El impeachment de la vicepresidente Kamala Harris

impeachment vicepresidente kamala harrisEl impeachment de la vicepresidente Kamala Harris.

 La noción de impeachment, ese procedimiento legislativo para hacer frente a la mala conducta de un funcionario público, existe desde 1376, cuando el Buen Parlamento (o el Parlamento inglés de 1376) inició el primer caso conocido. Más recientemente, la modernidad ha sido testigo de un mayor ejercicio de estos mecanismos constitucionales para destituir a los infractores de la confianza del soberano. Algunas regiones han sido testigos de un mayor activismo que otras.

Ignacio Arana Araya, politólogo chileno que escribe en el Georgetown Journal of International Affairs y que defiende el proceso legislativo para hacer frente a la mala conducta pública, señaló que en América Latina, entre 1978 y 2019, diez presidentes de seis países han sido destituidos por medio de juicios políticos, declaraciones de incapacidad o renuncias atribuidas al proceso de impeachment. Los Estados Unidos, abarcando un marco histórico más largo, han tenido muchas menos insistencias en la utilización de estos dispositivos constitucionales para deshacerse de presidentes sospechosos o que se considera que han llevado a cabo acciones indebidas. Ha habido buenas razones para ello.

En Estados Unidos, el umbral para que la Cámara de Representantes acuse a un presidente es “traición, soborno u otros altos delitos y faltas”. Los dos primeros son más fácilmente identificables y demostrables, siempre y cuando se cometan. Los segundos son profusamente más elásticos y están sujetos a la interpretación y el análisis subjetivo de lo que podría o debería constituir un “alto crimen” y/o un “delito menor”. 

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De ahí que la clase política americana, como demuestra la historia, haya hecho gala de una enorme prudencia a la hora de utilizar los impeachments para la destitución presidencial. La presidencia y la figura de Donald J. Trump parecen haber cambiado la seriedad solemne que ha guiado la templanza política en Washington. 

El impeachment se estructuró como una forma seria y civilizada de combatir la traición, la corrupción política o el grave incumplimiento del deber por parte del primer ejecutivo de una nación en democracia. Nunca se diseñó para negar la voluntad popular, presente o futura, ni para convertirse en una herramienta de armamento contra los adversarios políticos. Sin embargo, esto es exactamente lo que ha ocurrido en la guerra de los demócratas contra Trump desde 2016 (en realidad, incluso antes, en 2015).

Los cargos presentados contra Trump en su primer impeachment en 2019 fueron “abuso de poder” y “obstrucción al Congreso”.  Lo que desencadenó esta acción de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, contra el 45º presidente, evolucionó en torno a una conversación telefónica con el presidente ucraniano en la que Trump supuestamente buscó ayuda para influir en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

Trump fue cómodamente absuelto por el Senado. Lo más atroz de todo este episodio fue que el presidente Joe Biden, que entonces actuaba como vicepresidente de Barack Obama, materializó un ejemplo de corrupción política y abuso de poder que equivalía a una extorsión. 
Durante un programa televisado del Consejo de Relaciones Exteriores, Biden se jactó de amenazar con retener los fondos de ayuda de los contribuyentes estadounidenses, si las autoridades ucranianas no despedían a el Fiscal General del país que investigaba la corrupción que incluía a Burisma, la empresa relacionada con Hunter Biden, el hijo del presidente.

Biden Brags about getting Ukranian Prosecutor Fired

La segunda acusación de impeachment de Trump estaba plagada, también, de locuras draconianas y sólo podía explicarse a través de la lente de un intento de asesinato de carácter poco ético y la supresión política del electorado conservador. La acusación en 2021 era “incitación a la insurrección”. Esta era totalmente infundada, tanto en lo que se refiere a la categorización delirantemente impropia de lo que ocurrió el 6 de enero en el edificio del Capitolio como una “insurrección”, igual que la caracterización de un discurso libre y protegido por la Primera Enmienda, como una “incitación”. 

La afirmación de que Trump “incitó” a los alborotadores, si la premisa del acusador demócrata fuera válida, entonces una gran cantidad de discurso político estaría prohibido, como la defensa legal en el segundo simulacro de destitución señaló correctamente. La vicepresidente Kamala Harris, según los estándares establecidos por su partido en sus acusaciones contra Trump sugieren, su financiación de la fianza de actividad criminal, sería ciertamente una conducta incitante. Lo mismo ocurriría con su repetida apología y apoyo a la actividad subversiva marxista, incorrectamente etiquetada como activismo de justicia social. 

Cuando Harris solicitó dinero para la fianza en nombre de los subversivos en junio de 2020, podría decirse que estaba alentando este comportamiento antisocial y anárquico de saqueo, vandalismo e incendio. “Si puedes, aporta ahora al @MNFreedomFund para ayudar a pagar la fianza de los que protestan en Minnesota”, fue lo que publicó en Twitter. 


Teniendo en cuenta que entre los liberados y beneficiados por el dinero que Harris ayudó a recaudar para el “Fondo de Libertad de Minnesota”, se encontraba un violento pedófilo que llegó a violar a una niña de 8 años, la noción que tiene la actual vicepresidente de los manifestantes válidos por la justicia social, es preocupante.

En numerosas ocasiones, Harris ha identificado a la organización marxista “Black Lives Matter” (BLM) como “brillante”, “necesaria” y “esencial”. De hecho, llegó a sugerir que eran “un componente o marca esencial de una democracia real”. El hecho de que la vicepresidente equipare los objetivos de BLM con la “democracia”, cuando el grupo comunista ha expresado explícitamente su desprecio por el sistema social, económico y político de Estados Unidos, y ha abogado abiertamente por su deconstrucción, convierte sus comentarios en sediciosos. Esto, por sí solo, plantea problemas de lealtad a la nación y podría ser motivo de posible traición.

Los disturbios de la primavera y el verano de BLM y “Antifa” fueron caracterizados por algunos como un levantamiento de inspiración marxista en las ciudades de Estados Unidos, causando los daños más altos de la historia en cuanto a reclamaciones de seguros. Sin embargo, Harris dijo alegremente que “ellos [los disturbios] no van a parar… esto es un movimiento… y que todo el mundo tenga cuidado, no van a parar”. 

En otras palabras, no se arrepentía de la violencia que BLM y Antifa estaban provocando en Estados Unidos. Esta aprobación de la violencia relacionada con el terrorismo por parte de un funcionario público merece una condena del más alto nivel. En el caso del vicepresidente Harris, es necesario un juicio político. Si ganan la mayoría en la Cámara, los republicanos deberían actuar rápidamente para destituirla.

Al trivializar el proceso de impeachment contra Trump, los demócratas han desatado un clima político de canibalismo. Ya llegará su turno. Tal vez Obama y la secretaria Hillary Clinton también deberían ser sometidos a un juicio político.

© Patria de Martí. Todos los derechos reservados. Publicado originalmente en © El American.

CUBA J M Shiling signature circle red blue🖋️Autor Julio M. Shiling 
Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”) y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Sigue a Julio en:

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