres mil con otros beneficios). Una cantidad impresionante para alguien sin ninguna experiencia en el sector energético y cuyo solo atributo sobresaliente era ser el hijo del vicepresidente y el encargado especial de Ucrania. El presidente Zelenski ha decidido, correctamente, reiniciar la investigación y buscar los paraderos de los 1.8 mil millones desviados.

Este intento de remover a Trump fracasará, igual que los previos. Sí hubo colusión en las elecciones de 2016, pero fue por parte de Obama, John Brennan (CIA), James Comey (FBI), el CND y operativos e informantes de la inteligencia de Gran Bretaña (Christopher Steele), Australia (Alexander Downer), Italia (Joseph Mifsud, el académico maltés) y Ucrania. A los antiguos investigadores ahora los están investigando. Tal vez veamos justicia y por fin terminará esta “resistencia” insidiosa y antidemocrática.

Artículo Publicado en Panampost ►

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