Chile y las maniobras comunistas. El ocaso de la educación pública.
Hace algunos días se viralizó la información de que el Instituto Nacional, el emblemático liceo de nuestro país, denominado hace algún tiempo como «la primera luz de la nación» y cuna de varios expresidentes y políticos chilenos, por primera vez en su historia tiene disponibilidad de matrículas a tan solo semanas de finalizar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
Esta nueva realidad del Instituto Nacional se tomó las redes sociales y estalló el debate: el momento del liceo emblemático refleja la grave crisis de la educación pública chilena, fruto de la violencia y las constantes tomas que han marcado el devenir de esta en los últimos años. Cuya consecuencia, finalmente, es que nadie quiere educar a sus hijos en una institución donde la práctica del proceso de enseñanza se ve coartada una y otra vez por hechos de violencia, mermando, no solo la calidad de la educación impartida, sino también, comprometiendo la seguridad mental y física de los propios estudiantes.
El comienzo del fin
La historia de las protestas escolares en el nuevo milenio comenzó en el año 2006 con la denominada «revolución pingüina», correspondiente al primer alzamiento de masas en un contexto democrático a favor del «derecho a la educación» en respuesta a la privatización del sistema de educación chileno. Más de 400 establecimientos de educación escolar llegaron a estar paralizados.
Estas movilizaciones abarcaron diversas reclamaciones planteadas por los estudiantes, entre las que destacaron: la derogación de leyes educativas, —como la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y el decreto 524 de 1990, que regula los Centros de Alumnos—,el fin de la municipalización de la enseñanza, el estudio y reformulación de la Jornada Escolar Completa, un pase escolar gratuito para todo el año y garantizar la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
De todas ellas, y a 15 años de esas masivas manifestaciones lideradas por jóvenes militantes del PS, muchas de esas peticiones aún no han sido ni siquiera tocadas, como las JEC, que siguen con su reconocida ineficacia y cuya reformulación nunca ha sido implementada (tampoco ahora se menciona, ante la necesidad de volver a 2 jornadas para disminuir aglomeración de estudiantes producto de la pandemia).
Es importante recordar que en sus inicios las JEC postulaban que las horas de la tarde debían destinarse a actividades extraprogramáticas y de apoyo escolar, lo cual jamás se cumplió, lo que terminó colmando a los estudiantes de más horas de contenidos y un desgaste e ineficiencia de los aprendizajes.
Lo que sí consiguieron con la «revolución pingüina» fue la derogación de la LOCE, ley promulgada en el Gobierno Militar, que establece, entre otras normas, que el rol del estado en la educación corresponde al de un ente regulador y protector, dando libertad casi total para el establecimiento de centros educacionales, en síntesis, permitiendo la «libertad de educación», donde entes privados podían crear establecimientos educacionales. Esa libertad (que sin duda tuvo falencias, debido a la escasa supervisión) se acabó ese año, dando paso a la intervención de la educación en nuestro país, siendo el primero indicio que detrás de estas protestas había un propósito solapadamente político y cuya intencionalidad no iba a parar en los próximos años, ya que todo es parte del proceso de izquierdización de nuestro país.
Contexto situacional de los Liceos Públicos
Desde esa fecha y como testigo directo en mi rol de profesora de enseñanza media en diversos liceos municipales en los que me desempeñé, comencé a ver la decadencia de las instituciones educacionales, no por falta de trabajo de los profesores, no por falta de recursos municipales (que en algunos casos si escasean), no por falta de dirección directiva, sino por una profunda fisura en la espiritualidad del liceano, producto de una decadencia antropológica; un fenómeno social y familiar que tiene muchas aristas, siendo la primigenia y más letal el alto consumo de alcohol y drogas, no solo de parte de los estudiantes, sino de sus padres. Los estudiantes, en general jóvenes abandonados, carentes de un ambiente familiar debido al consumo de sus padres, son criados por abuelas que no dan abasto y algunos prácticamente solos, donde el concepto respeto y autoridad no existe. Esto lleva a un círculo vicioso donde los estudiantes terminan en la droga y en muchos casos van a sus liceos a surtirse de esta y hacer «vida social». Entonces, cargando con sus depresiones, culpas y mentes alienadas, se fueron transformando en el caldo de cultivo de la izquierda acérrima y anarquista. Aún recuerdo cuando un chico grandote de aspecto punk y con cara de niño de un liceo de la comuna de Santiago me comentó que a él le pagaban por hacer destrozos e incitar a las protestas; por supuesto no me dijo quién o quiénes le pagaban, pero sí me contó que vivía con su abuelo ex dirigente de «los cordones industriales» y que de sus padres nada sabía.
En ese contexto, no es de extrañar que los profesores estén agotados, con muchas faltas (yo fui profesora reemplazante en varios liceos) y esforzándose al mínimo con tal de mantener su trabajo, lo mismo los otrora respetados inspectores, quienes hacen la vista gorda a los estudiantes que impunemente fuman marihuana en los establecimientos: «no vale la pena perder la salud mental y el trabajo», dicen, si ni siquiera van a poder expulsar de los liceos a los estudiantes, ya que «todos tienen derecho a la educación».
Los directivos tampoco ayudan demasiado. Han sido coartados en su totalidad por las leyes ministeriales. No se puede expulsar a los estudiantes. No se puede hacer repetir a un estudiante (se le dan miles de oportunidades antes). No se pueden colocar más de 10 rojos en un curso porque el problema ahí no sería de los estudiantes que no estudiaron, sino del «instrumento de evaluación del profesor». Entonces hay que hacer remediales, poner décimas, etc. Todo para que el estudiante no repita, avalando conductas irresponsables. Conductas irresponsables (muchas veces ligadas a la flojera) y desidia que tienen como causal el problema social expresado antes.
Es importante recalcar que el apoyo psicológico a los estudiantes se realiza con buenos programas, pero con poco presupuesto y capacidad de personal, donde en un liceo puede haber uno o 2 psicólogos por cientos de estudiantes.
Es en este contexto que la izquierda revolucionaria encontró un nicho para entronizar sus ideas, tal cual como lo había hecho en los ochenta y noventa en las universidades del país (razón por la cual gran parte de los profesores de estos mismos estudiantes son de izquierda y en algunos casos les celebran el alzamiento insurreccional).
Protestas 2011: Probando el poder
Bien, pero volvamos a las protestas. Las movilizaciones de ese año empezaron con las primeras marchas organizadas por el Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Chile, a raíz del anuncio de la venta de parte de la universidad a un conglomerado económico, siendo estas movilizaciones apoyadas por la Confech, quienes se unieron a la manifestaciones los días 28 de abril y 12 de mayo de 2011, en reclamo por el financiamiento y retrasos en la entrega de becas y problemas con la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).
Durante el mes de junio, las manifestaciones se radicalizaron, los estudiantes convocaron a sucesivas marchas en las principales ciudades de Chile, alcanzando gran convocatoria y demandando reformas al sistema educacional chileno que fortalecieran el rol del Estado en la educación. Luego de un mes de movilizaciones y paros, el gobierno presentó su primera propuesta, las que fueron rechazadas una y otra vez, hasta que finalmente se abrieron a la posibilidad de reformas al sistema, tales como la desmunicipalización de la educación secundaria y un cambio constitucional que asegure la calidad en la educación. Aun así no fueron consideradas suficientes por los estudiantes.
Es importante en este punto recalcar que los principales voceros del movimiento universitario durante ese año fueron los presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Camila Vallejo, y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC), Giorgio Jackson, entre otros, quienes se convertirían más tarde en la “nueva camada izquierdista del Congreso”.
Durante el transcurso del año, paulatinamente, los estudiantes secundarios se sumaron a las movilizaciones y comenzaron a realizar tomas en sus colegios, repitiendo las acciones de la «revolución pingüina», a través de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), entidades altamente ideologizadas y comprometidas con la izquierda, radicalizando de esta forma las protestas callejeras donde se vislumbraron los primeros indicios de lo que vimos después del 18 de octubre del 2019: barricadas, quemas en iglesias, etc. A medida que la movilización fue creciendo, se incorporaron por primera vez estudiantes de colegios particulares pagados, Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y universidades privadas, es decir, los miembros de prácticamente todo el sistema educacional chileno. Terminando ese año casi parados en su totalidad y exigiendo a liceos y profesores formas alternativas de trabajo y/o promoción de los estudiantes en un contexto absolutamente irregular.
Para el día domingo 21 de agosto, una nueva marcha, esta vez catalogada como “familiar” fue organizada por los dirigentes estudiantiles en el Parque O’Higgins. El encuentro, llamado también como «Marcha de los remolinos», contó con un concierto con bandas invitadas, destacando Los Tres, Sol y Lluvia, Inti-Illimani e Illapu, entre otros grupos musicales de izquierda, finalizando con una versión de «El pueblo unido jamás será vencido«, cantado en conjunto por diversos de los músicos invitados. Estas movilizaciones fueron interpretadas como parte de un movimiento social mayor que demanda reformas sustanciales al modelo económico y político establecido durante el Gobierno Militar, logrando que el Gobierno de Piñera (en su primera presidencia) entrara en una crisis que derivó en una caída en la aprobación presidencial y la realización de sucesivos cambios de gabinete. Quien diga que detrás de esto no hubo un sesgo y claro manejo político por parte de la izquierda debe estar absolutamente ciego, como reza el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahí comenzó el fin.
Desde ese año, los rayados ACAB, los encapuchados, las consignas anticapitalistas, las tomas y las barricadas en las cercanías de los establecimientos municipales, sobre todo en los de la emblemática comuna de Santiago, fueron generalizándose, hasta tal punto que empezaron a considerarse como parte del “paisaje santiaguino”, ya que se repetían año tras año, tanto se hicieron costumbre y naturales. Emblemática fue la quema y profanación de la Iglesia de la Gratitud Nacional por parte de encapuchados (de los cuales a algunos se les vislumbraba la insignia del Liceo de Aplicación que queda a unas cuadras) ocurrida en el 2016.
Llegando al Ocaso
Así, en este “acostumbramiento” a los movimientos estudiantiles nadie vislumbró que las protestas contra el alza de 10 pesos en el metro en octubre del 2019, donde los estudiantes secundarios, liderados por el grupo más extremo del Instituto Nacional, (que durante el año, ya había tenido diversas manifestaciones con los llamados «overoles blancos», interrumpiendo el normal funcionamiento del establecimiento y generando variadas pugnas entre estudiantes, profesores y apoderados) terminarían en el desastroso fin de semana del 18 de octubre, cuando el escalamiento insurreccional tuvo su punto más álgido, llevando a nuestro país a un “antes y un después”, en un proceso que se torna cada día más irreversible.
Pruebas concretas de la utilización de los estudiantes por parte de la izquierda existen. Según información de Carabineros, hay ocho tendencias violentistas distribuidas en cuatro establecimientos. Todas se desprenden del colectivo Secundarios en Rebeldía (SER), una organización fundada en 2013 de la mano de los colectivos “Darío Rebelde” (del Liceo Darío Salas) y “Aplica Praxis” (del Liceo Aplicación), dos grupos que apuestan por la llamada “acción callejera”. A ellos se suma los Colectivos Aplícate, Acción Colectiva y Colectivo Autónomo: grupos compuestos por estudiantes de tendencia anarqista del liceo de Aplicaci