- Michael Lima
¿Por qué la Reincorporación de Cuba en la Lista de Patrocinadores del Terrorismo es Correcta?
Rutas de Droga, Estaciones de Espionaje, Narco-Terrorismo, Hezbollah, Hamás: Por qué la Reincorporación de Cuba en la Lista de Patrocinadores del Terrorismo es Correcta
‘Si la orden ejecutiva de Biden hubiera permanecido en vigor, habría socavado la seguridad nacional de EE. UU. y envalentonado a dictadores en todo el mundo’ Michael Lima
La redesignación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo no solo está justificada, sino que constituye una salvaguarda fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos. Durante décadas, el régimen cubano ha brindado apoyo logístico y material a organizaciones terroristas, ha dado refugio a fugitivos y ha participado en actividades desestabilizadoras que amenazan directamente los intereses estadounidenses. Aunque el presidente Barack Obama eliminó esta designación en 2015, la abrumadora evidencia de la continua implicación de Cuba en actividades relacionadas con el terrorismo llevó al presidente Donald Trump a reinstaurarla en enero de 2021.
Sin embargo, en un acuerdo diplomático mediado en secreto por el Vaticano, la administración Biden retiró a Cuba de la lista el 14 de enero de 2025, a cambio del anuncio del régimen cubano de que liberaría condicionalmente a 533 presos políticos. No obstante, la decisión fue rápidamente revertida poco después por el presidente Donald Trump en su primera orden ejecutiva de su nuevo mandato.
La reincorporación de Cuba a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo no solo está justificada, sino que es fundamental para exponer los vínculos históricos del régimen con organizaciones terroristas y abordar la amenaza constante que representa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Con esta decisión, EE. UU. restableció sanciones cruciales contra entidades controladas por el ejército, cortando las fuentes de financiamiento de las que el régimen depende para reprimir la disidencia interna y expandir su influencia autoritaria en el extranjero.
Más allá de las negaciones oficiales, todas las pruebas apuntan a una negociación entre la administración Biden y el régimen cubano. La sincronización casi simultánea de sus anuncios revela un acuerdo político calculado. Bajo el pretexto de gestos humanitarios hacia el Vaticano, La Habana vuelve a explotar el sufrimiento de los cubanos encarcelados por ejercer derechos humanos fundamentales—cuyo número asciende a aproximadamente 1,161, más de la mitad de los incluidos en la excarcelación anunciada—utilizando a los presos políticos como moneda de cambio, una táctica recurrente a lo largo de su historia.
Si bien 166 presos políticos fueron excarcelados, las liberaciones adicionales se detuvieron tras la investidura del presidente Trump el 20 de enero. Sin embargo, ninguno de ellos fue verdaderamente liberado. En su lugar, permanecen silenciados bajo la amenaza constante de ser encarcelados nuevamente si se atreven a expresarse, participar en activismo o violar la "legalidad socialista" impuesta por el régimen. Figuras como José Daniel Ferrer ahora soportan condiciones similares a un arresto domiciliario forzado, mientras que sus seguidores enfrentan una intimidación sistemática.
Si la orden ejecutiva de Biden hubiera permanecido en vigor, habría debilitado la seguridad nacional de Estados Unidos y envalentonado a dictadores de todo el mundo para utilizar a los presos políticos como herramientas de coerción, poniendo en riesgo el derecho internacional, la seguridad y los derechos humanos.
La evidencia histórica respalda de manera abrumadora esta clasificación. Durante más de seis décadas, Cuba ha brindado apoyo directo a organizaciones terroristas en las Américas y otros continentes, incluyendo el ofrecimiento de refugio seguro a líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, un grupo que originalmente surgió como una guerrilla comunista y que posteriormente se transformó en una organización narco-terrorista con 6,000 miembros implicados en el tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión.
En 2019, después de que el ELN perpetrara un atentado terrorista en una academia de policía en Bogotá, en el que murieron 22 cadetes, Cuba se negó a atender la solicitud de Colombia para extraditar a los negociadores del ELN, alegando protocolos diplomáticos relacionados con los diálogos de paz, mientras continuaba brindándoles refugio. Entretanto, mientras los líderes del ELN permanecían en Cuba, la organización terrorista—como han corroborado numerosos informes de organismos de derechos humanos—siguió operando en Colombia, llevando a cabo secuestros, asesinatos, violencia sexual, narcotráfico y desplazamientos forzados tanto en territorio colombiano como venezolano.
El argumento a favor de retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo ignora el alto costo humano de los grupos que el régimen cubano apoya. Desde mediados de enero de 2025, el ELN ha lanzado una ofensiva contra las disidencias de las FARC en Catatumbo, una zona clave para el tráfico de cocaína cerca de la frontera con Venezuela, lo que ha resultado en la muerte de más 80 civiles, además de provocar el desplazamiento de decenas de miles de personas.
Paradójicamente, el presidente Gustavo Petro, quien en su momento abogó por retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y levantó las órdenes de captura contra los líderes del ELN, ahora acusa al grupo de cometer crímenes de guerra. En consonancia con el mandatario, la Fiscalía General de Colombia anunció el 22 de enero la reactivación de órdenes de captura internacionales contra 31 líderes del ELN, incluidos algunos que han encontrado refugio en Cuba en distintos momentos, lo que refuerza aún más la justificación para redesignar a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo.
Cuba no solo brinda refugio a fugitivos de Estados Unidos como Assata Shakur y William Morales—ambos responsables de actos de terrorismo—sino que también trata la inteligencia como una mercancía. Su extensa red de espionaje opera en el extranjero, mientras que varias estaciones de interceptación electrónica en territorio cubano—presuntamente vinculadas a Rusia y China—funcionan como centros de recolección de información. La Habana luego comercializa esta inteligencia a cambio de beneficios financieros, incluso con regímenes adversarios como Irán.
Dada su cooperación de larga data con Estados hostiles, es razonable suponer que Cuba también comparte inteligencia con grupos terroristas alineados con sus aliados geopolíticos a cambio de beneficios estratégicos o financieros.
Además, Cuba mantiene comunicación directa con organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamás, brindándoles apoyo diplomático y logístico. Su alineación con regímenes vinculados al terrorismo quedó en evidencia tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, cuando el régimen cubano se negó a condenar la agresión. En su lugar, emitió un comunicado ambiguo lamentando la escalada de violencia, condenando la presencia de Israel en los territorios palestinos y omitiendo deliberadamente los secuestros, torturas y brutales crímenes cometidos contra civiles.
Esta colaboración quedó aún más en evidencia en junio de 2023, cuando Cuba rindió homenaje a Qasem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds de Irán, erigiendo un busto en su honor en la Universidad de La Habana. Soleimani, responsable de orquestar milicias en Siria, Irak, Líbano y Yemen, fue celebrado en un evento al que asistieron Lis Cuesta, esposa del presidente cubano Díaz-Canel, y el rector de la universidad. Durante la ceremonia, Jamileh Alamolhoda, esposa del entonces presidente de Irán, lo presentó falsamente como un defensor de la seguridad global, encubriendo su papel en el terrorismo, mientras el evento fomentaba la admiración de los estudiantes cubanos hacia un terrorista internacional.
El papel crucial del régimen cubano en el sostenimiento del régimen de Maduro en Venezuela subraya aún más su influencia desestabilizadora. Acusado de crímenes de lesa humanidad y de vender pasaportes a operativos de Hezbollah, el régimen de Maduro ha sido apuntalado por la reestructuración de su aparato militar y de contrainteligencia, dirigida por Cuba, según lo detallado en una Misión de Determinación de Hechos de la ONU en 2022. Al exportar su modelo de control totalitario, Cuba ha contribuido a que Maduro se mantenga en el poder mediante la represión, consolidando así su estatus como patrocinador del terrorismo.
La reinstauración de sanciones por parte de la administración Trump sobre las entidades controladas por GAESA, el conglomerado militar cubano, reintrodujo una política de máxima presión, rechazando estrategias de acercamiento que fortalecían a las autocracias. Entre 2021 y 2023, GAESA desvió el 36 % del PIB de Cuba hacia el turismo, descuidando los servicios esenciales y agravando la pobreza, lo que obligó a casi un millón de cubanos a huir del país.
Documentos filtrados revelaron que GAVIOTA, una filial de GAESA, tenía $4.3 mil millones en cuentas en el extranjero, fondos que probablemente se utilizaron para actividades de cabildeo y desestabilización, mientras el régimen alegaba necesitar $339 millones anuales para alimentos y medicinas. Relajar las sanciones solo habría reforzado el control autoritario y la represión.
A la luz de estos hechos, dos cosas están claras: todos los presos políticos cubanos deben ser liberados inmediata e incondicionalmente, y el régimen cubano debe permanecer en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. La primera cuestión no debería estar condicionada a la segunda. La historia demuestra que las concesiones a regímenes como el cubano solo fortalecen su control represivo. Para frenar su influencia, avanzar en la libertad y proteger los intereses de EE. UU., esta política debe trascender administraciones, ya que las dictaduras suelen sobrevivir a los cambios de gobierno democrático esperando un giro en las políticas
Fuente thebureau.news.
Autor: Michael Lima. Investigador y director de Democratic Spaces, una ONG que promueve la solidaridad en Canadá con defensores de derechos humanos y la sociedad civil en Cuba. Posee una maestría en Historia de América Latina otorgada por la Universidad de Toronto.
El gran éxito y el gran fracaso de José Martí