Líderes cubanos, venezolanos y nicaragüenses solicitaron al Presidente Trump poner en completo vigor la ley que permitiría demandas contra compañías internacionales que obtienen lucro con bienes robados por el castrismo en Cuba.
Piden a Trump en Miami la activación plena de la Ley Helms-Burton contra expropiaciones en Cuba. Por Daniel Castropé.
Líderes de las comunidades cubana, venezolana y nicaragüense se reunieron este lunes en el emblemático monumento a los mártires de la Brigada de Asalto 2506, en la Calle Ocho, de La Pequeña Habana, para pedirle al Gobierno del presidente Donald Trump que ponga en "vigor completo" los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton.
Estos acápites de la también llamada Ley de Libertad Cubana, cuya activación plena ha sido postergada por todos los mandatarios estadounidenses desde su promulgación en 1996, permitirían a las víctimas de confiscaciones ilegales de propiedades comerciales por parte del régimen castrista demandar a las empresas que hoy operan y obtienen dividendos en esos bienes.
En ese sentido, representantes de las tres comunidades organizados por la Asamblea de la Resistencia Cubana enviaron una carta pública al presidente Donald Trump, en la que solicitan al regente de la Casa Blanca la aplicación de sanciones para apoyar “más eficazmente” las luchas por la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En la carta puede leerse que la citada ley “contiene una hoja de ruta inteligente y eficaz para la liberación de Cuba si se implementa en su totalidad” y sus firmantes aseguran que la “implementación completa” de la norma “envía un claro mensaje de apoyo al pueblo cubano que, recientemente, el 24 de febrero de este año, ha reclamado rotundamente la libertad al negarse masivamente a cooperar con el referéndum fraudulento que les impuso la familia Castro”.
Advierten, además, que los Títulos III y IV de la Ley de Libertad Cubana son “un medio justo y necesario para responder a la confiscación ilegal por parte del régimen comunista en Cuba, de propiedades que son legítimamente de ciudadanos estadounidenses”.
En días recientes, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció que mantendrá suspendidos durante 30 días más esos acápites de la ley, medida que si bien no es la que han esperado por 23 años quienes perdieron sus bienes inmuebles y comerciales en la isla, despierta una “nueva esperanza” entre los cubanos y cubanoamericanos que aspiran a recuperar sus activos en la nación caribeña.
Una de las organizaciones que más ha luchado por la aplicación cabal de esa legislación es la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, cuyo presidente, Nick Gutiérrez, considera “un paso importante, pero no definitivo” esta medida que abre la posibilidad de demandar a empresas del régimen castrista, aunque no todavía a firmas comerciales extranjeras que hacen negocios con la dictadura castrista.
La misiva enviada al Presidente destaca el “fuerte liderazgo y coraje político” de Trump “para desafiar al régimen totalitario deshonesto que prevalece en Cuba”, hecho que califican como “una señal alentadora de que bajo su administración, Cuba no será olvidada ni sacrificada”.
El nuevo plazo fijado por EEUU para la eventual activación de las dos secciones de la Ley de Libertad Cubana vence el próximo 17 de abril, fecha en la que se conmemora un nuevo aniversario del desembarco de la Brigada 2506 en Bahía Cochinos, en la occidental provincia cubana de Matanzas, cuando centenares de exiliados intentaron derrocar la dictadura de Fidel Castro, en 1961.
Por tanto, el mensaje al mandatario de Estados Unidos también refleja que ese día “podría comenzar la implementación del Título III y IV” cuando se recuerda “esa catastrófica reversión en la política estadounidense que condenó al pueblo cubano a vivir en la tiranía por casi seis décadas, y al resto del hemisferio a sufrir la agresión e incluso ocupación del régimen comunista”.
Una comisión del Departamento de Justicia de EEUU tiene "certificados" 5.913 casos de ciudadanos y empresas estadounidenses, como por ejemplo Texaco, Coca Cola, Palmolive, que pueden acogerse al Título III de la Ley Helms-Burton, por un total de 1.900 millones de dólares.
El abogado Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, tiene más de 200.000 quejas de ciudadanos cubanoamericanos que alegan ser propietarios de bienes y empresas confiscadas como Barcardí, los terrenos del aeropuerto internacional Jose Martí de La Habana, cultivos azucareros y aseguradoras, entre muchos otros.
La comunicación exalta las acciones adoptadas por el presidente Trump para revertir algunas medidas de la pasada administración en cabeza de Barack Obama y trata de demostrar el alcance positivo de los apartes de esa ley que no están activos en su totalidad.
“El régimen totalitario comunista no es solo una tragedia para los cubanos, sino también una influencia que socava nuestros valores democráticos en toda América Latina (…) Sanciones decisivas contra la economía de los tiranos comunistas ilegítimos de Cuba debilitarán la ocupación de Venezuela, por parte del régimen de Castro, y acelerarán el día de la liberación de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países de nuestro hemisferio”, dice la carta.
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