Cuba entre revoluciones sociales y dictaduras
Visión académica.
Los libros sirven para cerrar las heridas que abren los hombres
José Martí
Desde la promulgación de la Constitución Cubana de 1902 hasta enero de 1959 con el triunfo de la “Revolución Democrática Popular” sobrevenida en “Revolución Socialista” la sociedad cubana estuvo asistiendo a la experiencia de gobiernos y partidos políticos que implantaron sistemas jurídicos basados en la democracia liberal matizados mediante enfrentamientos armados y la desobediencia civil como rasgos caracterológicos de las revoluciones sociales, en el caso que nos ocupa dos dictaduras militares, la del General Gerardo Machado de 1925-1933 apoyada por el Partido Liberal y la del General Fulgencio Batista del 10 de marzo de 1952 al 1 de enero de 1959, apoyada por el ejército y el Partido de Coalición Socialista Democrática mediante un golpe de Estado al gobierno constitucional del Presidente Carlos Prío Socarras.
El gobierno dictatorial entonces disolvió al Congreso, promulgó una Ley de Orden Público que censuró a toda la prensa y suspendió la legalidad de todos los partidos políticos, en pocas palabras pasmó la moderna Constitución del 10 de octubre 1940 que el propio General Fulgencio Batista había encabezado como su primer presidente constitucional representando entonces al Partido Acción Progresista, pues el General en su desempeño político militó en varios partidos.
Tras continúas luchas sociales, insurreccionales y negociaciones políticas que desdibujaban la realidad democrática se realizaban acuerdos entre gobiernos y partidos políticos, así como grupos de poder en la Isla y en el exterior, de los que no estuvo exento el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario 13 de marzo conformados por estudiantes, profesionales y obreros integrados al Ejército Rebelde en la Sierra Maestra y en la clandestinidad en distintas ciudades logrando en enero de 1959 el golpe final al gobierno del General Fulgencio Batista. Evidentemente que la Revolución Social de 1959, surgió de movimientos con características estrictamente nacionalistas con la esperanza de establecer en el poder a una administración revolucionaria benefactora para la población bajo el liderazgo de Fidel Castro, quien designa el 1ro de enero de 1959 en la Ciudad de Santiago de Cuba al Dr. Manuel Urrutia como Presidente Provisional de la República de Cuba y este a su vez inmediatamente dicta la Proclama del 2 de enero del 1959, nombrando a Fidel Castro Ruz, Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas de Aire, Mar y Tierra de la República de Cuba. Evidentemente que la Revolución Cubana de 1959, surgió de un movimiento supuestamente opuesto a gobiernos dictatoriales y rápidamente el 5 de enero de 1959, se dicta la “Ley Uno del Gobierno Provisional” para abrogar a los Tribunales de Urgencia y disolver la Sala Segunda de lo Criminal del Tribunal Supremo, instancia judicial que había asumido una actitud favorable a la tiranía en la criminal represión y persecución a los miembros de los referidos movimientos insurgentes.
También en su condición de Presidente Provisional de la República de Cuba, el Dr. Urrutia, ante la necesidad de proveer al ejercicio de la potestad que correspondía al disuelto e inexistente Congreso de la República, al asumir como tal el Poder Ejecutivo declara cesante en los cargos a los funcionarios que detentaban la presidencia de la Republica y las funciones legislativas, además ratifica disuelto al Congreso y al mismo tenor declaran cesantes a los gobernadores, alcaldes y concejales, que por cierto ya muchos habían abandonado al país. Se trataba de otorgar tributo jurídico-formal a los actos derivados del triunfo de la lucha insurreccional por la vía de una revolución social.
Desde el prisma “iusnaturalista” y martiano, en nuestra opinión la corriente emancipadora de la revolución cubana en función del Derecho Natural no hizo otra cosa que sustituir al pueblo soberano para que sus Derechos quedaran referidos al contenido material de la justicia. Así interpretado, cobran vigencia las palabras del Apóstol sobre la justicia como “la acomodación del Derecho positivo al natural”. Evidentemente los que peinamos canas y presenciamos los hechos y actos jurídicos en enero de 1959, estuvimos en la órbita de un iusnaturalismo “subversivo o revolucionario”. De esta forma las necesidades de vida del pueblo cubano debieron quedar formuladas en normas legales en correspondencia al pensamiento martiano sobre la revolución social como fuente de Derecho.[1] Habida cuenta que según nuestro Apóstol José Martí las necesidades humanas para la conservación y reproducción de la vida en su misión de garantizar la existencia del hombre se constituye en Derechos, en sentido analógico se puede entender que el Apóstol se refirió a los Derechos Naturales como la mejor interpretación de las necesidades naturales. En ese orden holístico propio del pensamiento complejo de José Martí el Apóstol sostenía que el Derecho a la vida lleva en sí mismo el derecho que tienen los pueblos a rebelarse cuando su existencia es puesta en peligro. Es decir, el Derecho Humano universal a la vida cuando es afectada la justicia cobra vigencia ese Derecho Humano como creación y origen de la revolución social constituida en fuente de Derechos, ya que se asientan radicalmente en la unidad de un derecho originario que tienen todos los pueblos. Consecuentemente la academia a partir del estudio de la Sociología Jurídica debe ofrecer a la nación reportes de aplicación sobre buenas prácticas de los derechos constitucionales a partir de doctrinas democráticas.
Razonablemente esta conceptualización sobre Revolución Social de frente a los Derechos Humanos no justifica que una vez resuelto el caos político y consumado lo dispuesto en la referida “Ley Uno del Gobierno Provisional”, la dirección de la Revolución no cumpliera con lo prometido por Fidel en la Sierra Maestra respecto a la restauración de los Derechos Constitucionales tal y como resultó con el triunfo de la Revolución Mambisa y la Primera Constitución de 1901 seguidores de los pasos de los padres fundadores de los Estados Unidos de América para aprobar la Constitución Republicana de 1787 y la proclamación del presidente General George Washington, quien los había conducido a la victoria sobre el colonialismo inglés basado en los principios de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa.
Esos actos de la Revolución triunfante en 1959 contrarios a la doctrina de nuestro Apóstol José Martí se acomodaron durante diez y seis (16) años de intensos actos administrativos fallidos que se repitieron en la tristemente célebre Constitución Socialista de 1976, mediante instituciones sociales, políticas y económicas traídas del Marxismo-leninismos sujetas a los Artículos 4 y 5 que desde entonces han penetrado negativamente en la sociedad cubana a través de estructuras utópicas que desde su nacimiento han estado ocasionado el caos económico y político que hoy no ha sido capaz de resolver la Constitución del 2019 en contextos sociales, económico y políticos muy diferentes a la existente en la época de promulgación de la primera Constitución Socialista de 1976 que desde sus orígenes constituían normas dictatoriales contrarias a los principios y valores del Constitucionalismo Democrático.
Sí en algo tiene razón la teoría del Marxismo-leninismo es el reconocimiento a la existencia de desigualdades sociales arraigadas en la propiedad y al control de los medios de producción, el desliz de esa doctrina radica en los mecanismos de transformación social, económica y política a través de actos y procesos muy simples y reduccionista al afirmar sin la debida aplicación científica la idealista transición hacia una sociedad sin clases sociales y sin estructura para la administración pública o aparato Estatal.
Por otro lado, contradictoriamente plantea que, en la etapa de transición durante la sociedad socialista a la sociedad comunista, una vez llegado al comunismo no resultará necesario el aparato Estatal, sin embargo, la tendencia de las estructuras administrativas y burocráticas en la referida etapa de transición socialista han resultado excesivamente extensas y complicadas. También resulta contradictorio cuando asegura que la lucha de clases se extingue en el “Paraíso Terrenal del Comunismo”, al tiempo que reconoce el papel fundamental que desempeñan las contradicciones antagónicas como motor impulsor para los cambios sociales.
Atendiendo a esa teoría utópica se extinguió en Cuba la clase media y alta que conformaban la burguesía nacional, ambas clases sociales propietarias de los fundamentales medios de producción. Con el transcurso de los años y los fracasos de los modelos de economía socialista ha quedado demostrado lo necesario que resulta la existencia de esa clase social emprendedora que ahora el Estado pretende resurgir a partir de la nada, pues el Derecho Natural originalmente considera que las clases sociales tienen sus propias cualidades, condiciones y misión social encaminadas mancomunadamente a la administración del sector productivo y el control de los poderes del Estado a través de los sistemas y estructuras sociales capaces desde los derechos constitucionales delimitar los poderes del estado y el control de la gobernabilidad, asunto que trataré en otra oportunidad, solo me detengo para indicar que el discernimiento de enfrentar a las clases sociales a partir de métodos violentos vinculados al odio y la represión responde a costumbres anteriores a la Revolución Burguesa y su Revolución Industrial.
Marx abogó por la violencia y la lucha sangrienta para la extinción de las clases sociales fundamentalmente la burguesa; mientras que Martí concibió la lucha de clases como el motor impulsor del desarrollo económico por vías de acciones pacíficas o “blandas” tal y como lo señaló a los efectos de enfrentar a las oposiciones políticas internas, pues si bien el Apóstol José Martí, se refirió a la revolución social como la guerra necesaria - “con todos y para el bien de todos” - para la toma del poder político y económico de la nación solamente consideró a este tipo de lucha armada en aras de lograr la expulsión del suelo patrio al colonialista español y crear una Patria libre y soberana basada en el Constitucionalismos Democrático que considera a la Patria como aras y no como un pedestal de ningún partido político en particular.[2]
En ese orden de ideas la dirección de la Revolución Democrática y Popular abandonó la doctrina del Apóstol José Martí y se acogió a la teoría de Carlos Marx y Vladimir Lenin. Muestra indubitable del radicalismo del Gobierno Revolucionario para la implementación del Programa Populista del Moncada ante la inexistencia del requerido financiamiento, lo constituye la temprana y provocada renuncia del Presidente Provisional Dr. Manuel Urrutia Lleo, en junio del 1959, quien no resultó diligente para el desarrollo del referido programa de la Revolución. Entonces es nombrado Presidente Provisional al Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, de ideas marxistas y por tanto conforme a los métodos que informan el marxismo-leninismo basado en la violenta lucha de clases para enfrentar a la oligarquía y eliminar abruptamente la propiedad burguesa, a los efectos de crear un Estado “poderoso” que maneje el desarrollo social y económico de forma autoritaria con la clase obrera y campesina supuestamente en el poder.[3]
Se trataba entonces de imponer actos administrativos arbitrarios y temerarios contra las propiedades privadas nacionales y extrajeras con el fin de obtener las divisas y recursos materiales necesarios para invertir en los sistemas de salud, educación y vivienda, según lo indicado en el programa populista que había prometido Fidel durante su alegato en el juicio por el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953, pero lejos de preferir su implementación por la vía democrática como es común en los procesos revolucionarios identificados con el populismo, la dirección de la Revolución liderada por Fidel Castro, en pleno abandono del pensamiento y doctrina martiana eligió la vía que informa el marxismo-leninismo orientada bajo los principios de la “dictadura del proletariado”.[4]
El paradigma filosófico del marxismo-leninismo sirvió de plataforma política para crear - en teoría - un Estado intenso encargado de manejar el desarrollo social y económico de forma autoritaria con la clase obrera y campesina supuestamente en el poder. Los que asistimos a estos actos estuvimos en presencia de una flagrante imposición de Dictadura Militar a partir de un Auto Golpe ideológico a la propia Revolución Democrática y Popular.
En ese escenario político, se instituye en América Latina la primera Revolución Socialista que instaura un gobierno autoritario, indicando con marcada rebeldía y soberbia a los EE.UU y a la América Latinoamérica la posibilidad real de instaurar dictaduras de izquierda y la gradual creación de oligarquías obreras y campesinas capaces de prevalecer en el poder en nombre de una supuesta mayoría, tal y como ha quedado demostrado en la actual empobrecida sociedad cubana, asunto que trataremos detenidamente en otra oportunidad.
En esta atmosfera ideológica Cuba refuerza a favor de la izquierda el periodo de la guerra fría entre EE.UU y la URSS constituyendo un grave peligro para la coexistencia pacífica en la Región que origino en 1962 la llamada Crisis de Octubre por la instalación en la Isla de misiles soviéticos. Estos actos militares tenían objetivos bien definidos encaminados a fortalecer el poderío militar en la Región a favor del bloque de países socialista de Europa y Asía, además de promover a restantes países de América Latina a utilizar métodos contrarios a la democracia para el traslado de los poderes del Estado violando los derechos constitucionales mediante la expansión de revoluciones sociales al resto de los países de la Región.
Consecuentemente la experiencia cubana en su condición de laboratorio natural y examinador del modo de producción socialista en América Latina ha demostrado científicamente que el proletariado y las clases pobres cuando llegan al poder son también corruptibles, motivos por el cual el Constitucionalismo Democrático es el formato idóneo para estandarizar los Poderes del Estado durante un determinado tiempo en los cargos públicos, entre otros valores más de esa doctrina que constituye el campo de estudio de la Sociología Jurídica.
Llamo la atención pues actualmente en Cuba hay servidores públicos: jueces, ejecutivos y parlamentarios que llevan hasta veinte y/o treinta años y más en sus respectivos cargos públicos. Ciertamente el Apóstol nunca se pronunció por el desarrollo de una gobernanza para la nación cubana, ni para el resto de América Latina, basada en un régimen que negara el Constitucionalismo Democrático cuando avizora que: “Por esa conformidad con los elementos naturales desdeñados han subido los tiranos de América al poder y han caído en cuanto les hicieron traición. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernar en un pueblo nuevo quiere decir creador (…) El premio de los certámenes (oposición, polémica, combate, encuentro) no ha de ser para la mejor oda (exaltación apología) sino para el mejor estudio de los factores del país que se vive. En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adentro del estudio de los factores reales del país (…) y gobernarlo conforme al conocimiento, es el único modo de libertarlo de la tiranía.” [5]
El Programa Populista del Moncada de alto contenido económico, tal y como había expresado anteriormente, constituyó un serio enfrentamiento con la oligarquía nacional debido a la profusa promulgación de las primeras leyes del Gobierno Revolucionario encaminadas a centralizar y concentrar la administración, actos que también ocasionaron serias afectaciones a las propiedades agrícolas e industriales del poderoso Vecino del Norte, muy integrado económicamente con la oligarquía nacional y su vigoroso sector macro y microeconómico que abarcaba a todos los mercados industriales e inmobiliario, además de los servicios para el expendio de alimentos, transporte, electricidad, teléfono y construcciones.
Finalmente, si el lector considera que el presente artículo contribuye desde la Sociología Jurídica a fundamentar y argumentar la génesis del odio entre las familias y la sociedad cubana, se habrá cumplido en parte el Objetivo General de estas apretadas cuartillas. Si aprecia la actitud desmedida de la Dirección de la Revolución Cubana de 1959 basado en los fundamentos del tristemente célebre marxismo-leninismo promotor del rencor entre las clases sociales conformadas por familias de una u otros estamentos sociales encargados de la dirección del sistema empresarial en función de la importante actividad social de sostener y desarrollar la economía de las naciones, entonces se habrá cumplido el Objetivo Fundamental de esta humilde obra.
*Juan Emigdio García Cuza. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana 1992 y ex-Profesor Titular de la Universidad homónima. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oriente 1979 Santiago de Cuba. Colaborador Científico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Claustro de Doctores del Colegio Universitario del Distrito Federal en México 2013-2022.
[1] José. MARTÍ: Los códigos nuevos. Guatemala, abril de 187, Obras Completas, V. 7, o. c.101.
[2] Tras la muerte de Carlos Marx en Londres, Reino Unido el 14 de marzo de 1883, José Martí en un acto multitudinario que se desarrolló en New York el 29 de marzo, a solo quince días de la defunción del célebre filósofo, realizó una caracterización del pensamiento revolucionario de Carlos Marx en la que ante trabajadores de todos los partidos y tendencias expuso entre otros criterios: "Ved esta gran sala Karl Marx ha muerto. Como se puso del lado de los débiles, merece honor. Pero no hace bien el que señala el daño y arde en ansias generosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando (de paz) al daño. Espanta la tarea de echar a los hombres sobre los hombres". Luego como relato fue publicado en dos partes, en el periódico La Nación de Buenos Aires el 13 y el 16 de mayo de ese año 1883.
[3] El Populismo es una estrategia política con proyección jurídica para representar legalmente a los actores sociales marginados, que de otra manera no estarían incorporados como sujeto político. El populismo, resulta la ampliación de los Derechos Ciudadanos que busca ofrecer legitimidad a un régimen político o gobierno democrático sostenible.
[5] Martí, José, Nuestra América, en Antología Mínima de Pedro Álvarez Tavio, Tomo I , Editorial Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1972 p. 243-244.
Autor: Juan Emigdio García Cuza. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana 1992 y ex-Profesor Titular de la Universidad homónima. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oriente 1979 Santiago de Cuba. Colaborador Científico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Claustro de Doctores del Colegio Universitario del Distrito Federal en México 2013-2022.